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Miércoles Octubre 20, 2021

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Se requiere una reforma a fondo de la Procuraduri?a.

Como lo pudimos constatar el an?o pasado con la fallida reforma de la Justicia, los esca?ndalos en la cu?pula judicial, y las confrontaciones entre los organismos de control y la Fiscali?a, algunas de las entidades creadas en la Constitucio?n de 1991 han mostrado serias fallas de disen?o. Si estos problemas no se corrigen podri?a colocarse en riesgo el crecimiento incluyente, en un ambiente de respeto al re?gimen de libertades, de que hemos disfrutado durante un buen nu?mero de an?os.

Respecto de la Procuraduri?a abundan las criticas sobre las normas que regulan la designacio?n del Procurador General, la duracio?n de su mandato y el repertorio de funciones que se le otorgan. Habiendo concluido su actuacio?n en el caso del Alcalde Gustavo Petro, se abre un espacio nuevo de discusio?n de gran relevancia: si esas reglas esta?n o no bien concebidas.

Estas son algunas sugerencias para corregir algunos de los problemas de la institución:

1. Cambiar el mecanismo de elección del Procurador

El Procurador es elegido por el Senado a partir de una terna que elaboran el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Este mecanismo inexorablemente "politiza" la elección: el Senado es, por excelencia, un órgano politico. ¿Qué hacer para resolver este problema? No hay solución perfecta.

A nombre del Gobierno, De la Calle presentó a la Constituyente esta fórmula: que elija la Corte Suprema de terna elaborada por el Presidente; de esta manera se mitigaría la índole politica del nombramiento.

Esta opción podría quizás mejorarse disponiendo que la designación ocurra a mitad del periodo presidencial, cuando el presidente en ejercicio todavía no puede anticipar quién habrá de sucederlo.

En cualquier caso, el problema mayor consiste en la posibilidad de reelección indefinida de un funcionario que, como lo hemos podido apreciar, goza de un poder enorme no sometido a controles prontos y eficaces. Habría que prohibir su reelección, tal como está dispuesto con relación al Fiscal y el Contralor. La diferencia de tratamiento que hoy existe no se justifica; debe obedecer a un mero descuido de los constituyentes.

2. Sustraer a los funcionarios elegidos popularmente del poder disciplinario

En cuanto al ejercicio del poder disciplinario existe cierto consenso en que someter a los funcionarios de origen popular a la autoridad de quien carece de esa investidura, y, además, no es integrante del poder judicial, implica una inaceptable inversión de los valores democráticos.

Los representantes del Pueblo ante éste en primer lugar deben responder. Si cometen graves faltas podrían perder su investidura por fallo del Consejo de Estado; y si se les imputa la comisión de delitos deben comparecer ante la Justicia. Como estas reglas existen hoy, puede concluirse que convendría sustraer este grupo de funcionarios de la jurisdicción del Procurador.

Definido este punto surge otro de mayor envergadura: ¿se justificará que la Procuraduría ejerza directamente el poder disciplinario -contando para este objetivo con un ejército de funcionarios- sobre la totalidad de la administración del Estado en todos los niveles? No lo contempló así la administración Gaviria en su propuesta de reforma constitucional presentada a comienzos de 1991.

Su iniciativa consistía en que el poder disciplinario fuera considerado como parte de la función administrativa, tal como ocurre en muchas estructuras burocráticas, estatales y privadas, en distintas partes del mundo.

En este esquema, al Procurador le correspondería vigilar que los superiores jerárquicos ejerzan sus poderes disciplinarios, sancionándolos si no actúan con diligencia, y atrayendo para sí ciertas investigaciones importantes por su magnitud o la jerarquía de los presuntos responsables. Este esquema podría resultar mejor que el que hoy se aplica.

Podría temerse que este atenuación de las facultades disciplinarias de la Procuraduría debilite la lucha contra la corrupción, que es uno de los grandes males que padecemos, pues en ese propósito ella jugaría un papel esencial.

La verdad es que los actos corruptos que puedan cometer los servidores públicos suelen ser tanto faltas disciplinarias como delitos cuya investigación corresponde a la Fiscalía.

De este modo, el sistema que hoy tenemos implica una innecesaria y costosa duplicación de esfuerzos. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía en muchos casos investigan los mismos hechos, aquella para imponer sanciones disciplinarias, esta para formular acusaciones ante la Justicia Penal.

Resultaría más económico, y posiblemente más eficaz, que la Justicia Penal gozara de las facultades necesarias para decidir sobre la responsabilidad disciplinaria como cuestión accesoria en los procesos penales relativos a las modalidades de delitos que impliquen corrupción.

3. Eliminar la intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales.

Otra función de la Procuraduría que valdría la pena revisar es la que le ordena intervenir en una amplia gama de procesos judiciales. Los abogados que litigan nada dicen en alta voz (prudentes que son), pero por lo bajo suelen afirmar que esas actuaciones de la Procuraduría poco o nada aportan a la calidad o celeridad de los procesos.

Esta inanidad es notoria, por ejemplo, en los procesos penales: el ejercicio dialéctico que involucra a la Fiscalía que acusa, o, alternativamente, pide la preclusión de las investigaciones, de un lado; y a los jueces que velan por las garantías procesales, la responsabilidad de los imputados y la ejecución de penas, de otro, determinan que el papel de la Procuraduría sea superfluo.

Tal como sucede en muchos otros países, la rama judicial -la interacción de - jueces y fiscales- es suficiente para adelantar los procesos judiciales.

Si la calidad del sistema judicial es deficiente, como es ciertamente el caso en Colombia, la solución adecuada consiste en reformar la Justicia, no en mantener un costoso aparato no judicial paralelo -la Procuraduría- para que vele porque la administración de justicia sea adecuada y expedita.

Lo mismo puede decirse de su participación dentro de los procesos civiles o administrativos en los que participen entidades públicas.

En el orden nacional, y en buena parte también en el territorial, se trata de entidades de suficiente capacidad gerencial y jurídica para velar apropiadamente por sus intereses. Y cuando las dos partes en el litigio son estatales, lo cual es frecuente, la intervención de la Procuraduría es aun más extraña. ¿Cómo hace para defender el interés público y, al mismo tiempo, ser imparcial en la controversia?

Respecto de la rendición de conceptos de la Procuraduría en los procesos de control constitucional, podría decirse que, si bien en algún caso pueden haber aportado elementos de juicio valiosos, en general son una mera formalidad.

La verdad es que en los procesos de exequibilidad ante la Corte Constitucional suele haber amplia participación de todos los actores sociales relevantes, de tal manera que los elementos de juicio pertinentes llegan, efectivamente, a consideración de los magistrados.

Por lo tanto, mantener esta función en cabeza de la Procuraduría, en el mejor de los casos no hace daño, pero no contribuye a mejorar la calidad de los debates en el seno de la Corte Constitucional, los cuales, de ordinario, son de alto nivel intelectual. No tiene sentido consumir recursos fiscales valiosos en unas tareas de poca relevancia que podrían invertirse donde tengan mayor impacto.

4. La Procuraduría, ¿defensora de los intereses sociales?

Dice la Constitución que corresponde al Procurador "Defender los intereses de la sociedad". No es fácil discernir el alcance de esta facultad que aparece por vez primera en la Constitución que nos rige. Ella no estaba incluida en la propuesta presentada por De la Calle a nombre del Gobierno. Fue producto de la iniciativa de los constituyentes.

Infortunadamente, no existe -como consecuencia de una negligencia estatal inaudita- una versión electrónica de las actas de la Asamblea Constituyente de 1991 que permita, con el auxilio de un motor de búsqueda, indagar el origen de las instituciones básicas que nos gobiernan. (Se consiguen en la red "imágenes" o fotocopias virtuales que no facilitan las tareas de investigación ni la realización de citas bibliográficas).

El examen de las cartas políticas de Colombia como nación independiente tampoco aporta luces al respecto. Por vez primera el ministerio público aparece en la Carta de 1886. Allí se decía, en lo pertinente, que le corresponde velar por los intereses de la "Nación", que era -y sigue siendo- el ente administrativo central por oposición a las entidades territoriales.

Tratando de discernir el alcance de la tarea consistente en defender "los intereses de la sociedad", que se adscribe al Procurador, se advierte que el articulo 5 de la Carta dispone que "la familia" es "la institución básica de la sociedad".

De allí puede inferirse, en ausencia de otras normas, que el término ha sido tomado del lenguaje ordinario sin darle una connotación especial. La "sociedad" sería, por consiguiente, la colectividad mayor de la que todos hacemos parte y cuyo núcleo es la familia.

Ahora bien: si aceptamos que el Estado es la personificación politica y juridica de la sociedad, en rigor correspondería a todas las instituciones y funcionarios del Estado "Defender los intereses de la sociedad". No exclusivamente al Procurador General.

Mal puede ser competencia de uno solo lo que, en el contexto de sus atribuciones específicas, corresponde a todos. O dicho de otra manera: la esencia de la función pública consiste en velar por los intereses de la sociedad.

Para destacar la incoherencia de la omnímoda facultad, que al parecer corresponde al Procurador, es preciso destacar que, según el articulo primero de la Carta Política, Colombia es una república "pluralista": la sociedad es, sin duda, una sola pero los intereses sociales son múltiples y, de ordinario, entran en conflicto.

Trabajadores y empresarios, la Nación y las regiones, los empleados del Estado y los ciudadanos de a pie, los grupos frente a los individuos, etc, se encuentran en tensión permanente.

Para armonizar y dirimir esos conflictos, cuya naturaleza es política, existe la democracia representativa cuyo eje es el Congreso, en el cual, sin duda de manera imperfecta, confluyen los intereses de quienes colectivamente integramos el "Pueblo" o, si se prefiere, por cuanto la equivalencia es plena, la "Sociedad".

Ningún parlamentario individualmente considerado puede pretender que representa al Pueblo; aunque sí cabe predicarlo, a pesar de las contradicciones inevitables y deseables entre sus integrantes, del conjunto del Congreso cuyo origen -no se soslaye este punto esencial- es el sufragio popular.

El Presidente de la República, a cuya designación estamos convocados todos los ciudadanos, "simboliza la unidad nacional". Este atributo, que el artículo 188 de la Carta le adjudica, parece de menor calado que el que correspondería al Procurador como guardián tutelar de los intereses de la Sociedad.

Ser un emblema de la colectividad nacional luce menos importante que la capacidad de interpretar "erga omnes" al conjunto de los colombianos. Lo primero tiene un acento ceremonial; lo segundo denota, al menos en apariencia, la capacidad de adoptar decisiones con amplias repercusiones sociales.

La discusión que precede puede parecer meramente teórica. No lo es. Para demostrarlo resulta interesante la reciente reunión del Procurador General con el Fiscal de la Corte Penal Internacional.

A fines de noviembre, el Procurador General anunció que se reuniría con ella, tal como, en efecto, sucedió, “para señalar las preocupaciones que le asiste a la sociedad colombiana y a la Procuraduría como representante de la sociedad”, respecto de las implicaciones del proceso de paz que se adelanta en la Habana.

El mensaje es clarísimo: es el Procurador quien sabe - y lo sabe con certeza porque en cabeza suya radica la representación de la sociedad- si el contenido de un eventual pacto con los alzados en armas es conveniente para Colombia, compatible con el cabal funcionamiento del aparato judicial y adecuado para las víctimas del conflicto.

Transcurrida la visita a La Haya, "el Presidente le recordó al Procurador Ordóñez y a las "otras ramas del poder público" que el único que puede acudir a cortes internacionales a representar a la Nación es el Presidente de la República".

Para decirlo se apoya en el artículo 189 de la Constitución, según el cual a él corresponde "Dirigir las relaciones internacionales". A esta categoría correspondería la relación de la Procuraduría con un órgano judicial extranjero como lo es la Corte Penal Internacional.

¿Quien tiene la razón? Difícil decirlo. Si a pesar de una norma constitucional expresa y clara el Procurador General -quien ejerce hoy el cargo o cualquiera otro- puede intervenir autónomamente en las relaciones exteriores de la República, invocando una genérica potestad de velar por las conveniencias sociales, resultaría inevitable aceptar que ese alto funcionario cuenta con facultades omnímodas.

Tal conclusión repugna a los valores democráticos y a la noción de Estado de Derecho que se basa en la limitación del poder y en la definición rigurosa de sus fronteras.

Se trataría, por el contrario, de un virus totalitario que habría que combatir con energía.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2014-01-29 18:49

Cómico, una procuraduría sin funciones para que no exista... funcionarios públicos por elección popular sin control, con la puerta abierta para un chavismo, acciones de hecho como defensa y tutelitis como herramienta para plantarse en sus cargos, la amenaza a las instituciones que los vigilen pues van a desaparecer, lindo mensaje a la tan utilizada democracia, que no solo es elección por el pueblo sino un control a quien ha sido elegido, uno sin lo otro es anarquía, muy lejos del ideal de un estado de derecho.
No se puede premiar al irrespeto de las instituciones con la desaparición de los organismos de control, porque no se revisa de la misma forma los alcances y funciones de los funcionarios de elección popular, porque sus excesos y desconocimiento de normas y procedimientos no es excusa para sus errores y desgobierno.

Mié, 2014-01-15 17:15

Yo plantearía una pregunta para empezar:
¿Necesita Colombia de la Procudaruria? Es decir, alguien tiene que vigilar a los funcionarios públicos, pero ¿No son las funciones actuales de este organismo por un lado redundantes con las de otros, y por otro, poco claras en algunos aspectos?
Y, el otro gran tema, que abordaría es el de ¿Quién vigila al Procurador? que pareciera que con Órdonez todos andan pendientes pero para asistir al matrimonio de la hija, no para, efectivamente, controlar sus actuaciones.

Vie, 2014-01-17 11:20

Lo mejor es conservar la independencia de los poderes, es la Procuraduria perteneciente al poder judicial? Pues que lo elija el poder judicial.......Pero yo pienso que la Procuraduria como la Fiscalia en EEUU deberia pertenecer al poder Ejecutivo, el Procurador deberia sre nombrado por el Presidente, y su tarea seria acusar ante el poder Judicial a los Funcionarios publicos, y los jueces deciden, como esta hoy en Dia la Procuraduria es un ente corrompido, lo eligen esos personajes oscuros del Congreso, y el Procurador hace de Juez y parte, investiga, acusa y condena. Todo un esperpento

Mié, 2014-01-15 16:24

Buen análisis y buenas propuestas, igual es clave que la Procuraduria se especialice y enfoque esfuerzos en administrar justicia y seguimiento de las actuaciones de los servidores públicos que no sean elegidos por elección popular.

Mié, 2014-01-15 14:54

El procurador debería ser elegido por voto popular de tal forma que sea totalmente independiente, si es lógico que vigile a todos los funcionarios públicos, o sino como se dice quien podrá salvarnos, hay que hacerle una cirugía total pero a la rama judicial, absurdo el cartel de la toga

Mar, 2014-01-21 10:21

Estoy de acuerdo en los cambios de la rama Judicial, aunque si me inquieta la propuesta de que el Procurador sea elegido por voto popular aunque me parece interesante la propuesta, es claro que el Procurador tienen un rol y unas funciones bastante importantes que en la practica lo ponen en cabeza, o si pueda que no en cabeza o si muy cerca de ella, del Ministerio Publico y por lo tanto debe ser una persona intachable en lo posible y con excelentes capacidades técnicas... Me inquieta si se realiza su elección por voto popular que se vuelva esto un concurso de popularidad o que prime la politiquería, yo sesgaría y dejaría que las cortes, la presidencia y la academia presente cada uno a un candidato y reduciría el universo de votantes únicamente a los funcionarios públicos.

Mar, 2014-01-14 17:29

Estas 4 propuestas se pueden resumir en una . Botemos el sofa.

Mar, 2014-01-14 16:27

Propuesta 5: cambiar el ESCUDO de la Procuraduria. Es una SALVAJADA. Pone a todo el pais, la sociedad, la res publica, como se llame, en una mira de escopeta

Mar, 2014-01-14 17:18

Este artículo esta saliendo en dos partes: historias y blogueros mmmmm?

Mar, 2014-01-14 16:45

Esa propuesta mas en el fondo,pa onde

Mar, 2014-01-14 17:19

jejeje lo que pasa es que javciv quiere que se hundaaaaaaaaaaaaaa.

Mar, 2014-01-14 16:21

La solución no es iniciar una desaforada reformitis de los aspectos que guste o no de la procuraduría. La mas grande y dura corrupción se da entre los elegidos por el voto popular, el problema no está en si se es de izquierda o derecha, el corrupto debe ser sancionado sin importar su origen político, como se elimina el carácter político de un funcionario cuyo origen y funciones obedecen a un sistema político?
Hay que limitar su reelección y ubicarlo al nivel de los otros organismos de control; pero por encima de todo LAS CONDICIONES PERSONALES DE LOS TERNADOS deben ser fundamentales al momento de su escogencia; no conocian la trayectoria personal y profesional del actual procurador? he ahí el detalle.

Mar, 2014-01-14 16:57

Psssss la verdad al magistrado en su decisión dejó bien claro que la procuraduría no tiene este tipo de competencia como si el elector primario que somos todos; en ese orden de ideas podría retractarme de lo que dije inicialmente abajo sobre eliminar la figura y mas bien que renuncie el Godofacho, y quien llegue de las garantías constitucionales, sin abusar del poder conociendo muy bien su verdadera función.

Porque como usted dice, este país es de corruptos por doquier y alguien tiene que ponerles tatequieto sin distinción de nada.Como dice el articulo 13,-... todos somos iguales y .

El Godofacho hace rato busco su muerte política, y ahora terminan de cavarle hasta la tumba a el también se le advirtió ,se le sugirió y no hizo caso.

Mar, 2014-01-14 16:39

Para entender un poco mas que el problema NO es de la Procuraduría en si sino de quien sea su titular, echen una hojeada a la tutela de 21 pàginas con la que el magistrado Jose Maria
Armenta Fuentes, de la sección
segunda-subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca terminó dándole la razón a Petro y para que no lean todo, comiencen en las dos últimas lineas de la página 18.

Mar, 2014-01-14 17:09

De manera respetuosa te sugiero que leas TODA la tutela, solo son 21 páginas

Mar, 2014-01-14 17:22

Entonces, es posible, que yo haya leido otra (rsrsrs)

Mar, 2014-01-14 17:47

¿Sabes algo? me solidarizo con vos, solo ayer celebrabas con alborozo la destitución de Petro y hoy sabes que NADA está definido, por ello comprendo tu inquina, malestar, desazón, rabia, urticaria, dolor, que generó en vos la tutela del magistrado Armenta, que afortunadamente tiene esa majestad y no se trató del Juez de El Difícil.

Mar, 2014-01-14 18:33

Por ahora, me voy tras de un tal dom pérignon

Mar, 2014-01-14 16:43

Adhiero.

Mar, 2014-01-14 16:03

Cuando eligieron a Ordoñez en el 2008 el señor Petro no le vio problema y votó a favor de su elección. No contento con eso escribió una columna en El Tiempo donde lo defendio como juez imparcial a pesar de las diferencias de credo que ambos profesan. Yo le creo mas a ese Petro de 2008 mesurado que presentaba ejemplos comprobables y no al Petro del 2014 que sale a un balcon de Lievano a presentar las mas enredadas teorias de conspiración cuidandose siempre de no referirse al tema de como se fundo la empresa de aseo distrital.

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