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Viernes Diciembre 03, 2021

Luego de los hechos ocurridos el martes en la base militar del cerro el Berlín, en Toribío, en la que los indígenas sacaron uno por uno a los soldados que custodiaban la base, ayer en la mañana por orden del Presidente Santos, el ejército retomó sus instalaciones. Y aunque ya se está hablando de posibles negociaciones entre los indígenas y el Gobierno, el argumento de las comunidades sigue vivo. Le exigen a la Fuerza Pública que se vaya de su territorio porque su presencia los deja en medio del fuego cruzado con la guerrilla y pone en riesgo a la comunidad. La Silla Vacía consultó con expertos en derecho constitucional y derechos humanos hasta dónde llega la autonomía de las comunidades en sus territorios y estas fueron sus respuestas.

 

Rodrigo Uprimny 

Ex Magistrado Auxiliar Corte Constitucional y director de Dejusticia

El caso del Cauca no es fácil porque está en tensión por un lado el deber del Ejecutivo de preservar la seguridad y que la Fuerza Pública haga presencia en todo el país para asegurar los derechos de los ciudadanos; y por el otro, la autonomía territorial de los pueblos indígenas y la protección de la diversidad étnica, y las reglas del derecho internacional humanitario que imponen un principio de precaución en las acciones militares a fin de no involucrar a la población civil en el conflicto armado. Si armonizamos estos principios, se puede llegar a la conclusión de que la Fuerza Pública puede entrar a estos territorios pero -siguiendo el deber de consulta reconocido en la Constitución y los principios de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas-, el Gobierno debe concertar con las autoridades indígenas cómo entrar y cómo hacer esa presencia de tal manera que no ponga en riesgo a la población civil. Este esfuerzo de concertación es además políticamente recomendable pues puede ayudar a mejorar la legitimidad local del Estado en esos territorios, que es muy precaria.

La segunda pregunta es si los indígenas podían intentar sacar a la Fuerza Pública a palo. Yo creo que un Estado democrático no puede criminalizar la protesta social pero si ésta se torna violenta y se cometen delitos, esos hechos pueden ser sancionados. Pero no hay una obligación de sancionarlos y en este caso, si se avanza en una concertación, parece lo mejor que la Fiscalía use el principio de oportunidad y se abstenga de acusar a los eventuales infractores.
 

Alfredo Beltrán Sierra

Ex Magistrado Corte Constitucional
 

La Constitución Política consagra el principio del respeto a la diversidad étnica y cultural en su artículo 7. En desarrollo de ese principio se reconoce la existencia de una jurisdicción indígena para que las comunidades puedan administrar justicia conforme a sus propias normas y procedimientos, con respecto a los miembros de su comunidad y en sus propios territorios. Y en este sentido, en el art 286 de la Constitución se dice que como parte de la organización territorial se reconocen los departamentos, los municipios y los territorios indígenas.

Sin embargo, la autonomía que tienen sobre esos territorios está limitada a la observancia de la Constitución y de la ley, y eso implica también el respeto a los derechos fundamentales. Por esa razón, en cuanto al orden público aplica la disposición constitucional de acuerdo con la cual es el Presidente de la República, como jefe supremo de las fuerzas armadas, quien tiene el mandato constitucional de conservar y mantener el orden público en todo el territorio, y decidir cuándo la presencia de la fuerza pública representa un riesgo, incluidos los territorios indígenas. No obstante, la situación es complicada en el Cauca porque confluyen en el lugar donde está la comunidad, todos los actores armados y lo que las comunidades reclaman no es otra cosa que su derecho a la paz en su territorio.

Iván Orozco

Doctor en Ciencia Política -Profesor Asociado U.Andes
 

Debe tenerse en cuenta el pluralismo étnico del que habla la Constitución y la posibilidad que deben tener los indígenas de protegerse frente al conflicto como actores neutrales que son, protegidos además por el Derecho Internacional Humanitario. Ello no implica que el Estado renuncie del todo a su soberanía pues uno no puede reconocer un nivel de autonomía que fracture a la autoridad nacional, pero eso no significa que no se pueda apelar a figuras de mediadores.

Es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Baltazar Garzón entrara como mediador era buena. Y es una trampa creer que los mediadores son un obstáculo para el principio de soberanía. Me parece razonable que en un modelo presidencialista como el colombiano los actos ultimos de afirmación de soberanía sobre el territorio correspondan, en buena medida, a actos presidenciales, pero insisto en que para el caso de las comunidades indígenas es importante la figura del mediador.

Carlos Franco

Ex Director Programa Presidencial de Derechos Humanos durante Gobierno de Uribe

El caso del Cauca no se puede analizar de manera aislada sin tener en cuenta varios aspectos. El contexto de conflicto armado, la historia de malas relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas y los errores de la Fuerza Pública en donde se han cometido violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, los indígenas no han garantizado que en su territorio no haya cultivos ilícitos, grupos ilegales o sanciones al apoyo a estos grupos.

Eso plantea un problema, una situación grave de orden público en donde el Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas y se convierte en un territorio estratégico para la guerrilla. En efecto, en cuatro o cinco departamentos se producen el 80% de las acciones y el Cauca es uno de esos. Además, el artículo 330 numeral 7 de la Constitución dice que una de las obligaciones de las autoridades indígenas es colaborar en la preservación del orden público con las autoridades.

En todas partes se le atribuye al Presidente el manejo del orden público. Por eso la autonomía de las comunidades no es absoluta y está limitada en este tema. Ahora, las autoridades sí pueden incursionar en el territorio si así lo determina el Presidente, pero primero tienen que justificar la necesidad de estar allí, y es deseable que lo hagan luego de una coordinación con la autoridad indígena para su presencia, y con absoluto respeto de los derechos humanos y las costumbres de las comunidades indígenas. 

 

José Gregorio Hernández 

Ex Magistrado Corte Constitucional

La autonomía de las comunidades sobre su territorio significa un reconocimiento que hacen la propia Constitución y el ordenamiento jurídico al dominio de las comunidades de unas áreas que les pertenecen históricamente. Ahora, la autonomía no es absoluta porque las comunidades indígenas están de todas maneras dentro del territorio colombiano y están sujetas a la Constitución y a las leyes de Colombia. Con respecto al orden público y la seguridad, a las autoridades de la República de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, les corresponde proteger a TODAS las personas residentes en Colombia.

El caso del Cauca es complicado porque los indígenas están siendo involucrados en el conflicto, contrario a lo que exige el Derecho Internacional Humanitario. Además el Estado está haciendo presencia pública con actores armados pero no con programas sociales. 

La presencia de las Fuerzas Armadas corresponde al ejercicio de la actividad confiada a los cuerpos armados, Ejército y Policía, que están bajo la dirección del Presidente de la República y que en cualquier punto del territorio deben estar cumpliendo su tarea, sin que puedan ser excluidos de ningún rincón. En principio el terriorio indígena es una propiedad que tiene una protección de carácter constitucional y entonces no puede haber una expropiación, invasión, u ocupación sin permiso de los propietarios que son las comunidades indígenas. Pero como las autoridades tienen la obligación de proteger a TODAS las personas, entonces en este caso requieren hacer un acuerdo con las comunidades para garantizarles su seguridad. Por eso es necesario que se llegue a un acuerdo entre ambas partes, más aún si en un caso como éste se trata de la protección y defensa de las comunidades y debería interesarles llegar a un acuerdo. El Gobierno debe garantizar su seguridad pero para ello debe antes consultarlos.

 

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Juan Manuel Santos Calderón
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Jue, 2012-07-19 11:50

La misma pregunta de Bruno...en qué se sustenta?

Jue, 2012-07-19 21:33

Se sustenta en una cuestión simple: HUMANIDAD...

Yo no se de derecho y poco me interesa dadas las cosas.
Que importe más el "honor" de una persona [el militar], que la vida de otra [el indígena asesinado, poco importa si por error o no], es ante mí, una cosa que merece mayor respeto.

Ahora, que el asunto de los fueros, nos digan quienes los inventan, en qué se sustentan las licencias que otorgan para delinquir.

Un estado leguleyo como el colombiano, hace enceguecer a las personas, que no tienen presente que los soldados se encuentran en el cerro defendiendo unas antenas de multinacionales, no defendiendo la soberanía, ¿cuál soberanía?, ¿la de permitir bases extranjeras, la de permitir que multinacionales entren a hacer minería, hidroeléctricas u otras cosas sin que nadie pueda chistar ante el abuso con el medio ambiente?

El planeta puede considerarse un bien común, pero es lo suficientemente extenso como para que haya que robar las partes que a otros corresponden.

Jue, 2012-07-19 21:41

Idem.

No tengo sustento legal [que es lo que Uds. solicitan], pero me la juego así:

En poco tiempo vamos a entender, que la lógica verdadera de este asunto, es tomar posesión de un territorio para beneficiar a un poder económico ajeno a un grupo humano que es su legítimo propietario.

Yo he pasado una breve temporada en lugares donde llega el ejército por la misma razón, y se que es mejor que no se acerquen, porque su presencia pone en riesgo a los neutrales: los soldados se la pasan visitando muchachas menores o mayores, cuando no debieran mezclarse con los civiles por evitar el riesgo.

Es más segura la estrategia de los indígenas.

Esa es una ley de razonamiento sencilla y clara.

Jue, 2012-07-19 19:35

Digamos la verdad, el Ejército colombiano defiende es a los ricos. Y los ricos, políticos y corruptos en Colombia tienen el Poder, aliados, claro está, a las multinacionales que destruyen la flora, la fauna y toda la naturaleza.Tomemos atenta nota de lo que dice el ex-magistrado JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ, la presencia del Estado también debe ser con programas sociales que URIBE convirtió en limosnas subsidios para marginalizar y condenar a la población a que nunca tuviera empleo formal. Creando la mentalidad mendicante de los beneficiarios de FAMILIAS EN ACCIÓN y otros subsidios que muy bien capitalizan los Alcaldes ligados a las Bacrim para hacer política y perpetuarse en las administraciones municipales.

EL PROBLEMA ES ESTRUCTURAL.

Jue, 2012-07-19 06:10

No es difícil para expertos juristas hacer las respectivas interpretaciones del texto constitucional en este caso referidas al tema de la autonomía de las comunidades indígenas y las funciones de la fuerza pública. No obstante, "del dicho al hecho hay mucho trecho". Es fácil desde un escritorio conceptuar sobre el particular; pocos antecedentes existen de que en particular el Ejército colombiano se caracterice por defender a las comunidades pobres. Llegan buscando a la guerrilla y en el contexto de entablar persecución o combate con los insurgentes o "terroristas", crean una situación de terrorismo o de guerra que la gente no desea ni necesita. Simplemente es un decir que la fuerza pública protege a la población. Existen áreas en las que la delincuencia organizada y los actos de raponerismo son elocuentes y la policía ni el Ejétcito se hacen presentes. Entonces, quienes tienen el poder justifican diciendo que no se le puede poner un policía a cada ciudadano.

Jue, 2012-07-19 02:48

Lo único rescatable es que en tiempos de Alvaraco habrían asesinado por lo menos a diez indígenas y Alvaraco habría salido por televisión a justificar los hechos.
http://www.youtube.com/watch?v=lT9X8yRazA4

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