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Viernes Enero 28, 2022

La semana pasada el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, presentó a todos los funcionarios que tienen algo que ver con la política criminal del país, una comisión de expertos que en los próximos seis meses hará unas recomendaciones al gobierno sobre cómo debería ser una política seria en esa materia.

Durante dicha reunión, el ex magistrado auxiliar Iván González Amado, quien preside la Comisión, compartió las ideas preliminares de las cuales partirán los seis juristas para hacer sus recomendaciones. El problema es que todos los proyectos en materia penal que el Gobierno envió al Congreso para su trámite en esta legislatura van en contravía de ese marco conceptual.

Por eso los congresistas Jesús Antonio García, del Partido Conservador, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentes en la reunión, le pidieron a Vargas Lleras aplazar el trámite de esas iniciativas hasta que se conozca el informe final de esta Comisión.

La comisión de expertos está conformada por el ex procurador delegado para la casación penal, Iván González Amado; el profesor y exprocurador de los derechos humanos Iván Orozco; el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny; los abogados Farid Benavides, Yesid Reyes Alvarado y Camilo Sampedro Arrubla. Y fue creada por el gobierno de Santos hace 15 días para asesorar al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria.

La Silla Vacía tuvo acceso a los lineamientos iniciales presentados por González Amado. En dicho documento, la comisión considera que el Estado debe estructurar una verdadera política criminal en cambio de formular las políticas penales de acuerdo con las coyunturas, creando delitos y aumentando o reduciendo los beneficios según el momento. Es decir que debe abandonar su estrategia de acción-reacción. Y que para lograrlo, el Estado debería priorizar la prevención sobre la represión. También deberían aplicar medidas sancionatorias diferentes a la prisión y dedicarse más a la prevención para evitar que menos jóvenes y adultos cometan crímenes.

Contrario a estos ideales, los proyectos del Gobierno de Santos cambian los tipos penales, aumentan las penas y no contemplan medidas para las sanciones diferentes a la cárcel. Poco tienen de preventivos.

Aquí están los proyectos radicados por el Gobierno ante el Congreso que modifican el sistema penal y contradicen los lineamientos iniciales de los expertos que el mismo Gobierno nombró para que le recomienden qué hacer en material criminal. Vargas Lleras dijo en la reunión que no podía detener la agenda legislativa. Entonces, cuando salga el informe de los expertos, estos proyectos seguramente ya serán una realidad:

 

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Cuando radicó este proyecto, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró que los artículos allí sugeridos nacieron de un examen hecho por el Consejo de Política Criminal.

El proyecto obedece a un desafío que se planteó el presidente Juan Manuel Santos para atacar el aumento en la criminalidad de las ciudades. Desde que estaba en campaña, uno de los temas del debate presidencial fue la creciente inseguridad en las capitales y por ello el proyecto fue presentado apenas dos meses después de la posesión.

Se trata de una modificación profunda a los tipos penales: modifica los códigos Penal, de Procedimiento penal y de Infancia y Adolescencia. Exactamente lo contrario a lo sugerido en los lineamientos iniciales de los expertos en la reunión del miércoles pasado. El proyecto, además, permite allanamientos y registros las 24 horas y también le da vigencia permanente a las órdenes de seguimiento y registro.

Y más que hacer énfasis en medidas preventivas, el proyecto aumenta lo punitivo. Aplica la flagrancia a quienes sean grabados cuando cometan un delito así se capturen varios días después, o se encuentre en un carro que estuvo involucrado en un delito.

Crea el delito de pertenecer a las bandas criminales en cambio de aplicar el ya existente concierto para delinquir. También modifica el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y aumenta la pena para el porte ilegal de armas.

Cuando el Gobierno presentó el proyecto también estaba en boga el debate sobre la violencia en las comunas de Medellín por parte de menores de edad y, por ello, establece también la modificación del régimen de responsabilidades de los adolescentes. Les aumenta las sanciones y garantiza que no quedan libres cuando cumplan los 18 años.

Adicionalmente, después de que la Corte tumbó la Ley de pequeñas causas, el proyecto de seguridad ciudadana revive la creación de delitos menores.

En lo que sí es consecuente con los lineamientos de los expertos de la Comisión es que este proyecto de ley se concertó con las autoridades regionales, gobernadores y alcaldes. La comisión recomendó que se tuviera en cuenta a la ciudadanía a la hora de modificar la política criminal.

Código Nacional de Policía

El 5 de octubre, el día en que el ministro del Interior radicó el proyecto para modificar el Código Nacional de Policía no era tan clara cuál era la diferencia con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Vargas Lleras explicó que se trataba de regular las condiciones mínimas de convivencia, modernizar a la Policía y enfocar más el papel de la autoridad local en lidiar con los problemas cotidianos.

En este proyecto tampoco se enfatiza en la prevención. Al contrario, se aumentan las multas por todas las infracciones que puede cometer un ciudadano, como realizar quemas, botar basura, hacer ruido con un carro, tener licor adulterado o perturbar la tranquilidad de los vecinos.
 

 

Estatuto anticorrupción

El proyecto del Estatuto Anticorrupción fue presentado por el Gobierno apenas un mes después de la posesión de Juan Manuel Santos. Busca atacar los carteles de la corrupción y cambia las reglas en materia de contratación.

Y lo hace con el mecanismo que pide evitar la Comisión de Expertos: con la creación de nuevos delitos como el que condena a quienes accedan a subsidios de manera fraudulenta. Este es también un tema coyuntural porque tiene como propósito inmediato evitar que personas engañen al Estado en los procesos de restitución de tierras.

En los lineamientos iniciales de la Comisión de Expertos se habla de la importancia de hacer un estudio de los “tipos” blandos de corrupción y de explorar medidas de control administrativo, pero dentro del proyecto del Gobierno se hace énfasis es en lo penal.

Se excluyen los beneficios a delitos relacionados con corrupción y se amplían los términos de prescripción en materia penal y disciplinaria. Y se amplían las penas de peculado cuando se trate de malos manejos en los recursos de la salud.

La comisión considera que en la medida de los posible se debe evitar dar gabelas a los delincuentes y, sin embargo, en el Estatuto se garantiza el principio de oportunidad a quien participe y denuncie un soborno.

Aunque el Gobierno dice que para la elaboración del proyecto lo discutió con las autoridades y organizaciones no gubernamentales, hay muchos temas que están trancando su discusión en el Congreso porque no se socializaron lo suficiente. Entre ellos el de la financiación de campañas políticas por parte de los contratistas del Estado, así como levantar la reserva bancaria a los contratistas.

 

 

 

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Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2011-03-03 00:03

ATENCIÓN PRINCIPAL A ESTO:

Piensen por favor en dos cosas.
1. ¿QUIÉN SE BENEFICIARÍA, COMO EMPRESA CONSTRUCTORA, DE LA ORDEN DE CONSTRUIR NUEVAS CÁRCELES?
2. ¿A QUÉ CLANES FAMILIARES PODEMOS ENCONTRAR EN LLAVE DESDE HACE 20 AÑOS CON LAS GRANDES CONSTRUCTORAS DE PENALES?

Todo esto va enfocado con el tema del cambio en el manejo de penas para menores. La respuesta no es la penalización más dramática, pero si uds. toman en cuenta el nivel tan *alto* de manipulación sicológica en un país con Sindrome Post Traumático como el nuestro, nos están vendiendo esa opción.
OJO: No es un juego. Así como una vez se apoyó la manifestación del viernes del páramo de Santurbán y mañana a las 5.00pm en Bogotá en la ex-casa de Antanas Mockus se hará plantón, es importante que las mujeres de este país empiecen a presionar activamente a los entes de control para que no aprueben reglas que vayan en detrimento de la juventud y la educación y sí sean punitivas.

Jue, 2011-03-03 00:15

¿Por qué? Porque todo es un negocio.
Porque no hay que pensar en ética para aquellos que no saben qué es xenofilia o fraternidad sino *rentabilidad*. Y en la oficina del Procurador lo más lejano que hay de la cabeza de estas personas es la ética o razones de credo religioso. Lo que pesa, en el fondo, son procesos de control de recursos y control social. ¿Qué mejor control que *definir* cómo es una madre "moderna", "responsable" y "actual" que coercionando lo aceptable o no en sus hijos o parientes más jóvenes para una mujer?

Y los colombianxs por el tema de la guerra no sabemos valorar la juventud como una zona de posibilidad de evolución sino que la condenamos por ser seguidora de excesos que nosotros mismos exacerbamos -¿le pedimos al gobierno que tenga la ética que no tenemos los huevos de desarrollar?-.
Esto se va a reflejar en un estado punitivo si no nos ponemos las pilas. Propaganda de mano dura y chicharrón grande ya hubo durante OCHO años, así que todo esto es real.
Ojo.

Mié, 2011-03-02 21:43

Eso quiere decir que el plasito es para ir mezclando micos. no.

Mié, 2011-03-02 15:55

La actividad pública tiene un agite particular, todo es de emergencia; el caso de la nueva Ley presentada por Vargas Lleras al congreso, cumple y es actual, lo de la comisión nombrada por Santos es algo que todos sabemos, toda Ley es perfectible al infinito, ya decían los abuelos "lo mejor es enemigo de lo bueno". Ah, la Ley criminal debe comenzar por "casa" me refiero a la clase política, porque "no hay peor consejo que uno acompañado de un mal ejemplo"...

Mar, 2011-03-01 23:36

El gobierno debería tener en consideración que una endemia legislativa está constituida por la malthusiana producción de leyes improvisadas y episódicas. Se ha impedido así la creación de una jurisprudencia estable; la familiaridad de jueces y abogados con la legislación; el conocimiento público y la asimilación social de la normatividad; la cultura burocrática respecto de las reglas del juego que se interfieren unas a otras. En fin, un poco de paciencia para estructurar un marco jurídico de sencillo entendimiento y expedita aplicación. Es sencillo, y por ello más difícil.- Ricardo Rodríguez Asensio

Mar, 2011-03-01 20:02

http://laidea.agriculturaecologica.eu/?p=3202

No es por hacer flooding, pero, es el link más importante que se ocurre tomando en cuenta lo que va a pasar con el Marzo y Abril legislativos.

Después no digan, que no se avisó un carajo...

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