La audiencia pública contra Andrés Felipe Arias por presuntas irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dio simultáneamente con la condena a Salazar por parte de un juez penal de circuito. Foto: Juan Pablo Pino / www.lasillavacia.com

Nadie esperaba una condena tan alta contra el ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, como la que hoy le impuso el Juez 43 penal del circuito de Bogotá. Diez años y tres meses de prisión domiciliaria fueron mucho más de lo presupuestado por Salazar cuando decidió firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en la investigación por Agro Ingreso Seguro.

Pero además del mismo Salazar, tal vez a quien más debió sorprender esta condena fue al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias quien estaba compareciendo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en audiencia preparatoria mientras el juez leía la sentencia contra su viceministro. 

Esa condena contra alguien que admitió su responsabilidad y se convirtió en testigo de la Fiscalía podría significar que Arias, quien decidió declararse inocente y es juzgado por la Corte y no por un juez de circuito, podría ser condenado por una pena de por lo menos el doble de años.

Los mismos delitos, los mismos hechos

El juez condenó a Salazar por los delitos de concurso homogéneo de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, cometidos en concurso heterogéneo, y peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo.

Los hechos por los que lo condenaron se relacionan con la suscripción de contratos el 11 de agosto del 2006 entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Iica, por tres mil millones de pesos, con fines de cooperación técnica y científica para la puesta en marcha del programa Agro Ingreso Seguro.

Según el fiscal que lo acusó, Carlos Eduardo Castañeda, de la Unidad Nacional Anticorrupción, se detectaron irregularidades como la falta de suscripción de actas de inicio o la ausencia de pólizas de garantía constituidas con amparo contra todo riesgo que establece la ley.

"El fiscal señaló que a los subsidios previstos en el programa AIS sólo accedieron grandes productores agrícolas y que los requisitos exigidos eran inalcanzables para los medianos y pequeños agricultores", según el comunicado de la Fiscalía.

El juez le dio la razón a la Fiscalía y concluyó que en cambio de hacer un contrato directo con el Iica, el Ministerio ha debido convocar a una licitación pública porque el objetivo del convenio no era en realidad el desarrollo de actividades científicas, que son las que se pueden contratar directamente. Y que la propuesta presentada por el Iica no correspondía con los planes operativos de los convenios.

Los delitos por los que se condenó a Salazar son prácticamente los mismos por los cuales está acusado el ex ministro de Agricultura y por eso la posibilidad de que la pena contra Andrés Felipe Arias sea mucho más alta es innegable.

La imputación de cargos que la fiscal Viviane Morales hizo contra Arias fue contundente y por ello desde julio 26 el ex ministro está detenido. Acusó al ex ministro por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso homogéneo y sucesivo.

Tanto para el Fiscal como para el juez, esas irregularidades en la firma del contrato llevaron a que los dineros destinados para el programa de Agro Ingreso Seguro terminaran en manos de familias que no los necesitaban y que, en algunos casos, los recibieron de manera fraudulenta.

Con la condena a Salazar, un juez penal por primera vez concluye que la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro violó la ley. Ya el Procurador había concluido lo mismo pero en un juicio disciplinario.

Juan Camilo Salazar, condenado a 10 años de detención domiciliaria, por corrupción en el programa Agro Ingreso Seguro. Foto Cortesía: Colprensa.

Óscar Schroeder y Tulia Méndez, implicados en el caso Agro Ingreso Seguro, dialogan con Juan Camilo Salazar ex-viceministro de Agricultura. Foto Cortesía: Colprensa.

Otros jueces, los mismos argumentos

Tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la condena contra el ex viceministro Salazar y serán los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá quienes determinen la pena que finalmente cumplirá.

Y fue un magistrado de ese mismo Tribunal quien decidió que Andrés Felipe Arias debía estar en la cárcel. En julio del año pasado, ese magistrado le creyó casi todos los argumentos a la Fiscal Viviane Morales que imputó directamente los cargos contra Arias.

Sólo descartó que Arias fuera un peligro para la sociedad. Pero sí consideró -como la Fiscal Morales- que el ex ministro podía obstruir el desarrollo de la investigación, como lo habría intentado con las visitas a sus ex subalternos recluidos en La Picota.

Esas visitas podrían perjudicar mucho a Arias porque pueden ser interpretadas por la Corte como una obstrucción a la justicia y la condena contra Salazar aquí pesa mucho.

Como el ex Viceministro se convirtió en testigo de la Fiscalía, él podrá dar los detalles de lo que pretendía Arias durante esas visitas, pues él fue uno de los detenidos con quien el ex precandidato presidencial estuvo reunido por horas enteras. La Fiscalía considera que Arias estaba orquestando una defensa unificada mientras que Arias ha dicho que su visita solo buscaba mostrar su solidaridad con sus amigos.

Salazar fue el funcionario que encabezó tres de las reuniones donde la Fiscalía cree que Andrés Felipe Arias intentó planear la defensa con sus ex funcionarios, antes de que comenzara el proceso penal. Durante la imputación de la Fiscalía, Viviane Morales dijo que Salazar había dado luces a sus compañeros sobre cómo debían responder a los cuestionamientos sobre sus actuaciones en presencia de Arias. Y ahora la Fiscalía tendrá esa versión de primera mano.

Ese testimonio de Salazar sumado a la negativa del ex Secretario General del Minagricultura Juan David Ortega a servirle de testigo son un duro golpe para el ex ministro Arias. La defensa del ex ministro contaba con ese testimonio para reforzar la tesis de que Arias no participó en el diseño de Agro Ingreso Seguro ni hacía parte de los comités que decidieron los lineamientos del programa.

Es una tesis que, por ejemplo, Camila Reyes del Toro, refutó cuando negoció con la Fiscalía a cambio de que le concedieran el principio de oportunidad. La ex directora de comercio y financiamiento del Ministerio de Agricultura dijo, según El Espectador, que "el ministro Arias tenía control directo sobre el manejo presupuestal en el interior del Convenio 078 (origen de Agro Ingreso Seguro), no sólo por las instrucciones recibidas, sino además como se evidencia en las actas del comité administrativo del Convenio (...) en las cuales aparece su visto bueno sin ser parte del comité administrativo de acuerdo con el texto definitivo y que siempre que se hizo una propuesta al respecto, no era tenida en cuenta porque el ministro era quien tenía la última palabra”.

La estrategia de la defensa

Con Salazar y Reyes colaborando con la Fiscalía y otros ex funcionarios del ministerio implicados buscando una negociación también para ellos, a Andrés Felipe Arias no le queda más que jugársela con todo en el juicio oral ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.

El primer paso es el de dilatar el proceso. Por ahora su defensa lo ha logrado y el mismo Ministerio de Agricultura, que es una de las víctimas en el proceso, ha contribuido a ello.

Los abogados de Arias solicitaron cientos de documentos a esa entidad a través de derechos de petición para acceder a información que consideran indispensable para organizar su defensa y su abogado dice que hasta ahora no han recibido respuesta. Por eso solicitaron aplazar la fecha del juicio oral.

El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo negó que la entidad bajo su cargo estuviera ocultándole pruebas a Arias. "En el caso del ex ministro Arias, se ha dado respuesta a la fecha a todos y cada uno de los 98 derechos de petición que ha solicitado, lo cual ha implicado la expedición de varios miles de fotocopias por parte del Ministerio".

En todo caso, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia accedieron a la petición de Arias y fijaron como nueva fecha el 5 de marzo próximo.

Mientras esa fecha llega, la defensa podría encontrar más formas de aplazar el juicio, como ya lo han hecho los abogados del ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno, detenido por las chuzaDAS. La recusación de todos los jueces podría ser el primer paso y esto podría demorar un poco el juicio, aunque no son muy claros los argumentos que Arias podría utilizar para la recusación.

En el caso de las chuzadas del DAS era claro que los magistrados jueces eran a la vez víctimas y por lo tanto podrían no ser imparciales a la hora de fallar. Pero en el caso de Agro Ingreso Seguro no hay evidencia de que haya intereses de los magistrados que les impidan decidir con ecuanimidad. Seguramente el argumento va a ser que como fueron perseguidos durante el gobierno de Uribe se podrían ensañar contra quien fue su alfil y ministro más cercano.

Lo que sí podrían aprovechar los abogados de Arias son las declaraciones que Viviane Morales dio cuando era comentarista en Caracol Radio sobre el tema de AIS. Aunque esas declaraciones fueron hechas mucho antes de que su nombre sonara como posible Fiscal, sí dan una opinión sobre el tema que es adverso a los funcionarios de la administración Uribe, y específicamente contra el ex ministro Andrés Felipe Arias. Lo que aún estudian los abogados es si pueden pedir cambio de Fiscal en esta etapa avanzada del proceso.

El plan C

Y existe una tercera opción, que es la que el lunes comenzó a ambientar el ex presidente Álvaro Uribe y es la de seguir los pasos de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y declararse un perseguido político.

En su cuenta de twitter, el el ex Presidente publicó un comunicado de prensa en que rechaza "las injusticias" que se están cometiendo contra Arias por "el ocultamiento de evidencias, pruebas e información que sustentan su inocencia" y que lo convierten en un preso político. Uribe se refiere a la falta de respuestas del MinAgricultura, la Fiscalía, la Procuraduría y otras entidades a las solicitudes de los abogados de Andrés Felipe Arias y que justificaron que la audiencia se aplazara. Uribe dice que eso vulnera el derecho a la defensa y a la libertad de su ex ministro.

El ex Presidente también se refirió a la condena de 10 años y tres meses del ex viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar: "Nueva Inquisición: Juan Camilo Salazar condenado por reconocer delitos que no cometió".