Samuel Moreno sale de la Fiscalía en compañía de su abogado, Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Ahora no tendrá que ir a la Fiscalía, sino a los juzgados. Y quizás lo tendrá que hacer desde la cárcel. Foto: Prensa Fiscalía

Esta mañana la Fiscal General Viviane Morales anunció que solicitó una audiencia para imputar cargos y pedir detención preventiva contra el suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno. Con esta decisión, la situación de Moreno se complica, el Polo queda aún más maltrecho para las elecciones locales de octubre y se ensombrece el panorama para los Nule. Pero, sobre todo, se demuestra que para la Fiscalía sí existió un cartel de la contratación en Bogotá, y que está empezando a ser desmantelado.

Para Samuel Moreno, esta movida de la Fiscalía es un duro golpe. Morales le formulará cargos por cuatro delitos: prevaricato por omisión, concusión, contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación. A juicio de la Fiscalía, Samuel Moreno no sólo falló en controlar a sus subalternos, sino que utilizó su cargo para enriquecerse. Es decir, mientras que el Procurador lo había suspendido por inepto, ahora la Fiscalía indica que Samuel Moreno es corrupto.

Esta decisión, además, le da más elementos al Procurador para prorrogar la suspensión de Moreno o para destituirlo. Y a la Contralora para iniciar un proceso fiscal por la apropiación de bienes que, según la imputación, habría hecho Moreno. Y seguramente va a mantener a la corrupción y la capacidad de gestión como temas centrales de la campaña para la alcaldía.

La Fiscal General Viviane Morales anunció esta mañana la decisión de solicitar una audiencia para imputar cargos y pedir medida de aseguramiento contra Samuel Moreno. Foto: Prensa Fiscalía

El suspendido alcalde Samuel Moreno deberá defenderse ahora en un proceso penal. Y quizás lo tendrá que hacer desde la cárcel. Foto: Sara Rojas.

Iván Moreno y su abogado. Con la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a su hermano Samuel, la situación del suspendido senador también se complica. Foto: Felipe Rincón

La Fiscal también anunció que en la imputación se va a solicitar la detención preventiva para Moreno. El 29 de julio, fecha para la que está agendada la audiencia, Moreno podría terminar en la cárcel. Y esa imagen podría marcar el inicio del fin del cartel de la contratación.
 

¿El fin del cartel de la contratación?

El sub contratista Alejando Botero prendió el 'ventilador del IDU' hace más de un año, y en marzo de 2010 puso una denuncia en la Fiscalía. Él fue quien primero habló del cartel de la contratación, del que tanto se ha discutido desde entocnes. Y hoy, con la solicitud de imputación a Samuel Moreno, la Fiscal General le da la razón a Botero y cierra el círculo.

La imputación de cargos impacta los procesos penales de los Nule y en todo el escándalo de la contratación. En el comunicado que leyó esta mañana, la Fiscal Morales envió un claro mensaje en ese sentido. “Es importante mencionar que paralelamente se estudian algunas solicitudes de aplicación del principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con algunos indiciados”, afirmó.

Y es que los avances en el proceso contra Moreno se pueden explicar porque la Fiscalía tiene la posibilidad de negociar con otras personas. Los testimonios y pruebas que ya hayan presentado otros involucrados en el proceso seguramente son el sustento de la decisión de la Fiscal, que en su rueda de prensa no explicó cuales eran las pruebas para tomar su decisión.

El ex representante Germán Olano, que es el que aparece en la famosa grabación con Miguel Nule hablando de sobornos, por ejemplo, empezó a hablar en la Fiscalía que lo investiga en conexión con el Cartel. Y, como publicó El Espectador, esta disposición a hablar también se manifestó en la Corte Suprema, donde Olano habló en el proceso que se le sigue a Iván Moreno.

La Fiscal General tomó otra medida: cambió al fiscal del caso. Germán Pabón, conocido por ser quien adelanta el proceso contra los Nule, le cedió el puesto a José Ricardo González, quien ha trabajado en la Fiscalía y en la Procuraduría, una parte de este tiempo bajo la dirección de Carlos Arturo Gómez Pavajau, coincidencialmente defensor de Samuel Moreno.

Aunque Morales ya había anunciado a El Espectador que era posible que no todos los procesos por el llamado ‘Cartel de la Contratación’ los llevara el mismo fiscal, este es el primer ejemplo de esa ruptura procesal.

Esta estrategia tiene la ventaja de que reparte la enorme carga laboral de investigar todo el ‘Cartel de la Contratación’, pero también puede llevar a que la información se disgregue. De qué tan efectivos sean los mecanismos para mantener coordinadas las diferentes investigaciones, depende que se logre llegar más allá en este escándalo.

La Corte Suprema también ha avanzado en sus investigaciones. Hoy mismo se conoció el texto en el que se decreta la medida de aseguramiento contra Iván Moreno, que decidió el 10 de mayo. En el escrito, la Corte aporta más pruebas sobre el caso de Moreno. Entre otras cosas, afirma que los contratos de los Nule se negociaron en una oficina paralela del IDU, que funcionó en un hotel cercano a la sede de la entidad y que hay más pruebas sobre la relación entre Iván Moreno y los Nule.

Con la imputación a Moreno y la afirmación de la Corte de que existió una estructura para entregar las licitaciones del IDU, los procesos por el ‘cartel de la contratación’ pueden tomar un segundo aire. El mensaje que se envía a los involucrados en el escándalo, como los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, o el abogado Álvaro Dávila, es que más les vale hablar pronto. Si ya se le imputan cargos a quien era el Alcalde de Bogotá, es probable que haya pruebas contra ellos que se supone obtuvieron comisiones de los sobornos que se le imputan a Moreno. Y si no hablan pronto, es posible que a la Fiscalía ya no le interese negociar con ellos un principio de oportunidad o un preacuerdo. A La Silla Vacía le dijeron que Dávila ya estaba negociando con la justicia pero no pudimos confirmar de manera independiente esa información y Dávila no nos contestó.

Por eso el cartel de la contratación puede estar en medio de su derrumbe. Aunque aún falta por judicializar a muchas personas (la Fiscal mencionó la existencia de otras 30 investigaciones), Iván y Samuel Moreno, que eran las cabezas visibles de los políticos involucrados, están cerca de la cárcel y suspendidos de sus cargos. Desde hace varias semanas también hay nerviosismo en algunos miembros del Concejo de Bogotá, donde hay otros responsables. Aunque esos golpes pueden ser insuficientes para desmantelar a todo el cartel, cuando caen los capos, la vida se pone más difícil para los otros miembros.

Aún falta que la justicia indague en otros sectores, como la contratación en salud, en el acueducto o en los comedores comunitarios. Según las denuncias de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Gustavo Petro, Luis Carlos Avellaneda y Carlos Vicente de Roux, en esos sectores también funcionó el cartel de la contratación y hasta la fecha no ha pasado nada. Aunque Olano también denunció la corrupción en la salud. En esos sectores, no hay un sub contratista, como Alejandro Botero, que haya prendido el ventilador; no hay contratistas que estén quebrados y le incumplan a todos, como los Nule; y tampoco hay obras que todos los ciudadanos vean hechas un caos, como la calle 26. La pregunta es si la Fiscalía y los órganos de control van a investigar lo que ocurre en esos sectores.

En cualquier caso, la decisión de la Fiscalía indica que la justicia está aceptando que lo ocurrido es de extrema gravedad y que incluye las más altas instancias de decisión del Distrito. “En Bogotá la corrupción no entró por la puerta de atrás del Palacio Liévano, sino por la puerta principal” dijo el ex concejal Juan Carlos Flórez a La Silla Vacía. Y esto tiene unos duros efectos políticos.

Los efectos políticos

Después de más de un mes de tire y afloje, el 8 de junio Clara López fue designada como alcaldesa encargada. Con la imputación a Moreno y la solicitud de prisión preventiva, lo más seguro es que López siga en la alcaldía hasta el 31 de diciembre. Pero López va a tener que tomar medidas fuertes si no quiere asistir a lo que Flórez llama el “velorio de un moribundo”.

Con la nueva decisión, pierde mucha fuerza la defensa que hicieron de los hermanos Moreno varios miembros del Polo, según la cual los señalamientos de corrupción eran parte de una persecución de la derecha u otro capítulo de la ‘Operación Amazonas’ (la ilegal operación de desprestigio del DAS contra la izquierda). Cada vez queda más difícil afirmar que todo es un montaje contra la izquierda.

López tiene una situación difícil. Como Secretaria de Gobierno de Moreno hizo parte de la cuestionada administración; como presidente del Polo defendió a los Moreno. Quizás por ese pasado, la alcaldesa ya empezó a mostrar su distancia. Ayer afirmó en una carta abierta a los bogotanos que “Bogotá tiene serios problemas". También hizo unos primeros cambios en el gabinete, y le abrió la puerta a académicos del Polo como Ricardo Sánchez en la Secretaría de Educación y Hernando Gómez Serrano en la de Desarrollo Económico. Pero no ha tocado hasta el momento ninguna de las entidades que han sido mencionadas en conexión con el Cartel de la Contratación como la Secretaria de Salud, la de Integración Social, la de Movilidad, la Secretaria General, la Uaesp y el Acueducto.

El otro reto para López es lograr que el Polo mantenga parte de su caudal electoral y, sobre todo, evitar que deje de ser un partido con vocación de poder e involucione en un partido que haga oposición en concejos y asambleas, pero no gobierne.

Claro que la responsabilidad política no es exclusiva de los Moreno, ni del Polo. Concejales de otros partidos votaron a favor de la elección de Miguel Ángel Moralesrussi en la Contraloría y gozaron de importantes cuotas en esta entidad como lo denunció La Silla Vacía. También en la elección de Francisco Rojas Birry en la Personería, con lo que los órganos de control quedaron en manos de amigos de los Moreno. Además, los debates de control político por la corrupción en el Distrito fueron escasos. Y se dice que varios concejales tuvieron o tienen cuotas en la administración, conviertiéndose en cómplices del cartel. La posibilidad de que haya detenciones o imputaciones contra concejales de otros partidos puede detonar este tema.

La sombra de Samuel en la campaña

La solicitud de imputación de cargos también se puede convertir en una herramienta de campaña. Más allá de que todos los candidatos aprovechen la situación de Moreno para criticarlo y argumentar que ellos son el cambio, Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro tienen una buena posición para capitalizar sus denuncias.

Galán fue una de las pocas y primeras voces que, en el Concejo, denunció lo ocurrido, junto con concejales como Carlos Vicente de Roux del Polo y Antonio Sanguino, del Partido Verde. Petro lideró la investigación que elevó el tema de la contratación en Bogotá de un escándalo judicial a uno de los grandes temas políticos y que, a la postre, lo llevó a separarse del Polo y a poner el tema en el centro del debate.

En particular Petro podrá beneficiarse de la pérdida de apoyo del Polo entre algunos sectores que, sin emabrgo, simpatizan con ideas de izquierda. Su segundo lugar en las recientes encuestas de intención de voto a la alcaldía reflejan en parte este fenómeno, que podría reforzarse a medida que se oscurece más el panorama de los Moreno.

Pero quizás el efecto político más fuerte será la posibilidad de que el Polo no presente un candidato a la Alcaldía de Bogotá o que, si lo hace, éste termine con una votación muy baja. Aunque en el Polo creen que con la proliferación de candidatos a la Alcaldía de Bogotá, ellos podrían pelear por una de las votaciones más altas teniendo en cuenta sus votos de base y que el resto de los electores se tendrán que dividir entre muchas opciones.

En cualquiera de estos casos, el 29 de julio será la audiencia ante el juez de garantías en la que el fiscal González le imputará cargos a Moreno y se definirá si el Alcalde termina en la cárcel. Moreno hasta ahora no ha dicho nada.