?Las fincas que se le han incautado a los narcos podrían ser una de las principales patas del fondo de tierras del posconflicto, poniendo hasta 500 mil hectáreas. Casi todas ellas de altísima calidad, dado que los narcotraficantes compraron durante los años ochenta y noventa muchas de las mejores tierras en las zonas más fértiles del país, como los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

El problema es que -pese a que muchas de esas propiedades están desde hace años en custodia de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que duró todo el gobierno Santos I en proceso de liquidación)- casi ninguna ha arrancado el trámite judicial de extinción de dominio. Es decir, están lejos todavía de poder 'convertirse' en baldíos que se le puedan entregar a campesinos sin tierra.

“Las fincas entran allá [al DNE] como los aviones al triángulo de las Bermudas. Nunca salen”, en palabras de un ex alto funcionario del sector, que explica que hay tantas maniobras de abogados y dilaciones en el proceso que al final nunca arranca el de extinción. A abril de este año, a solo el 12 por ciento de los 6.642 inmuebles rurales que maneja Estupefacientes se les ha declarado la extinción, según la investigadora de tierras Yamile Salinas.

Tan complicado es el proceso que la Unidad de Restitución de Tierras no ha querido recibirlos, pese a haber reglamentado hace un par de años el proceso para recibir bienes incautados y eventualmente poder reparar con ellos a víctimas del despojo. Esto porque el proceso de administrarlos mientras salen las sentencias de extinción -el mismo que tiene al DNE en el ojo del huracán, así no haya casi condenas por el carrusel de bienes y favores allí- se vuelve un problema sin salida.

Es decir, si el Gobierno quiere que las tierras de los ex narcos engorden el fondo, tendrá que tomar la decisión política de poner a rodar la extinción de dominio efectiva y su incapacidad para liquidar la DNE no es un buen augurio.

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?El mayor despojado en Colombia ha sido el propio Estado. Hay dos tipos fundamentales de baldíos robados. El modus operandi más común ha sido el fraude a la hora de adjudicar baldíos: mucha gente que no era campesina sin tierra terminó con tierras de reforma agraria en sus manos, casi siempre con complicidad de funcionarios corruptos del Incoder, notarios, registradores o jueces.

Muchas de esas modalidades -más de 65- aparecen en un informe muy completo que publicó el año pasado el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, en el que su oficina identificó las argucias notariales con las que se han apropiado fraudulentamente de terrenos, desde moviendo cercas, o iniciando falsos juicios de pertenencia, hasta valiéndose de los paras.

En una sola finca en el Meta, el difunto esmeraldero Víctor Carranza se hizo con 25 mil hectáreas de esta forma según el Incoder. Los otros departamentos campeones de esta forma de despojo fueron Antioquia, Vichada y Norte de Santander.

El otro tipo de robo es el de los llamados 'baldíos inadjudicables', que son predios del Estado que -por su importancia ambiental- no deben pertenecer a personas privadas. Allí están los predios en lagunas, humedales, ciénagas, playas (como los sonados casos en Cartagena y Tubará), playonas, rondas de ríos o las islas del río Magdalena, que son claves como 'zonas de descanso' de ríos o marinos, pero que han sido desecados para ganadería y apropiados por particulares. Ese mal manejo ha terminando agravando el impacto del cambio climático, como lo mostraron las inundaciones durante la ola invernal de 2010 en la Costa o las sequías recientes en el Casanare.

Durante los dos últimos años, el Incoder -entonces dirigido por Miriam Villegas- inició unos 1800 procesos agrarios contra ambos tipos de invasiones y robos, que podrían sumar fácilmente un millón de hectáreas, según el informe final de gestión del ex ministro Restrepo. Es decir, la tercera parte de lo que el Gobierno estima se necesitaría para echar a rodar el fondo de tierras del posconflicto, según los cálculos del Ministerio de Agricultura. Los primeros engrosarían el Fondo, mientras los inadjudicables volverían a manos del Estado para ser administrados por las autoridades ambientales y prevenir futuras emergencias climáticas.

Sin embargo, según tres ex funcionarios del Incoder, esos procesos están estancados desde el cambio de gerencia el año pasado en la entidad a cargo de las tierras (cuyo director es ahijado político del senador conservador Hernán Andrade). La Silla intentó sin éxito entender en qué estado están estos casos.

Así que si el Gobierno quiere poner su primer tercio de tierras, tendrá que caerle a los 'vivos' de los baldíos.

Aunque seguramente será más pequeña su contribución al fondo de tierras (y también más engorrosa), el cuarto tipo de predios que, según los acuerdos publicados, pueden terminar en manos de campesinos sin tierra son los predios que están inexplotados o que han sido explotados mal ambientalmente.

En realidad se trata de una figura vieja que ha sido muy poco usada, llamada la extinción administrativa del dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad. Puesto en términos simples, significa que cuando un propietario incurre en ciertos malos usos de la tierra puede perderla.

Son básicamente dos los malos usos que pueden llevar a ese proceso. La primera, que sea evidente que son lotes de engorde o especulación, con apenas algunas vacas en un terreno extenso o un terreno totalmente abandonado (dos situaciones que se ven en la Altillanura, donde el precio de la tierra se ha disparado en la última década). Y segundo, cuando se puede probar que el propietario tomó decisiones sin autorización que causaron estragos ambientales, como desecar indebidamente una laguna, tumbar un bosque sin permiso o fomentar la minería ilegal en sus linderos.

El problema es que estos casos avanzan muy lentamente y son bloqueados con facilidad, como lo muestra el caso de Las Pavas, una finca en el Magdalena Medio cuyos propietarios originales ganaron el último Premio Nacional de Paz. Ese caso está estancado desde hace un año en el Consejo de Estado después de que sus ocupantes apelaran la decisión del Incoder de darle las tierras a los campesinos -que habían ocupado las tierras inexplotadas de un narco años antes- y no a los palmicultores que la compraron tras el despojo paramilitar del que los primeros fueron víctimas.

Por lo menos en teoría, los casos de los cacaos que se brincaron los topes legales y acumularon un número de antiguos baldíos de reforma agraria -el mayor escándalo agrario que ha enfrentado el gobierno Santos- podrían terminar en la lista de baldíos en un proceso similar.

Esto gracias a una ley de julio de este año en la que el Incoder trabajó y que, pese a oponerse inicialmente a ella, el gobierno Santos finalmente aprobó (aunque aún está pendiente de reglamentación). Un artículo de esa ley dice que todo lo que exceda la UAF terminará volviéndose automáticamente ‘baldío reservado’, una categoría de tierra del Estado que solo puede ser entregada a campesinos sin tierra y cuyos destinatarios tienen que ser prioritariamente desplazados.

Eso, claro, si el nuevo proyecto de ley de los baldíos que el Gobierno se prepara para presentar pronto al Congreso no termina legalizándole las compras a los cacaos, como La Silla ha contado efectivamente sucedía en los tres borradores el año pasado.

Después de que el Presidente nombró a Néstor Humberto Martínez de ministro de la Presidencia, con la facultad de supervisar la Secretaría Jurídica, los temores de que esto termine sucediendo se dispararon dado que él fue el abogado que asesoró al Gobierno en los primeros dos borradores.

?Otro de los aportes para el Fondo de tierras saldrá de ponerle orden a las reservas forestales, para reconocer todas aquellas tierras que legalmente son consideradas bosque pero que en la práctica están ya destinadas a la actividad campesina y no sirven ya para una estricta conservación ambiental.

Es por eso que muchos de los pequeños campesinos que tienen tierra pero no son formalmente sus dueños, ya que colonizaron terrenos que aún están protegidos por ley, siguen en ese limbo. De ahí que regularizar su situación sea una de las prioridades del Fondo y, de esta manera, también alimentar el saco de tierras para repartir.

De hecho muchas zonas urbanas, como partes de Mitú o de Valledupar, todavía están protegidas por reserva pese a que dejó de haber zonas boscosas allí hace tiempo.

Para quitarles el sello de reserva forestal se necesita un procedimiento especial que se llama sustracción, que debe llevarse a cabo de manera conjunta entre el Incoder y el Ministerio de Ambiente. Casi la mitad del país son reservas forestales (unas 51 millones de hectáreas), con la inmensa mayoría de éstas en la Amazonía (37 millones) y el Pacífico (8 millones).

Una vez sustraídas esas áreas y convertidas en baldíos, el Incoder y el Igac pueden arreglarle la situación a los campesinos que viven allí, que en realidad son colonos sin títulos (que no pueden tener mientras sea reserva). Ahí entra a rodar otra pata fundamental del acuerdo sobre el campo: el Incoder le formaliza la posesión del predio a ese campesino sin tierra y el Igac lo inscribe en el catastro rural.

Si hay un colono que tiene 200 hectáreas en una zona de reserva forestal donde la Unidad Agrícola Familiar local (el tamaño máximo que se le entrega a un campesino sin tierra, calculado para que pueda vivir dignamente) es de 60, se le titularía ese monto. Y las otras 140 pasarían al catálogo de baldíos del Estado, para que se le asignen a otros campesinos que no tengan tierra.

El problema es que ese proceso es lento y muy costoso, ya que requiere un sinnúmero de estudios técnicos. Un proceso de sustracción, como los que adelantó hace un año el Incoder en el Vallecuesta entre 400 y mil millones de pesos, y el Incoder tenía el año pasado -como contó La Silla- apenas 6 mil millones de presupuesto para este tema. Además, Ambiente -que es muy cauteloso con el tema de las reservas forestales- envía cada año un número muy limitado de áreas al Incoder donde se puede hacer sustracciones, de modo que al final el número de colonos que la ocupan sigue siendo altísimo.

Al final, actualizar el mapa de las reservas forestales depende de una coordinación entre Agricultura y Ambiente que hoy casi no existe.