Con la presentación del proyecto de ley estatuaria para abrirle camino a un referendo que legitime y blinde un acuerdo de paz con las Farc en simultánea con las elecciones legislativas o presidenciales del próximo año, el Gobierno le envía a esa guerrilla el mensaje de que también tiene inamovibles: el acuerdo debe quedar listo en los próximos meses y sí debe ser refrendado popularmente pero no en una Constituyente. El problema es que esos dos inamovibles chocan con los de las Farc.

El proyecto es una reforma a la ley estatutaria de mecanismos de participación y no una convocatoria a un referendo específico. En esa medida deja varios puntos sin aclarar, como qué contendría el referendo o si se utilizaría en las elecciones legislativas de marzo o las presidenciales de mayo. Sin embargo, saca de La Habana la discusión de cuándo se van a dar los acuerdos y cómo se van a legitimar popularmente.

Juan Manuel Santos presentó ayer el proyecto de referendo en compañía de las cabezas de los partidos de la Unidad Nacional, el Ministero de Interior y del presidente del Congreso.

Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, ha rechazado la opción de referendar los acuerdos en una Asmablea Constituyente y ha señalado la necesidad de que las conversciones avancen rápido. 

Pablo Catatumbo informó hoy que la delegación de negociadores de las Farc se va a dedicar a estudiar la propuesta del gobierno. Mientras, pone en pausa las negociaciones. 

Con el referendo, el gobierno no sólo reitera que el proceso no va a terminar en una Constituyente para refrendar los acuerdos, sino que lo convierte en uno de sus inamovibles. Alborotar el avispero político proponiendo un referéndum el mismo día de las elecciones muestra hasta dónde le apuesta a esa forma de refrendación.

Esa alternativa choca con el objetivo de las Farc de que haya una Constituyente. Para la guerrilla, ese mecanismo garantizaría la legitimidad de los acuerdos. "La Constituyente, convocada en el marco de un gran acuerdo político nacional, es el camino para alcanzar un verdadero tratado de paz" trinó hoy Iván Márquez.

Pero para el gobierno una constituyente está totalmente descartada. Esa asamblea tiene dos riesgos para Santos.

Primero, que termine ampliando los cambios a asuntos que no hacen parte de la agenda de negociación, como el modelo económico.

Aunque juristas como Rodrigo Uprimny han señalado que se podría convocar a una constituyente con un temario limitado, el riesgo de que ésta lo desborde (como hizo la de 1991 cuando revocó al Congreso y como han señalado otros juristas, como César Rodríguez), sigue pesando en las decisiones.

El segundo riesgo es que, de hacer una elección, termine en manos del uribismo.

Un segundo inamovible es el de llegar pronto a un acuerdo. Santos ha dicho que su meta es tenerlo en noviembre de este año. Sergio Jaramillo, su alto comisionado para la paz, dijo en mayo que “el Gobierno no está interesado en hablar con las Farc en La Habana eternamente, ni más de este año”.

Con el referendo para la paz, el tiempo límite en las negociaciones pasa del discurso a la realidad política.

El gobierno presentó ayer el proyecto con la firma de congresistas de todos los partidos de la Unidad Nacional y con mensaje de urgencia, con lo que un se convirtió en hecho político que ya no pueden manejar los negociadores a puerta cerrada y con comunciaciones controladas.

El mensaje de que el gobierno tiene esos dos inamovibles parece haber llegado al otro lado. Las Farc reaccionaron anunciando que van a “hacer una pausa en la discusión de la mesa” para dedicarse a analizar la movida de Santos.

Es la primera vez que hacen una anuncio que puede ser interpretado como una crisis en el proceso (como en efecto lo vieron muchos medios inicialmente), aunque las declaraciones de Jesús Santrich de que no se van a parar de la mesa le bajaron el tono al anuncio.

Además, respondieron de forma favorable la solicitud de Santos de que la pausa fuera corta. Esta tarde dijeron que se tomarán el fin de semana y que el martes estarán de nuevo sentados en la mesa.

Pero el tiempo sigue siendo un problema.

El gobierno presentó el proyecto de referendo en medio del paro agrario. Con la presentación logró que la agenda noticiosa se dedicara menos a las movilizaciones sociales, pero la respuesta de las Farc vinculó los dos hechos.

El expresidente Álvaro Uribe salió a criticar duramente la propuesta del referendo. Dijo que es "una trampa a la democracia".

La propuesta busca ganar tiempo. Ya que en la agenda de la negociación está la definición de la forma de refrendar los acuerdos, el gobierno se está anticipando a una discusión que igual vendrá, como ya hizo con el Marco Jurídico para la Paz.

Además, con la mayoría de la Unidad Nacional apoyando el proyecto (con excepciones como José Darío Salazar entre los conservadores y Juan Lozano en La U), el gobierno tiene cómo sacarla adelante.

Incluso el Polo Democrático pidió reunirse con Santos para analizar si apoya el referendo, lo que facilitaría aún más las cosas y aceleraría los debates en el Congreso.

Ayer el senador liberal Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, se comprometió a tramitarlo velozmente. Y el representante verde Alfonso Prada dijo que podría salir del Congreso en menos de un mes.

No sería extraño que así fuera. El proyecto sólo tiene tres artículos, lo que facilita las discusiones.

Hoy se debe designar a los ponentes, el fin de semana se pulirá la ponencia, las comisiones primeras se van a reunir en sesión conjunta la próxima semana y seguramente el Gobierno le meterá la ficha a que salga rápido y sin cambios. Si las plenarias se reúnen también en conjunto, como se ha propuesto, a mediados de septiembre estaría listo el proyecto.

Ahí se viene un obstáculo más, en cuya duración al gobierno le queda más difícil incidir. Como es una reforma a una ley estatutaria, la Corte Constitucional lo tiene que revisar antes de que Santos la pueda firmar, y el plazo legal para ese proceso son 140 días hábiles, a los que se puede sumar la vacancia judicial que va de mediados de diciembre a principios de enero.

Si la Corte se demora la mitad de los 140 días hábiles, tendría una sentencia justo antes de la vacancia judicial. Si se toma todo el plazo, la sentencia saldría a mediados de abril, lo que podría enredar el proceso del referendo, que necesita una ley más.

Además del proyecto actual, para hacer el referendo hay que sacar otra ley que establezca qué se le va a preguntar a los colombianos. Si esa ley no está lista en diciembre, los tiempos se van a quedar muy cortos porque se necesitan mínimo unos cuatro meses para convocar el referendo.

Primero, porque el Congreso sólo se reúne a partir del 16 de marzo. El gobierno podría convocar a sesiones extras antes de esa fecha, pero correría el riesgo de molestar a los congresistas, que van a estar en la recta final de su campaña electoral, y de que las extras no fueran suficientes.

Si la ley estuviera lista en diciembre, salvaría ese riesgo. Y el Gobierno la podría tramitar aún sin saber si la reforma que presentó ayer pasa el examen el la Corte - la duda que quedaría sería si puede hacer el referendo al tiempo con las elecciones o no.

En todo caso, la futura ley que convoque al referendo tendría que ser revisada por la Corte Constitucional, que tiene un plazo de 140 días hábiles, para hacerlo. La Corte lo puede recortar en algunos puntos pero en otros, como el plazo que tienen los ciudadanos y el Procurador para intervenir, no.

Por ejemplo, la Corte se demoró seis meses para estudiar el referendo de Álvaro Uribe en 2003 y difícilmente podría resolverlo en menos de tres meses.

Y si la Corte le da el visto bueno, el gobierno tiene que sacar un decreto convocando al referendo, y la fecha tiene que ser más de una semana después de ese decreto. Eso quiere decir que si el proyecto sale en diciembre, los tiempos alcanzarían justo para que el referendo se haga en las elecciones de mayo.

Con los tiempos tan cortos y las dificultades para que las Farc firmen un acuerdo sin aceptar una Constituyente, el referendo abre otra puerta al gobierno: hacerlo no sobre unos acuerdos ya definidos, sino sobre una negociación avanzada. En ese caso, podría pedirle a los colombianos que le dieran herramientas para cerrar la negociación. Es decir, facultades extraordinarias.

Esas facultades prodían servir para armar una alternativa a la constituyente en que sea aceptable para las Farc sin los riesgos que ve el Gobierno. El problema, claro, sería convencer a la gente de votar por darle un cheque en blanco al Gobierno.

Por ahora, en todo caso, Santos le djó claro a las Farc que él también puede jugar duro. Para el gobierno, los paros de los últimos meses son la forma que tienen las Farc para presionar por fuera de la mesa, dada su debilidad militar. Y la respuesta es presionarlos, también por fuera de la mesa, con un hecho político. No en vano, después de que las Farc anunciaron que se sentarían de nuevo la próxima semana, Santos ordenó a los negociadores del gobierno volver a Bogotá.

Para Santos, el peor de los escenarios es llegar a las elecciones del próximo año con el proceso dilatado y sin resultados. A media que se acerquen las elecciones, las presiones por mostrar un acuerdo serán mayores y el margen para que el gobierno se pare de la mesa se reducirán: como lo demostró el ejemplo del Caguán, romperlas a última hora puede ser demasiado tarde.

Nota: la historia fue actualizada a las 5.28 pm, cuando se supo que Santos había ordenado a su negociadores vovler a Bogotá.