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Lunes Enero 17, 2022

 
La senadora Gilma Jiménez ha trabajado de manera incansable desde antes de ser elegida por la aprobación de este proyecto. Y, a punta de esfuerzo, consiguió que fuera aprobado en el Senado. Pero le falta el trámite en la Cámara. Y ya el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras le dijo a los de la Comisión Asesora que estaba de acuerdo con sus argumentos de rechazo a esta iniciativa. Si el Ministro dice hacia afuera lo mismo que sostuvo a puerta cerrada, el proyecto de Jiménez se quedará sin el impulso del gobierno.

El proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es irracional, es altamente inconveniente y es inconstitucional, esa es la conclusión de la Comisión Asesora creada por Germán Vargas Lleras para aconsejar al Gobierno en política criminal. A puerta cerrada, Vargas Lleras dijo que estaba de acuerdo con los argumentos de la Comisión. Si el Ministro sostiene hacia afuera esta misma posición, quiere decir que el proyecto de la senadora Gilma Jiménez se quedó sin el respaldo del Gobierno.

Esta comisión, integrada por los juristas Yesid Reyes, Iván González, Rodrigo Uprimny, Camilo Sampedro, Carlos Guillermo Castro, Julissa Mantilla y Fernando Velásquez, estudió el proyecto de ley de referendo impulsado por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez con el respaldo de más de dos millones de firmas ciudadanas. Y su evaluación es funesta para la iniciativa.

La Comisión critica el proyecto de cadena perpetua tanto en la forma como en el fondo.

En la forma, rebate el argumento de que, por ser una iniciativa de referendo el Congreso, debe respetar la voluntad de las dos millones de firmas y aprobarlo sin examinar su constitucionalidad o conveniencia. 

“[El Congreso] debe reflexionar sobre la pertinencia, la conveniencia y la justicia de las iniciativas, y no simplemente aprobarlas con el argumento de que tienen amplio respaldo popular.”

También señala la paradoja que atraviesa el proyecto: si el Congreso lo aprueba con el texto que le presentaron a los ciudadanos que firmaron a favor del proyecto, este sería totalmente inconstitucional puesto que le impondría automáticamente la cadena perpetua al que matara, violara, maltratara severamente, secuestrara o explotara sexualmente a menores de 14 años o a menores de 18 años discapacitados.

“Una pena imperativa y automática de ese alcance para esos delitos es del todo irracional, pues —sin importar las circunstancias en que se cometan, el grado de culpabilidad del autor, o la diversidad misma de las conductas punibles señaladas—, siempre habría lugar a imponer la cadena perpetua”.

La Comisión concluye esto de manera categórica puesto que, hace exactamente un año, la Corte Constitucional tumbó una norma que era prácticamente idéntica con estos mismos argumentos.

Pero si el Congreso –en palabras de la Comisión– “intenta reducir su irracionalidad”, modificando el texto para que diga que la pena para esos delitos puede ir “hasta” la cadena perpetua para que no se aplique de manera automática a todos los casos y respete esa proporcionalidad y gradualidad, entonces también sería inconstitucional. Puesto que ya la Corte ha dicho que no se puede alterar de manera sustancial el texto con base en el cual fueron recogidas las firmas y es claro que la gente que firmó quería la cadena perpetua para los violadores y no que fuera el juez el que juzgara la gravedad de la pena que se merecía cada caso.

No solo lo dijo la Corte cuando tumbó el referendo que permitía la segunda reelección de Uribe sino también cuando declaró inexequible la ley que en 2009 permitía la cadena perpetua para violadores -y sobre la cual la iniciativa de la senadora Jiménez es calcada-, ya que en ese caso también decidieron modificar el texto que le habían presentado originalmente a los ciudadanos.

“Por ambas vías, entonces, la conclusión que se impone es que este Proyecto de Ley 206 de 2010 debe ser archivado por inconstitucional. La Comisión Asesora estima que el Congreso de la República debería, de una vez por todas, evitar el desgaste que para el país implica aprobar un Proyecto que, todo lo indica así, va camino a ser declarado inconstitucional, porque pisotea la entraña misma de la Carta Fundamental”.

 

Sin justificación salvo el odio

La crítica anterior apunta a que los promotores de este referendo no hicieron una mínima investigación previa de las sentencias de la Corte para evitar que se cayera en el examen constitucional por el mismo error que las iniciativas anteriores. Pero, según la Comisión, tampoco hicieron un esfuerzo por sustentar la iniciativa desde el punto de vista de la política criminal.

“La Comisión Asesora considera que esa propuesta tampoco es fruto de una política criminal sustentada, que realmente proteja a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, contra esos crímenes”.

Dice que, salvo unas “referencias muy generales y poco desarrolladas” sobre cómo la cadena perpetua enviaría el mensaje a la sociedad sobre el valor de proteger a los niños y disuadiría a los violadores, la mayoría de los ejemplos comparados que presenta son inexactos.

“La precariedad de las justificaciones esgrimidas para legitimar una sanción penal tan retardataria y severa, a cuyo efecto se acude a la reforma de la Constitución, representa en sí misma un hecho muy problemático porque muestra —sin ninguna duda— que se está legislando en una materia tan grave sin fundamento en ninguna evidencia empírica seria sobre la posible eficacia de una medida tan drástica”.

Y luego van rebatiendo cada uno de los argumentos esgrimidos no en la ponencia, ni en la exposición de motivos (ya que dicen que estos no están allí), sino los defendidos en los medios.

Frente al argumento de que los autores de estos delitos son personas incapaces de controlar sus impulsos, la Comisión concluye que esto no está científicamente demostrado:

"Las investigaciones más documentadas enseñan que las tasas de reincidencia en estos crímenes son menores de lo que la opinión pública usualmente plantea".

Y cita un estudio reciente de Human Rights Watch que examina 29.000 casos de personas condenadas por crímenes sexuales y que fueron liberadas y concluye que la tasa de reincidencia (tomando un período muy amplio de 15 años) era del 24 por ciento. Es decir, al menos 3 de cada 4 condenados no reincidió y esta tasa baja si la persona recibe tratamiento y ayuda sicológica.

También rebate el argumento de que los violadores o asesinos de niños no pueden ser rehabilitados médicamente porque son incapaces de comportarse en forma correcta. 

“Si se aprobara la cadena perpetua para violadores, se debe ser consciente de que si fuera cierto que los autores de estos delitos no pueden controlar sus impulsos sexuales, se podría afirmar que muchos de ellos jamás irán a prisión porque van a ser declarados inimputables por un juez penal y remitidos a centros de tratamiento médico especializados”.

En la misma línea desmiente el argumento que la cadena perpetua impide que el condenado regrese a la vida social. Y demuestra que una revisión de derecho comparado demuestra que las condenas a cadena perpetua suelen ser revisadas en los países donde existe después de períodos que oscilan entre los diez y los 15 años de prisión y si se considera que está rehabilitado y es apto para vivir en sociedad, se le deja en libertad.

"La finalidad de impedir que el condenado regrese a la vida social es incompatible con la función resocializadora que, de acuerdo con los tratados internacionales, la Constitución Política y la ley penal, ha de tener la pena privativa de la libertad.”

Uno de los argumentos que ha utilizado la senadora Jiménez es que, si se aprueba este proyecto, los condenados a cadena perpetua no tendrán derecho a beneficios jurídicos. Sin embargo, la Comisión recuerda que esta prohibición ya existe desde 2006 para crímenes cometidos contra menores y que por lo tanto “en este aspecto el Proyecto no aporta nada nuevo.” Pero que, además, la prohibición de beneficios jurídicos podría conducir no solo a que los violadores, entre otras cosas, extremaran las medidas para evitar ser descubiertos (por ejemplo matando al menor), sino que además impediría que los delincuentes tuvieran un incentivo para colaborar con la justicia.

Por ejemplo, Garavito, el símbolo de la maldad que inspira de alguna manera esta ley, terminó confesando la mayoría de sus delitos. Lo mismo el violador de la 26, a partir de cuya captura y confesión han podido esclarecer las autoridades unas 50 violaciones.

“Conviene aclarar que frente al caso específico de Luis Fernando Garativo, el eventual establecimiento de la cadena perpetua no tendría frente a él ninguna incidencia, pues no podría aplicársele por los crímenes que cometió dado que sería una pena retroactiva, totalmente incompatible con los principios de legalidad."

La Comisión también ofrece argumentos en contra del más fuerte que ofrecen los promotores y es que con la aplicación de la cadena perpetua los violadores y asesinos de niños no pueden reincidir. Dice que si se acepta este argumento entonces el Estado estaría renunciando al caracter resocializador de la pena, a la idea básica de nuestro Estado de Derecho de que la cárcel le permite a la gente reconocer su error y su culpa y dejar de ser delincuente.

Los otros argumentos de la Comisión son en relación con la inconveniencia del proyecto. Los juristas cuestionan la conveniencia de que los ciudadanos, a través de firmas, pueden variar la política criminal del Estado. Porque, por ejemplo, podrían vía referendo legalizar el tráfico de drogas o decidir que comprar videos piratas no debe ser sancionado o incluso dejar sin castigo la evasión de impuestos .

Frente al argumento de que la cadena perpetua reducirá de manera apreciable este tipo de delitos, la Comisión ironiza:

“Si fuese verdad que con la amenaza de la cadena perpetua se logra intimidar a la sociedad —¡algo que ninguna investigación empírica ha podido demostrar!—, en forma tal que desaparezcan o se reduzcan notablemente los delitos contra los menores de edad (como se asume en el Proyecto de referendo), entonces lo que el Estado debería hacer es consagrar como única pena para todos los delitos la cadena perpetua, para —de esa forma—acabar con el delito en Colombia o, cuando menos, reducirlo de manera considerable”.

Por último, la Comisión concluye que "la cadena perpetua es una pena inhumana que desdeña toda la tradición ilustrada en torno a la cual se edifica la Constitución de 1991, por lo cual no tiene cabida en el ordenamiento punitivo.”

“Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón”.

Su recomendación es más bien esforzarse por incrementar la eficacia del sistema penal en cambio de incrementar las penas.

“Es mejor, entonces, perfeccionar la investigación de esos crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua. La iniciativa debatida no es, entonces, la expresión de una buena política criminal acorde con los postulados propios de la democracia, sino una forma de populismo o de demagogia punitiva.”

Aunque el proyecto de ley ya fue aprobado en sus dos primeros debates en el Senado, es improbable que logre sobrevivir los dos que le faltan en la Cámara si los congresistas se toman en serio este documento. No solo porque los argumentos de política criminal son contundentes, sino sobre todo porque en el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras estuvo de acuerdo con la posición presentada por esta comisión asesora a pesar que durante el trámite en el Senado había apoyado la iniciativa. Y sin el empuje del Gobierno, por más que ahora los Verdes sean de la Unidad Nacional y que sea un proyecto altamente popular con la mayoría de la población, es difícil que pueda salir adelante.

Este documento es un duro golpe contra la senadora Gilma Jiménez, que ha dedicado los dos últimos años, a impulsar esta polémica iniciativa. Si se hunde la ley, lo que se habría ganado gracias a su esfuerzo es poner el tema de la violencia contra los niños en el primer plano de la agenda nacional para que, como dice la Comisión, ahora sí se reenfoque el debate en aquello que realmente sirve para protegerlos.

 

Ver documento de la Comisión

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Germán Vargas Lleras
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Mié, 2011-08-03 10:43

Tienes razón que la falta de equilibrio de género de esta comisión es aterradora, sobre todo porque hay mujeres juristas excelentes.

Jue, 2011-08-04 15:33

¿Un perfilcillo, podría ser?... :3

Mié, 2011-08-03 09:40

La típica oportunista y mediocre. Lo dicho, en un platanal como éste es más fácil y rentable prohibir que educar a la gleba. Y los proyecticos de Gilma y del partido conservador son la muestra fehaciente de tal afirmación.

Mié, 2011-08-03 09:05

Esta comision que pretende enterrar esta solicitud del pueblo me huele a oportunistas, violadores, abusadores y corruptos típicos de nuestro pais del sagrado corazon que ven en peligro sus crímenes y los de sus "amigos" y le aplican el estudio de lo constitucional. Igual este señor Vargas LLeras demuestra cuan distante se encuentra de sus ilustres ancestros , dos célebres expresidentes que no hubieran titubeado en aprobarla.
Cuando alguien presenta este tipo de propuestas, escuchando el clamor ciudadano, lo "desbaratan" a punta de carta magna interpretada a su acomodo, pero cual de estos corruptos se ha puesto en la tarea de estudiar, preparar y presentar un proyecto que le garantice a las víctimas que sus victimarios seran castigados con una severidad proporcional a su violencia. Y lo mismo debería aplicarse a los corruptos, ladrones y abusadores, de los que están llenos los cuerpos legislativo, ejecutivo y judicial.

Mié, 2011-08-03 08:37

Y ahora me pregunto yo a qué se va a dedicar esta señora si ya no puede enarbolar su bandera de prisión perpetua. Me imagino que como todos los demás congresistas se dedicará a llenar su cuenta bancaria y a legislar para el interés de algunos cuantos y no de la mayoría de los colombianos.

Sin embargo tiene la retahíla para la próxima elección al senado, volver con el mismo temita para seguir sin hacer nada durante otros 4 años.

Mié, 2011-08-03 08:37

Mientras en Colombia no exista una verdadera democracia llegaran siempre al congreso malandros y oportunistas, o miren a ver si muchos de ustedes no les gustaría prestar su honestidad y experiencia para sacar este sufrido país adelante, pero no pueden, las campañas tienen unos exorbitantes costos, que excluyen a la mayoría de honestos, ese es el factor primario del inicio de la corrupción, entonces que hacen los inescrupulosos le venden el municipio o departamento a las mafias de la contratación, y el correcto preparado y honesto que si tiene ideas para desarrollar su región simplemente tiene que claudicar, por eso aperecen ideas como la del articulo para conseguir votos de incautos, llamando la atencion sobre estos temas.

Mié, 2011-08-03 07:49

El resultado del estudio de conocedores de política criminal y política pública, no podían decir otra cosa, creer que un país en las condiciones de inequidad que se encuentra Colombia se va a resolver penalizando todo, es un absurdo, debemos invertir en infancia y en adolescencia, desde lo constructivo, con políticas de autocuidado, de protección real de los grandes a los pequeños, del ejemplo, debemos invertir en las autoridades que se encargan de la infancia y la adolescencia. Taparse los ojos y cruzar los brazos mandando a quien "no sirve" a la pena perpetua, solo nos anestesia mas frente a la realidad de nuestro país. Que se caiga, es lo único sensato. Además esto depronto pone a la senadora Gilma a pensar de verdad, para su próxima política, pues el tema de infancia y adolescencia, definitivamente, no es el de ella.

Jue, 2011-08-04 16:05

Los mentores de la iniciativa son bien conocidos. El ex ex, antecesor de Santos, el ex procurador Maya y el ex fiscal Iguarán Arana, concertaron estrategias en reunión realizada en la Casa de Nariño. Los funcionarios a cargo del control disciplinario y la investigación penal, y los representantes David Luna y Simón Gaviria, formaron el comité promotor, con una sola mujer, salvo mejor información que me apresuraría a corregir. Con oportunidad hicimos comentarios en foros anteriores. La señora Jiménez, elegida concejal con cerca de 11.000 votos, y los jóvenes políticos, hacían parte entonces del movimiento político que orientaba Peñalosa, junto con Riveros y Prada. Ninguno de los mencionados reivindica hoy su conducta, ni se opone al estudio de la comisión. Ello se explica, en parte, por el acaparamiento de la idea por una de sus promotoras. Al parecer fueron marginados, por egoísmo o megalomanía de su ex compañera. O el susto les puede.- Ricardo Rodríguez Asensio - twitter: riguez_a

Mié, 2011-08-03 07:29

Ya en estas páginas, hace varios meses, habíamos dicho lo que hoy en hora buena esta Comisión de Juristas señala -están casi todos los mejores criminalistas del país-. No puede seguir haciéndose política de esta manera con proyectos que buscan únicamente reconocimiento público y nada de acciones efectivas en favor del concepto de familia. El rigor científico no es el fuerte de la Senadora Jimenez, su arma son las pasiones intestinas y el odio.

Mié, 2011-08-03 07:42

de acuerdo al igual que sus electores se dejaron llevar por las mismas razones por eso gente como esta y la mayoria de congresistas estan en el congreso.

Mié, 2011-08-03 06:08

Está claro que el primordial interés de la Senadora GILMA JIMENEZ no es lo que a primera vista, como se dice, percibimos los ciudadanos a través de su mensaje subliminal, la defensa denodada de los niños abusados por violadores, asesinados por criminales y vituperados en su dignidad por personas que son el producto de las injusticias de esta sociedad colombiana y de la crisis de los valores tradicionales que no ha desembocado en la construcción de una nueva ética. La Senadora GILMA pretende ser identificada como la que más defiende los niños. Pero falta que nos hable de los niños desnutridos que se mueren en aquellas zonas apartadas por los duros efectos del invierno; donde precisamente no hay Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar; de los que no reciben una educación de aceptable calidad porque los profesores abusan de la falta de autoridad; de los niños indigentes que están en las calles, consumiendo droga, etc., etc. Es decir la solución debería, debe ser integral.

Mié, 2011-08-03 09:00

Es importante solucionar los conflictos de la niñez y la juventud de manera integral, ya se han hecho grandes esfuerzos desde el 2002 para castigar severamente a los abusadores,con resultados importantes por ello esta iniciativa no tiene nada nuevo. Lo bueno es que ya se está quitando este tema del tabú en el que se encontraba puesto que antes nadie hablaba de ello. La solucion tendría que ir mas allá, y proponer facilidades para que los padres estén mas al pendiente de sus hijos y brindarles la amistad y el cuidado para que sean ellos mismos quienes denuncien, como la labor realizada por la fundacion Red Nacional Contra el abuso sexual infantil.

Mié, 2011-08-03 07:51

Estoy totalmente de acuerdo con usted, es necesaria una política pública seria de infancia y adolescencia. Y definitivamente esta señora no es la indicada.

Jue, 2011-08-04 15:05

Los diversos organismos del Estado deben concurrir a planear esa política "seria de infancia y adolescencia", alejados de los ruidos mediáticos, sin mediación de intereses electorales, y sin aprovechamiento morboso de realidades que no se estudian en el Congreso con el buen juicio que se requiere para ello. - Ricardo Rodríguez Asensio - por twitter: riguez-a

Mié, 2011-08-03 02:38

Los esfuerzos de Gilma Jiménez (y los de cualquier persona incluido yo) si están mal encaminados, de poco o de nada sirven.

Mié, 2011-08-03 02:37

Además, sin querer defender a unos criminales ni a otros, pero quedaría raro que haya cadena perpetua para los violadores de niños y penas más bajas para los asesinatos, e incluso penas de 4 años para los descuartizadores de... niños (entre otros), como las que puede autorizar la ley de "justicia y paz".

Mié, 2011-08-03 09:50

Judaro... PROPORCIONE SUS PALABRAS. No puede de una forma light relacionar las cosas así -la similitud de su comentario anterior-.

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