En los años 20 del siglo XX

En esta década empezaron los conflictos por la tierra, que hasta entonces prácticamente no habían existido dada la escasa población y las enormes extensiones de baldíos y otras tierras improductivas. Ese conflicto, para varios comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo, Julio Estrada y Sergio de Zubiría, fue el detonante de la lucha. “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado.” escribe Estrada.

Con La Violencia

Para Alfredo Molano, la situación es tan clara que la primera frase de su ensayo es “El conflicto armado comienza con la Violencia.” Con él coincide Daniel Pécaut.

Durante el Frente Nacional

Varios comisionados ven unas diferencias fundamentales entre la Violencia clásica y con mayúscula de la que violencia que empezó a inicios de los año sesenta. “Ambas oleadas están orgánicamente conectadas (es decir, la Violencia y el período de la guerra contra-insurgente) y muestran muchas continuidades (…), son distintas en sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes” dice Francisco Gutiérrez Sanín.

Gustavo Duncan es quien ubica ese origen en una fecha más tardía, a fines del Frente Nacional: “A mediados de los setentas cuando se cuece la violencia que va a sacudir en las últimas décadas a Colombia, los problemas de exclusión estaban presentes a lo largo de todo el país. “

El capitalismo

Para varios comisionados el conflicto se debe a la estructura capitalista del país en la medida en que la estructura de producción capitalista conlleva la explotación de la clase trabajadora que puede desencadenar un conflicto armado entre elementos de ésta y las clases dominantes.

“La investigación histórica ha demostrado que los rasgos particulares de la formación socioeconómica, política y cultural de Colombia, así como la influencia del entorno internacional, configuran un tipo de ordenamiento estructural específico y que éste, y no causas deshilvanadas, constriñen las expresiones concretas de la conflictividad social existente” escribe Jairo Estrada.

La cuestión agraria

Para algunos comisionados, el conflicto se originó por la lucha por la tierra.

“Es un tema sobre el cual existe consenso entre quienes han investigado el proceso, como “factor desencadenante” del conflicto social y armado“, escribe Darío Fajardo.

“Entre tantos factores de violencia que se entrecruzan, el factor más objetivo, si se analizan las condiciones reales de vida de las gentes, y el que finalmente se proyecta en insurrección armada clasista, es el problema del acceso a la tierra”, es como lo explica el padre Javier Giraldo.

La injerencia de Estados Unidos

Renán Vega, aunque comparte la noción de que el conflicto parte de la estructura capitalista, anota que gira alrededor de la injerencia de Estados Unidos que es bienvenida por lo que Vega llama el bloque en el poder.

“Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX” escribe Vega, pues “ el interés particular de Colombia se considera representado en los servicios a un tercero (Estados Unidos), que se concibe como dotado de una superioridad política, económica, cultural y moral”

La exclusión y la criminalidad

Si bien comparte la noción de que hay varias causas, para Gustavo Duncan la exclusión (social, económica y política) es el problema central, y terminó creando un conflicto cuando se sumó a la criminalidad.

La injerencia de Estados Unidos

Para un grupo importante de comisionados, el conflicto se debe a un cóctel de varias causas. Para Sergio de Zubiría, por ejemplo son “causas estructurales del conflicto social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas sociales: el tipo de proceso de formación del Estado nacional; la concepción y limitaciones del reformismo; y, el cierre gradual del universo político.”

Para el control social

Para algunos miembros de la comisión, la primacía de la represión sobre las reformas como manera de lidiar con el problema de la guerrilla no fue una respuesta a la acción de éstas sino una decisión deliberada para mantener el poder.

Como parte del sistema capitalista, Vega dice que “ la contrainsurgencia no está asociada sólo con un momento específico del discurrir histórico, como cuando se entiende, en las décadas de los sesenta y setenta, en términos de respuesta a la organización de una guerrilla de inspiración marxista con aliento de confrontación y oposición al capitalismo, sino que acompaña el desarrollo del sistema”.

Aún más claro es Julio Estrada, quien afirma que “la violencia, cuando se considera en forma estructural y sistemática, se ha orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo popular, y de manera principal contra las proyectos que han representado una amenaza frente al orden social vigente.” y que lo que llama bloque de poder contrainsurgente ha hecho “del ejercicio de la violencia y del accionar bélico como elementos estructuradores y de disciplinamiento y control social.”

Francisco Gutiérrez, quien a diferencia de Vega y Estrada problematiza las relaciones entre el Estado y los paramilitares, es rotundo: “NO es cierta la versión según la cual la violencia paramilitar fuera únicamente defensiva, o que estuviera orientada solamente contra los secuestradores. Todas las evidencias van en la dirección contraria”

Para acabar con la guerrilla

Otro grupo de miembros de la comisión ven en las medidas represivas, y sobre todo en el uso de seguridad privada, una reacción defensiva a las decisiones de la guerrilla.

Por ejemplo, esto escribe Gustavo Duncan al referirse al secuestro: “Si bien la guerrilla no ponía en riesgo el control del estado en los centros poblados, tenían el impacto suficiente para destruir las bases del orden existente en la periferia. Como resultado, se produjo una respuesta armada por las élites regionales, quienes eran las principales víctimas de los avances territoriales de la guerrilla”.

El más extremo en esta posición es Vicente Torrijos: “las fuerzas estatales se adaptan a ese tipo de amenaza y desarrollan, con el apoyo intermitente de potencias aliadas, iniciativas antisubversivas [tradicionales y experimentales] que, al tener su origen en un sistema democrático [occidental y liberal, fundado en la tradición judeo-cristiana], se orientan a proteger al ciudadano de las acciones terroristas (...) Por supuesto, en la tarea de defender al sistema democrático, algunos integrantes de las fuerzas estatales cometen excesos que afectan la legitimidad de las operaciones contrainsurgentes”.

Para las dos

Algunos miembros ven el recurso a la represión como una medida a la vez ofensiva o defensiva, de acuerdo con diferentes matices.

Para Darío Fajardo, por ejemplo, cumplía una función esencialmente defensiva hasta la década de los años ochenta, cuando la fuerza del narcotráfico llevó a “la generalización del ejercicio sistemático de la violencia y la ampliación de la tendencia de los gobiernos a imponer respuestas predominantemente militares a los conflictos sociales y políticos”

Sí

Para algunos miembros de la comisión la insurrección está justificada.

Quien más desarrolla el argumento es el cura jesuita Javier Giraldo, cuyo ensayo inicia con una larga defensa, filosófica y jurídica, del derecho a la rebelión. Más adelante explica: “Si bien frente a la negación de derechos debe ser posible recurrir a los derechos remediales que se expresan en la búsqueda de justicia y en la transformación participativa de las estructuras injustas, la oclusión de esos derechos remediales va legitimando progresivamente el recurso al último derecho remedial que es la rebelión o disolución de todo vínculo entre ciudadanos y Estado.”

“El proceso subversivo, como expresión de resistencia al orden existente con la pretensión de sustituirlo, es inherente a toda sociedad -como la colombiana- regida por el sistema de dominación capitalista”, dice Víctor Raúl Moncayo.

Julio Estrada argumenta que decisiones como el cierre de una apertura democrática después de la tregua entre el gobierno Betancur y la guerrilla o “la guerra contra el campesinado”, “ se constituyó en un factor de reafirmación de la vigencia de la rebelión armada”. “Es posible que en una sociedad individuos decidan organizarse política y militarmente para enfrentar el orden social existente y buscar superarlo con el propósito de construir y establecer uno nuevo. Tal decisión no responde a un mero acto de voluntarismo, en cuanto la acción subjetiva siempre es con relación a unas condiciones que se valoran injustas e ilegítimas y deben ser superadas a través del accionar político-militar”, dice.

No

Una parte de los miembros de la comisión, de forma directa o implícita, señala que el conflicto armado no tiene un origen justo.

Jorge Giraldo lo dice de forma clara, aunque sin referirse a una de las partes: “la nuestra ha sido una ‘guerra injusta’, debido a que las hostilidades se han conducido de una forma sistemática (violando) los preceptos del derecho humanitario y sin ninguna consideración hacia la población civil”, escribe. Además, a diferencia de los miembros que justifican el actuar de la guerrilla, es muy crítico de éstas: “; las guerrillas revolucionarias crecieron al margen de las principales preocupaciones de la población y se concentraron en robustecerse como máquinas de guerra”.

En cambio Vicente Torrijos señala claramente a un culpable: “esta decisión racional de apelar al uso de la fuerza para amparar en ideas políticas las prácticas atemorizantes, ha sido el verdadero origen del problema por cuanto es así como las Farc y el ELN han logrado proyectarse, expandirse y consolidarse, de tal modo que no es posible identificar a una guerrilla originalmente bondadosa, comprometida con el sufrimiento de los sectores marginales de la población, y luego a otra, completamente distinta”.

Ha sido marginal

Algunos comisionados, como Víctor Moncayo, ven en el narcotráfico una actividad marginal en el conflicto. Para el ex rector de la nacional, no cambió la esencia del conflicto y fue apenas un combustible más: “Su naturaleza social y política no puede desconocerse por la práctica tributaria sobre las organizaciones de la economía de los narcóticos, o por otras formas de captación de recursos de algunos sectores de la sociedad”.

Ha sido importante

Otros ven en el narcotráfico un factor relevante, aunque no central en la evolución de la guerra.

“Con el empresariado de la cocaína se produjo una ampliación del bloque de poder contrainsurgente. Esta facción ha desempeñado un papel significativo en su propósito de preservación sistémica. Su incidencia, tanto sobre la trayectoria de la formación socioeconómica como sobre el curso de la guerra a partir de la década de 1980 ha sido indiscutible“, explica Julio Estrada.

“La vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico marca una fase ascendente en el conflicto social y armado que afecta al país” escribe Darío Fajardo. “La fusión progresiva de los cocaleros más poderosos o narcotraficantes con el paramilitarismo, hace que la guerra asuma contornos más dramáticos” dice el padre Javier Giraldo.

Ha sido decisivo

Para otro grupo, el narcotráfico juega un papel fundamental en el conflicto, especialmente desde los años ochenta.

Así lo explica Gustavo Duncan: “En cierto momento, muchos de los objetivos y motivaciones iniciales de los actores involucrados cambiaron a medida que se replanteaban sus posibilidades de acuerdo a los resultados de la guerra. El narcotráfico fue crucial para perfilar estos cambios porque generó una economía política que permitía sostener el conflicto de manera indefinida”.

Para Jorge Giraldo es el elemento que explica el cambio en la violencia desde inicios de la década de los años ochenta: “en tres lustros (1983-1998) en Colombia se acumularon diferentes violencias y se organizaron alrededor de la actividad avasallante de los narcotraficantes y de su ataque violento contra las instituciones del Estado”, dice.

Daniel Pécaut comparte esa postura: “es difícil negar que el narcotráfico tiene una responsabilidad fundamental en en el fortalecimiento de todos los protagonistas que intervienen en el conflicto armado, los narcotraficantes en primer lugar, pero también las guerrillas, los paramilitares, las bandas de criminalidad organizada.”.

Tuvo logros rescatables

Para varios de los miembros de la Comisión, el Frente Nacional es rescatable: “ fue más que una dictadura disfrazada pero menos que una democracia garantista”, en palabras de María Emma Wills. Entre sus argumentos están que “en las elecciones para Congreso participaron no sólo corrientes pro-Frente Nacional”, que se logró detener la violencia y salir de la dictadura y que hubo un gran avance en la movilización social y el sistema educativo.

Para Eduardo Pizarro, de hecho tuvo logros significativos: “ no solamente en el plano de la participación política, la movilización social, la cultura y la educación hubo resultados relevantes. En el terreno de la transición de la guerra a la paz también se alcanzaron éxitos significativos”, explica.

Un tercer ejemplo es el de Jorge Giraldo, quien argumenta que “el Frente Nacional logró normalizar el país y hacer funcionales las instituciones de gobierno aunque no pudo superar los atrasos en la construcción estatal y careció de voluntad y medios para entender y enfrentar el nuevo desafío violento”.

Bloqueó la política

El enfoque de otro grupo de comisionados es que el acuerdo bipartidista de 1957 trajo unas consecuencias nefastas para el funcionamiento del Estado y la sociedad colombiana.

Renán Vega dice que “durante el Frente Nacional se establece un pacto bipartidista excluyente y antidemocrático que para mantener a raya la inconformidad popular recurre a la represión, al Estado de Sitio y a la contrainsurgencia”; Sergio de Zubiría, que “En esta etapa se consolida un Estado ‘capturado’, ‘particularista’ o ‘privatizado’ ”.