En la madrugada de hoy la Fuerza Pública dio de baja a 12 miembros del Clan Úsuga en Urabá.

Fue una operación que según todos los medios había sido un bombardeo. Pero el Ministro de Defensa había dicho que se había tratado de “una operación coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía (...) con apoyo aéreo previo”.

La Silla le preguntó a la jefe de prensa del Ministerio si se había tratado de un bombardeo y ella lo descartó tajantemente. Dijo que las muertes se habían producido por operaciones terrestres.

“El apoyo aéreo de hace para identificación del blanco, desembarco de tropas y seguridad de la operación”, dijo la jefe de prensa.

Sin embargo, hay dudas de si en realidad hubo un bombardeo. Si lo hubo, sería el inicio de una nueva etapa en la guerra contra las Bacrim y los militares habrían adquirido un nuevo rol en este conflicto armado. Además, significaría un giro en U en la posición que ha mantenido el gobierno Santos desde sus inicios.

La declaración del Mindefensa sobre que los Úsuga no fueron bombardeados deja dudas por varios motivos.

Uno es que, a pesar de lo que dijo el Ministro, todos los medios dieron por hecho que se trataba de un bombardeo: 

El Tiempo tituló “Primer bombardeo directo a banda criminal“ y dijo que “El operativo es de alta trascendencia, pues desde 2013 se venía hablando de la posibilidad de que la Fuerza Pública pudiera bombardear a las bandas criminales.; y la agencia EFE tituló  “Golpe del Ejército al clan Úsuga: murieron 12 de sus miembros en bombardeo”

Si bien todos los medios se pudieron equivocar, esa coincidencia en el cubrimiento de los medios muestra que alguna fuente oficial dio por hecho de que se trataba de un bombardeo, e incluso anotó que se trataba de una forma de operar novedosa.

En todo caso, los militares llevan años pidiendo tener esa posibilidad para luchar contra las Bacrim.

Lo curioso es que si no bombardearon, el Ministerio de Defensa en todo caso no pidió a los medios rectificar la información, algo que normalmente hacen ahí mismo cuando se trata de un tema tan delicado. Y la declaración de Villegas es ambigua, en el sentido de que en vez de decir que no hubo bombardeo habla de un “apoyo aéreo previo”:

“En una operación coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía, que está en curso en la región de Urabá y con apoyo aéreo previo para permitir que las fuerzas de asalto llegarán a los sitios determinados, hemos tenido un resultado inicial de 12 bajas en desarrollo de operaciones militares,”, fueron las declaraciones del Ministro.

Un Acuerdo Final en la mesa de La Habana plantea interrogantes sobre el futuro de las Fuerzas Militares.

En La Habana se ha discutido sobre el futuro de las Fuerzas Militares.

Bombardear a las Bacrim no solo sería una novedad operativa, sino un cambio sustancial en la política de seguridad de este gobierno.

Si el Gobierno decide usar su superioridad aérea contra las Bacrim, daría un giro en U frente a la postura que ha tenido desde que Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia.

Esa posibilidad ya se ha debatido dos veces durante la Presidencia de Santos tanto en el Consejo Nacional de Seguridad como en el Congreso, y en los dos casos el Gobierno decidió no hacerlo por sus consecuencias políticas y legales: según la Convención de Ginebra, la única manera para bombardear es considerar que el blanco es un grupo armado parte de un conflicto armado interno, por lo que su combate se rige por el Derecho Internacional Humanitario.

La lógica de esa norma internacional es que un Estado no puede bombardear, por ejemplo, a un grupo de ladrones, pues estaría usando su fuerza de manera excesiva. Pero que sí lo puede hacer cuando hay grupos armados ilegales de tal dimensión que la lucha contra ellos es un conflicto armado interno.

La primera vez que se debatió el asunto fue en el Consejo de Seguridad Nacional a principios de 2011. En esa ocasión la Presidencia impuso su postura, contraria a la del entonces Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, su viceministro Rafael Guarín, y los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, que consideraban que se requerían operaciones de DIH (como bombardeos) contra ciertas bacrim.

Al final, Santos se alineó con el entonces Consejero de Seguridad y ahora Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo e impuso su criterio y emitió una directiva, la 14 de 2011, que contiene la política de lucha contra las llamadas Bacrim.

En ese momento, Santos fue muy explícito en su postura: “(las Bacrim) no son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales (...) Hay una diferencia en el tratamiento, en la caracterización de los grupos armados ilegales a los de las bandas criminales que pertenecen al crimen organizado. Estas Bacrim son parte de un crimen organizado. Y como tal, se les va a confrontar”, dijo en un comunicado.

Desde entonces, quedó claro que los uniformados no pueden bombardear a las Bacrim, sino que deben tratar de capturarlos o hacer uso de la fuerza cuando lo intenten y sean recibidos con fuerza. Es decir, como un operativo policial más que militar.

El tema se volvió a discutir en 2012, cuando el entonces senador de La U Juan Lozano presentó un proyecto de ley para permitir esos bombardeos, con el argumento de que había bandas tan poderosas que se requerían bombardeos para enfrentarlas.

"Esta propuesta es una salida a esa situación y está validada por el propio gobierno", le dijo en ese entonces Lozano a La Silla. "Las debilidades que tenga pueden trabajarse en el proceso legislativo".

Al final el Gobierno le quitó el apoyo a ese proyecto y lo hundió.

Hasta ahora se había mantenido la política establecida en la directiva de 2011.  La Silla supo que en sus últimos meses como ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón había estado revisando la directiva 14, e incluso dejó un borrador listo para reemplazarla. La idea era que se aplicara el DIH a cualquier grupo cuando cumpliera ciertos criterios objetivos, sin importar si se auto denominaba guerrilla o no. Es decir, podría haber bombardeos contra Bacrim si se cumplían esos criterios, que la Silla no pudo conocer.

Sin embargo, cuando la Silla le preguntó la Ministerio si se había cambiado la directiva de 2011 o aprobado la de Pinzón, no obtuvo una respuesta. Informalmente supimos que no se ha tomado una decisión frente al borrador que dejó Pinzón. Por lo tanto, si en efecto hubo un bombardeo, habría sido ilegal.

Pero más allá de si se violó la directiva del 2011 o no, de haber existido un bombardeo y continuar, podría cambiar toda la dinámica de la guerra contra las Bacrim y abrir un nuevo capítulo en al conflicto armado interno.

Sobre todo, porque esa forma de operar mantendría la lógica y rol actual de los militares, cuyo papel principal ha sido, en los últimos 50 años, luchar contra un enemigo interno.

Con un Acuerdo Final en La Habana y la desaparición de las guerrillas como actor armado (suponiendo que el ELN también entre a negociar), la función de mantener el orden público sería  una función exclusiva de la Policía, que es uno de los motivos por los que el Gobierno ha ido planteando escenarios para que las Fuerzas Militares se repiense en el posconflicto como un defensor de la soberanía nacional.

Una parte importante de la cúpula militar se ha opuesto a ese cambio, argumentando que las Bacrim tienen una fuerza militar que superaría a la de la Policía.

Además, si la lucha contra las Bacrim se desplaza a los militares, esta fuerza podría mantener los niveles de presupuesto que maneja hoy, seguir siendo los consentidos de la cooperación gringa y preservar su protagonismo en la vida diaria de los colombianos.

Cuando se conozca -si el Ministro la llegara a revelar- la orden de operaciones de esta acción contra las Úsuga se sabrá si estas dudas tienen algún fundamento y si todos los medios tienen que rectificar la información que dio lugar a la confusión.