Uno de cada tres colombianos vive en la Colombia rural, y solo por eso, ya es más pobre, menos educado y más desnutrido que sus compatriotas urbanos, como lo mostró el informe de Desarrollo Humano del PNUD en 2011.

Mientras en varias ciudades la pobreza extrema es del 7 por ciento, en el campo llega al 29 por ciento. “Más del 60 por ciento de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”, dice el informe.

Si los acuerdos de paz se logran y se cumplen el campo saldría del abandono en el que ha estado sumido durante décadas. Esto porque el grueso de los acuerdos gira alrededor de “Planes” para atacar los principales problemas de los campesinos: de vías terciarias, distritos de riego, educación rural, salud rural, electrificación, mejoramiento de vivienda, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y promoción de la comercialización de la producción campesina, entre otros.

Además, acordaron un plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales. Básicamente, que los campesinos puedan exigir sus derechos a una remuneración digna, a un horario establecido de trabajo y una instancia -un sistema móvil de inspección en las áreas rurales- que permita que los trabajadores puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. Es decir, a que salgan de la situación de servidumbre en la que se encuentran muchos.

Uno de cada cinco predios rurales tienen problemas de titulación, según lo demostró un estudio de Ana María Ibáñez, una de las mayores expertas en tierras en Colombia.

“La informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48 por ciento”, dijo Ibañez a La Silla Vacía cuando se logró un acuerdo sobre el primer punto en la Habana. “De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos formales sobre su tierra”.

Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada. Sin títulos ciertos, no hay un incentivo para invertir, pero tampoco hay un colateral para pedir créditos.

La falta de títulos sobre la tierra, además, facilitó su robo. Más de la mitad de los desplazados tenían acceso a la tierra. La mayoría eran pequeños campesinos cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas, según el estudio de Ibáñez, pero solo uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras, lo que dificulta su retorno.

“Si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”, dice Ibáñez. “Eso es fundamental para que el mercado de tierras funcione”.

El acuerdo con las Farc es crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita de millones de hectáreas (no se han puesto de acuerdo en cuántas) para los campesinos sin tierra y las comunidades más afectadas por la miseria y el otorgamiento de subsidios integrales y créditos especiales para la compra de tierra. Y la formalización progresiva de la tierra de los campesinos.

Esto, además, contribuiría a cerrar la alta desigualdad en la propiedad rural, donde Colombia registra una de las mayores inequidades del mundo, con un Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la tierra es de una sola persona).

El país no cuenta con un verdadero catastro rural. No tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote. Una de las consecuencias de esto es que los grandes dueños de la tierra no pagan prácticamente impuestos, y como demostró en su investigación sobre tierras e impuestos Marc Hoffsteter, bloguer de La Silla, mucha gente compra tierra para evadir pagar impuestos.

Esto se solucionará si se cumple lo pactado en la Habana, que implica actualizar el catastro rural e implantar un sistema para cobrar el impuestro predial de acuerdo al principio obvio (pero no aplicado en Colombia donde los terratenientes controlan los concejos municipales) de que el que más tiene más paga. Además, incluye la participación de las comunidades para velar por la transparencia de la información.

Solo lograr esto hará que la gente no compre tierra solo para engordarla sino que la venda o la ponga a producir.

Los acuerdos logrados hasta ahora tienen un hilo conductor y es la creación de múltiples escenarios en los que las comunidades pueden y deben participar en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos y programas destinados a las zonas priorizadas para ejecutar los acuerdos. Si esto funciona, le rompería el espinazo al clientelismo.

Por ejemplo, según los acuerdos, el Plan nacional de vías terciarias se hará “con la participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras.” También se le daría prioridad a la contratación de trabajadores y adquisición de materiales de la localidad.

Hoy la ‘mermelada’ de la que gozan los congresistas a cambio de que aprueben el presupuesto nacional y las reformas tributarias se invierte principalmente en estas carreteras veredales, contratadas con los contratistas aliados de los políticos. Si este tipo de proyectos se definen y ejecutan directamente con las comunidades, el principal vehículo clientelista se debilitaría.

Por otro lado, acuerdan adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Según esto, ahora la trasteada de los votantes el día de elecciones –uno de los pivotes del clientelismo- correrá por cuenta del Estado.

También se crearán veedurías ciudadanas para supervisar la implementación de estos acuerdos y la ejecución del presupuesto.

Los acuerdos crean un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural. Estaría conformado por consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, en los que tendría representación el gobierno y las comunidades, para definir lineamientos para la puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales.

Hoy en día el campo tiene los peores niveles de desnutrición y además se suele comer de manera muy poco balanceada. En muchas regiones, la gente no come verduras, por ejemplo, y si muchos fritos

El acuerdo sobre el punto 2 incorpora múltiples garantías para hacer política de oposición y crea varios incentivos –desde financiación hasta acceso a los medios comunitarios e institucionales- para que los movimientos sociales participen en política.

Las Farc y el Gobierno acordaron desmontar una de las barreras de entrada a la política más efectivas y es la obligación de superar un umbral de votos para conservar la personería jurídica del partido. Si se firma este acuerdo, habrá nuevamente una proliferación de partidos políticos pues ya no es necesario sacar un número determinado de votos para existir. Habrá un sistema de “adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.”

Uno de los acuerdos más revolucionarios es la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz para elegir un número que todavía no han acordado de representantes a la Cámara en las zonas priorizadas por el nivel de conflicto. En estos lugares, “grupos significativos de ciudadanos” u organizaciones podrán inscribir candidatos oriundos de esta zona que solo podrán ser elegidos por personas de allí. Los partidos tradicionales no pueden salir elegidos por estas circunscripciones. Dado que estos candidatos tendrán menos requisitos y vendrán de las zonas más azotadas por el conflicto (con mayor influencia de las Farc), es posible anticipar la llegada de voces muy diferentes al Congreso de las que se acostumbra oír y mucho más radicales de izquierda.

El gobierno definió como una “línea roja” la discusión sobre la doctrina militar. Sin embargo, si el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado por estos acuerdos llega a operar en la práctica terminará reemplazando la filosofía de lo que es el “órden público” que se ha manejado hasta el momento para controlar la protesta social y las movilizaciones sociales.

Se trata de una “concepción moderna de la seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, respeto de derechos humanos y valores democráticos”, según lo definen en el punto 2. “Este sistema debe crear una cultura de tolerancia que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de persecución de dirigentes por sus actividades políticas, opinión o oposición.”

Dice, además, que “se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que bajo cualquier excusa vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.”

Un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa demostró cómo muchos gobernantes utilizan la asignación de la pauta oficial para comprar a los periodistas fieles y castigar a los independientes. El estudio se centró en la pauta local dado que la mayoría de periodistas locales de radio viven de la pauta que ellos mismos tramitan, con lo cual los alcaldes suelen callarles la boca.

A nivel nacional no hay estudios, pero el uso generoso y arbitrario de la pauta también tiene incidencia en lo que algunos medios nacionales dicen o sobre todo callan. 

Esa “zanahoria” ahora tendrá que hacerse visible pues el gobierno se comprometió a  promover “los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo también en cuenta a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios. Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados.”

Solo con que este punto se aplique ya cambiarían mucho las dinámicas del periodismo colombiano

El acuerdo sobre cultivos ilícitos trae una reforma integral para las zonas donde se cultiva coca, que se haría con la participación de las comunidades y con el protagonismo activo de las Farc. Dado que esta guerrilla controla y regula desde hace décadas el negocio de la coca, su salida definitiva del negocio y suponiendo que las Bacrim no ocupan ese territorio haría que Colombia pierda su vocación de productora de coca. Esto traería grandes repercusiones.

Entre otras cosas, se identificarían algunos eslabones “grises” (como los  llama el investigador Luis Jorge Garay) de la criminalidad organizada

En el acuerdo sobre drogas, gobierno y Farc se comprometen a desarticular la “cadena de valor del narcotráfico”. Entre las muchas cosas que harán está la de mapear el delito, de tal forma que “permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategas de lavado de activos, canales de blanqueo de capitales, y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su penetración en las instituciones.”

Lo más seguro es que las Farc no dará los nombres de la gente con la que trabajan el negocio del narcotráfico pero solo identificar cómo es que lavan el dinero, cómo penetran las institución y como es su red de testaferros ayudará mucho a combatir el crímen organizadoo

Los tres acuerdos ratifican que las Farc está pensando seriamente dejar las armas. No de otra manera se entiende el nivel de granularidad de los acuerdos.

Por otro lado, las garantías para la oposición política le permitirá a las Farc pasar de ser un actor armado a hacer política por las urnas. La ejecución de estos acuerdos, cuyos mayores beneficiarios son los campesinos de las zonas donde ellos han tenido influencia, podría ayudarles a consolidar una base política que les permita llegar más rápido al poder, si es que los colombianos algún día les perdonan sus crímenes.