Declaración de Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, durante la instalación de la mesa de conversaciones para la terminación del conflicto

Hurdal, Noruega, 18 oct (SIG).

“Buenos días. Bajo el liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos, hacemos presencia en Oslo para dar comienzo a la Fase 2 del proceso de conversaciones entre el Gobierno y las Farc–EP.

La Delegación del Gobierno colombiano presenta un saludo de agradecimiento a los gobiernos de Noruega y de Cuba, por el importante papel que han jugado durante este proceso como garantes del mismo.

Noruega, que nos sirve de anfitrión en este día memorable, ha dado muestra de profesionalismo y ha generado la suflciente confianza entre las partes.

Cuba fue igualmente un anfitrión extraordinario durante el encuentro exploratorio, y lo será en las reuniones por venir. Gracias a su Gobierno, que ha sido eficiente y oportuno en el apoyo que se le ha solicitado.

Chile y Venezuela, como acompañantes, juegan papel importante, el cual reconoce expresamente nuestra Delegación.

Todo lo anterior sin perjuicio de que, como es sabido, se trata de conversaciones bilaterales, directas e ininterrumpidas.

De manera clara queremos reconocer que las Farc han cumplido rigurosamente sus compromisos. El Gobierno también lo ha hecho, pese a diversas complejidades logísticas superadas de manera eficiente con la ayuda de los países garantes.

Lo dijo el Presidente de la República y lo dije yo también al salir de Bogotá: esperamos que ello continúe así como elemento esencial para la buena marcha de las conversaciones.

Quiero referirme un poco, en primer lugar, a la estructura del proceso. Hemos dicho que este proceso difiere de otros que han tenido lugar en Colombia. Una de esas notas diferenciales es su misma estructura dividida en tres fases.

Una primera, el encuentro exploratorio, llevó a la firma del Acuerdo General, que establece las condiciones necesarias para la terminación del conflicto.

La segunda, la cual comienza hoy, para llegar a acuerdos sobre los puntos de la agenda contenidos en el Acuerdo General.

Y una tercera, que comienza con la firma del Acuerdo Final, con el que termina el conflicto armado. En ese momento comienza la implementación simultánea de todo lo convenido, con la correspondiente verificación.

Otra nota característica de este proceso es la confidencialidad. Consideramos que la confidencialidad es esencial.

¿Qué quiere decir confidencialidad? Se refiere concretamente al desarrollo de la Mesa. No pretendemos que las Farc no expresen sus ideas. Pero si se filtran contenidos de la mesa, se afecta en forma grave el proceso.

La oportunidad de las propuestas es también esencial. La opinión pública es un elemento que importa al Gobierno desde de su esquema político-democrático.

Hay apoyo al proceso, la opinión apoya el proceso, pero la situación es volátil. Sabemos que si al final de la Fase 2 hay un acuerdo, si hay signos evidentes de que las conversaciones marchan por buen camino, algunos sectores reticentes y opuestos a este proceso pueden cambiar de posición y moverse hacia una favorable.

Pero dentro del ritmo de la negociación, cada cosa debe suceder en su momento. Esto es importante también para las Farc. Esa es también una garantía para la aplicación del principio de que “nada está acordado si todo no está acordado”.

Pero conversaciones discretas, como deben ser éstas, no significa que vamos a trabajar de espaldas al país. Por el contrario: habrá participación, en función y de acuerdo con las necesidades de la Mesa, tal como fue convenido.

Hemos contemplado una serie de mecanismos para garantizar a los ciudadanos que puedan contribuir con propuestas. Y consideraremos mecanismos de refrendación final de los acuerdos, para que esta no sea una voluntad aislada de las partes.

El proceso se distingue por algo que hemos denominado como una especie de mantra: lo concebimos como un proceso serio, digno, realista y eficaz.

Es serio si se desarrolla en un ambiente de trabajo; si no es instrumento para continuar el conflicto; si no se usa, ni se actúa para permitir, aun sin proponérselo que otros lo usen, como herramienta de propaganda; si cada acto se enmarca en el propósito de terminar el conflicto; si no es escenario para una confrontación estéril.

Ambas partes saben cómo han sido de dañinas estas confrontaciones retóricas en el pasado. No es que tengamos que estar de acuerdo, pero el tratamiento de las diferencias debe estar revestido de seriedad.

Aquí entra en juego la dignidad y el respeto. En esta Mesa deseamos y ofrecemos un trato recíprocamente . Repito que seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro de nuestras diversas ideas políticas. Sabemos que las Farc tienen una concepción del mundo y la política, y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie.

De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las Farc exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas, y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada (…).

Creemos que hay condiciones nuevas que permiten lograr resultados. En primer lugar, el trabajo por fases, al digno que ya aludí. Quiero exaltar a los representantes de ambas partes por haber logrado el Acuerdo General. Esta es una gran noticia para Colombia y un buen augurio.

El liderazgo presidencial es un punto clave. El Presidente no sólo tiene apoyo, no sólo es escuchado por las ramas del poder, sino que conoce a fondo el conflicto. Los militares lo han visto actuar de cerca en su condición de Ministro de Defensa y confían en él.

Hay un punto en el que coincidimos con las Farc: la finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La Fase 3 es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz.

El Gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad. Tiene una agenda progresista. El Gobierno ha reconocido la inequidad y la desigualdad existente en Colombia, pero no se limita al diagnóstico. Hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia. Y las Farc tienen la posibilidad de unirse a ella, sin dejar su condición de contraparte al sistema, para catalizar el proceso.

En esa agenda encontramos una riqueza de iniciativas, tales como: programas de Restitución de Tierras, Reparación de Víctimas, Desarrollo Rural con carácter territorial y muchas otras.

Pero para ello, el proceso de paz también debe incluir acuerdos eficaces, que sean realizables. Se trata de llegar a acuerdos sobre cinco puntos que se puedan cumplir y que buscan soluciones concretas para los temas críticos del conflicto: el desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas, sobre todo las víctimas.

Nada nos ganamos con la retórica. Tampoco nos debemos limitar solo a las leyes. Hay una especie de fetichismo legal bastante nocivo. Creemos que escribir leyes agota las soluciones. Y ello no es así, no es así. El Gobierno quiere trabajar en el plano de la realidad. No nos detengamos sólo en las formulaciones teóricas

La Fase 3 en la oportunidad para los cambios. No para que las Farc depongan sus ideas, no se trata de eso, sino para que sigan luchando por ellas en democracia. Así sean, como son, contrapuestas a las nuestras. Eso está bien y eso también es deseable. No queremos una falsa unanimidad. Pero sí vemos la oportunidad de crear mecanismos a base de nuevas instituciones, con la ciudadanía involucrada, no solo las Farc y nosotros, para marchar en una senda de cambio social.

El entorno internacional también es un hecho que favorece la eficacia de los acuerdos. La lucha armada ha decaído. La democracia, aun la que algunos llaman simple democracia formal, ha servido para que fuerzas de izquierda estén gobernando hoy en muchos sitios, incluso dentro de Colombia. Y han llegado al poder sin utilizar las armas. En esta visión actual de Latinoamérica hay caminos distintos, y muchas fuerzas de izquierda quieren deshacerse de la violencia para lograr éxito en la lucha por el poder. Esto es una realidad.

Por otro lado, quiero decir que hay una nueva Colombia. La Constitución cambió elementos profundos de la vida colombiana. La gente es más consciente de sus derechos. Hay mecanismos para protegerlos, aunque falte mucho por hacer. Los jueces tienen mucho más poder que en el pasado. El derecho de tutela hace que el último juez tenga más poder que todo el gobierno, en la rama ejecutiva. La gente no está pensando en la violencia. Los jóvenes quieren algo distinto. Hay que buscar caminos diferentes.

En el plano económico, aunque sabemos que la inequidad es acentuada, hay también cambios importantes, y no se trata aquí de fatigarlos con cifras. No es un ejercicio de propaganda. De lo que se trata es de mirar que hay mucho por hacer y que queremos invitar a las Farc a hacerlo, sin necesidad de rendirse ni plegarse a nuestras ideas.

Hay una oportunidad, pero las oportunidades se van (…). La opinión pública, que no es construida por el gobierno, ni manipulada, porque otro cambio desde la Constitución es que hay más ciudadanía pensante, apoya estas conversaciones, pero no está dispuesta a soportar dilaciones ni trucos. Habrá, seguramente, generosidad entre los colombianos, en unos temas más que en otros. La solución jurídica pasa por esa opinión, pero también por elementos de carácter internacional que antes no existían. El narcotráfico genera desconfianza. En fin, todo esto creemos que se puede superar, pero solo con un esfuerzo mutuo y encarando dificultades enormes de las cuales somos conscientes.

Venimos aquí bajo la ética del respeto a lo acordado. Como ya ocurrió en la fase exploratoria, lo que prometemos lo cumplimos. Preferimos decir no, a engañar. Y muchas veces acudimos y acudiremos a expresar nuestro pensamiento sin hipocresía, en vez de disfrazarlo bajo la condescendencia.

Por lo tanto, como ya dije, el deseo del Gobierno es recorrer los puntos de la agenda, los cuales deben ser la guía de nuestras conversaciones. Esa agenda es un buen instrumento para la terminación de la Fase 2. Ese día habrá terminado el conflicto armado, habrá dejación de las armas y comienza la fase de cumplimiento simultáneo de las obligaciones.

Como ya lo dije, ¿es esa la paz? No, no todavía. Somos conscientes de eso. La terminación del conflicto armado es la antesala de la paz. Para lograrla hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad. Estamos dispuestos a buscar mecanismos de garantía que llenen estas aspiraciones.

Otra consideración esencial es la ampliación y garantía de la participación política. En 1991 se hizo un esfuerzo reformista de gran calado. Aunque quien les habla estuvo comprometido a fondo en esa tarea, quiero reconocer hoy que, en la medida de las conversaciones, el Gobierno está dispuesto a profundizar ese camino y a ampliar el horizonte, a examinar los aciertos, pero también aquellas prácticas e instituciones insuficientes.

Queremos asegurar, y escucharemos con toda atención las opiniones de las Farc en este punto. Pero igualmente somos conscientes de que la participación política también tiene otra perspectiva: la de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida política. Este es un tema en el que Colombia ha progresado de manera significativa, pero aquí también queremos discutir este punto, que los sabemos es esencial para el logro de nuestros objetivos.

Con el deseo ferviente de acertar, saludamos a los países acompañantes, a los garantes, a la delegación de las Farc-EP, en la esperanza de que muy pronto tengamos noticias excelentes para todos los colombianos.

En efecto, este es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que hay dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias”.

Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en las manos.

Venimos a esta Noruega a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo.

Donde el soberano que es el pueblo tendrá que ser el protagonista principal. En el reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de referendar su aspiraciones.

Tal emprendimiento estratégico no puede considerarse como un mecanismo contrarreloj. La pretendida paz expréss que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración.

Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras para que la paz sea estable y duradera.

No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva.

Una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas.

Venimos aquí con acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar codo a codo con nuestro pueblo la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia.

No obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y de la justicia social.

No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención de una ganancia desaforada para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70 por ciento de la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria.

Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50 por ciento de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo. Casi seis millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería. De las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39,2 millones. El área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero solamente 4,7 de ellas están dedicadas a la agricultura. Guarismo en decadencia porque ya el país exporta 10 millones de toneladas de alimentos al año.

Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave.

En nuestra visión colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano, las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria, también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesino.

Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente gini alcanza el 0.89, espantosa desigualdad.

Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4 por ciento de los propietarios que controlan el 61,2 por ciento de la superficie agrícola, se trata de una acumulación por desposesión cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamientos forzosos. Crímenes de lesa humanidad acentuados durante los ocho años de gobierno de Uribe. Todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia. Para las Farc EP el concepto tierra está indisolublemente ligado al territorio. Son un todo indivisible que van más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos y vitales de toda la nación.  

Por eso la lucha por el territorio está en el centro de todas las luchas que se libran en Colombia. Hablar de tierras significa para nosotros hablar del territorio como una categoría, que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria. Que concibe la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto deberíamos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre lo que es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Primero el suelo nativo que nada nos dice, el ha formado con sus elementos nuestro ser, nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país, allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración.

Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda, la titulación de tierras tal y como la ha diseñado el actual gobierno es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que vender o arrendar a transnacionales y conglomerados financieros a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero energéticos que están debajos del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentaran automobiles. En el mejor de los casos la gente del campo quedará con una renta miserable pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordara del verdadero dueño de la tierra.

Los aseguramos sin vacilización, la bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará tumbandole la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de la trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agronegocios y sus cadenas agro industriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.

En estos términos la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es más presentable decir ‘tengo un título minero’, a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo.

Dentro de esta dinámica en Colombia el régimen asesina no solo con sus planes de guerra con sus paras y sicarios sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado. A denunciar la criminalidad del capital financiero a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblo y fabricación de muerte.

No nos engañemos, la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia es el mejor modo de persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y el bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras, y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independiente de exista o no la insurgencia armada esta política multiplicará los conflictos y la violencia. Acumulación por desposesión, y nueva espacialidad capitalista, he ahí la fórmula del proyecto política y económico de las elites neoliberales haciendo chorrear sangre de la cabeza a los pies.

Es a esto a lo que nos resistimos. Las Farc no se oponen a una verdadera titulación y restitución de tierras. Por años hemos luchado como pueblo en armas por una reforma agraria eficaz y transparente. Y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia, el plan colombia y el proyecto paramilitar se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La Ley de desarrollo rural es esencialmente es un

La restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les fueron arrebatados violentamente a los campesinos indígenas y afrodescendientes y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y de hecho esta salpicando todo el territorio.

Hay una profunda inconformidad con el hampa financiera que se está apropiando con la Orinoquia ahora han aparecido unos nuevos tales llaneros que de llaneros no tienen nada. Como los magnates sarmiento Angulo y Julio Mario Santo Domingo hijo. Los terratenientes Eder del Valle del Cauca. El señor Efromovich. El exvicepresidente Francisco Santos, gestor del paramilitar Bloque Capital. Los hijos de Álvaro Uribe Vélez, entre otros filibusteros que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que solo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltan, el litio. Explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros. Esos de piel tostada por el sol.

El pueblo tiene la palabra.

Ahí está la resistencia de los pobladores de El Euimbo. Donde el gobierno pretende sacar a gente que lleva ahí más de un siglo.

Ahí está la resistencia de los pobladores de Marmato, Caldas.

La locomotora minero energética es como un demonio de destrucción socio ambiental que si el pueblo no la detiene en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable.

Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drumond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos como dice el cantautor vallenato Hernando Marín, solo socavón y miseria.

Y claro se escuchan a los porta del gobierno y la oligarquía proclamando el crecimiento de la económica nacional y sus exportaciones, pero no: en Colombia no hay económica nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro, y se benefician con ello son las multinacionales. La prosperidad entonces es de estas y de los gobernantes vendidos no del país.

Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros sino de los problemas conjuntos de la sociedad.

Entonces la paz sí: sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en el debate y decisiones, pero la paz no significa el silencio de los fusiles sino que abarca la transformación de la estructura del estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí: la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano “desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales. Es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso”.

Tendremos que avocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. Claro desde el punto de vista estrictamente económico para un trasnacional es más fácil saquear los recursos naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera. Apoyados en ejercicio sencillos de matemática, podemos afirmar que la guerra es insostenible para el Estado. Por las siguientes consideraciones.

El gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en proporción a su producto interno bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace 20 años estaba por el orden del 2.4%, es decir se ha triplicado. Y esto es relevante. El gasto militar actualmente oscila entre 23 y 27 billones de pesos al año. Descontando que Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo. Y que por cuenta del plan Colombia recibe una financiación equivalente a 700 millones de usd. En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las inversiones,  de unos 330 mil efectivos de las fuerzas militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y suboficiales, a los altos mandos que aún sientan en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia y el ideario bolivariano que reclamara a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías sociales.

Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas fuerzas armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al comando sur, no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón, por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios.

Que se tenga presente que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobados por la ONU en 1948. Y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo.

No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5000 mil militantes y dirigentes de la unión patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria, en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad.

Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria, con un proyecto de país esbozado en la plataforma bolivariana con la nueva Colombia y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos sino la paz con justicia social. La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnologías ni planes por muy sonoros y variados que sean su dominaciones.

La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible, se equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al dialogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeados, pero con el romancero español podemos decir “por fortuna os vanagloriáis  por que vuestras armas están bruñidas en cambio mirad la mías que amelladas están porque hieren y han sido heridas”.

Así son los avatares de la guerra. El plan patriota del comando sur de los Estados Unidos ha sido derrotado, y la confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional. No obstante en nosotros palpita un sentimiento de paz fundado en el convencimiento de la que victoria siempre estará en manos de la voluntad y la movilización de nuestro pueblo. Este es un mensaje de decisión, decía hace poco el sacrificado Alfonso Cano ‘aquí en las FARC nadie amilanado, estamos absolutamente llenos de moral, de moral de combate’.

Presidente Santos fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.

Convocamos a todos los sectores sociales del país, al ELN, a los directorios de los partidos políticos, a colombianos y colombianas por la paz, organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente para abrir esta senda, a la conferencia episcopal y a las iglesias, a la MANE, a la Coordinadora de movimientos sociales de Colombia SOCOL, a los promotores del encuentro por la paz de Barranca, a los indígenas, a los afro descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la asociación nacional de zonas de reservas campesinas, a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general,  a los migrados y exiliados, a la marcha patriótica, al polo democrático, al congreso de los pueblos, al partidos comunista, al MOIR, a la MINGA Indígena, a los amantes de la paz en el mundo  para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto.

Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Colorado donde está condenado injustamente a 60 años de presidio su total disposición para participar de los diálogo por la paz de Colombia. En un acto de sensatez la Fiscalía colombiana ha dicho que él tiene todo el derecho a ser parte de la delegación de las FARC en la mesa de conversaciones, y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la tecnología y la logística para que esto sea posible. El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana facilitando la participación de Simón de cuerpo presente en esta mesa.