La decisión de la Corte Constitucional que tumbó la semana pasada la reforma al Código de Minas no tomó a nadie del sector por sorpresa. Pero curiosamente su caída alegró tanto a los mineros como a los ambientalistas. Es la oportunidad de deshacerse de un código en el que los unos y los otros veían muchos problemas y de presentar uno nuevo.
La Corte Constitucional lo tumbó porque el Ministerio de Minas del gobierno de Álvaro Uribe radicó la reforma al Código Minero en el 2008 en el Congreso sin haber consultado a las minorías étnicas, ni al Ministerio del Interior, ni al de Medio Ambiente. Y la Corte no podía hacerse la de la vista gorda frente a la obligación que tenía el gobierno de hacer una consulta previa: buena parte de los títulos mineros en el Cauca, Nariño o Chocó están en resguardos indígenas o afros. La reforma se caía porque se caía. Y se cayó.
En un principio, la preocupación era que los páramos quedaran desprotegidos y las mineras, por ejemplo, la GreyStar, aprovecharan la oportunidad para solicitar permiso para explotar allí, ya que esta prohibición quedó explícita en la norma que se cayó, pero no en la que quedó vigente después de la decisión de la Corte.
Pero el gobierno de Santos se curó en salud antes de que la Corte tomara una decisión y aprovechó que el Plan Nacional de Desarrollo estaba en debate en el Congreso para incluir unos artículos que rescataban lo bueno del Código que sabían se iba a caer (y, de paso, meter un gol a favor de las mineras).
Incluyó un artículo que prohibe realizar actividades de exploración o explotación de minerales en los ecosistemas de páramo y en los humedales “ramsar” que son los reconocidos internacionalmente. Ya dos sentencias de la Corte Constitucional (C-339 del 2002, y C-443 del 2009) habían ordenado proteger los páramos, pero con lo del Plan de Desarrollo, el Gobierno los blindó durante los próximos cuatro años.
Según una experta de MinMinas, al gobierno se le fue incluso la mano y creó una nueva escala para medir los ecosistemas de páramos y humedales que es tan detallada que ahora tomará mucho tiempo realizar toda la cartografía.
El Plan también prohibió las pequeñas dragas que causan un grave daño ambiental, un artículo que estaba incluido en el Código que se cayó. Pero fue más lejos y prohibió también las dragas medianas como las que utilizan los mineros pequeños en el Chocó, con lo cual todo un sistema productivo de la región se volverá ilegal.
El gol que metió el gobierno en el Plan de Desarrollo a favor de las mineras es que modificó el plazo para otorgar las licencias ambientales. Es uno de los artículos más criticados por los ambientalistas. El artículo redujo el tiempo para el otorgamiento de las licencias ambientales y además ya no operará el llamado “silencio administrativo”. Si la autoridad ambiental no decide dentro de los tres meses siguientes después de haber admitido la solicitud de licencia, se transfiere la decisión a un órgano en que el MinAmbiente termina teniendo el mismo peso que el representante oficial del sector minero.
En todo caso, tanto para los ambientalistas como para los mineros, lo que se aprobó en el Plan de Desarrollo, aunque ayuda, no llena todos los vacíos de regulación en el tema minero y, por ello, los esfuerzos deben dirigirse a crear un nuevo Código. La Silla Vacía supo que desde hace dos semanas el Ministerio de Minas ya había decidido presentar una nueva reforma minera.
Lo que comienza ahora, entonces, es la competencia entre ambientalistas y mineros por sacar un Código que se ajuste a sus expectativas. Tienen dos años para hacerlo ya que la Corte -para sorpresa de todos- decidió diferir los efectos de su sentencia y mantener vigente durante dos años la reforma al Código, mientras que el Congreso aprueba uno nuevo (esta vez sí, ojalá, con consulta previa).
Los deseos para el nuevo código
La discusión de un nuevo Código Minero es una oportunidad para corregir temas que el ex Ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, califica como “perversos”. Uno de los temas más urgentes por corregir es que los títulos mineros no se mantegan vigentes cuando la licencia ambiental ya ha sido negada. Como la gente se queda con el título, puede aprovechar cualquier cambio en la autoridad ambiental para volverlo a pedir y normalmente lo hacen.
Con la nueva reforma también podría incorporarse que sea obligatorio tener licencia ambiental para realizar exploraciones mineras y no como sucede actualmente: la exploración no necesita de licencia y solo se pide ante el Ministerio de Medio Ambiente o la autoridad ambiental encargada en el momento de la explotación, con lo cual la presión de las mineras sobre las autoridades ambientales se vuelve inmanejable.
Es el caso de la exploración en las islas de Providencia donde ya se adjudicaron los pozos a unas multinacionales asociadas con Ecopetrol que no tienen licencia ambiental, porque el gas está en una Reserva de la Biósfera protegida internacionalmente. Pero como ya está creada la expectativa, la presión sobre Coralina será grande.
El nuevo Código Minero también podría proteger las cuencas abastecedoras de agua que son las primeras afectadas por la explotación minera y que no están reguladas porque el Ministerio de Medio Ambiente intentó meter esta iniciativa en la legislación pasada y no la logró pasar.
Esta reforma también abre la posibilidad de que Colombia se adecúe a las tendencias en la legislación internacional en materia ambiental y de minería responsable. Hace 15 días, la ONU aprobó un documento sobre minería en el que insta a los países a que suscriban los convenios internacionales sobre buena minería, que abarcan requisitos más altos sobre uso de mercurio y otros químicos y sobre condiciones laborales y de seguridad industrial, convenios que Colombia no ha ratificado.
Uno de los temas más críticos que los ambientalistas quisieran meter en un nuevo código tiene que ver con la gestión ambiental y en particular, con las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy están llenas de vacíos legales.
Por último, según el ex Ministro de Medio Ambiente Juan Mayr, esta nueva reforma es la oportunidad para incorporar las sentencias de la Corte Interamericana que hablan de la necesidad de restablecer el tema de la consulta previa. Ese tema de la consulta previa -que a la larga fue el que tumbó la reforma al Código- hace indispensable que cuanto antes se cree una política pública para realizar las consultas, pues las comunidades afrocolombianas e indígenas ocupan el 40 por ciento del territorio nacional y las sentencias de la Corte son tan solo una guía.
El ex Ministro sabe que no será fácil porque el primer requisito para esa política será el consenso con las minorías étnicas, con quien el Gobierno tuvo bloqueados los acercamientos hasta la llegada de Juan Manuel Santos. “Ahora hay buen ambiente, pero todavía no hay resultados”, dijo.
Los mineros, por su parte, también ven una oportunidad en esta reforma. Para Francisco Urrutia, asesor del sector, la nueva reforma puede buscar fortalecer la minería legal y responsable en el país, una minería en el que la explotación es profesional y se hace con la seguridad industrial necesaria para evitar accidentes. Es decir, le puede meter dientes para combatir la minería ilegal.
El ambiente político
La nueva reforma será discutida en un ambiente muy distinto a la anterior: ahora el tema minero es central en la agenda nacional. La locomotora minera es una prioridad para el gobierno de Santos y, por sus riesgos ambientales, los medios, los ambientalistas y la opinión pública estarán pendientes de lo que aprueben o no los congresistas. Además, las fuerzas en el Congreso ya no son las mismas que en la época uribistas, donde en aras de la confianza inversionista el Código que tumbó la Corte se aprobó rápidamente.
Para esta reforma se espera que el lobby de las mineras será igual o más fuerte que para la anterior reforma. En la legislatura pasada estuvieron muy activos en el Congreso asociaciones mineras como Asomineros o representantes de mineras como AngloGold Ashanti. Para la nueva discusión hay un nuevo gremio, el de la minería a gran escala, cuya vocera es Claudia Jiménez y que cada vez está más organizado. Sin duda, ellos jugarán un papel muy fuerte en el debate.
El problema es que la reforma va a llegar al Congreso en un momento de gran debilidad del Ministerio de Medio Ambiente. El MinAmbiente aún está en proceso de división del de Vivienda, la consejera Sandra Bessudo no se ha posesionado aún como ministra, la actual Ministra poco interés ha mostrado en el ambiente y la planta está cambiando de forma y de empleados. Los técnicos que defendieron los páramos y humedales en la legislatura anterior, ya no están en el Ministerio.
De los tres geólogos técnicos que trabajaron en el Congreso para la reforma pasada, sólo queda uno. El jefe de ellos tres, César Buitrago, quien era el Director de Desarrollo Sectorial Sostenible, también se fue hace tres semanas. La funcionaria del Ministerio que dio la pelea política en la discusión de la reforma al Código pasado, la Viceministra de Agua Claudia Mora, también se fue. “No hay un grupo técnico y jurídico calificado”, dijo a La Silla Vacía el geólogo Julio Fierro.
Y MinAmbiente no es el único fuera de base. Así como el ex Ministro Mayr ve que no hay un Ministerio del Medio Ambiente fuerte, un representante del sector de la gran minería asegura que tampoco hay un Ingeominas fuerte que pueda lograr que haya minería responsable y que acabe con la ilegalidad y la informalidad.
La pelea para reglamentar la locomotora de Santos apenas arranca y en esta se pondrán a prueba la organización y el poder de ambientalistas y del gremio minero. La pregunta es quién conquistará los votos en el Congreso.
La pregunta es quién les dará un trabajo digno que permita alimentar y educar a los 8 millones de personas que viven en la extrema pobreza en Colombia?
El Congreso? Los ambientalistas? Samuel Moreno? La Iglesia? El turismo?
Colombia no tiene recursos para manejar adecuadamente las cuencas, un porcentaje importante de la población no tiene acceso al agua potable, los ríos SIN MINERIA están contaminados (el río Bogotá es la mejor muestra de la ineptitud del gobierno y todas sus instituciones), no hay plantas para tratar el agua con fecas, parte importante de los agricultores riega con aguas con mierda, las instalaciones "ecoturísticas y parque naturales" son una porquería salvo honrosas excepciones, etc.
Bajará del Páramo el Mesías que resuelva todos estos problemas sin incrementar la recaudación de impuestos?
De donde saldrán los recursos si el Estado sólo incrementa sus gastos y no sus ingresos? vendrá la temida inflación en un futuro no muy lejano? imprimiremos más dinero?
Por fortuna tenemos en los defensores del páramo de Santurban; el aguerrido pueblo santandereano que movilizó conciencias y sentó bases para una vigilancia asficiante sobre la protección de los recursos no renovables. Atentos estarán y el país ambientalista listos para apoyar iniciativas de movilización pacífica en pro de que se establescan políticas sostenibles de la herencia biótica de nuestros hijos.
NO deja de ser sorprendente que en las zonas donde se presentan más conflictos armados incluyendo masacres, es precisamente en áreas muy productivas donde las multinacionales tienen intereses.
Soy un convencido que en el país existen las tecnologías necesarias para hacer una explotación minera responsable con el ecosistema. E igualmente estoy en desacuerdo con declarar ciertas explotaciones artesanales como ilegales. La solución es que se les de un plazo para que se organicen como empresa e implementen las medidas necesarias tendientes a asegurar que no se contaminará ni se destruirá el medio ambiente. Desde luego, tanto el minambiente como ingeominas deben contar con una política que apoye la pequeña minería y mediana pero que igual puedan suspender y sancionar a empresas que actúen fuera de la ley. Sobre las multinacionales, ese es otro cuento que debe implecar una ley que les limite áreas donde los daños sean mínimos, pues estas tienden a destruir todo a su alrededor y después se van sin darle al país y a las comunidades una indemnización. El problema es que ellas con un gran capital pueden comprar congresistas apra que les aprueben lo que les conviene.
Para el nuevo código la presión social y en eso juega un valor importante las redes sociales (para movilizar), debe alimentar el debate en el congreso en favor del ambiente, Colombia y claro la gente
En este tema, también la visión estructural del Gobierno favorece al capital transnacional, quedando la protección ambiental rezagada respecto de la inversión capitalista que antes que otra cosa mira la rentabilidad del negocio. Dentro de ese contexto, debemos explicar el gran desorden que ocurre con la explotación que realizan los pequeños y medianos mieros, quienes instalan sus dragas sin medir los efectos nefastos que ocasionan sobre los ríos incrementando ostensiblemente la sedimentación. El ejemplo que debe traerse a cuento es el del río Cáuca, cuya sedimentación contribuye notoriamente a las inundaciones de la subregión de La Mojana con los resultados que ya conocemos: pérdidas de cosecha a gran escala, endeudamiento de grandes y medianos productores, aumento de la marginalidad, pobreza, damnificados que se extienden a la subregión del San Jorge, afectando las zonas de tres departamentos: SUCRE, CÓRDOBA y BOLÍVAR.
Hasta ahora, quienes han obtenido las ventajas y los mejores dividendos de la explotación minera no han sido los ecosistemas ni las comunidades. El sistema ambiental ha sido deteriorado por la voracidad del capital transnacional, al tiempo que han sido laxas las autoridades ambientales en proteger esos ecosistemas. Tanto así que para convertir en tema de debate los asuntos ambientales, las comunidades que habitan los lugares en los que ocurren las explotaciones mineras, han tenido que recurrir a las tutelas. La Corte Constitucionnal ha terciado en algún grado a favor de las comunidades y de la protección ambiental de los ecosistemas colombianos.
Las enunciaciones hechas en el Plan Nacional de Desarrollo son generalidades que necesitan convertirse en normas específicas para poder tener ejecución por parte de las respectivas y específicas autoridades ambientales.
Las inundaciones son consecuencia de la destrucción de los páramos y otros componentes del sistema ambiental colombiano.
Volvemos a lo mismo;el que mayor lobby aplique ese sera el que mayor provecho va a obtener;lo mismo,los congresistas votan,de acuerdo a los cuotas burocraticas que manejen.