Primera escena: Ruidos en la prensa

Hace tres semanas, dos semanas antes de la audiencia de adjudicación, la revista Dinero abrió con un artículo de portada llamado “El Bogotazo Millonario”, en el que sembraba serias dudas sobre las propuestas presentadas.

La nota decía que “los pronósticos favorecen hoy a dos consorcios”. Se trataba, primero, de Sirci Bogotá, el liderado por Angelcom. El artículo señalaba que Angelcom había “enfrentado en el pasado varios episodios que habrían sido penosos para otra empresa con menor capacidad”, y en un recuadro hablaba de un “inventario de dudas” sobre esa compañía.

El segundo era Operador Sirci, el de Fanalca y Samsung. A este proponente lo cuestionaba por dos motivos. Primero, porque la participación de Samsung, que es quien aporta la experiencia, sería más baja que lo exigido por los pliegos de la licitación. Y segundo, porque los dueños de Fanalca son también accionistas de operadores de transporte, lo que violaría los pliegos de condiciones y la ley, porque serían socios de buses y del sistema que debe controlar que la flota opere debidamente. Es decir, serían juez y parte.

El ruido que creó la nota fue considerable, pero rápidamente vinieron las reacciones de los afectados. Dos días después, la revista publicó una aclaración y rectificación, en la que aceptó que Samsung es el controlante de Operador Sirci y por lo tanto acredita la capacidad relevante. Además, aclaró que Fanalca no estaría inhabilitada, como había indicado. Y tres días más tarde, publicó una carta de Angelcom contestando a sus críticos.

Con estas respuestas, el ruido bajó un poco y el proceso siguió su curso.

Segunda escena: se ordenan las ofertas

El 6 de julio, el comité evaluador presentó el informe de evaluación técnica definitiva de los cuatro proponentes. Todos pasaron la prueba. Además, en los criterios que les daban puntaje, y que podrían haber incidido en el orden de elegibilidad, quedaron empatados.

Con todos empatados en lo técnico, lo económico definía el ganador puesto que por sugerencia de la Procuraduría, Transmilenio había decidido separar la evaluación técnica de la económica.

Por eso, para la audiencia de adjudicación la situación estaba tensa. En esa audiencia se abría la urna con los sobres en los que estaban las ofertas económicas de los cuatro proponentes, que las habían depositado cuando entregaron sus propuestas.

La evaluación económica puso a Recaudo Bogotá (de LG y los chilenos de Citymovil), de primera. En orden, luego vienen Operador Sirci (de Fanalca y Samsung), Sirci Bogotá (de Angelcom y sus socios) y de último, Bogotá se Mueve (de Odinsa y sus socios).

Se decidió postergar la adjudicación por cinco días para que los proponentes pudieran presentar observaciones a las ofertas económicas.

Tercera escena: con Ortiz e Izquierdo, crece el ruido

En la semana que ha pasado desde la calificación de las ofertas económicas, el ruido ha crecido. Las cartas ya están sobre la mesa y ya todos saben quién es el ganador si no sucede nada extraño. Pero esta certeza, más que calmar las aguas, las tiene agitadas.

El Espectador publicó ayer una nota en la que dice que ‘crecen las suspicacias en torno a las garantías de transparencia y surgen nuevas voces que advierten que éste podría ser un capítulo más en el carrusel de la contratación’.

El fundamento de esta nota son principalmente dos intervenciones: la primera, una comunicación del prestigioso abogado y ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Julio César Ortiz, al Procurador General de la Nación, en calidad de ciudadano interesado.

Ortiz solicita al Procurador que intervenga en el proceso, porque, a su juicio, el informe de evaluación técnica, que declaró que todos los proponentes estaban habilitados, contiene varias irregularidades. En esencia, Ortiz retoma argumentos de las observaciones que presentaron los proponentes a la evaluación preliminar, y que ya habían sido respondidos por Transmilenio.

Por ejemplo, el que quizás sea su principal argumento, es que Operador Sirci sería juez y parte, por la participación de Fanalca, y que eso iría en contravía del Plan Nacional de Desarrollo. Transmilenio había desechado ese argumento, porque la norma se refiere a las empresas de transporte "o sus vinculados económicos, entendidos como tales los que se encuentren en los supuestos previstos por los artículos 450 a 452 del Estatuto Tributario", y eso no ocurre en este caso. "Eso no es así" dijo Ortiz a la Silla Vacía "Así sea un solo peso el que tenga el transportador en el proponente, eso está prohibido". Un debate como ese no es extraño, porque hay argumentos jurídicos de peso de los dos lados. Lo curioso es que Ortiz ataca a todos los proponentes excepto a Sirci Bogotá, liderado por Angelcom.

Esto levantó suspicacias frente a la intervención de Ortiz. Pero no solo eso.  El abogado estuvo presente desde el año pasado en las audiencias del proceso, como le confirmó Ortiz a La Silla Vacía. Su interés en asistir, según dijo, era eventualmente entrar a asesorar a alguno de los proponentes, pero dice que finalmente no asesoró a ninguno de los cuatro que se presentaron.

Lo que ha llamado la atención de algunos es que un asociado de su firma de abogados, Germán Palacio, intervino a nombre de Angelcom en la audiencia de la semana pasada. Ya antes había participado, pero nunca representando a uno de los proponentes sino como miembro de la firma de Ortiz.

“Eso es cierto”, dijo Ortiz a La Silla Vacía “Pero cuando habló en nombre del proponente liderado por Angelcom lo hizo en calidad de abogado independiente, no como parte de la firma. Él no es ni socio ni empleado de mi firma, sino que tiene un espacio de trabajo acá y en ocasiones trabaja desde acá y con nosotros. Pero no tiene exclusividad con la firma”, explicó. “Nosotros no tenemos ninguna vinculación ni ningún contrato con ninguno de los cuatro proponentes actuales”, recalcó Ortiz.

En el mismo sentido respondió el apoderado suplente de ese proponente a unas preguntas que le envió Transmilenio ayer por la mañana sobre ese tema. Palacio “fue invitado por nosotros para que en su condición de abogado particular, conocedor del tema (…) adelantara una vocería incidental ad honorem en la audiencia pública de adjudicación”, escribió.

El segundo origen del ruido está en la ex senadora María Izquierdo, quien fue condenada por enriquecimiento ilícito dentro del proceso 8.000. Según El Espectador, Izquierdo se reencauchó y maneja la unidad de licitaciones de la Universidad La Gran Colombia, de propiedad del político conservador José Galat. Formalmente, tal como lo hace Ortiz, se presenta como "una ciudadana interesada" y en esa calidad ha participado en otros procesos licitatorios, como la de los peajes o la del Baloto.

Izquierdo alborotó el avispero al señalar a los proponentes que actualmente están en los primeros dos puestos de ponerse de acuerdo para ganar la licitación. Esa acusación, que es muy grave, la sustenta en cinco argumentos, que parecen tener poco sustento.

El primero, que las sociedades que crearon en Colombia los participantes extranjeros de esos dos proponentes (Citymovil, de Chile y LG, de Corea) fueron creadas el mismo día, en la misma sede de la Cámara de Comercio y con el mismo capital (un millón de pesos). Uno de los proponentes, Operador Sirci, demostró que no fueron creadas el mismo día.  El capital de un millón de pesos es el que frecuentemente usan las oficinas de abogados cuando se crea una empresa solo con la expectativa de ganar un negocio; y la sede de la Cámara de Comercio es la más cercana a muchos de los bufetes de Bogotá.

El segundo, que los dos proponentes presentaron una póliza expedida por la misma compañía de seguros (Mundial de Seguros). De nuevo, esta puede ser una simple coincidencia, sobre todo porque son pocas las compañías de seguros que tienen el músculo y el interés para medírsele a un negocio de las características y el plazo del Sirci. Además, las pólizas las consiguieron a través de diferentes agentes de seguros.

El tercero, que la representante legal de uno de ellos (Nohora Patricia Acero) ha trabajado con el asistente financiero del otro proponente (Akiris de Colombia). Este punto es más delicado, y ha sido retomado por otros interesados en el proceso. Efectivamente, Acero aparece como miembro del equipo de Akiris en la página web de la compañía, pero como consultora jurídica. Sin embargo, Izquierdo no presenta ninguna prueba de que Acero haya actuado de manera indebida.

Acero explica que ha  trabajado en el área de transporte masivo durante 15 años, por lo que conoce a muchos de los consultores que trabajan en el sector. “Con Akiris he trabajado en el Metroplús de Medellín y en el programa Ciudades Amables de Planeación Nacional. Pero no más. Y hace unos cinco años no trabajo con ellos”, dijo a La Silla Vacía. “No soy ni he sido nunca socia de Akiris. Y me metieron en su página web sin consultarme”.

El cuarto argumento de Izquierdo, es que otra de las personas que hace parte de ese asistente financiero, fue representante de una de las empresas que certifica la experiencia del otro proponente. El señalado es Alfredo Múnera, quien fue gerente en Chile de una de las empresas de Transantiago y por lo tanto certifica experiencia para los chilenos de Citymovil, miembro de Recaudo Bogotá. Y ahora es asistente financiero de Operador Sirci.

Y el quinto, que las ofertas económicas de los dos proponentes fueron llenadas a mano, por lo que se requiere un examen grafológico para saber si las llenó la misma persona. El hecho de que las propuestas fueran llenadas a mano no es inusual: se trata de una medida que toman con alguna frecuencia los proponentes para evitar que les hagan trampa cambiándoles una hoja, pues es más difícil suplantar una hoja manuscrita sin cambiar la letra, que una hoja impresa a computador.

En suma, los argumentos de Izquierdo son muy débiles. Y los de Ortiz, si bien son más sólidos, dejan la duda de si en realidad representan a uno de los interesados sin hacerlo de forma transparente. Además, las observaciones que retoma ya habían sido respondidas por Transmilenio, y hasta ahora no han sido retomadas por la Procuraduría. "La Procuraduría ha hecho un excelente acompañamiento pero le falta ser más proactiva", dijo Ortiz a La Silla Vacía.

En todo caso, el ruido estaba creado.

Cuarta escena: los proponentes siguen en lucha

Aparte del ruido creado por fuera del proceso, ayer por la noche vencía el plazo para que los proponentes presentaran sus observaciones a la evaluación de las propuestas. Y, como era de esperar, usaron toda su artillería.

Muchos retomaron las críticas de Ortiz o de Izquierdo, pero otros agregaron otras inquietudes que ya tenían desde antes o que les surgieron después.

La propuesta de Recaudo Bogotá, que está en el primer lugar, fue el blanco del mayor número de ataques, como es normal. Y esos ataques vinieron de todos los demás proponentes, incluyendo a Operador Sirci, que va de segundo y que según Izquierdo es su "cómplice en la colusión". Operador Sirci dijo que Recaudo Bogotá no ha certificado la experiencia que se requiere y que posiblemente creó un precio artificialmente bajo, inferior a sus costos, para ganarse la licitación.

Entre tanto, Bogotá se Mueve, el proponente que incluye a Odinsa y que quedó de cuarto en las ofertas económicas, recalcó que sí podía existir una relación indebida entre Recaudo Bogotá y Operador Sirci, por la presunta vinculación de Nohora Acero, representante legal de Recaudo Bogotá, y Akiris S.A, asistente financiero de Operador Sirci.

Eduardo Tovar, uno de los abogados de Sirci Bogotá (liderado por Angelcom), atacó varios puntos legales de sus tres competidores, con argumentos muy similares a los de Ortiz. Y Sirci Bogotá, directamente, cuestionó la aplicación de la fórmula económica y pidió que se descalificara a Recaudo Bogotá y a Operador Sirci.

Estas observaciones se suelen presentar en este tipo de procesos; como le dijo un abogado experto en contratación administrativa a La Silla Vacía “ese es el trabajo de uno como apoderado”. Pero, en la situación actual de dudas en la contratación distrital y campaña electoral, estos ruidos se amplifican fácilmente.

Quinta escena: el ruido hace eco en la campaña

Al ruido de Ortiz y de Izquierdo, que enviaron comunicaciones a la Procuraduría y a la alcaldesa Clara López, se sumaron los pequeños transportadores. El abogado José Joaquín Bernal, apoderado de Conaltur, le pidió a López y a la Procuraduría que suspendieran la adjudicación. Y todo ese ruido se ha trasladado a la campaña por la Alcaldía de Bogotá.

Este lunes, Gina Parody le pidió a la alcaldesa que cambiara los estatutos de Transmilenio para poder firmar ella el contrato del Sirci, y, una vez adjudicado, fuera ella quien firmara el contrato.

Y otros candidatos fueron más allá. El más elocuente ha sido David Luna, quien le dijo a La Silla Vacía que cree que el problema es de tal gravedad que posiblemente asista hoy a la audiencia. “Yo vengo hablado de irregularidades de tiempo atrás, porque creo que varias zonas del Sitp fueron adjudicadas irregularmente”, le dijo a este medio. “Ante las dudas que se han creado alrededor del proceso, lo mejor es que se suspenda la adjudicación”.

Aunque según varios medios Luna acogió los argumentos de Ortiz, el candidato le dijo a La Silla Vacía que no sólo conocía las denuncias de Ortiz sino las de Izquierdo “y muchas otras más”. Para Luna, el principal problema está en que haya participantes que son ‘juez y parte’, operadores de los buses y del control de flota a la vez. Es decir, el mismo argumento que esgrime Ortiz y que, según Transmilenio, es errado.

Aunque Luna no dijo a quién se refería, la denuncia de Ortiz en este punto está dirigida a Fanalca y al proponente Operador Sirci. Lo curioso es que a menos de que algo cambie, Operador Sirci no se va a ganar la licitación, pues su oferta quedó en segundo lugar.

El otro candidato en solicitar la suspensión es Carlos Fernando Galán, quien dice que aún hay tiempo para adjudicar el Sirci. “Yo calculo que, con las demoras en entregar las obras de Transmilenio, el Sitp va a entrar a operar hacia mediados del próximo año. Además, hay dificultades para que los operadores del Sitp consigan los parqueaderos para los buses. Eso da tiempo para que una administración menos cuestionada haga el proceso”, le dijo a La Silla Vacía.

Galán también tiene la preocupación de que los transportadores sean juez y parte. “Si existen argumentos jurídicos para permitirlo, creo que eso viola el espíritu de la ley. El Plan Nacional de Desarrollo busca separar esas dos actividades”, argumenta. “Después de oir a Inocencio Meléndez y saber cómo se han entregado contratos en Bogotá, es mejor que lo haga otra administración”, dice Galán.

Esas críticas ya han llegado incluso al partido de la alcaldesa. El concejal del Polo Democrático Wilson Duarte retomó los argumentos de Izquierdo para señalar que puede haber colusión entre dos proponentes. Duarte pidió que se suspenda el proceso.

Todas estas críticas hacen eco del ruido que se ha generado en el proceso, pero no aportan elementos más allá de lo que afirman los proponentes, Ortiz o Izquierdo. Con una administración distrital muy cuestionada y con un negocio billonario como éste, cualquier proceso va a generar muchas dudas.

Pero, al mirar en detalle lo que se ha ocurrido en esta licitación y en qué consiste el ruido que la rodea, es difícil decir que esté amañada.