La suspensión del proceso que se sigue entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc por cuenta del secuestro de un general, tres soldados y una abogada al servicio de las fuerzas militares lo puso literalmente al filo de la navaja. Al final de la semana el proceso es objeto de una enorme paradoja: ha recibido el mayor apoyo político posible y ha demostrado el compromiso de las partes a la vez que lo puso en su punto más frágil.

La mesa de negociación tendrá que resistir de aquí en adelante todas las veleidades de la guerra, contra las cuales se había pretendido mantener inmune. Ya no será así, al contrario, cada nuevo hecho generará una reacción de la opinión pública para exigir al gobierno una posición “firme” para que las Farc paren sus acciones criminales, o reparen los daños que generan.

En la madrugada de este sábado, para poner sólo un ejemplo, un grupo de guerrilleros atacó la estación de policía de la isla de Gorgona, mató al comandante policial de ese punto, hirió a dos y a esta hora se encuentran dos desaparecidos (¿secuestrados por sus atacantes?). Ese hecho ocurrido en medio de la operación de la liberación del General Alzate y sus acompañantes, abre de una vez nuevamente la disyuntiva: ¿cómo debe reaccionar el gobierno? ¿Exige la devolución de los dos policías desaparecidos?¿Cómo explica que en este caso no lo haga y en el del general sí?

Estos hechos desgraciadamente se repetirán con frecuencia y en cada caso la mesa estará ante la misma disyuntiva, lo que la deja en una enorme fragilidad, la misma que en intentos similares terminaron dando al traste con la negociación.

Esa incertidumbre en que queda el proceso se general precisamente cuando ha habido un verdadero “plebiscito” en favor de la búsqueda de la salida negociada. En los dos años que han pasado nunca ante había habido una expresión tan unánime en favor del proceso. Incluso los mayores opositores como Uribe y Centro Democrático han dejado saber que prefieren que se persevere en el intento a que se rompa la negociación.

Los sectores políticos de derecha, que extremaron su discurso contra el proceso de paz esperando derrotar con ese discurso al Presidente Santos en su intención de reelegirse, parecen haber aceptado que el proceso es inevitable y deben haber leído en las encuestas que esa posición dura les ha significado un costo político que se traduce en mayor desfavorabilidad.

Con esta nueva coyuntura política, ahora sin elecciones nacionales de frente, su posición ha cambiado y se ha movido en favor del proceso y hacia la discusión de las condiciones –no ya de la negociación que era en lo que se habían quedado- sino de los contenidos de los acuerdos.

El expresidente Uribe hace propuestas sobre el cese del fuego, Marta Lucía Ramírez pide que se haga lo que toque para que el proceso no se rompa y en eso coinciden con Iván Cepeda o Clara López, para mencionar ejemplos del otro lado del espectro político.

En el entre tanto, las Farc parecen haber cambiado. No solo aceptaron devolver rápidamente a los secuestrados –cosa que esperamos ocurra lo más pronto posible- sino que hicieron dos afirmaciones que pasaron un poco desapercibidas pero que significan cambios históricos: que “por las armas ya no fue” y que “la firma del acuerdo debe ocurrir el año entrante”.

Pablo Catatumbo, en declaraciones a RCN Radio, le puso –por primera vez por parte de un vocero de la guerrilla- plazo al proceso. Hasta ahora el Presidente Santos había hecho vaticinios que le han salido mal y las Farc habían dicho que tocaba despacio y que no se podía hablar de términos. Pues ahora Catatumbo se atrevió a decir que la firma sería el año entrante.

En esa misma entrevista el jefe guerrillero dio a entender que las Farc se habían convencido que sus “propósitos” no se logran por la vía armada, que es sin duda el prerrequisito de un acuerdo para terminar el conflicto. Es la primera vez que un miembro del Secretariado de las Farc reconoce el fracaso de la vía armada: “llevamos años resolviendo este conflicto por las armas y no se pudo” y es el momento de decir “intentemos otro camino”, dijo Catatumbo.

Se refería, por supuesto, no solo a la guerrilla sino a las Fuerzas Armadas. Un poco la teoría del empate militar. Las Farc no aceptan la derrota pero ya se convencieron que “no se pudo”, a esa convicción no habían llegado antes y eso explica que hayan aceptado el ultimátum del Presidente. Esa es quizás la diferencia entre esta historia y la de procesos anteriores, en las que los ultimátum eran despreciados porque la guerrilla sería convencida que se tomaría el poder por las armas.

No importa cuál sea el “relato” de la guerrilla para llegar a la conclusión de que por las armas “no se pudo”. Ellos creen que hay un empate imposible de cambiar, la inmensa mayoría de los que estamos del otro lado creemos que su derrota es irreversible, pero eso no sirve más que para alargar una discusión innecesaria en este momento: “llevamos años resolviendo este conflicto por las armas y no se pudo”.

A la misma convicción de Catatumbo tenemos que llegar todos. Lo grave es que finalmente la mayoría lo creemos justo cuando la mesa de La Habana entró al frágil terreno de las recriminaciones derivadas de las acciones del conflicto.