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Las Farc y el Gobierno anunciaron hoy en La Habana, mediante un comunicado conjunto, que llegaron a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda de negociación. El siguiente será la participación política de las Farc. Foto Associated Press. |
El primer acuerdo sustancial al que llegaron las Farc y el Gobierno sobre el tema agrario envía una señal esperanzadora sobre el futuro de esta negociación de paz. No sólo porque es el primero al que llegan ambas partes en toda su historia sino porque da una idea concreta de la naturaleza de este proceso: buscará cambios sociales significativos sin afectar los poderes legales establecidos, lo que lo hace más viable.
Aunque el diablo está en los detalles y hasta ahora no se conocen las minucias de los acuerdos logrados en el tema agrario entre las Farc y el Gobierno, según lo que explicaron ambas partes estos apuntan a crear los instrumentos para solucionar los problemas estructurales del atraso del campo que han alimentado la guerra.
Por un lado, el Estado se compromete a emprender “un vigoroso programa de formalización de tierras”, quizás el punto más revolucionario del acuerdo dado el nivel de informalidad que tiene la propiedad rural.
Un estudio de Ana María Ibáñez, la decana de Economía de la Universidad de los Andes y una de las mayores expertas en tierras en Colombia, estima que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación.“La informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48 por ciento”, dijo Ibañez a La Silla Vacía. “De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos formales sobre su tierra”.
Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada. Sin títulos ciertos, no hay un incentivo para invertir, pero tampoco hay un colateral para pedir créditos.
Esta situación de informalidad, además, facilitó el robo de tierras, otra de las situaciones que este acuerdo de paz buscaría reversar.
Casi la mitad -el 55 por ciento- de las personas despojadas durante el conflicto tenían acceso a la tierra antes de ser desplazadas, según los estudios de Ibáñez. La mayoría eran pequeños campesinos cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas. Ahora, uno de los grandes escollos para su regreso está en el alto nivel de informalidad en la tierra. Según Ibáñez, solamente uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras.
“Si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”, dice Ibáñez. “Eso es fundamental para que el mercado de tierras funcione”.
Precisamente porque esta medida permitiría que exista un mercado de tierras en Colombia y que este se mueva, los grandes poderes (por lo menos los legales) verán esta reforma con buenos ojos y no se opondrán a ella.
Desde la perspectiva de las Farc, la formalización de las tierras unida a la formalización laboral (que a los campesinos les paguen un salario mínimo, tengan vacaciones, cesantías, seguro de salud) es una reivindicación que vienen haciendo los campesinos desde hace décadas y es una primera señal que puede enviar la guerrilla de que esta negociación no será un acuerdo entre dos élites sino que algunos de los ideales que inspiraron a ‘Tirofijo’ hace más de 40 años finalmente serán disfrutados por los campesinos.
“Es que hay seis millones de colombianos que ni siquiera tienen cédula en el campo, que no existen. Esta formalización a todo nivel es una forma de pagar una deuda histórica con ellos”, explicó Ricardo Téllez, vocero de las Farc, a La Silla Vacía.
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| Este mapa, elaborado por la economista Ana María Ibáñez, muestra el porcentaje en la informalidad de la tierra. En naranja y rojo aparecen los municipios donde al menos el 24 por ciento de la tierra rural no está formalmente titulada. |
El Banco Mundial ha prestado los recursos para hacer estos catastros en otros países y seguramente lo hará también en Colombia. Fiscalmente es viable, dice Ibañez.Obviamente, volver este punto una realidad no será fácil. El país no cuenta con un verdadero catastro rural. No tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote. Hacerlo será una de las primeras fases de la implementación de este acuerdo. Y esa demarcación generará múltiples conflictos agrarios.
Pero fuera de plata, se necesita también una institucionalidad rural fuerte de la que carecemos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hoy en día es un desastre, según dicen los que conocen este instituto. La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, las notarías y el Incoder, otros tres actores fundamentales para que este acuerdo se vuelva una realidad, fueron infiltrados durante años precisamente por los que se robaron las tierras. Y si bien en los últimos años se ha llevado a cabo una depuración, a nivel regional todavía los paras tienen su gente en lugares claves y buscarán las artimañas para evitar que esas tierras vuelvan a manos de los campesinos.
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| El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que el acuerdo permitirá transformar radicalmente el estado del campo colombiano. |
Para lograr resolver los conflictos que surjan de esta formalización de tierras, el acuerdo entre Farc y Gobierno también contempla una nueva jurisdicción agraria. Ya la ley de víctimas creó jueces de restitución de tierras, pero este acuerdo pasaría la solución de todos los conflictos surgidos alrededor de las tierras –que están hoy en manos de jueces civiles- a jueces especializados en el tema agrario.
Este acuerdo, que parece más bien burocrático, si se hace bien puede tener unos efectos gigantescos en desactivar una de las principales fuentes de poder de los grupos armados ilegales, y en particular, de la guerrilla.
Como las Farc amenazó a los jueces de muchas zonas rurales y en otras jamás ha pisado el suelo el Estado, en la práctica una de las funciones sociales claves que ha jugado la guerrilla es ser el juez de facto de los conflictos entre campesinos. Y en muchísimos casos, estos conflictos surgen alrededor de la tierra: hasta dónde llegan los predios, las vacas que se cruzan de un lado a otro; las servidumbres.
La justicia impartida por las Farc es arbitraria porque depende del humor y de la destreza del guerrillero-juez y no de reglas objetivas y predecibles. Pero siempre efectiva. Por esta vía de impartir justicia, es que la guerrilla termina ganando cierta legitimidad social en sus zonas.
Si estos jueces agrarios funcionan, se cerraría esta vía de entrada de los armados ilegales en la vida campesina. Pero, nuevamente, crear esta nueva jurisdicción constituye un gran reto como ha quedado en evidencia con los jueces de restitución de tierras.
El acceso a la tierra
El tercer gran acuerdo logrado es buscar “que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.”
La creación de este Fondo de Tierras para la Paz fue una propuesta que hicieron las Farc desde el comienzo de las negociaciones. Según lo explicó El Tiempo, ellos propusieron nutrir ese fondo con predios improductivos o incautados para distribuirlos entre "campesinos sin tierra y mujeres, de manera prioritaria".
“Dicen, puntualmente, que al fondo irían "tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico", escribió la periodista desde la Habana.
Esta propuesta de crear un Fondo de Tierras ha sido utilizado en otros países y es una forma práctica de asignar y distribuir tierra a campesinos evitando al mismo tiempo las complicaciones prácticas de una reforma agraria y el quitarle tierras a los que más tienen. Así se dio, por ejemplo, la colonización del Lejano Oeste en Estados Unidos.
Como explicó en Razón Pública el economista de la Universidad Nacional Yesid Castro Forero, “un porcentaje sustancial de la gran propiedad rural en Colombia no tiene origen legítimo y por lo tanto no tiene amparo constitucional”. Y podrían ir a ese Fondo: las tierras de los narcos y los paras, las baldías privatizadas ilegalmente mediante procesos judiciales de pertenencia y falsificación de títulos, y los baldíos adjudicados con violación de los procedimientos legales.
Castro Forero explica que la ley agraria también permite extinguir administrativamente las tierras que no son explotadas económicamente, las que violan las normas ambientales, las que se dedican a cultivar coca.
Es decir, si hay voluntad política hay mucha tierra de la que el Estado podría echar mano sin tener que tocar una hectárea de ningún terrateniente. Esto redundaría en cerrar la brecha de inequidad que existe en el campo y también promovería su productividad. Porque la concentración de la tierra no sólo aumenta la inequidad, sino también la eficiencia en su uso ya que un alto porcentaje de predios grandes no se explotan adecuadamente o se destinan a la ganadería extensiva. Según los cálculos de Ibáñez, ese menor uso equivale a una pérdida del 3,5 por ciento en lo que el sector agrícola aporta al PIB anualmente.
Hay dos puntos del Acuerdo que podrían generar resistencia por parte del Establecimiento según como hayan quedado redactados en el Acuerdo y a través de los cuales las Farc podrían intentar conseguir de ladito algunas de sus posiciones frente al modelo económico.
“Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, dice el comunicado conjunto.
En la conversación con Téllez, el vocero de las Farc dijo a La Silla Vacía que este punto buscaba “cerra la frontera agrícola” y evitar que continúe “la deforestación, el envenenamiento por la gran minería, la tala de bosques y de humedales, la ocupación de los parques nacionales”.
¿Significa esto en la práctica un límite a la conquista de la Altillanura donde inversionistas y los principales ‘cacaos’ han hecho millonarias inversiones? ¿Se frenarán con este argumentos proyectos de infraestructura? ¿Se restringirá la minería en regiones como la estrella fluvial del Inírida?
El otro punto polémico es el de las reservas campesinas. “Las zonas de reserva campesina se vigorizan y se reconocen en su propósito fundamental de promover la economía campesina, aportar a la producción de alimentos y a la protección de zonas de reserva forestal.”
Las zonas de reserva campesina se habían vuelto un punto de contención entre las Farc y el gobierno (el ministro Juan Camilo Restrepo se refería a ellas como unas “republiquetas”) aunque existen seis desde hace una década y hay otras seis que aspiran a serlo.
Como explicó La Silla, la idea original de estas Zonas de Reserva Campesina era impedir que dentro de estos territorios se realizaran actividades que perjudicaran la economía campesina, como los monocultivos, la concentración de la tierra o la minería. Pero también para promocionar la economía rural a pequeña escala, que un estudio de Fedesarrollo liderado por José Leibovich -un economista más cercano a la ortodoxia- concluyó es más productiva que la más extensiva.
Sin embargo, como la mayoría de estas zonas coinciden en los territorios donde hacen presencia las Farc, durante el gobierno de Uribe fueron estigmatizados como “nidos de la subversión”.
Estas zonas tienen la ventaja o la limitación (dependiendo de la óptica desde donde se le mire) que sustraen estas tierras del mercado y que de alguna manera no incentivan la productividad.
En todo caso, en el acuerdo quedó que no tendrían la autonomía de los territorios indígenas, que era el mayor punto de resistencia para el Establecimiento.
Lejos de la ley 001
En la Séptima Conferencia Nacional de las Farc en 1982, la guerrilla –con su espíritu legalista y cuando aún tenían confianza en que podrían hacer la revolución por las armas- “expidió” la ley 001 de reforma agraria revolucionaria que buscaba supuestamente beneficiar a todos los campesinos sin tierra.
Su artículo segundo decía: “Todas las propiedades o concepciones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Así mismo quedan abolidas todas las propiedades de carácter personal de los latifundistas ó las amparadas por sociedades anónimas, limitadas, en comandita ó de hecho y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes de acuerdo con el Programa Agrario de Los Guerrilleros, las entregarán en usufructo a los campesinos sin tierra, sobre la base de unidades económicas que el Comité Nacional para la Reforma Agraria señale.
Si esta “ley” fue el punto de partida de la guerrilla, el acuerdo logrado por el Gobierno con las Farc es histórico porque elude la idea de quitarle a unos para darle a otros. Y porque, en esencia, todo el mundo –salvo los que se han robado la tierra- ganan. No es una transacción entre las partes, sino que busca crear las condiciones para la transformación de una fuente real del conflicto armado.
Los empresarios agroindustriales se verán beneficiados porque –si algún día se implementan estos acuerdos- finalmente existirá un verdadero mercado de tierras en Colombia, algo vital para ser competitivos mundialmente. Los pequeños campesinos comenzarán a ser tratados como colombianos dignos pues no solo tendrán acceso a los servicios básicos de educación, salud e infraestructura sino al salario legal y a un título sobre sus tierras. Y se removería una de las grandes banderas esgrimidas por las Farc para justificar su insurgencia.
Tocará ver si los puntos que no lograron acordar serán lo suficientemente fuertes para acabar con la dicha.
"Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final", dijo Iván Márquez, una declaración leída a periodistas congregados en el Palacio de las Convenciones, sede de las conversaciones y posterior al comunicado conjunto.
Un alto funcionario involucrado en las conversaciones le dijo a la Associated Press que los últimos puntos de desacuerdo sobre la reforma de la tierra giran en torno a por ejemplo una demanda rebelde para limitar el tamaño de las propiedades extranjeras, entre otras cosas.
“Según el funcionario estas cuestiones pendientes serán reexaminados mientras las partes discuten otros temas, que no se espera sean tan conflictivas como este primer punto”, reportó la Associated Press, un aspecto que la mayoría de medios colombianos optaron por ignorar.
Aunque las Farc son famosas por nunca renunciar a sus puntos centrales y revivir la discusión que la contraparte ya había dado por cerrada, Téllez le dijo a La Silla: “Si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto. Somos optimistas porque se lograron unos avances esperanzadores, unas herramientas que permiten una gran movilización popular, que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario. Son avances para detener este conflicto y construir la paz”.
If you want to see this article in English, read here translation by Matilda Villarraga.
El problema agrario ha sido uno de los mayores causantes de la violencia de nuestro país. Encontramos al sector agropecuario totalmente desprotegido y la existencia de una iniquidad en la tenencia de la tierra y en la explotación de la misma.
Un país como Colombia, el cual concentra su mayor riqueza en el agro y actualmente con las políticas del TLC y la globalización, este sector nunca será competitivo, si no existen unas verdaderas políticas que ataquen al problema de fondo, sino es así seguiremos con la misma o mayor violencia pero con otros actores.
Esperamos que los acuerdos logrados ayuden de alguna manera a solucionar este problema, que la gente campesina tenga la oportunidad de vivir de una manera digna y se reconozca su importancia dentro del desarrollo económico y social de nuestro país.
Veo con gran optimismo para nuestro país el proceso de Paz.
De acuerdo con lo que dice El Paisa..... es un primer paso hacia la nivelación social y económica de los habitantes colombianos, mas no se ataca el generador principal del conflicto. basicamente, el pos conflicto es el proceso clave de exito de la consecución de la paz
La hipotésis de privación relativa advierte en la pobreza, uno de los factores prioncipales de descontento social, que facilitan la genésis de las guerra y/o conflictos internos; desde esta perspectiva, Colombia es un caso atípico, toda vez que, a pesar de existir países mas pobres que el nuestro, no han tenido un conflito tan desgarrador y permenente en el tiempo como el colombiano. Sin duda, los motores del conflicto están en las rentas ilegales, como los diamantes africanos, las esmeraldas, el oro y el narcotrafico en Colombia. No obstante la pobreza y la tenencia de la tierra,-desde la perspectiva de no ser un evento generador del conflicto-, si es una característica propia de nuestro país, ya que permite la desigualdad e inequidad social, bastión funfdamental guerrerista de los grupos armados de izquerda y justificación del restabvlecimiento social por las armas. Celebro los avances en este aspecto, y deseo que sea el primer paso, para hacer la brecha social colombiana menor
Ojalá y funcione tanta "belleza" escrita. Conociendo a nuestros campesinos, vivo en la actualidad en una zona rural del Huila, a nuestros burócratas barrigones ineptos y corruptos, no tardará en aparecer otra versión mas actualizada de las fuerzas farcriminales. Al que hay que educar urgentemente es al campesinado que por desgreño estatal desapareció. Inyectarle nuevas herramientas para que crea en todo ese cuento que se está planeando en La Habana. De lo contrario... ummm.
Usuarios de LSV todo lo que han dicho es cierto y hasta mas, pero independiente de donde se mire, es un paso esperanzador para el campesino y en general para todo el País, lograr esta primera parte es buen inicio y una demostración que en los diálogos se puede concertar, exigir y ceder, pero jamás imponer, como lo pretende el ministro Carrillo quien muy ufano de su expresión''..es ahora o nunca..'', pareciera que tuviera el haz en la mano con una falsa prepotencia por el afán de quedar bien creyendo que ganar una batalla es ya tener ganada la guerra.
Evidentemente la "guerra" refleja una institucionalidad pobre, no sólo como una causa (que se suma a las ambiciones de grupos dispuestos a todo) sino como un generador de problemas: la guerra, tanto generadora como consecuencia de una endeble institucionalidad. No debe llamar a sorpresas el hecho de que la negociación de "paz" refleje a su vez esta pobreza. Las instituciones deberían servir para tramitar conflictos sociales y evidentemente no han servido para ello. Se requiere de un gran esfuerzo para transformar esta inercia de varios siglos. Lo demás es inocencia o ganas de hacer ruido con frases rimbombantes para seguir ganando adeptos: por qué negociar el desarrollo del país -preguntan- o por qué negociar la institucionalidad con la insurgencia...en fin ¿cuál desarrollo? ¿cuáles instituciones democráticas? Cierto que las FARC no son el mejor interlocutor, pero es ineludible que se "negocien" esos temas con ellos y ojalá esa negociación signifique un paso adelante hacia alguna parte
Es una buena señal de lo que pude pasar positivo para Colombia en este proceso de conseguir la PAZ. Muchos enemigos tiene el Gobierno en este preacuerdo, pero son los mismos huerfanos de poder y de gran espiritu Guerrerista que se resisten a no star en el poder. Esos que tanto critican el proceso, son los mismos que nombraron Gerrilleros como Gestores de Paz (karina), que ordenaron alojar en el Teuqendama a guerrilleros reincertados, que dejaron libres a 150 guerrilleros en el 2007 y el pago fue la masacre de los Diputados del Valle.
Si a la larga somos todos quienes vamos a convalidar esos acuerdos... para que tanta retorica... esperemos ... pero eso si feliz con lo conseguido.. los de espíritu guerrerista allà en Israel y Palestina los esperan con gusto.
Juan salas,..deja de ser aguafiestas omee hay q ponerle FE, si vemos lo que las Farc han hecho en el pasado, siendo justos habría que ver que parte le corresponde al estado por lo mismo, y de seguro estarían en igual o peor condición por ser precisamente el estado quien ha tenido la obligación y no ha podido ejecutarla por diferentes motivos históricos de todos conocidos.
El desconocimiento del mundo rural por parte de nosotros los citadinos, que se hacen llamar toda la sociedad, es el lado débil que aprovechan las élites por décadas para convencernos de que Colombia está bien y el único problema son unos guerrilleros que se les dio por levantarse en armas por puro aburrimiento y que los paramilitares son unos chicos malos que nos ayudan a acabar con esa plaga guerrillera.
Desde Bogotá y las ciudades principales tenemos una visión tan simplista de las distintas realidades que abarcan a Colombia que se nos hace complicado entender el porqué de la demora de estas negociaciones. Todos esperamos lo mejor para Colombia, y no los que vamos a la zona T los viernes en la noche a tomarnos una cerveza, sino para aquellos campesinos que en las veredas más olvidadas del país se acuestan esperando que no sea la última noche que vayan a permanecer en sus parcelas y terminen engrosando las filas de desplazados en estas frías ciudades.
Yo me declaro un desconocedor de Colombia y sus miles de problemáticas, y de ello me di cuenta ayer mientras NatGeo pasaba un programa sobre el oro en Colombia. Es muy triste que nuestros medios de comunicación, no nos den a conocer los problemas que acontecen al país, sino que nos bombardeen con televentas y realities que son una basura en toda su dimensión.
Qué mejor noticia que ver a Colombia en paz, con los campesinos viviendo tranquilos en sus parcelas, con servicios de salud como derecho fundamental en cada rincón del país, haciendo una minería responsable para con el futuro de este país, pero hay muchos sectores que no les conviene seguir haciendo la paz, entre empresarios y políticos que solo saben de corrupción para llenar sus arcas.
De acuerdo con su comentario, Koven. Todos deseamos la tranquilidad, pero con retórica no se detienen las guerras. Se evitan con propuestas igualitarias de desarrollo, es decir todos en la misma canasta, claro, respetando las proporciones, no las clasificaciones sociales, guadardo las distancias, en resumen: el tan ahuyentado respeto de parte de todos para todos.
El campo es un entramado de complejidades, superior, por los distintos conflictos armados, a las complejidades características de los distintos espacios urbanos. La tenencia de la tierra se expresa en la gran propiedad latifundista dedicada principalmente a la ganadería extensiva y en ciertas zonas del país a los cultivos de palma africana y en menor escala a otros cultivos industrializados; esos latifundios han sido expandidos mediante la apropiación de terrenos baldíos, históricos, por abonamiento de las ciénagas y humedales y por otras causas; significativa franja poblacional de los pequeños campesinos en las dos últimas décadas fueron despojados mediante el chantaje, la violencia o la compra a precios irrisorios de sus pequeñas propiedades y los que no lo fueron no cuentan con el apoyo del Estado en cuanto hace a créditos que puedan ser pagables, la debida asistencia técnica, los canales adecuados de mercadeo en los que los precios de sustentación suplan los vaivenes de la oferta y demanda por los acaparadores en las concentraciones urbanas. Al lado, los jóvenes hogares campesinos no tienen tierra. Los servicios de educación, salud, recreación y otros son inexistentes. Ello ha incrementado la creciente migración histórica que a su vez incrementa la problemática de las ciudades en las que estos migrantes campesinos buscan solucionar sus problemas de falta de trabajo bien pago y de ausencia de futuro que facilite mejores niveles de vida. Algunos regresan al campo a falta de lograr lo que creyeron encontrar o construir.
Ojala este sea el inicio de una nueva era, que ingresemos en una economía agrícola. Soy un convencido como Agrónomo que el futuro de Colombia esta en el campo y en sus recursos naturales, seguir urbanizandos es seguir esclavizandonos al capitalismo salvaje. Sin entrar en analísis filosóficos de como vivir nuestra realidad, debemos como sociedad encontrar un punto medio donde lo social tenga más importancia que la sola rentabilidad y productividad de las personas y las cosas. Nunca le hemos visto beneficios económicos a nuestras ventajas comparativas de ubicación geográfica y los recursos naturales en ellos contenidos, solo nos hemos preocupado de imitar a los países desarrollados sin ver en ese espejo los innumerables problemas ecológicos que se han derivado de ese desarrollo y no de ver lo que tenemos alrededor, espero que aun estemos a tiempo de recuperar nuestras fuentes hídricas y miles de hectáreas de tierras sometidas a la sobre explotación sin manejo y reparación de sus suelos ni reforestación.
Como lo plantea el artículo, el acuerdo entre los voceros del gobierno de JUAN MANUEL SANTOS y las FARC en Cuba es histórico porque nunca se había dado. Sin embargo lo que ha ocurrido es un mero anuncio, un comunicado conjunto en el que se señalan los grandes temas que fueron objeto de negociación sin que todavía los colombianos estemos enterado de los pormenores y de los intríngulis que consagran la letra menuda de los textos.
Es de anotar que algunos de ellos, como el de la legalización de predios ya habían sido convertidos en políticas del Ministerio de Agricultura en cabeza del Ministro JUAN CAMILO RESTREPO, pero sobre los cuales no se avanzó nada. El Ministro anunció la realización de un Censo agrario que aún no ha comenzado.
La efectividad de los acuerdos en materia agraria está por verse, puesto que las FARC empiezan a negociar en un momento antecedido por algunos golpes contundentes con el asesinato de sus más importantes líderes; la disminución de sus efectivos, principalmente por los bombardeos de la Fuerza Aérea y la política de recompensa durante los períodos de gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Sin embargo es importante precisar que la tendencia de las FARC es hacia la recomposición, la concentración y la superación de los golpes en tanto que los gastos billonarios del Estado y el gobierno militarizan todo el Estado y en general la vida nacional; las FARC no cuentan con el apoyo de la opinión pública. Esa es una gran desventaja para ellos en esta negocación.
Las implicaciones de estos acuerdos son muy importantes. No sólo a la hora de implementarlos si se llega a un acuerdo final, sino ahora mismo, porque da nuevas fuerzas a las negociaciones y esperanza a los colombianos. Creo que el gobierno debería hacer énfasis en comunicar a la gente que aún falta bastante por acordar y que por lo tanto se debe hacer bien y con paciencia. Un acuerdo para dar fin a un conflicto de casi 50 años vale la pena darle el tiempo necesario, no se puede ir apurados para seguir en la guerra, sino ir con calma para alcanzar un acuerdo que ayude a la paz.
Por cierto ¿qué significa el color blanco en el mapa? ¿no hay datos o está todo bien titulado?