Las Farc y el Gobierno anunciaron hoy en La Habana, mediante un comunicado conjunto, que llegaron a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda de negociación. El siguiente será la participación política de las Farc. Foto Associated Press.

El primer acuerdo sustancial al que llegaron las Farc y el Gobierno sobre el tema agrario envía una señal esperanzadora sobre el futuro de esta negociación de paz. No sólo porque es el primero al que llegan ambas partes en toda su historia sino porque da una idea concreta de la naturaleza de este proceso: buscará cambios sociales significativos sin afectar los poderes legales establecidos, lo que lo hace más viable.

Aunque el diablo está en los detalles y hasta ahora no se conocen las minucias de los acuerdos logrados en el tema agrario entre las Farc y el Gobierno, según lo que explicaron ambas partes estos apuntan a crear los instrumentos para solucionar los problemas estructurales del atraso del campo que han alimentado la guerra.

Por un lado, el Estado se compromete a emprender “un vigoroso programa de formalización de tierras”, quizás el punto más revolucionario del acuerdo dado el nivel de informalidad que tiene la propiedad rural.

Un estudio de Ana María Ibáñez, la decana de Economía de la Universidad de los Andes y una de las mayores expertas en tierras en Colombia, estima que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación.“La informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48 por ciento”, dijo Ibañez a La Silla Vacía. “De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos formales sobre su tierra”.

Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada. Sin títulos ciertos, no hay un incentivo para invertir, pero tampoco hay un colateral para pedir créditos.

Esta situación de informalidad, además, facilitó el robo de tierras, otra de las situaciones que este acuerdo de paz buscaría reversar.

Casi la mitad -el 55 por ciento- de las personas despojadas durante el conflicto tenían acceso a la tierra antes de ser desplazadas, según los estudios de Ibáñez. La mayoría eran pequeños campesinos cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas. Ahora, uno de los grandes escollos para su regreso está en el alto nivel de informalidad en la tierra. Según Ibáñez, solamente uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras.

“Si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”, dice Ibáñez. “Eso es fundamental para que el mercado de tierras funcione”.

Precisamente porque esta medida permitiría que exista un mercado de tierras en Colombia y que este se mueva, los grandes poderes (por lo menos los legales) verán esta reforma con buenos ojos y no se opondrán a ella.

Desde la perspectiva de las Farc, la formalización de las tierras unida a la formalización laboral (que a los campesinos les paguen un salario mínimo, tengan vacaciones, cesantías, seguro de salud) es una reivindicación que vienen haciendo los campesinos desde hace décadas y es una primera señal que puede enviar la guerrilla de que esta negociación no será un acuerdo entre dos élites sino que algunos de los ideales que inspiraron a ‘Tirofijo’ hace más de 40 años finalmente serán disfrutados por los campesinos.

“Es que hay seis millones de colombianos que ni siquiera tienen cédula en el campo, que no existen. Esta formalización a todo nivel es una forma de pagar una deuda histórica con ellos”, explicó Ricardo Téllez, vocero de las Farc, a La Silla Vacía.

Este mapa, elaborado por la economista Ana María Ibáñez, muestra el porcentaje en la informalidad de la tierra. En naranja y rojo aparecen los municipios donde al menos el 24 por ciento de la tierra rural no está formalmente titulada.

El Banco Mundial ha prestado los recursos para hacer estos catastros en otros países y seguramente lo hará también en Colombia. Fiscalmente es viable, dice Ibañez.Obviamente, volver este punto una realidad no será fácil. El país no cuenta con un verdadero catastro rural. No tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote. Hacerlo será una de las primeras fases de la implementación de este acuerdo. Y esa demarcación generará múltiples conflictos agrarios.

Pero fuera de plata, se necesita también una institucionalidad rural fuerte de la que carecemos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hoy en día es un desastre, según dicen los que conocen este instituto. La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, las notarías y el Incoder, otros tres actores fundamentales para que este acuerdo se vuelva una realidad, fueron infiltrados durante años precisamente por los que se robaron las tierras. Y si bien en los últimos años se ha llevado a cabo una depuración, a nivel regional todavía los paras tienen su gente en lugares claves y buscarán las artimañas para evitar que esas tierras vuelvan a manos de los campesinos.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que el acuerdo permitirá transformar radicalmente el estado del campo colombiano.

Para lograr resolver los conflictos que surjan de esta formalización de tierras, el acuerdo entre Farc y Gobierno también contempla una nueva jurisdicción agraria. Ya la ley de víctimas creó jueces de restitución de tierras, pero este acuerdo pasaría la solución de todos los conflictos surgidos alrededor de las tierras –que están hoy en manos de jueces civiles- a jueces especializados en el tema agrario.

Este acuerdo, que parece más bien burocrático, si se hace bien puede tener unos efectos gigantescos en desactivar una de las principales fuentes de poder de los grupos armados ilegales, y en particular, de la guerrilla.

Como las Farc amenazó a los jueces de muchas zonas rurales y en otras jamás ha pisado el suelo el Estado, en la práctica una de las funciones sociales claves que ha jugado la guerrilla es ser el juez de facto de los conflictos entre campesinos. Y  en muchísimos casos, estos conflictos surgen alrededor de la tierra: hasta dónde llegan los predios, las vacas que se cruzan de un lado a otro; las servidumbres.

La justicia impartida por las Farc es arbitraria porque depende del humor y de la destreza del guerrillero-juez y no de reglas objetivas y predecibles. Pero siempre efectiva. Por esta vía de impartir justicia, es que la guerrilla termina ganando cierta legitimidad social en sus zonas.

Si estos jueces agrarios funcionan, se cerraría esta vía de entrada de los armados ilegales en la vida campesina. Pero, nuevamente, crear esta nueva jurisdicción constituye un gran reto como ha quedado en evidencia con los jueces de restitución de tierras.

El acceso a la tierra

El tercer gran acuerdo logrado es  buscar “que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.”

La creación de este Fondo de Tierras para la Paz fue una propuesta que hicieron las Farc desde el comienzo de las negociaciones. Según lo explicó El Tiempo, ellos propusieron nutrir ese fondo con predios improductivos o incautados para distribuirlos entre "campesinos sin tierra y mujeres, de manera prioritaria".

“Dicen, puntualmente, que al fondo irían "tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico", escribió la periodista desde la Habana.

Esta propuesta de crear un Fondo de Tierras ha sido utilizado en otros países y es una forma práctica de asignar y distribuir tierra a campesinos evitando al mismo tiempo las complicaciones prácticas de una reforma agraria y el quitarle tierras a los que más tienen. Así se dio, por ejemplo, la colonización del Lejano Oeste en Estados Unidos.

Como explicó en Razón Pública el economista de la Universidad Nacional Yesid Castro Forero,  “un porcentaje sustancial de la gran propiedad rural en Colombia no tiene origen legítimo y por lo tanto no tiene amparo constitucional”. Y podrían ir a ese Fondo: las tierras de los narcos y los paras, las baldías privatizadas ilegalmente mediante procesos judiciales de pertenencia y falsificación de títulos, y los baldíos adjudicados con violación de los procedimientos legales.

Castro Forero explica que la ley agraria también permite extinguir administrativamente las tierras que no son explotadas económicamente, las que violan las normas ambientales, las que se dedican a cultivar coca.

Es decir, si hay voluntad política hay mucha tierra de la que el Estado podría echar mano sin tener que tocar una hectárea de ningún terrateniente. Esto redundaría en cerrar la brecha de inequidad que existe en el campo y también promovería su productividad. Porque la concentración de la tierra no sólo aumenta la inequidad, sino también la eficiencia en su uso ya que un alto porcentaje de predios grandes no se explotan adecuadamente o se destinan a la ganadería extensiva. Según los cálculos de Ibáñez, ese menor uso equivale a una pérdida del 3,5 por ciento en lo que el sector agrícola aporta al PIB anualmente.

Con la conclusión del acuerdo sobre temas agrarios se cumple el plazo que se había dado Juan Camilo Restrepo para permanecer al frente del Ministerio de Agricultura.

La adjudicación de los baldíos lo hace el Incoder, que dirige Miriam Villegas. La formalización de tierras está a cargo del programa de formalizacion de la propiedad rural del ministerio bajo el liderazgo de Gloria Barney.

Hay dos puntos del Acuerdo que podrían generar resistencia por parte del Establecimiento según como hayan quedado redactados en el Acuerdo y a través de los cuales las Farc podrían intentar conseguir de ladito algunas de sus posiciones frente al modelo económico.

“Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, dice el comunicado conjunto.

En la conversación con Téllez, el vocero de las Farc dijo a La Silla Vacía que este punto buscaba “cerra la frontera agrícola” y evitar que continúe “la deforestación, el envenenamiento por la gran minería, la tala de bosques y de humedales, la ocupación de los parques nacionales”.

¿Significa esto en la práctica un límite a la conquista de la Altillanura donde inversionistas y los principales ‘cacaos’ han hecho millonarias inversiones? ¿Se frenarán con este argumentos proyectos de infraestructura? ¿Se restringirá la minería en regiones como la estrella fluvial del Inírida?

El otro punto polémico es el de las reservas campesinas.  “Las zonas de reserva campesina se vigorizan y se reconocen en su propósito fundamental de promover la economía campesina, aportar a la producción de alimentos y a la protección de zonas de reserva forestal.”

Las zonas de reserva campesina se habían vuelto un punto de contención entre las Farc y el gobierno (el ministro Juan Camilo Restrepo se refería a ellas como unas “republiquetas”) aunque existen seis desde hace una década y hay otras seis que aspiran a serlo.

Como explicó La Silla, la idea original de estas Zonas de Reserva Campesina era impedir que dentro de estos territorios se realizaran actividades que perjudicaran la economía campesina, como los monocultivos, la concentración de la tierra o la minería. Pero también para promocionar la economía rural a pequeña escala, que un estudio de Fedesarrollo liderado por José Leibovich -un economista más cercano a la ortodoxia- concluyó es más productiva que la más extensiva.

Sin embargo, como la mayoría de estas zonas coinciden en los territorios donde hacen presencia las Farc, durante el gobierno de Uribe fueron estigmatizados como “nidos de la subversión”.

Estas zonas tienen la ventaja o la limitación (dependiendo de la óptica desde donde se le mire) que sustraen estas tierras del mercado y que de alguna manera no incentivan la productividad.

En todo caso, en el acuerdo quedó que no tendrían la autonomía de los territorios indígenas, que era el mayor punto de resistencia para el Establecimiento.

Lejos de la ley 001

En la Séptima Conferencia Nacional de las Farc en 1982, la guerrilla –con su espíritu legalista y cuando aún tenían confianza en que podrían hacer la revolución por las armas- “expidió” la ley 001 de reforma agraria revolucionaria que buscaba supuestamente beneficiar a todos los campesinos sin tierra.

Su artículo segundo decía: “Todas las propiedades o concepciones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Así mismo quedan abolidas todas las propiedades de carácter personal de los latifundistas ó las amparadas por sociedades anónimas, limitadas, en comandita ó de hecho y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes de acuerdo con el Programa Agrario de Los Guerrilleros, las entregarán en usufructo a los campesinos sin tierra, sobre la base de unidades económicas que el Comité Nacional para la Reforma Agraria señale.

Si esta “ley” fue el punto de partida de la guerrilla, el acuerdo logrado por el Gobierno con las Farc es histórico porque elude la idea de quitarle a unos para darle a otros. Y porque, en esencia, todo el mundo –salvo los que se han robado la tierra- ganan. No es una transacción entre las partes, sino que busca crear las condiciones para la transformación de una fuente real del conflicto armado.

Los empresarios agroindustriales se verán beneficiados porque –si algún día se implementan estos acuerdos- finalmente existirá un verdadero mercado de tierras en Colombia, algo vital para ser competitivos mundialmente. Los pequeños campesinos comenzarán a ser tratados como colombianos dignos pues no solo tendrán acceso a los servicios básicos de educación, salud e infraestructura sino al salario legal y a un título sobre sus tierras. Y se removería una de las grandes banderas esgrimidas por las Farc para justificar su insurgencia.

Tocará ver si los puntos que no lograron acordar serán lo suficientemente fuertes para acabar con la dicha.

"Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final", dijo Iván Márquez, una declaración leída a periodistas congregados en el Palacio de las Convenciones, sede de las conversaciones y posterior al comunicado conjunto.

Un alto funcionario involucrado en las conversaciones le dijo a la Associated Press que los últimos puntos de desacuerdo sobre la reforma de la tierra giran en torno a por ejemplo una demanda rebelde para limitar el tamaño de las propiedades extranjeras, entre otras cosas.

“Según el funcionario estas cuestiones pendientes serán reexaminados mientras las partes discuten otros temas, que no se espera sean tan conflictivas como este primer punto”, reportó la Associated Press, un aspecto que la mayoría de medios colombianos optaron por ignorar.

Aunque las Farc son famosas por nunca renunciar a sus puntos centrales y revivir la discusión que la contraparte ya había dado por cerrada, Téllez le dijo a La Silla: “Si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto. Somos optimistas porque se lograron unos avances esperanzadores, unas herramientas que permiten una gran movilización popular, que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario.  Son avances para detener este conflicto y construir la paz”.

If you want to see this article in English, read here translation by Matilda Villarraga.