La escuela de derecho de Berkeley en California publicó este mes un informe llamado 'Truth Behind Bars: Colombian Paramilitary Leaders in U.S. Custody' (La verdad tras las rejas: paramilitares colombianos bajo la custodia de Estados Unidos) que respalda la idea que la extradición de los líderes paramilitares ha tenido consecuencias negativas para las investigaciones que intenta llevar a cabo la justicia colombiana.

Con la extradición, los jefes paras se llevaron la verdad, dice el reporte: se llevaron la verdad sobre los nexos que tenían los grupos paramilitares con las Fuerzas Militares o con dirigentes políticos; se llevaron la verdad sobre los crímenes que cometieron en Colombia; y se llevaron la verdad sobre sus cuentas bancarias, tierras y demás riquezas.

Actualmente son 30 los jefes paramilitares extraditados, la mayoría entre septiembre del 2006 y mayo del 2008. Cuando la mitad de ellos fueron extraditados, el 13 de Mayo del 2008, Uribe prometió a la justicia colombiana que esto no afectaría el curso de las investigaciones que llevaba a cabo desde Estados Unidos. "Los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas", dijo.

Pero desde que se fueron, poco saben de ellos las autoridades colombianas, las víctimas o la misma escuela de derecho de Berkeley (que se dedicó a averiguar sobre ellos), porque muchas de las investigaciones siguen cerradas al público, la justicia norteamericana no ha colaborado con la colombiana, y los incentivos de los jefes paras para colaborar desaparecieron. Desde que llegaron a Estados Unidos, sus procesos judiciales parecen llevarse a cabo a puerta cerrada.  Estas son las nueve conclusiones más interesantes del reporte:

Las víctimas acá no son víctimas allá.

En Colombia, a las víctimas del paramilitarismo se les debe incluir en todo el proceso judicial contra sus victimarios. Pero en E.U., no son reconocidas como víctimas a menos que lo sean por delitos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, los familiares de un líder ambientalista, asesinado por los paramilitares cuando este se opuso al cultivo de coca en un área, han pedido al Departamento de Justicia norteamericano participar en el proceso judicial como víctimas. El reporte denuncia que los fiscales gringos por lo general han rechazado la intervención de las víctimas colombianas, y les restringen la posibilidad de enterarse cómo van los procesos. Por ejemplo, si los jefes paras han buscado hacer pre-acuerdos con los jueces.
 

Son pocos los procesos que se pueden consultar.

De los 30 jefes paramilitares encarcelados en E.U., solo pueden consultarse los procesos de 13 de ellos. Entre los accesibles al público de paras reconocidos están los de Salvatore Mancuso, Guillermo Pérez Alzate alias 'Pablo Sevillano', Juan Carlos Sierra Ramirez alias 'El Tuso', Ramiro Vanoy Ramírez alias 'Cuco Vanoy', Francisco Javier Zuluaga alias 'Gordo Lindo' y ‘Don Berna’. Los demás son procesos cerrados al público.
 

Condenas por narcotráfico y no más.

De esos 13 procesos conocidos, solo se ha dictado sentencia para 8 de ellos, que van entre los 6 y 30 años en prisión, por delitos relacionados con el narcotráfico. El reporte dice que, juzgados solo bajo la luz de este delito, quedan en el olvido las violaciones a derechos humanos que cometieron. Antes de ser extraditado, en versión libre, 'Cuco Vanoy' declaró haber participado en 235 homicidios y fue acusado de múltiples asesinatos, secuestros; apróximadamente 3.522 personas se han registrado como víctimas de sus tropas. 'Vanoy' fue sentenciado a 24 años de prisión. 'Pablo Sevillano' fue sentenciado 17 años, y había confesado 120 asesinatos antes de ser extraditado. Apróximadamente, 1.660 personas se registraron como víctimas de su bloque. Y 'Don Berna' fue condenado a 30 años, y 11.300 personas se registraron como víctimas de sus tropas. Seguramente pagarán menos años, dependiendo de su colaboración con la justicia y buen comportamiento.
 

Procesos no abiertos al público.

No se puede acceder a los casos de 17 de los lideres paramilitares. Entre estos, se encuentran los de los conocidos jefes paras Hernán Giraldo Serna alias 'El Patrón', Carlos Mario Jimenez alias 'Macaco', Miguel Angel Mejía Muñera alias 'El loco'.

Desapareció la plata para la reparación.

La ley de Justicia y Paz estipulaba que las víctimas deberían ser reparadas por los victimarios. Para esto, los paramilitares desmovilizados tendrían que entregar todos sus propiedades ilegales al Fondo de Reparación de Victimas en Colombia. Tras la extradición, se estableció que Estados Unidos buscaría transferir los activos adquiridos de los paras al fondo. Pero, aunque Estados Unidos ha identificado bienes de 21 de los 30 comandantes, no hay indicios de que los oficiales estadounidenses hayan transferido esos recursos a las víctimas colombianas.
 

Muchas reuniones, pocos acuerdos.

En varias ocasiones, los magistrados de la Corte Suprema colombiana han visitado Estados Unidos para reunirse con oficiales gringos y jefes paramiliares para obtener información. En octubre del 2009, el magistrado Augusto Ibañez lideró una delegación para reunirse con el Departamento de Justicia para fomentar la cooperación. El magistrado describió la reunión como un esfuerzo “preliminar”, y ningún acuerdo resultó. No existe ningun acuerdo, acta o ley que obligue a la justicia norteamericana a colaborar con los jueces colombianos.

La ‘palanca’ de la embajada gringa sirve solo a veces.

Sin un acuerdo formal, las autoridades colombianas han pedido a la Embajada de E.U. en Colombia que les ayude a organizar audiencias con los líderes paramilitares. No han tenido mucho éxito. Las autoridades colombianas han solicitado treinta y nueve audiencias en los últimos cinco meses, y de estas, sólo diez se dieron. En mayo del año pasado, la ONG Unidad Legal de Derechos Humanos identificó 54 pedidos de asistencia judicial no contestados. La Corte Suprema, a finales del 2008, pidió obtener declaraciones de los jefes paras Macaco, Jorge 40 y ‘Don Berna’, y en octubre del 2009, las autoridades gringas aún no les habían dado respuesta.

Solo dos ex comandantes paras continuan vinculados al proceso de Justicia y Paz.

Cuando llegaron a Estados Unidos, cinco de los 30 jefes paras continuaron dando declaraciones sobre sus crímenes: Mancuso, Miguel Mejía Múnera, ‘Don Berna’, Guillermo Pérez-Alzate y el ‘Cuco Vanoy’. Mancuso participó en cuatro versiones libres más que los otros cuatro. Pero en septiembre del 2009, Mancuso anunció su decisión de retirarse del proceso. Tres días antes, ‘Don Berna’ había anunciado lo mismo. Las razones que argumentaron para retirarse fueron que les retrasaban múltiples audiencias sin explicación; no podían comunicarse con sus antiguos subordinados para reconstruir los hechos; sus familiares fueron víctimas de amenazas en Colombia. En octubre 16 del 2008, Ramiro Vanoy Ramirez tambien suspendió su participación en el proceso de Justicia y Paz después de que cuatro de sus hijos fueron secuestrados y su sobrino fue asesinado.

No hay incentivos para hablar más de lo estríctamente necesario.

Los antiguos jefes paras son acusados en E.U. por sus actividades vinculadas al narcotráfico y no por los crímenes cometidos o sus nexos con militares, políticos u empresarios. De acuerdo al reporte, sus abogados defensores les aconsejan no dar declaraciones que puedan aumentar la gravedad de sus delitos.
 

Descarge el informe completo en http://www.law.berkeley.edu/ihrlc.htm