Además de tumbar el segundo decreto de emergencia social del Gobierno, la Corte Constitucional tomó anoche una decisión trascendental que tampoco será bien recibida en Casa de Nariño: volver el seguimiento del cumplimiento de las sentencias de los desplazados y de salud un asunto de Sala Plena.

El gobierno esperaba que con la llegada de los dos magistrados elegidos de la terna del Presidente Álvaro Uribe, el monitoreo del cumplimiento de la tutela de desplazados, que ha obligado al gobierno a invertir alrededor de mil millones de pesos al año en la definición y ejecución de una política sería a favor de los desterrados, quedaría en manos de la sala de revisión de tutela integrada por María Victoria Calle, Mauricio González y Juan Carlos Henao. Es decir, en manos de magistrados amigos.

Los dos primeros fueron nominados directamente por Uribe y se presume que son favorables a las posturas gubernamentales. Además, el que el tema quedara bajo el liderazgo de Calle, la nueva magistrada que reemplaza a Manuel José Cepeda, quien había sido el ponente de la sentencia y el encargado de hacerla cumplir hasta ahora, era una buena señal: viene del sector privado y no es partidaria de que las sentencias generen grandes efectos económicos como lo hace la de Salud, que obliga al Estado a poner en regla todo el sector. En el cuestionario que envió a Elección Visible antes de la audiencia pública de su elección, Calle dijo no compartir la sentencia de la Corte sobre los desplazados (Vea posición de la magistrada María Victoria Calle sobre Sentencia de desplazados).

El gobierno tenía razones para alegrarse: el despacho de Cepeda había dictado tantos autos ordenándole al gobierno cumplir sus compromisos con las mujeres, los niños y los indígenas desplazados, para citar sólo algunos casos, que en la Alta Consejería para la Acción Social se referían a la Corte como el ‘concesionario’. Desde que el despacho de Cepeda entró en interinidad, el gobierno, y en particular, Acción Social supusieron que el nuevo magistrado sería menos exigente con el gobierno.

Sin embargo, ayer cambiaron los planes. Los siete magistrados que ya se posesionaron y las dos magistradas auxiliares que estaban actuando en interinidad mientras Calle y Jorge Pretelt asumen funciones después de la semana de Pascua decidieron que las sentencias de desplazados T-025 del 2004 y la T-760 del 2008 de salud eran tan cruciales para el país y para la Corte que era mejor que toda la Sala Plena asumiera su seguimiento. 

El argumento principal ofrecido en Sala para esta decisión es que varios plazos impuestos por la Corte al Gobierno estaban por vencerse y que los nuevos magistrados no tendrían tiempo para ponerse al día en los pormenores de estos complejos fallos.

Aunque no se dijo explícitamente, es posible que también quisieran apaciguar el temor de los críticos de la nueva Corte. En días pasados, a raíz del nombramiento de los dos nuevos magistrados más ligados al gobierno y al sector privado, los medios alertaron que estos dos temas perderían impulso en la nueva Corte por los costos que implica para el Gobierno la de los desplazados y la de salud.

La Corte nombró una comisión de tres magistrados -Juan Carlos Henao, Luis E.Vargas y Nilson Pinilla- para elaborar las ponencias sobre el tema de desplazados que luego serán estudiadas y ratificadas por la Corte en pleno. Y otra, integrada por Gabriel E. Mendoza, Jorge Iván Palacio y Mauricio González, para la sentencia que le da un vuelco completo al sistema de salud.

Con esta decisión, la Corte envía la señal de que estos temas serán prioritarios y que no dependerán de las inclinaciones personales de uno u otro magistrado. Y comienza a blindarse de las críticas de quienes consideran que por ser más conservadora ideológicamente que la anterior será otro satélite de Palacio.