¿Paran los transportadores o paran las multas?
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Angela Piedad Arenas, subsecretaria de Movilidad, lleva días negociando con los transportadores públicos de Bogotá sobre cómo financiar el pago de los comparendos que ellos no quieren pagar, alegando la prescripcción de las multas. Mensualmente la Secretaría recoge 6.500 millones de pesos por comparendos pagados. Foto: Laura Rico Piñeres |
Hoy es un día clave para Bogotá. Hoy se define si los conductores de transporte público de la ciudad convocan el paro que han venido anunciando desde la semana pasada. Después de largas y acaloradas jornadas de discusión con más de 20 sindicatos de taxistas, colectivos, flotas y transportadores de carga, la Secretaría de Movilidad deberá decidir si aplica una amnistía general para perdonar los comparendos que deben estos conductores hace más de tres años. Si no cede, los conductores deberán negociar acuerdos de pago para poder seguir trabajando.
En la reunión, Angela Piedad Arenas, subsecretaria de Movilidad, insistirá en que la mejor manera de poner al día a los conductores morosos es revisando caso por caso para sumar y restar cuánto debe cada quién y así acordar formas de pago en un plazo máximo de cinco años.
Sin embargo, la propuesta aún no tiene a los sindicatos contentos y el problema es de poderes encontrados. Del poder debilitado que tiene el Distrito para cobrar los miles de comparendos que se imponen anualmente, y del poder de lobby que tienen los transportadores para presionar al gobierno. En el medio, está en juego la movilidad de la ciudad.
Los conductores públicos, a diferencia de los particulares, tienen que renovar sus licencias cada tres años y para hacerlo, deben estar a paz y salvo. Desde que entró en funcionamiento el año pasado el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), se les ha complicado el caminado pues en todo el país se sabe quién debe multas y en dónde.
Hace unos años cuando un taxista o conductor de bus era multado, perfectamente podía archivar los comparendos bajo su silla y llegada la fecha para renovar su licencia, podía ir a sacarla a otro municipio o departamento cercano. Ahora el Runt los tiene en aprietos pues aparentemente no hay manera de sacar dobles licencias ni de huirle, tarde o temprano, al pago de los comparendos. Por eso andan ansiosos con liberar sus deudas para poder seguir manejando y trabajando en la ciudad.
Arenas explicó que un conductor que comete una infracción una vez, normalmente reincide tres veces. Así, haciendo cálculos blandos, cada persona multada le debe al Distrito cerca de un millón de pesos. La reincidencia de los cerca de 49 mil taxistas o 16 mil conductores de colectivos que hay en Bogotá es aún más alta pues se pasan el día entero en las calles. En total, se imponen cerca de tres mil comparendos diarios incluyendo a conductores privados y públicos.
“Ellos amenazan con hacer un paro de transporte para poder renovar su licencia de conducción”, dijo la subsecretaria de Movilidad Arenas a La Silla Vacía. “Acá no habrá impunidad.” Insistió en que la falta de pago de las multas es un problema nacional y que la propuesta de Bogotá será un ejemplo para las demás zonas del país. La oferta de Movilidad a los transportadores es perdonarles las multas viejas, de los años ochenta, noventa y principios de 2000, y negociar acuerdos de pago sobre las multas nuevas o vigentes.
Esta Secretaría, que empezó a funcionar en 2007, heredó cerca de 1 millón trescientos mil comparendos del Fondo de Educación y Seguridad Vial (Fondatt) que se liquidó definitivamente en diciembre del año pasado, y que hacía de chepito en el tema de comparendos de Bogotá. De estos comparendos heredados, aproximadamente 1/3 corresponde a conductores de transporte público.
Además de lo que heredó la Secretaría, con cada año que pasa se acumula el número de comparendos por pagar. La infografía muestra los comparendos impuestos y pagados de 2007 a 2009, en cabeza de la Secretaría de Movilidad. Las cifras son generales y no discriminan por conductor privado o público.
2007 - 2009

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad
La respuesta de los transportadores
Sin embargo, a varios de los transportadores no les gusta la idea de llegar a acuerdos de pago individuales. Su propuesta es mucho más ambiciosa pues quieren que la prescripción de las multas aplique a todos por igual, y de un solo tajo. Es decir, quieren encontrar la manera de borrar del sistema nacional todas las multas vencidas y no ejecutadas que según el Código de Transporte prescriben para cualquier ciudadano tres años después de la fecha de la infracción si no hay ejecución o mandamiento de pago por parte de la autoridad que cobra.
“Para hacer un acuerdo de pago se necesitan fiadores y eso nadie los va a conseguir,” dijo Herminso Bermúdez, presidente del Sindicato Nacional de Taxistas a La Silla Vacía. “Además, estamos pidiendo que se aplique la ley de la prescripción, no cosas insensatas o incoherentes”. Bermúdez, además, insistió que era responsabilidad de la Secretaría ejecutar los cobros y que si no lo habían hecho hasta entonces, no les podían financiar multas ya vencidas.
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Los conductores piden borrón y cuenta nueva a las multas de más de tres años que la Secretaría de Movilidad no ha podido cobrar. Foto: Laura Rico Piñeres |
Para los conductores su principal temor es no poder renovar su licencia y quedar por fuera del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que formalizará el oficio de conductor a través de un salario integral y que promete eliminar la guerra del centavo.
“Los conductores no pagan las multas por falta de plata. En un muy buen día un taxista se hace entre 80 mil y 120 mil pesos, sin contar la gasolina. O sea, se llevan entre 25 mil y 40 mil pesos para la casa. En un mal día tienen que poner de su bolsillo para cubrir los gastos y las multas valen mucho más que eso,” dijo el líder sindicalista. Para él, no es un problema de voluntad sino de plata.
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“Además, muchas veces las multas se las ponen a uno por culpa de los usuarios que van de afán o le indican a uno que coja por aquí o por allá”, dijo un conductor de taxi a La Silla Vacía.
Cuando caiga la tarde, gobierno y transportadores querrán que la batalla haya llegado a su fin. Si no hay acuerdo, persistirá la amenaza de paro. Pero si hay acuerdo, ¿persistirá la cultura de no pago o de manejar como un loco?
Vamos a ver que tan bien puestos tiene los pantalones el alcalde y su secretaria de movilidad, es inaudito que por una amenaza de paro se condonen las deudas por comparendos del sector publico en Bogota... son ellos los que mas generan desorden en las vias y mas afectan la movilidad
Claramente no nos podemos dejar intimidar como ciudadanos. Ésto es un atraco a mano armada al fisco que además tira por el suelo las normas mínimas de convivencia que etablecimos en la regulación del tránsito. Ni siquiera es cuestión de que el alcalde ceda ante semejante presión porque igual ya será sancionado por los electores que ya estamos listos para sacarlo de la administración por su pésima gestión.
El problema es qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que los taxistas hagan lo que les de la gana porque son muchos y pueden paralizar la ciudad y creen que ahora podrán saltarse la ley. Pues boicot de usuarios. Donde haya paro y no paguen lo que deben, nos comprometeremos a no tomar un taxi hasta que paguen.
Que no sean frescos: 1) Las multas se las ponen porque son unos salvajes al volante, no por los clientes. 2) Si no tienen plata, que no comentan las infracciones. 3) La Secretaría no ha cobrado porque no hay forma de obligarlos. Cuando se ha hablado de embargos o inmovilizaciones también ha habido amenazas de paro.
Pero si con el SITP se va a acabar la guerra del centavo, va a mejorar drásticamente la situación del transporte público en Bogotá. Valdría la pena "darse la pela" de no cobrarles las multas viejas, a cambio de que exista un mecanismo para obligarlos a pagar las nuevas (cancelación de licencias, embargos o hasta cárcel para los reincidentes). Lo que no puede pasar es ceder a cambio de una palmadita en la mano y una promesa de no volverlo a hacer.
Después de leer los comentarios... y muchos tienen razón... esta es mi arista del tema.
Se acercan épocas electorales. Los sindicatos de los taxistas lo saben. Los Moreno Rojas, obviamente lo tienen en la cabeza antes que otra cosa. Esto no se va a definir por las normas que existan y su aplicación, sino por la medida que menos votos les represente perdidos frente al gremio del transporte público y al mismo tiempo, la mayor cantidad de votos que pueda ganar con la ciudadanía.
Es algo simple. Si aplica con mano dura las multas, hay un problema civil. Lo cual daría pie para una intervención dura, como si fuera un diente que necesita un tratamiento de conducto, para limpiar de podredumbre todo el sistema de registros y comparendos, dejando normas efectivas y regulaciones más centradas para el USUARIO, que al final ES EL QUE PAGA LA COMIDA Y GASOLINA DE ESTA GENTE. Si hace eso, la ciudadanía apoyaría al PDA y le haría recuperar un gran peso político.
Pero no termina ahí el tema.
Uldarico Peña no es un bajado del árbol.
El tipo sabe lo que hace. Sabe que mueve un par de dedos y muchos políticos, politiqueros y leguleyos le corren a hacer lo que el diga. Porque no nos vamos a mentiras, debido a la falta de integración social adecuada, la población bogotana que está metida en el transporte público es una masa acéfala de grandes proporciones, con cero de cultura y un pragmatismo animal muy alto. Por lo tanto, lo que ellos quieren es que "todo cambie para no cambiar jamás".
Por lo tanto, no van a tocar semejante base de voticos. Solo imagínense unas votaciones en Bogotá sin toda la parafernalia de desplazamiento, bloqueos a particulares, etc, por obra y gracia del transporte público. Es un escenario real y bastante inmediato.
Yo soñaría con una opción que fuera 80% para el ciudadano, 20% para los taxistas. Y si se oponen, uso de Fuerza Pública -porque plata para revolver sí hay, no lo duden-. Esto, para evitar mayores desgracias inmediatas.
P.d.: Cuando hablo de regulaciones para el USUARIO, digo, regulaciones que le sean ÚTILES AL USUARIO. Control de tarifas, instrumentos de denuncias que apliquen sanciones efectivas a las compañías que tengan taxistas que sean matones o agresores de +cualquier+ índole, etc.
P.d.2.: Sería bastante útil que la Silla, si pudiera, nos hiciera una nota con los concejales y ediles (y sus familias) que tienen una raaaancia tradición gobiernista desde, por y con los taxistas/buseteros de la ciudad. Ayudaría bastante en el panorama. ¡Gracias!
Lo que esta en juego es un problema de institucionalidad... es si vamos a seguir haciéndole el juego a la ilegalidad... a la impunidad..... Uno podrá decir que si el presidente y sus ministros le juegan a la desinstitucionalización y a la impunidad, pues entonces es "licito" para todos pasarnos por la faja las normas..
Este no es un asunto de comparendos y de cifras y de cuantas son unas u otros es un problema de saber si somos capaces de no someternos, como sociedad, a la extorsión venga de donde venga o si el modelo de gobierno se reproduce y acabamos de derrumbarnos con un golpe a la institucionalidad y un espaldarazo a la impunidad.
Es en este tipo de asuntos en los cuales el Polo tiene que demostrar si efectivamente representa algo diferente al establecimiento... si es un valor agragado a la democracia o si es mas de lo mismo....
“Los conductores no pagan las multas por falta de plata. En un muy buen día un taxista se hace entre 80 mil y 120 mil pesos, sin contar la gasolina. O sea, se llevan entre 25 mil y 40 mil pesos para la casa. En un mal día tienen que poner de su bolsillo para cubrir los gastos y las multas valen mucho más que eso,” dijo el líder sindicalista. Para él, no es un problema de voluntad sino de plata.
EL PROBLEMA SI ES DE VOLUNTAD, nadie está obligando al taxista a cometer la infracción, es su VOLUNTAD cometer el delito. además aunque los usuarios vayamos muy de afán, es mejor para mí llegar un poco tarde a que un taxista ponga en ried\sgo mi vida. La moderación es parte de su trabajo.