Contra Mauricio González se presentaron 17 recusaciones para sacarlo de la discusión sobre el referendo que permitiría la reelección de su ex jefe, el Presidente Álvaro Uribe.

Era claro que al magistrado Mauricio González lo iban a recusar por todos los temas posibles para tratar de marginarlo de la decisión sobre el referendo reeleccionista. Pero al final la recusación que lo tiene contra las cuerdas es la que menos se esperaba.

Según la recusación, su matrimonio con Marcela Monroy, abogada y asesora de varias entidades públicas, implicaría para él un interés directo en que la segunda reelección salga adelante. Sin embargo, al autor de la recusación se le escapó un detalle: Monroy y González están divorciados. El magistrado está separado de la mamá de su hijo desde hace casi un año y legalmente divorciado desde enero de 2010. Tampoco tiene sociedad conyugal con ella hace cinco años.

Había razones de sobra para que González fuera el centro de todas las recusaciones: fue secretario jurídico de la Presidencia, opinó ante la Corte a favor de la primera reelección en 2006 y llegó a ese tribunal propuesto por el presidente Uribe (por esta razón ha tenido que declararse impedido para decidir varios procesos. Ver artículo).

Diecisiete escritos fueron presentados refiriéndose a alguno de estos temas para sacar del camino a González. Todos fueron rechazados por la sala plena de la Corte sin mayor discusión. Pero el último escrito de este tipo, que llegó el 9 de diciembre pasado, no corrió la misma suerte.

Reinaldo Villalba Vargas, de la ONG Colectivo de Abogados, mostró el as bajo la manga: el matrimonio de González y Monroy, y las relaciones laborales de esta última con entidades públicas, principalmente a través de su firma Monroy y Bernal Abogados.

“Al ser beneficiaria la señora Monroy de este tipo de negocios [con el Estado], la permanencia en el Poder por parte del presidente Uribe es de interés de ésta y al mismo tiempo no permite vislumbrar la imparcialidad de su esposo, el magistrado Mauricio González Cuervo”, afirma Villalba en su escrito.

La recusación fue estudiada en la sala plena de 16 de diciembre, antes de las vacaciones de fin de año, pero sólo se notificó el viernes pasado. González rechazó la recusación y la próxima semana presentará sus descargos.

¿Tiene futuro la recusación?

Para la Corte, que González haya sido funcionario del Gobierno y que venga de una terna propuesta por el Presidente, no implica que tenga un interés en la decisión del referendo. Lo mismo considera frente al hecho de que tenga un hermano trabajando en la Caja de Compensación Familiar. Estos antecedentes hacen pensar que su vínculo con Marcela Monroy tampoco pesará.

En todo caso, la Corte va a examinar los nexos de Monroy con el Gobierno. En el escrito de Villalba no se incluye ninguna prueba que así lo demuestre, más allá de algunas referencias generales a Ecopetrol y los ministerios de Defensa y Transporte. Por esa razón, la Corte le ordenó a la Presidencia que envíe “un informe detallado de los vínculos contractuales de la señora Marcela Monroy Torres con las entidades del sector centralizado y descentralizado”, desde 2002 hasta la fecha.

El hecho de que la Corte pida esa información desde 2002 implica que revisará los vínculos de Monroy con el Ejecutivo desde el primer periodo de Álvaro Uribe, cuando todavía estaba casada con González. En esa época, fueron frecuentes los casos en que el entonces secretario Jurídico de Presidencia tuvo que declararse impedido para decidir temas donde su esposa estaba involucrada.

Pero más allá de todo eso, el episodio de la recusación añade más días al estudio del referendo en la Corte. Y, como se sabe, tiempo es lo que no hay para que el presidente Uribe sea candidato de nuevo. Las pruebas que ordenó la Corte – que la Presidencia tardará unos días en recoger – y la defensa de González, deben entregarse a los magistrados y posteriormente discutirse en sala plena. Un trámite que tomará, por lo menos, una semana. Entonces todos los magistrados, excepto González, decidirán si la recusación prospera.

A eso hay que añadir otros palos en la rueda para el referendo. Esta semana, la Corte volvió a oficiar al Senado para que envíe el Acta Ocho del trámite del proyecto de ley. Por alguna razón, esa información no llegó el año pasado cuando el tribunal la pidió inicialmente.

Por otro lado, entre enero y febrero la Corte debe decidir en sala plena, además del referendo, 28 demandas de inconstitucionalidad, que no se pueden aplazar. Entre ellas, la de la reforma política, que tiene en ascuas a los concejales; los decretos de la emergencia social en salud decretada hace poco, y el referendo para establecer cadena perpetua contra violadores. Temas que toman tiempo por su alta complejidad jurídica.
 
Es probable que el ponente Humberto Sierra Porto, quien según pudo averiguar La Silla Vacía fue quien propuso abrir el incidente contra González, quiera despejar las dudas sobre la transparencia del proceso, y que una vez tengan las pruebas la recusación no prospere. Pero este episodio deja entrever que la discusión de fondo del referendo en la Corte no será fácil ni rápida.