La Corte Constitucional no puede fallar antes del 15 de febrero.

Desde ayer que se radicó el concepto del Procurador General, comenzaron a correr los 30 días hábiles que tiene el ponente Humberto Sierra Porto para proyectar la sentencia. Miembros de su equipo ya llevan más de un mes trabajando en el tema y lo más seguro es que presente su ponencia antes del plazo. Pero tiene que estudiar cada uno de los argumentos del Procurador, además de las intervenciones ciudadanas. Entonces, antes del martes de la próxima semana no la entregará.

Y una vez radique el proyecto, hay que dejar pasar cinco días para que la Sala Plena asuma su estudio. Es decir que por rápido llegará a sala la última semana de enero. Si la sala plena decide darle prioridad y evacúa antes los temas pendientes como la demanda de los concejales a la reforma política que ya está agendada para sala plena, necesitará por lo menos dos semanas para llegar a una conclusión.

Suponiendo que hagan lo que nunca hacen, que es discutir durante cinco días seguidos, necesitarán por lo menos unos días para pedir pruebas adicionales y para reunirse de nuevo. Asumiendo que en menos de ocho sesiones lleguen a una conclusión, no habrá un fallo antes del 15 de febrero.

Y está el punto más complicado que es el de las firmas de la sentencia. Normalmente, una vez la Corte llega a una conclusión, el magistrado ponente tiene que reescribir el fallo incorporando los argumentos de la Sala y este proceso toma tiempo. Entonces, salvo que la sentencia sea igualita a la ponencia, la sentencia no quedará registrada antes de finalizar febrero.

Así la Corte Constitucional le meta el acelerador, al Registrador le queda difícil hacer lo mismo.

Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional, ha dicho que necesita tres meses para organizar la votación del referendo. Por eso, así la Corte Constitucional recorte sus plazos de decisión al máximo y falle a finales de febrero, es difícil que el Registrador también pueda hundir así el acelerador.

Para que el referendo salga a las urnas el 13 de marzo, y el Registrador pueda aprovechar la misma logística de las elecciones de Congreso, le tocaría recortar en una tercera parte los tiempos de contratación. Pues para las elecciones de Congreso la impresión de los tarjetones, la trasmisión de los datos y el personal de apoyo, se contrataron en diciembre.

Por otro lado, la capacitación de los jurados, que deben aprender el mecanismo de conteo, ya empezó. Son más de 500 mil jurados que necesitan tiempo para aprender a manejar el tarjetón de Senado y Cámara, pero si el Registrador tiene que organizar en tiempo record el referendo, habría menos de tres semanas para prepararlos en este tarjetón especial.

Fuera de eso, hay zonas del país, como algunos municipios de Guainía, a donde el 'kit electoral' debe ser enviado con tres semanas de antelación para que alcance a llegar. Si la Corte falla a finales de febrero, con el tiempo que debe gastarse en impresión, habría municipios a donde no llegaría el tarjetón.

Además el Registrador necesita tiempo para el escrutinio. En el referendo de 2005 se demoraron dos meses contando los votos. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que certificarlos.

Uribe se quedó sin inscripción

Si la Corte Constitucional saca la sentencia en tiempo record (en un mes y pico) y el Registrador recorta tiempos de contratación y logra sacar la consulta a las urnas, tampoco está garantizada la reelección.

Aunque el referendo por un milagro pueda ser votado, Uribe no podría inscribirse como candidato. El viernes 12 de marzo es la fecha límite que el Código Electoral establece para que los candidatos de los partidos se inscriban en la Registraduría.

Por eso, así el 13 de marzo - la única fecha en la que sería medianamente viable votar el referendo en un tiempo exprés porque se utiliza la logística de las elecciones legislativas - la reelección logre convocar a los siete millones de votantes que necesita para pasar el umbral y los tres millones de votos afirmativos que necesita para ser aprobada, ya se habrá vencido la fecha límite que Uribe tiene para inscribirse como un candidato “ordinario”, pues como Presidente-candidato ya incumplió el plazo.

No hay ley que regule su candidatura

Pero aun si todo lo anterior se logra, faltan las garantías. Cuando la Corte Constitucional aprobó la primera reelección, fue explícita en que el Congreso debía aprobar una ley que les diera garantías extras a los candidatos que se iban a enfrentar al Presidente-candidato para garantizar una igualdad en la competencia electoral.

El Congreso aprobó en tiempo record una ley que estableció que el Presidente debía anunciar su aspiración seis meses antes de las elecciones, para que a partir de ese momento se le aplicaran restricciones en términos de contratación pública, apariciones en televisión y entrega de subsidios, de tal forma que los nuevos candidatos en campaña no entraran con desventaja.

Si la Corte Constitucional decide darle vía libre al referendo que permitiría la reelección consecutiva, ya no hay tiempo para que el Congreso tramite una ley que asegure la equidad de los aspirantes con un Presidente-candidato que ya lleva ocho años gobernando.

Y si se decide aplicar la Ley de Garantías que está vigente, Uribe ya no respetó los términos que ésta establece. Como aún no se permite su segunda reelección, se venció el plazo del 30 de noviembre de 2009 para que el Presidente anunciara su intención de aspirar y se le pudieran aplicar así los controles estipulados.

Constitucionalistas consultados por La Silla Vacía dijeron que la ausencia de esta ley no se subsana con que el Presidente cumpla “de buena fe” con la recomendación del Procurador de no transmitir por televisión los consejos comunitarios y otras restricciones.

La Corte Constitucional tendría que darse un lapo muy grande para permitir una reelección sin garantías, cuando en el fallo de 2005 lo primero que hizo fue exigirlas.