El domingo 30 de agosto, el director de La U Luis Carlos Restrepo anunció la llegada a su partido de varios congresistas procedentes de Cambio Radical. Entre ellos, cinco representantes a la Cámara.

En ese momento, la movida de Restrepo se consideró audaz. Dos días después, el martes 1 de septiembre, se terminarían de votar en la Cámara los impedimentos y los informes de conciliación del referendo. Para entonces, el futuro de la iniciativa era todavía incierto. Con los votos adicionales de los tránsfugas de Cambio Radical, la segunda reelección del presidente Uribe tenía más posibilidades de salir viva del Congreso.

Esta voltereta política de los representantes Ángel Custodio Cabrera, María Violeta Niño, José Ignacio Bermúdez, Luis Felipe Barrios y Felipe Fabián Orozco, es una de las pruebas fuertes de los vicios del trámite de la reelección en su paso por el Congreso. La información fue enviada a la Corte Constitucional por Cambio Radical, en respuesta a una solicitud expresa del magistrado Humberto Sierra.

El pulso entre La U y Cambio Radical por los tránsfugas

No fue simplemente una anécdota que los directivos del partido de La U hubieran expedido en pleno domingo una resolución de trámite sobre el ingreso de unos miembros a su partido. Además de la votación decisiva que se avecinaba en la Cámara, Cambio Radical tenía sus ojos puestos en los integrantes de su bancada que estaban apoyando la reelección, en contravía de la decisión mayoritaria. La U lo sabía y por eso le lanzó un salvavidas a sus nuevos aliados.

Dos días antes al anunció de La U – el viernes 28 de agosto –, el consejo de control ético de Cambio Radical había citado a los futuros tránsfugas para que explicaran por qué en las primeras votaciones de los impedimentos habían actuado en contra de la decisión mayoritaria.

El consejo ético tenía en sus manos el siguiente antecedente: el 18 y 26 de agosto la bancada de Cambio Radical en la Cámara se había reunido para fijar su posición sobre el trámite del referendo. “La bancada (…) se abstendrá de votar el informe de conciliación propuesto frente al proyecto de ley que habilita la reelección presidencial. Esta decisión es vinculante y obligatoria para todos los miembros de la colectividad (…)”, fue la decisión que dejaron por escrito en el primer encuentro, donde estuvieron 15 representantes, además del presidente del partido y candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

En el segundo, estuvieron presentes 11, y decidieron que aprobarían los impedimentos para votar el referendo, presentados por 91 representantes a la Cámara (quienes se habían declarado inhabilitados para votar por la investigación preliminar que la Corte Suprema les abrió por tramitar el proyecto sin la certificación de la Registraduría). Esto, en la práctica, implicaba que si los impedimentos prosperaban la conciliación del proyecto no saldría adelante.

Ninguno de los representantes investigados acudió a la cita del consejo ético de Cambio Radical de ese viernes. Tampoco lo hicieron el lunes siguiente, fecha en la que finalmente el consejo decidió sancionarlos con la suspensión del derecho al voto. Los representantes, que habían sido recibidos unas horas antes en La U, respondieron con su carta de renuncia al partido de Vargas Lleras.

Cambio Radical notificó inmediatamente de esa decisión al presidente de la Cámara Edgar Gómez Román, con el propósito de que no permitiera a los tránsfugas votar en la sesión decisiva del proyecto del referendo del día siguiente. Pero al final, la mesa directiva de la Cámara no le dio relevancia a la decisión de Cambio y los tránsfugas votaron sin problema.

El lío que debe resolver la Corte

 

El domingo 30 de agosto, el partido de La U recibió a los tránsfugas. En el segundo documento, una de las actas de la bancada de Cambio Radical. | Vea los documentos.

 

Para Cambio Radical resulta claro que los cinco representantes que ingresaron a La U (además de Edgar Ulises Torres, que después fue detenido en el proceso de la parapolítica), incumplieron la ley de bancadas y los estatutos del partido, según los cuales si un integrante se aparta de la decisión de bancada, puede ser sancionado con la pérdida del derecho al voto.

El partido también argumenta ante la Corte Constitucional que por esa razón el trámite final del proyecto está viciado. Culpan de esto al presidente de la Cámara Edgar Gómez, a quién también denunciaron ante la Procuraduría, la Fiscalía General y la Corte Suprema.

Además, existe una irregularidad de tiempo: los tránsfugas no podrían haber sido aceptados en La U sin antes haber renunciado a Cambio Radical, como al parecer sucedió. En este punto, las fechas parecen darles la razón a Cambio Radical.

Los tránsfugas, como era de esperarse, contraatacaron legalmente. Afirman que el consejo de control ético no tiene competencia para sancionarlos; que se les violó el debido proceso y que cuando votaron en la sesión del martes 1 de septiembre ya eran integrantes de La U y no estaban sometidos a la decisión de bancada de Cambio Radical.

Para rematar el enredo, uno de los ex militantes de Cambio Radical, Luis Felipe Barrios, interpuso una acción de tutela contra ese partido. La semana pasada, el Juez Octavo Penal Municipal le dio la razón y dejó sin efecto la sanción del consejo de ética. No obstante, la decisión no es definitiva y será apelada por el partido.

Con todo, no parece probable que la Corte Constitucional tenga en cuenta la decisión de un juez de inferior rango en su decisión sobre la constitucionalidad del referendo. Eso sí, tendrá que referirse en su análisis al fin de semana en que La U y Cambio Radical se pelearon por la paternidad – y los votos – de cinco representantes a la Cámara.

La decisión de Luis Carlos Restrepo (izquierda), director de La U, de recibir a los tránsfugas de Cambio Radical, puede ser a la postre uno de los vicios del referendo. Por dejar votar a estos congresistas, Cambio Radical denunció al presidente de la Cámara, Édgar Gómez Román (derecha), en todas partes.