El 30 de noviembre pasó y Uribe no dijo ni 'mu' sobre su reelección

El 30 de noviembre era un día clave en el calendario de los interesados en la política nacional. Teóricamente era el plazo otorgado por la Ley de Garantías para que el presidente Uribe declarara públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidato presidencial nuevamente. Pero pasó el 30 de noviembre y Uribe no se registró como candidato a la Presidencia. En realidad, no podría haberlo hecho puesto que la Constitución actual no le permite ser candidato nuevamente y el referendo todavía no ha sido aprobado por la Corte Constitucional ni votado por el pueblo. Sin embargo, el 30 de noviembre sigue siendo una fecha importante porque de alguna manera simplifica un tema muy complejo: si las próximas elecciones podrán ser verdaderamente democráticas.

Al aceptar la primera reelección, la Corte Constitucional fijó dos condiciones: que fuera por una sola vez y que existiera una ley de garantías que asegurara una igualdad de condiciones en la contienda electoral cuando el Presidente es también candidato.

Como es obvio, un Presidente tiene de entrada ventajas sobre los demás candidatos: cuenta con la chequera del Estado, con acceso irrestricto a la televisión pública, con el poder de contratar miles de empleados, sólo para mencionar algunas. Por eso, la Corte fue clara en que sólo podría haber reelección si una ley estatutaria restringía los poderes del Presidente-candidato de tal forma que corrigiera este desequilibrio natural.

Con la ley del referendo, el Congreso alteró la primera condición y está en manos de la Corte decidir si cambia la jurisprudencia y admite la reelección por más de una vez. Ignorar la segunda condición sobre la Ley de Garantías es aun más complicado porque no hay claridad sobre qué reglas de juego se aplican en caso de que el referendo sea aprobado por la Corte y votado favorablemente por siete millones de colombianos.
 

La anterior Corte Constitucional aprobó la primera reelección con la condición de que fuera por una sola vez y que una ley de garantías asegurara que había una igualdad de competencia entre el Presidente-candidato y los demás candidatos. Situaciones como la intervención de Andrés Felipe Arias en un consejo comunitario para defenderse en el escándalo de AIS serían reguladas por esta ley, que hoy no se sabe si le aplica al presidente Uribe o no.

Estos son los escenarios que podrían aplicarse para el eventual Presidente-candidato, y las razones por las que su viabilidad es dudosa:

1. Aplicar por analogía la Ley de Garantías que se aplicó en la primera reelección

Este era el escenario más viable, pero implicaba que el 30 de noviembre el Presidente anunciara públicamente y por escrito su intención de lanzarse de nuevo. Pero este plazo venció.

2. Aplicar las normas electorales ordinarias

Estas leyes que regían antes de la primera reelección, no podrían aplicarse puesto que prohíben la participación en política de los funcionarios públicos.

3. Crear una nueva ley de Garantías

Algunos constitucionalistas están convencidos de que el Presidente Uribe no aspira seriamente a un tercer período porque, de hacerlo, habría tramitado con tiempo una nueva ley estatutaria de garantías. No lo hizo, y ya no hay tiempo para pasarla por el Congreso y que esta sea aprobada por la Corte Constitucional.

4. Que la Corte Constitucional, al fallar el referendo, defina un régimen de garantías

Esta es una de las tesis más defendidas por los uribistas. El problema es que la Corte está sólo juzgando la constitucionalidad de una segunda reelección que en principio es una norma general y abstracta, no una ley hecha a la medida de Álvaro Uribe, puesto esto en sí mismo sería inconstitucional. Por lo tanto, la Corte difícilmente puede entrar a decidir sobre fechas u otras especificidades que asuman que la norma se hizo para reelegir a Uribe, aunque todos sepamos que fue así.

5. Que el Consejo Nacional Electoral decida cómo se aplica la Ley de Garantías

Algunos constitucionalistas como Juan Manuel Charry han dicho que cuando el referendo sea aprobado por el pueblo “se tendrá que entrar a hacer una interpretación de cómo se aplica la Ley de Garantías”. Aunque no especificó quién haría esa interpretación, se presume que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el órgano electoral, entraría a decidir sobre este tema. En febrero de 2009, el CNE resolvió una consulta del Registrador Nacional en la que aclaró que la ley de garantías del 2005 tenía vigencia para las elecciones del 2010 hubiera o no reelección. Sin embargo, dado que la igualdad electoral es un derecho político fundamental y que como tal debe ser desarrollado por una norma de mayor rango como es una ley estatutaria, no es claro cómo un eventual concepto de un órgano administrativo como el CNE - si es que sobre este punto logra ser más ágil que frente a las cuentas del referendo - pueda reemplazar la ley estatutaria que exige la Constitución, dado que si se aplica la que dijo que está vigente ya se habría vencido el plazo del 30 de noviembre.
 

El recurso a la réplica utilizado por el candidato liberal Rafael Pardo para hablar en un consejo comunitario contra Agro Ingreso Seguro después de la 'palomita' que tuvo Arias comienza a reemplazar, en la práctica, la inaplicada Ley de Garantías.

6. Que el gobierno saque un decreto reglamentario autorregulándose

Los reeleccionistas han comenzado a ventilar esta idea, que consistiría en que el Presidente decide no hacer más consejos comunitarios, no hacer uso del canal institucional, no repartir más subsidios, etc., con el fin de garantizarle a los demás candidatos una igualdad de condiciones en la competencia electoral. Para esto tendría que declarar un estado de conmoción interior justificado por algo muy grave como un conflicto internacional o una amenaza terrorista y además demostrar que existe un vínculo entre tal declaratoria y el proceso electoral, algo que es muy difícil de demostrar ante la Corte Constitucional. Un decreto también es muy fácil de tumbar vía tutela. Y cualquier candidato presidencial podría argumentar que sus derechos políticos se ven violados por tal acto.

7. Que el gobierno decida que no es necesaria una ley

El ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio ha dicho que el referendo está en una “categoría superior” a la Ley de Garantías, dando a entender que con el visto bueno de la Corte y la voluntad del pueblo una ley que regule la competencia no sería necesaria.

El vocero de La U, senador Luis Élmer Arenas, dijo a El Tiempo que "mientras el referendo no sea aprobado, él (Uribe) no tiene por qué pronunciarse". Aseguró que la Ley de Garantías "sí está vigente" y que el objetivo de "controlar la contratación pública" se está aplicando, por lo cual a la oposición "se le están dando garantías". "Sólo después de eso, y existiendo la norma constitucional, ya el Presidente podría decir si aspira o no aspira, por que de resto no lo puede hacer, es que no hay norma".  Esta parecería ser la misma interpretación que actualmente utiliza el gobierno. El pasado 13 de noviembre, el Presidente sacó una directiva recordandole a sus funcionarios que la Ley de Garantías estaba vigente pero sólo se refirió a la contratación (ver directiva).

8. Amanecerá y veremos

Esta es la posición del procurador Alejandro Ordoñez, quien dijo que debido a la existencia de "limitantes constitucionales (para que Uribe aspire a otra reelección) es necesario esperar".

Si rige la opinión de Ordoñez, lo que es claro es que además de no tener reglas de financiación para las campañas - pues al paso que va el trámite de la reglamentación de la reforma política el Congreso no alcanzará a regular este tema -, tampoco existirán garantías claras en los demás temas para los contendores del Presidente-candidato a menos de seis meses de las elecciones.