Luis Guillermo Giraldo cometió un error tras otro -desde formular mal la pregunta hasta violar los topes financieros-. Foto: Miguel José Torres.

A las nueve y media de la noche del jueves, dos de los tres conjueces sorteados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron abrir pliego de cargos contra el Comité Promotor del Referendo. Y algo más: dejaron sin validez el proceso de recolección de firmas.

“Se dejó sin validez alguna la etapa de inscripción de la iniciativa legislativa y solicitud del referendo por no estar ajustada a las condiciones de plena garantía que se exige a la ley estatutaria por violación a los topes de financiación en el proceso de recolección de firmas,” dijo el conjuez liberal Carlos Mario Isaza (ver declaraciones).

¿Tumbaron la reelección? La respuesta formal es no. Pero su decisión es lo más grave que le ha sucedido al referendo en su ya de por sí accidentado trámite. Y afectará el cronograma en la Corte Constitucional de tal forma que el futuro de la reelección de Álvaro Uribe pende de un hilo.

La decisión de los conjueces

Tras estudiar un expediente de 1.500 páginas, dos de los tres conjueces confirmaron que el Comité Promotor del Referendo había reportado un crédito inexistente por dos mil millones de pesos; que había violado los topes en la financiación de la recolección de las firmas pues invirtió más de 1.900 millones de pesos cuando solo se podían gastar 330 millones, y que mintió en los balances que se presentaron al Consejo Nacional Electoral.

Básicamente, ratificaron la ponencia que había presentado desde el 13 de julio el magistrado ponente del CNE José Joaquín Vives. Pero, además, consideraron que dado que los promotores del referendo violaron los topes establecidos por ley para financiar la recolección de las firmas, éstas eran inválidas. Mejor dicho, concluyeron que el referendo nació muerto.

El tercer conjuez, el conservador Manuel Pretelt de la Vega, hermano del ex ministro del Interior Sabas Pretelt, se abstuvo de votar. Consideró que los conjueces no tenían competencia para tomar esta decisión porque era inconstitucional que su fallo pesara más que el de los nueve magistrados del CNE. Por eso le pidió a la sala plena que determinara hasta dónde iba la potestad de los conjueces.

Dos abogados consultados por La Silla Vacía coinciden con Pretelt de la Vega en que los conjueces Isaza y Felipe Pérez, abogado cercano a Cambio Radical, posiblemente se extralimitaron. Sin embargo, de aquí a que se pruebe que fue así pasará tanto tiempo que es prácticamente imposible que Alvaro Uribe pueda lanzarse en 2010. El tiempo no le da.

El proceso

Los tres conjueces fueron escogidos en un sorteo por el Consejo Nacional Electoral, después de que la sala plena - dividida entre cinco anti-uribistas y cuatro uribistas - no lograra durante más de seis meses la mayoría de dos tercios necesaria para votar la ponencia de Vives (ver artículo). Según lo reportó La Silla Vacía en su momento, su función era acoger la ponencia y formularle cargos al Comité Promotor del Referendo para que luego la sala plena del CNE escuchara los descargos de los implicados y tomara una decisión. O, negar la ponencia y archivar el proceso. Nadie contó con que dejaran sin piso legal la recolección de firmas.

Su decisión, sin embargo, no es definitiva todavía. Caben los siguientes escenarios:

El primero y más obvio, es que como ya lo anunció, Colombia Primero, la principal financiadora del referendo, interponga un recurso de reposición ante los mismos tres conjueces. Si estos confirman su decisión, entonces queda en firme y pasa al Registrador Nacional. Con base en esa decisión de la los conjueces, el Registrador determinará si certifica la legalidad de la financiación, algo totalmente improbable. La decisión de los conjueces podrá ser demandada ante el Consejo de Estado. Pero este trámite de nulidad puede durar meses o incluso años.

El segundo escenario y más improbable, es que “el pleno del Consejo Nacional Electoral, en otra decisión sin precedentes, decida no acoger esta resolución”, dice el abogado constitucionalista Juan Carlos Lancheros. “Sin embargo, no estaríamos caminando ya sobre terrenos jurídicos y el tema se enredaría aún más”.

Si los conjueces confirman su decisión (lo más probable) y el Registrador emite su certificación, entonces la prueba llegará a la Corte Constitucional. Aquí, la corporación evaluará tanto la certificación o no del Registrador como el pronunciamiento de los conjueces y podrá decidir que estos se extralimitaron y por lo tanto, desestimar su decisión aplicando una “excepción de inconstitucionalidad” y continuar con el análisis de la ley. O puede acoger la decisión de la sala de conjueces.

“En esta última opción, no le cabría más remedio a la Corte que admitir la existencia de un vicio insubsanable de procedimiento y declarar la inexequibilidad de la ley del referendo”, explica Lancheros. Hasta ahí llegaría la reelección.

En cualquier caso, la última palabra sigue siendo de la Corte. Por eso, aunque agónica, la reelección sigue viva. Pero difícilmente para Uribe.

Los tiempos de la Corte

El magistrado ponente Humberto Sierra Porto pidió la certificación sobre la legalidad de la financiación de las firmas del referendo al Registrador Nacional como una de las pruebas que tendrá en cuenta la Corte para declarar la constitucionalidad del trámite del referendo. El Registrador dijo que no la podía emitir hasta que el CNE fallara (ver artículo).

Con este nuevo palo en la rueda, todo el proceso se dilatará como mínimo un mes mas. Los promotores del referendo tienen que esperar a que los conjueces notifiquen oficialmente su decisión para interponer la reposición. Los conjueces se tomarán por lo menos hasta la siguiente semana para decidirla, suponiendo que no tuvieran interés en demorarla. Sólo después el Registrador emitirá su certificación.

Los promotores también podrán interponer una tutela alegando violación al debido proceso u otro derecho fundamental  y esperar diez días para que el juez falle. Pero su decisión es apelable. Si siguen este camino, esa prueba difícilmente le llegará a la Corte antes de que arranquen las vacaciones judiciales el 18 de diciembre.

El magistrado Sierra Porto no ha abierto el período de intervenciones ciudadanas ni para que el Procurador rinda su concepto y se pensaba que lo haría esta semana dado que por fin llegaron ayer las actas de la votación en el Senado, luego de que se las solicitaran tres veces (ver calendario). Toca ver si ahora también esperará la certificación del Registrador o si seguirá adelante con todo el proceso mientras llega la prueba. En todo caso, no podrá elaborar su ponencia sin esa prueba dado el peso que tiene el que el mismo origen del proceso de recolección de firmas haya estado viciado por violación a los topes establecidos por la ley.  Sobre todo, porque si algo caracteriza al magistrado Sierra Porto es la importancia que le da a los aspectos procedimentales. 

El dilema que enfrenta ahora la Corte es inmenso. ¿Qué pasa si no acoge la decisión de los conjueces y luego el Consejo de Estado decide que tenían razón? ¿Qué pasa si les da la razón y hunde la iniciativa por vicios de forma y luego el Consejo de Estado echa para atrás la decisión de los conjueces?