A la Corte Constitucional han llegado este año más de 300 mil tutelas para revisión. Menos del 1% son seleccionadas. Muchas de ellas son de pensiones.

En el 'Querido Diario' de 5 de octubre pasado, La Silla Vacía contó que la Corte Constitucional había ordenado a Cajanal que reliquidara la pensión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete. Bajo el título 'El Magistrado pobre', afirmamos que con su decisión, la Corte le 'ahorró' a Valencia Copete "el trámite que un colombiano común y corriente tiene que hacer cuando su pensión está mal liquidada: ir a donde los jueces ordinarios, pelear y esperar varios años".

En respuesta a esta información, el magistrado Valencia Copete le envió una carta a La Silla Vacía aclarando: "Ni la Corte Constitucional, ni el doctor Sierra Porto (ponente de la sentencia), me han beneficiado en forma alguna al reconocer mis derechos". Añadió que tuvo que tramitar durante casi dos años y medio la pensión de jubilación sin ningún resultado. Fue entonces cuando tuvo que acudir a la acción de tutela que al final seleccionó la Corte Constitucional.

El magistrado tiene razón. Pero su historia revela que en el tema de pensiones la Corte Constitucional no mide con el mismo rasero todos los casos. Mientras en el mismo semestre, rechazó la solicitud de dos ciudadanos, al magistrado Valencia Copete y al ex magistrado Álvaro Tafúr Galvis les dio la razón y ordenó que se les reliquidara la pensión inmediatamente.

El caso de los magistrados

El 26 de febrero, una sala de selección de la Corte Constitucional escogió la tutela del magistrado Valencia con otras 16, de un total de 9.885 que llegaron ese mes. De todas las tutelas que le llegan, la Corte selecciona los casos que considera relevantes para reiterar decisiones del juez inferior o para cambiarlas. A través de estas decisiones, la Corte busca unificar su jurisprudencia en todo el país.

El magistrado de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete ha sido funcionario de la rama judicial por 35 años. En siete meses se jubila. Foto: Semana.

El magistrado Valencia Copete había entablado una tutela contra Cajanal por considerar que la demora en reliquidar su pensión afectaba su mínimo vital y amenazaba con convertirse en un perjuicio irremediable. También consideró vulnerado su derecho a la salud y al debido proceso, ya que desde mayo de 2007 había solicitado la reliquidación de su pensión con los mismos beneficios aplicables a los ex congresistas, sin obtener una respuesta acertada de Cajanal.

En julio de 2009, cinco meses después, una sala de tres magistrados, con ponencia de Humberto Sierra Porto, le dio la razón y ajustó su pensión de $11.954.981 de pesos a aproximadamente el doble.

La decisión de la Corte confirmó el fallo del juez de segunda instancia, que había ordenado reliquidar la pensión de Valencia Copete de manera temporal. Afirmó que era injusto someter al Magistrado a un largo proceso ordinario cuando claramente Cajanal había cometido un error. Y dijo que su dignidad humana se había afectado seriamente con todo el episodio. La Corte aclaró que su decisión era definitiva y no simplemente temporal. Y le dio tres días a Cajanal para cumplir la orden.

Según la Corte Constitucional, como regla general, la tutela no es el mecanismo para pedir el reconocimiento de la pensión ni su reliquidación. No obstante, estableció tres excepciones en las que la tutela sí aplica: para evitar un daño irremediable, cuando no haya otros mecanismos judiciales para defenderse o cuando los que haya no sirvan. El caso de Valencia Copete hizo parte de esa última excepción.

Valencia Copete no es el primer magistrado de una alta corte en obtener la pensión mediante tutela. En mayo de 2009, la Corte Constitucional hizo lo propio con el ex magistrado de esa misma corporación Álvaro Tafur Galvis.

El caso de los ciudadanos

En el mismo periodo en que se decidieron los casos de Valencia y Tafur, se estudiaron otras tutelas muy similares sobre pensiones (ver tabla abajo). Gloria Mercedes Gómez, ex secretaria de varias entidades públicas, tiene 57 años y lleva cinco años peleando una pensión que, hasta ahora, es de 230 mil pesos. Según la Corte, Gómez no demostró “el agotamiento de las vías judiciales" ni probó la "imposibilidad de acudir a ellas”.

Por otro lado, el caso de Álvaro del Carmen Ruiz, de 63 años, un ex funcionario de la Fiscalía con una incapacidad del 50% y una enfermedad visual denominada Stargardt, fue rechazado por la Corte por considerar que su pensión - de 3,7 millones de pesos - sumada a la de su esposa - de 600 mil -, es suficiente para que "la variación en los ingresos sea una carga soportable” mientras obtiene una solución definitiva.

La polémica

¿Se justifica este trato diferencial en función de la dignidad del cargo que ostentan los magistrados?

El magistrado Cesar Julio Valencia Copete ha sido un funcionario de carrera de la Rama Judicial durante 35 años. Fue un destacado juez promiscuo, juez civil municipal y juez del circuito de Bogotá. Entró por concurso a la Corte Suprema como magistrado auxiliar y luego fue elegido hace siete años como magistrado de la sala civil. En siete meses, termina su período en la Corte, con 57 años de edad.

"Mi único patrimonio es mi pensión", dijo el magistrado a La Silla Vacía, y explicó que fuera de ser juez el único otro cargo que ha desempeñado es la docencia del derecho. Es profesor emérito del Externado. "Cajanal me liquidó con el sueldo de los últimos diez años y no con el último sueldo de magistrado de la alta Corte como dice la ley, y como han liquidado a todos los demás magistrados". Agregó que había presentado un recurso de reposición que Cajanal no le ha resuelto en dos años. "Si no me concedían la tutela, me tocaría iniciar un proceso de diez años ante el contencioso".

Dice que incluso con el fallo de la Corte Constitucional, Cajanal le contestó que se demorará un año para comenzar el trámite de su liquidación, por lo cual el magistrado interpondrá un incidente de desacato. "El fallo de la Corte no fue un acto de colegaje", afirmó.

Desde que arrancó en enero de 2007 el proceso de la parapolítica, Valencia Copete, como presidente de la Corte Suprema en esa época, tuvo varios choques directos con Álvaro Uribe, que llegaron a su clímax cuando el magistrado denunció públicamente que el Presidente lo había llamado para preguntar por el caso de su primo Mario Uribe. El mandatario negó haberle preguntado por el proceso y lo denunció penalmente por injuria y calumnia. El magistrado se ratificó. Hace unos meses, el Presidente ofreció conciliar pero el alto juez prefirió que el proceso terminara con un fallo. Valencia Copete también aparece en las investigaciones de la revista Semana como uno de los magistrados 'chuzados' por el DAS y cuenta con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su situación de riesgo.

Si la Corte consideró que la negativa de Cajanal a reconocerle su pensión forma parte de todo este patrón de hostigamiento y que por ende, el magistrado no tenía otro camino diferente a la tutela para obtenerla, no lo mencionó en la sentencia.