FALSO

Hoy en la mañana, el Ministro anunció que presentará un proyecto de ley para que haya cárcel hasta por 12 años para quienes le hagan "fraude a los subsidios".

Esto, para enfatizar en lo que ya ha dicho antes el Ministro, frente al escándalo: que en el 2008 se dieron diez casos de fraccionamiento de terrenos y que estos son el verdadero problema. Uno de estos casos es el de la familia Dávila Abondano del Magdalena, denunciados por la Revista Cambio.

"Es una trampa, una argucia que se inventan para poder evadir los límites que impone la Ley", dijo el Presidente Uribe, antes de pedirle a los beneficiados “que devuelvan la platica”.

Inicialmente, el Ministro dijo que había habido “fraccionamiento de tierras” pero como los términos de referencia del AIS no prohibían que una persona o varias presentaran varios proyectos para el mismo predio, el viceministro Camilo Sálazar dijo después que lo ilegal no era el fraccionamiento de predios sino de proyectos.

Sin embargo, este argumento también es muy débil. Los términos de referencia del AIS de 2008 definen un proyecto como un plan que se presentaba para análisis del Ministerio y del IICA y su eventual adjudicación. Este plan indicaba exactamente el predio en el que se adelantaría el riego con el subsidio y adjuntaba los planos, el ejecutor del proyecto, el área específica donde se adelantaría. Cada proyecto era una unidad, y por lo tanto, era indivisible. Los términos de referencia del año 2008 incluían un tope máximo de subsidio de $600 millones por proyecto.

Según esto, los Dávila Abondano cumplieron con los términos de referencia pues ninguno de los proyectos presentados superó el tope de los 600 millones y cada uno correspondía a un plan específico. Precisamente por eso es que se sabe cuánto pidió cada uno, porque de cada proyecto quedaron actas y documentación que soporta todo. Y por eso es que pese a todas las amenazas de investigación, a la Procuraduría al día de hoy el Ministerio no ha enviado ningún caso para investigación, según confirmó a La Silla Vacía la Procuraduría.

El problema está más en el diseño de los términos de referencia por parte del Ministerio, que permitió que los que conocían muy bien en qué consistía este ‘regalo’ supieran bien cómo ganárselo.

FALSO

El Ministro argumentará que lo que faltaron fueron filtros para hacerle seguimiento a los proyectos y que esa responsabilidad le correspondía al IICA, al órgano de asesoría en temas agrícolas de la OEA.

“Un programa que maneja 150 mil operaciones de crédito, que tiene que evaluar 463 proyectos, que sólo es uno de los 17 programas del Ministerio, que en teoría venía funcionando bien; que lo venía manejando una entidad que es idónea, que es el brazo agrícola de la OEA en Colombia, que ha trabajado 35 años en el país y que tiene convenios con casi todos los ministerios, uno dice este es un ente independiente y por eso se escoge ese tipo de elementos. Entonces por eso uno estaba tranquilo”, dijo el Ministro Fernández al Espectador.

El IICA abre las convocatorias, orienta a los interesados, recibe y evalúa técnicamente los proyectos. A partir de esta evaluación, elabora listados priorizados de proyectos (es decir, listas en orden de lo deseable que sería apoyar los proyectos) que fueron presentados al Comité Intersectorial, encargado de definir a quién se le apoyaba y con qué montos.

Pero el comité Intersectorial, compuesto por el Ministerio de Agricultura, los gremios y otras entidades oficiales, era quien decidía en la práctica qué proyectos recibían el dinero y los montos. Además, el Ministerio elaboró los términos de referencia, eligió al IICA para acompañar el proceso, coordinó el comité intersectorial y manejó los dineros a tráves de Finagro.

CIERTO, PERO FALSO

El Ministro dice que en sus tres convocatorias el AIS ha destinado $1,4 billones, que han beneficiado a 316 mil familias y ha afectado a 1.130 millones de hectáreas.

La suma total de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro sí es 316.000. Pero, primero, no todas son familias: hay muchas empresas, ingenios como Mayagüez y Manuelita o avicultores como Avícola Venecia o Avícola El Madroño. Luego, ya se ha demostrado que en más de un caso, diferentes miembros de una misma familia han recibido ayudas. Pero no sólo son menos familias, sino que no es lo mismo otorgar ayudas a una familia campesina que hacerlo a la familia Ardila Lulle, dueños de Postobón y RCN, entre otras empresas, cuyo conglomerado empresarial recibió en los últimos dos años más de mil millones en subsidios y créditos blandos por más de 6 mil milllones de pesos, como lo dijo La Silla Vacía hace un par de semanas.

Por último, la cantidad de familias no borra la concentración: la gran mayoría de las familias entran en la categoría de pequeños productores, y recibieron ayudas que no sobrepasan los 20 millones, mientras que una sola empresa, como Reforestadora de la Costa, obtuvo un crédito preferencial por $4.650 millones en 2007 (de un total de 8.400 beneficiarios que obtuvieron en promedio menos de 40 millones). Luego la sola cifra de los beneficiados, que parece estar inflada, no muestra todo el panorama.

En los primeros dos meses de 2009, el Ministerio de Agricultura otorgó 27.600 millones de pesos en créditos blandos, de los cuales una sola compañía, Palmeros del Pacífico Sur Sociedad Agrícola, obtuvo 4.321 millones, es decir, más del 15% de total.

Por otra parte, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) han recibido casi 3.950 millones. Ellos obtuvieron el 14,27% del total de estos créditos.

Si se suman dos palmicultores más - Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar el Diamante - los palmicultores recibieron casi el 40 por ciento de los dineros entregados.