No hay límites para el presidente-candidato

La incertidumbre frente a las reglas de la contienda presidencial aumentó más con las recientes declaraciones del Ministro del Interior. Según Valencia Cossio, si la Corte aprueba el referendo, éste sería una "norma de orden superior", que se aplicaría de manera inmediata sin la necesidad de leyes que regulen su aplicación. Con esta interpretación, muy sacada de los cabellos, los uribistas pretenden que el Presidente pueda lanzarse así no se resuelva el problema que hay actualmente con la Ley de Garantías.

Según expertos constitucionalistas consultados por La Silla Vacía, la Ley de Garantías fue diseñada para asegurar la igualdad de los candidatos en unas elecciones donde el Presidente aspira a un segundo periodo, no a un tercero, que sería el caso si Uribe se lanza de nuevo. Por eso es muy probable que los magistrados le pidan al Congreso que redacte una nueva ley limitando los superpoderes del presidente-candidato como se hizo en 2005 para suspender la contratación estatal seis meses antes de la elección, garantizar espacios de televisión pública y financiación estatal para los demás candidatos.

El problema es que el tiempo ya no les da a los congresistas para tramitar una nueva Ley de Garantías, pues tendría que ser aprobada por mayoría absoluta en cuatro debates en el Congreso en sesiones ordinarias (lo que significa que desde 12 de diciembre al 12 de marzo no podría ser debatida). Además, duraría tres meses en evaluación de la Corte Constitucional, lo que significa que antes de mayo, cuando son las elecciones presidenciales, no habría ley para controlar a Uribe.

No se sabé cómo será la financiación de campañas

Si Uribe no va, se acaba la incertidumbre de los presidenciables, pues las normas que los rigen en el tema de financiación serán las mismas de 2006. El problema es para los congresistas. Hasta dentro de dos meses, cuando sea evaluada por la Corte la constitucionalidad de la ley estatutaria de reglamentación de la reforma política, sus cuentas de campaña estarán en el limbo.

La reforma política de 2009 abrió la puerta para que el Estado financie las campañas al Congreso a través de anticipos. Es decir, en plena campaña y no después de la elección a través del mecanismo de reposición de votos. Esto busca que los candidatos tengan desde el principio parte de su financiación asegurada y no tengan que recurrir a plata ilegal (en otras palabras, que no se les aparezca el 'elefante').

Pero como el Congreso aún no ha aprobado la reglamentación del tema, los candidatos al Congreso no saben qué hacer. Aún no están en firme los requisitos que deben cumplir los candidatos para beneficiarse de los anticipos, ni se sabe con certeza quién va a girar la plata y bajo cuál umbral de votos deben devolver el dinero (si no alcanzan el 5 por ciento de los votos depositados en la elección) ni como debe funcionar la póliza de garantía que deben comprar a una aseguradora para que responda en caso de que ellos ya no tengan la plata.

Otro tema que aún está en veremos es la posibilidad de que el Estado pague el transporte el día de elecciones, como otra forma de ayudar a los candidatos para que las campañas no les salgan tan caras. Como esto todavía no ha obtenido el sí en el Capitolio, a los candidatos les tocará seguir contando como gasto la logística de los buses para llevar a los votantes de las veredas a los municipios.

Ausencia de un nuevo Código Electoral

El código electoral que tenemos es de 1986 y aunque ha tratado de ser reformado más de diez veces, los congresistas siempre lo hunden, pues no les interesa cambiar las reglas de juego con las que fueron elegidos. Debido a que el viejo Código no ha sido armonizado con la Constitución de 1991, la reforma política de 2003 y la de 2009, en Colombia las reglas electorales permiten múltiples interpretaciones y eso no es bueno.

El rol de los testigos electorales y la efectiva sanción de los delitos electorales, no quedan claros en el código actual. Figuras como los tres claveros que se encargan de sellar y trasportar las urnas de la mesa de votación a la Registraduría, tienen que ser modificadas pensando en la entrada de mecanismos más modernos como el voto electrónico.

Nada que se reglamenta la 'silla vacía'

El objetivo principal de la reforma política de 2009 era blindar las próximas elecciones de una nueva infiltración de los grupos armados ilegales. Por eso se reformó la Constitución para que los partidos y sus jefes sean castigados penalmente o con multas en caso de que reciban a candidatos que posteriormente sean condenados por narcotráfico o vínculos con la guerrilla o los paramilitares.

El problema es que los congresistas no le han dedicado el tiempo necesario para detallar esas sanciones en la reglamentación de la reforma política que está ahora en curso. "Así como van las cosas, en la Constitución van a quedar unas sanciones que nadie va a poder aplicar", le dijo a La Silla Vacía Juan Fernando Londoño, director del grupo especializado en reforma política de Pnud-Idea.

Los congresistas le han dedicado más tiempo a pedirle al Gobierno que suba de 4 mil a 6 mil pesos la plata que les entrega por la reposición de un voto, que en debatir cuál es el organismo que debe aplicarle a los partidos que acepten a parapolíticos los castigos de pérdida de personería jurídica, de disolución o de devolución de la financiación entregada por el Estado.

Lo que está definido por ahora en la ley estatutaria - que está siendo debatida - es que será el Consejo Nacional Electoral el encargado de investigar y condenar a los partidos y a sus jefes (que podrán ser destituidos del cargo). Pero para algunos esta propuesta no es muy lógica pues el CNE es un órgano político y no judicial.

No hay reglas para el acceso a los medios

Como se vio en el consejo comunitario anticorrupción de hace dos semanas, donde los candidatos de la oposición protestaron porque el presidente Uribe le dio un espacio privilegiado a Andrés Felipe Arias para que se defendiera del escándalo de Agro Ingreso Seguro, es necesario que exista una reglamentación clara que asegure el mismo espacio en los medios para todos los candidatos. Como aún no está claro si La Ley de Garantías de 2006 sigue vigente, aquí hay un boquete. Por eso el candidato liberal a la Presidencia, Rafael Pardo, tuvo que ir a reclamar él mismo por sus derechos, haciendo presencia en el consejo comunal.

Pero en el Congreso no hay menos incertidumbre. Hasta que no salga la reglamentación de la reforma política que debate actualmente el Congreso no se sabe cómo se van a administrar los espacios gratuitos de radio y televisión otorgados a los partidos en la pasada reforma constitucional.

Quienes quieren llegar al Capitolio no saben desde cuándo podrán sacar sus comerciales en espacios facilitados por el Estado. Pues aunque la ley estatutaria establece que tendrán permiso de hacerlo desde dos meses antes de la elección hasta una semana antes del 14 de marzo, falta que la Corte Constitucional le dé el visto bueno para que ellos puedan dar por sentado este cronograma. Por ahora no pueden ni mandar a hacer estos comerciales.

Los partidos tampoco saben todavía si van a tener derecho a estos mismos espacios gratuitos de publicidad, pero en los canales regionales. Y todo es aun peor para los independientes, que siguen esperando que se apruebe la reglamentación para ser oficialmente beneficiarios de estos espacios, que originalmente eran sólo para partidos con personerías jurídica y no incluían a los movimientos creados a partir de firmas y que llevarán listas al Senado.

Ni Vargas ni Pardo saben cómo enfrentarse en una consulta interpartidista

Entre más se demore en salir aprobada la ley estatutaria que reglamenta la reforma política, crece la incertidumbre entre los partidos que quieren unirse y hacer una consulta para elegir un candidato único en conjunto.

Este proyecto establece formalmente que estas consultas funcionarán con las mismas reglas de financiación y publicidad de una elección regular. Le da la potestad a los mismos partidos participantes de acordar en la secretaria de cuál partido (si la de Cambio Radical o del liberalismo) o en qué órgano especial se pueden inscribir los candidatos.

La ley estatutaria también define que los candidatos avalados por firmas no pueden participar en estas mini-contiendas, pues no hacen parte de un partido con personería jurídica. Por eso hasta que esta iniciativa no termine su trámite, Sergio Fajardo no sabrá si puede participar en una eventual consulta interpartidista con los 'Trillizos' y el partido Verde Opción Centro.