Manual para sumar puntos para acceder a un subsidio

Cada día son más grandes. Son los principales aportantes a las campañas políticas. Poseen medios de comunicación. Controlan algunos gremios sectoriales. No sufren de rupturas internas. Por todo ello, su capacidad para beneficiarse con políticas públicas es creciente. Lo logran directamente por la línea directa que tienen con altos funcionarios públicos y el Presidente y también utilizan su control sobre algunos gremios para participar a través de ellos porque "el público en general ve a los gremios como representantes de intereses más amplios que los de los grupos económicos", según la investigación.

Estos cuatro conglomerados representaban el 5,5 por ciento del PIB nacional en el 2007, lo cual obviamente les da mucho peso en cualquier decisión pública. Por ejemplo, la Organización Ardila Lülle obtuvo recursos de AIS, y el Sindicato Antioqueño y el grupo Santodomingo tienen varios contratos de estabilidad jurídica (Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Suramericana, Cince Colombia, Bavaria-SAB Miller). Y Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval, ha logrado incluso que se declare un estado de excepción por indicación suya.

La entrega de incentivos a la inversión bajo la forma de exenciones tributarias, subsidios y otros tratamientos preferenciales a sectores o grupos particulares, en general responde a una lógica de transacciones políticas más que a una racionalidad microeconómica. En este estudio, las investigadoras demuestran, entre otras cosas, que los sectores más beneficiados por estos estímulos son aquellos que concentran su actividad en los departamentos que aportan un mayor porcentaje de votos al Senado de la República. Por ejemplo, el sector industrial de Antioquia, que pone uno de cada tres senadores, ha sido tradicionalmente uno de los grandes beneficiados con exenciones y tarifas arancelarias.

En el caso de Agro Ingreso Seguro –tema no comprendido en este estudio- podría haber sucedido algo similar. Por ejemplo, el Incentivo a la Capitalización Rural de 2008 sumó en total $15.317’503.034 (ver artículo). De esos, dos departamentos con gran peso en el Senado, Magdalena (311 mil votos al Senado en 2006) y Cesar (216 mil votos al Senado en 2006), concentraron entre ambos casi el 40 por ciento de los subsidios. En contraste, Risaralda consiguó $73’783.387. Este departamento pone 245 mil votos al Senado pero al tener muchos menos municipios que los costeños no es un fortín político tan clave porque pone muchos menos alcaldes y concejales. Mientras Cesar y Magdalena tienen más de 23 municipios cada uno, Risaralda solo tiene 14. Vichada (con 10.314 votos al Senado) obtuvo menos de 10 millones de AIS.

Estar ubicado en una zona roja no trae beneficios per sé, es más, aleja a la empresa de los beneficios gubernamentales. Pero si además de estar vinculado con un gremio o con un conglomerado económico, está ubicado en una zona de violencia los chances de verse beneficiado con una política sectorial aumentan. “Esto muestra un esfuerzo por crear condiciones económicas favorables para enfrentar de manera más efectiva la violencia”, dicen las investigadoras Meléndez y Eslava.

Puede ser una coincidencia, pero, por ejemplo, los beneficiarios de la Línea Especial de crédito de Agro Ingreso Seguro en el 2009 estaban localizados en Tumaco, Agustín Codazzi (César) y Tauramena (Arauca). Según el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Agustin Codazzi tiene la tasa de homicidios y secuestros más alta del Cesar entre 2000 y 2007, después de Valledupar, y está entre los tres municipios de la región con mayor población desplazada y minas antipersonales. Tauramena concentra el 10 por ciento de los secuestros en Casanare y también una de las tasas de homicidios más alta del departamento. Fue el epicentro de la guerra a muerte del paramilitar Martín Arroyave contra las Farc. Y Tumaco es el municipio más violento de Nariño.

Los gremios son sobre todo lobbyistas. Su objetivo es representar los intereses de sus afiliados en el debate público. Mediante asiento en diferentes comités, los grandes gremios como la SAC, la ANDI o Analdex tienen vías formales para participar en las discusiones de política pública. Debido a que representan miles de afiliados, estos grandes gremios tienden a apoyar políticas transversales más que sectoriales, con lo que logran presencia en los medios de comunicación y mayor legitimidad. Pero también tienen mecanismos informales para influir en las políticas públicas mediante contactos personales con congresistas, ministros y el mismo Presidente.

Por ejemplo, en el comité intersectorial del programa de Agro Ingreso Seguro, que es en últimas el que decide cuáles proyectos se seleccionan, tienen asiento la Federación Nacional de Cafeteros, la SAC, Fenavi y Fedegán. Los palmicultores están en representación de los pequeños productores, que es el único cupo que no es fijo en el comité. En otras instancias, por ejemplo, Fedegán, fue encargado por el ex ministro Arias de la vacunación del ganado y hacer el control de la aftosa, con lo cual termina certificando a sus propios afiliados (ver artículo).

En los gobiernos anteriores, el lobby ante los Ministros y tecnócratas como el Director de Planeación era muy efectivo, mientras que ahora lo clave es acceder directamente al presidente Uribe. "El presidente Uribe tiende a manejar los asuntos directamente y a no tener en cuenta los consejos de los técnicos, quitándole poder de decisón a los ministros y tecnócratas", dice la investigación.

Acceder al Presidente es la vía más efectiva para influir sobre las políticas públicas. El 39 por ciento de los que han interactuado con el Presidente han obtenido "en la mayoría de los casos" una política similar a la solicitada. Y el número de casos en que dicen haber hablado con el Presidente y no haber obtenido lo que querían es cero.

Por ejemplo, sectores con gran cercanía al Presidente como los palmeros han logrado beneficiarse desproporcionadamente con subsidios y exenciones (ver artículo).

Las investigadoras encontraron que las políticas económicas tienden a favorecer más a las empresas que generan más empleos. "Hay una preocupación por cuidar el empleo más allá de las ganancias políticas que se generen con esta protección", dice el estudio. Esto explica, por ejemplo, la importancia del sector textilero de Antioquia en la elaboración de políticas públicas.