La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos se entrevistó con el Alcalde de Medellín Alonso Salazar y decidió crear un Grupo de Seguimiento a la construcción de la clínica en respuesta a quejas de ciudadanos. El alcalde cedió a la presión y ordenó que la clínica no realizara abortos.

Después de la tempestad creada alrededor de la construcción de la Clínica de la Mujer en Medellín no vino la calma. Quedaron los sermones de los curas los domingos en contra del centro de salud y la pregunta sobre la imparcialidad de la Procuraduría en este caso, y en particular la de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

A raíz de las protestas de la Iglesia, del diario El Colombiano y de grupos organizados en contra del aborto, la delegada Ilva Myriam Hoyos se reunió en Medellín con el alcalde Alonso Salazar y creó mediante una resolución un Grupo Especial de Trabajo para “hacerle seguimiento y acompañamiento permanente en las diferentes fases o etapas del proyecto Clínica de la Mujer de la ciudad de Medellín”.

Este tipo de intervención está permitida por la ley, pero no es usual que la Procuraduría, y más la de la Mujer, decida hacer un control preventivo de los planes y presupuestos de construcción de una clínica.

Entre las consideraciones para justificar esta intervención, la Procuradora Delegada dice en la resolución “que la Procuraduría General de la Nación ha tenido conocimiento por informes de ciudadanos y de algunos medios de comunicación sobre la creación y la puesta en funcionamiento de la Clínica de la Mujer por parte de la Alcaldía de Medellín”, y que en dichas comunicaciones “se hace referencia a que la Clínica será destinada para la práctica de abortos y que el proyecto carece de las garantías de salud y bienestar para las mujeres. Así mismo, los ciudadanos cuestionan la utilización que se dará a los recursos presupuestales que se han autorizado para la creación de la Clínica de la Mujer.” 
 

Los grupos anti-aborto y la Iglesia sacaron a la gente en Medellín a marchar contra la construcción de la clínica, a la que caricaturizaron como "la clínica de abortos".

La reacción de estos sectores fue tan fuerte que Alonso Salazar, un acérrimo defensor de esta clínica, decidió ceder a la presión y ordenar que los abortos fueran realizados por el Hospital de Medellín y no por la Clínica de la Mujer.

Lo debatible de su intervernción es que los líderes de esos “ciudadanos” que menciona la procuradora Hoyos son personas con las que ella ha trabajado en el pasado. La campaña de cuestionamiento fue liderada por Beatriz Campillo desde su blog 'Ciencias Políticas, Bioética y Bioderecho' y por 'Esto es Conmigo'.

Según aparece en el perfil de su blog, Campillo es una estudiante de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Bolivariana, miembro de Antioquia Pro Vida y colaboradora de la Red Futuro Colombia, que es la coalición contra el aborto que presidía Hoyos antes de ser nombrada procuradura delegada.

La organización Esto es Conmigo que recogió firmas en contra de la clínica, promovió en el 2008 públicamente la candidatura de Ilva Myriam cuando su nombre fue incluido por el presidente Uribe en una de las ternas para elegir magistrado en la Corte Constitucional.

¿Es válido que la Procuradora intervenga invocando denuncias de grupos de la sociedad civil que en el pasado han trabajado con ella en su cruzada contra la despenalización del aborto? ¿Existe un conflicto de intereses?

La Silla Vacía trató varias veces de comunicarse con Hoyos pero no lo logró porque ella estaba de viaje. En la Procuraduría en Medellín dijeron que no estaban autorizadas para hablar.

Sin embargo, sin dar el nombre, defendieron la intervención de Hoyos con dos argumentos: que dentro de las funciones de la Procuraduría está hacer este tipo de seguimientos. Aunque no lo han hecho a otras clínicas si han vigilado otro tipo de procesos. Y segundo, que la procuradora Hoyos no forma parte del comité de seguimiento. Éste está integrado por miembros de la procuraduría de Medellín y representantes de otras entidades.

Los antecedentes

La Clínica de la Mujer - que comenzará a operar en 2011 - arrancó como un proyecto de la Alcaldía de Medellín y varias organizaciones privadas, para el cuidado integral de la salud de las mujeres. La polémica empezó después de que trascendiera que en ese centro de salud se practicarían abortos.

La Iglesia Católica y grupos - como la organización Pro Vida que lidera Campillo - alegaron que era inadmisible que un centro asistencial financiado por la administración, a un costo de 17.000 millones de pesos, se dedicara a “separar a la mujer de la maternidad”.

Del otro lado, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo de instituciones que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, defendió que se trataba de una clínica “con enfoque de género que trabajará la salud sexual y reproductiva, la salud mental y la violencia de género”. Además, reivindicó la sentencia de la Corte que en el 2006 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos concretos: violencia sexual e incesto, riesgo para la vida o la salud de las mujeres e inviabilidad del feto.

Dando cumplimiento a la sentencia, el Ministerio de Protección incluyó la interrupción voluntaria del embarazo en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y reguló la objeción de conciencia, entre otros. Y, lo más importante, ordenó a los municipios, los departamentos y las Empresas Promotoras de Salud (EPS), garantizar el servicio.

Es en este contexto en el que se decidió la construcción de la Clínica de la Mujer. Sin embargo, por cuenta de las presiones, el alcalde Salazar cambió su posición inicial y en un comunicado manifestó que allí no se practicarían abortos, y que éstos se harán a través de la red pública y privada de la ciudad. Además, le aceptó la renuncia a sus secretarias de Salud y de Igualdad, quienes habían estado al frente de este proyecto.

“La intervención de la Procuraduría, con todo el derecho que le asiste para hacerlo, por el momento en que lo hizo y por la manera como lo hizo sumó en contra”, dijo Rocío Pineda, la ex secretaria de Igualdad de la Alcaldía. “El proyecto se hizo con toda la transparencia y fue concebido dentro del marco de una política pública de salud. Ahora se entregó esta política pública a la Iglesia Católica”.