El 10 de agosto La Silla Vacía publicó un artículo titulado ¿Para quién se desmina? El caso de Bajo Grande en el que se denunciaba que a pesar de que el gobierno había invertido más de mil millones de pesos en retirar las minas antipersonales de este corregimiento de los Montes de María en Bolívar, los desplazados aún no habían podido retornar a sus tierras porque en ocho meses no habían llegado ninguno de los servicios públicos. Y que en cambio, sí habían llegado y en grande, los compradores de grandes extensiones de tierra.

Aunque para ese artículo habíamos tratado de consultar al Vicepresidente Franciso Santos, encargado del tema, no había sido posible hablar con él. Después de la publicación, nos contactó para contarnos sobre los avances.

Con una inversión de 600 millones de dólares ya arrancó el arreglo de la carretera. La negociación de la electricidad está avanzada pero aún pendiente de aprobación. El tema del acueducto sigue demorado porque descubrieron que los pozos de agua son salados. Pero hace 15 días arrancó el mejoramietno del puesto de salud y de la escuela y se creó un grupo de fiscales para investigar la compra de masivas de tierras. Esta es la entrevista editada del Vicepresidente Francisco Santos sobre lo que está ocurriendo en la zona.

¿No previeron la compra masiva de tierras después del desminado humanitario?

Vicepresidente: Lo primero que nos dimos cuenta es que esas tierras volvieron a valer y se dieron varios fenómenos: uno, se dio una compra de tierras raras que no sé si son ilegales, pero que los campesinos dijeron aquí vino una gente a presionar. Otras fueron legales, que la gente dijo yo quiero comprar tierra, y tercero, todos los problemas de tierra que hay no solo allá sino en todo el país.

¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta de esas compras raras?

Lo primero fue que nos reunimos los que estamos metidos en esto, liderados por la gente de Acción Social y de Consolidación que está en la zona de Montes de María. Ellos dijeron aquí está pasando algo raro.

¿Cuándo fue esa reunión?

Esa reunión fue hace cuatro, cinco meses. Nos dijeron, ‘nos están diciendo que aquí está pasando algo raro. Hay un cambio de tierras muy acelerado que nos tiene muy preocupados’ e inmediatamente a partir de esa reunión citamos a Fiscalía, a Inteligencia Naval, Inteligencia de la Policía, Superintendencia de Notariado y Registro, Incoder, Acción social y el Programa Presidencial por lo que tenía que ver con Bajo Grande. Hasta ahora la Fiscalía acaba de poner los fiscales, pero hay mucha Inteligencia.

¿Cuándo pusieron fiscales?

Hace 15 días, después de que la reunión fue hace cuatro o cinco meses.

¿Y para qué son los fiscales?

Para investigar el tema de tierras, para investigar si ha habido ilegalidad.Pero la otra cosa bien chévere, y es de la última semana, es que el tema de protección de tierras ha funcionado. Acción Social tiene una cantidad de tierras allá protegidas. Usted coloca un ‘hold’ en los títulos, en la tierra de gente desplazada.

¿Cuánta tierra está con esta protección?

En el país hay tres millones de hectáreas de tierras protegidas, y en Montes de María unas doscientos mil.

¿Y cómo funciona esa protección en los Montes de María?

El Comité de Tierras vio unas compras de empresas nuevas, unas empresas de Medellín, y entonces invitó a los dueños de esas empresas a contar qué están haciendo. Sólo se presentó uno, un paisa de Caldas, puso la cara, y dijo: ‘yo quiero hacer este proyecto productivo’. Los demás no aparecieron, sólo mandaron a sus abogados. Entonces, si es un mecanismo que se puede dar de esa manera, con esa transparencia no le veo ningún problema. Finalmente es un tema de economía de mercado, que si el campesino va a recibir su plata, al final ahí va a generarse empleo, y productividad y crecimiento económico en una zona que no tenía.

Tengo la lista de los que han comprado tierra después del desminado y se nota cómo se ha ido concentrando la tierra. Una sola empresa compró nueve mil hectáreas. ¿Hay una política del Gobierno frente a esto?

Primero, es que nos sorprendimos con la velocidad con que esto pasó. Reaccionamos un poco tarde, es que mover al Estado también es difícil. Y no teníamos una política en ese sentido porque no sabíamos que eso iba a pasar, nos cogió desprevenidos. Cuando vimos eso, inmediatamente nos pusimos a investigar. Están pasando fenómenos comerciales que lo que tenemos que hacer es garantizar que sean hechos sobre la base de la transparencia y que al campesino no lo tumben.

¿Y qué es lo que investigan?

Yo sí quiero saber qué hacen unos señores comprando hasta 29 mil hectáreas ahí, yo quiero saber de dónde sacaron la plata, yo quiero saber si presionaron campesinos. Mejor dicho, lo que no nos puede pasar es que recuperamos una zona con seguridad, ayudamos a desminar una partecita, y que resulta que el campesino que antes podía tener posesión o títulos del Incora no se lucre de eso. Si algo tenía esa zona antes de que llegara la violencia es una calidad de vida y uno debía buscar que eso regresara a esa zona.

¿Qué está haciendo el Gobierno para buscar eso?  Los desplazados aún no pueden volver porque siguen sin servicios públicos. Si yo soy un campesino y no tengo agua, luz ni vías y me ofrecen 300 mil pesos por hectárea, yo vendo...

Lo de Bajo Grande se va a demorar. Lo que destruyeron 20 años de violencia no lo vamos a construir tan rápido. Pero ya hay plata para la carretera. Es más, tengo 600 millones de pesos para comprar un predio, tengo a Coltabaco allá metido, eso es desde hace seis meses y solo hasta ahorita encontramos una fórmula para poder comprar una finca. El Estado es mucho más lento que el sector privado para comprar fincas. Porque el sector privado puede tomar riesgos. Uno como Estado no puede tomar riesgos. Por ejemplo, el Gobierno no puede comprar una sucesión, no puede comprar tierras que no tienen definido un propietario, una adjudicación. El Incora daba las tierras y el que las recibía no las registraba.

Pero con miras a proyectos en el futuro, ¿cree que se equivocaron al no anticipar esta situación y haber desminado sin que llegaran los demás servicios?

Este proceso era una experiencia piloto, estabamos aprendiendo a hacerla. Cuando uno ve la zona tan enmontada, uno jamás piensa que pueda tener valor, era monte cerrado, y obviamente desde el principio pensamos que toca hacer la carretera, y toca poner el agua, y toca poner la luz y todo eso se está gestionando. Obviamente lo que pasa es que también había una presión de las comunidades, 'desminemos, desminemos, queremos volver' y nosotros arrancamos así. Hay otros lugares, por ejemplo en Antioquia, en el oriente antioqueño, han pasado unos procesos fantásticos, ha sido totalmente distinto. Entonces, cada zona se comporta diferente, no hay proceso de desminado perfecto.

¿Por qué no adelantaron paralelamente las inversiones en servicios públicos?

(Contesta asesor): la reglamentación frente a los procesos de retorno indica que la primera condición es contar con las condiciones de seguridad. Entre ellas está terminar el desminado. Nosotros no podemos poner en riesgo el retorno de una comunidad sin terminar el desminado, el primer paso es el desminado y en seguida, sí vienen los servicios públicos.

Pero el desminado terminó hace nueve meses...

Eso es falta de billete. Nos hemos tenido que ir consiguiendo los recursos aquí y allá, como en todo. Y teníamos plata y nos la recortaron porque hubo ajuste fiscal y resulta que uno hubiera querido llegar con la intervención total pero no había los recursos.

Pero para futuras experiencias, ¿esto les trae alguna lección?

La primera lección que esto nos deja, es que no hay una política de Estado sobre tierras en zonas de conflicto y mucho menos tenemos una institucionalidad para manejar eso. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que recuperemos zonas para que se generen nuevos latifundios, que no está mal porque lo que pasa es que pueden convivir latifundios con minifundios, campesinos con empresarios, pero toca definir eso.

¿Le parece lo peor o no está mal?

A mí me parece lo peor es que simplemente en zonas de conflicto o de postconflicto se deje todo al mercado, eso lo único que acaba generando a más largo plazo es más violencia. Esa es una falta de política de Estado que nos hace falta y no solo por los Montes de María y otras regiones. Tenemos que tener unas definiciones. De pronto en la parte llana de Montes de María permitir grandes cultivos y en la parte media y alta generar pequeños y medianos cultivos y terminar generando economías de escala. Pero hay que pensar esto.

¿Y quién en el Estado sería el encargado de pensar esto?

Pues quien debería hacerlo es el Ministerio de Agricultura pero no lo está haciendo.

De pronto, esta es su política: promover monocultivos de grandes extensiones. Es lo mismo que está pasando en la Macarena, en la Orinoquia…

El caso de la Orinoquia es diferente. Yo compré tierra en la Orinoquía. Esa zona es perfecta para grandes cultivos. Lo que hay que hacer es pensar bien el tema, en Colombia caben desde los latifundios hasta los monocultivos.

En la zona se rumora que los que están comprando estas tierras en Montes de María son empresarios antioqueños cercanos al Presidente.

No sé quienes sean esos señores. Pero la Inteligencia de la Armada y de la Policía están investigando quiénes son.

¿Y entonces qué va a pasar con los desplazados de Bajo Grande?

Si bien es cierto que se van a manejar monocultivos, estamos en un proceso de adquisición de tierras de gente que vivía en la zona que están interesados en vender. No se han comprado porque el proceso de adquisición es con recursos de cooperación y todo el proceso es lento.

¿Allí se hará el proyecto con Coltabaco?

Tenemos 300 mil dólares para comprar tierra y Coltabaco va a dar la asistencia técnica para generar utilidad. El terreno lo va a comprar la CCI, Corporación Colombia Internacional, que serán los dueños por cinco años y cuando salga adelante el proyecto se lo transfieren a los campesinos.

¿Que es la CCI?
Es una organización mixta. Para arrancar proyecto de sembrar tabaco. Fue la única fórmula que nos funcionó. Ellos la compran con el compromiso de transferirle la propiedad a los campesinos a los cinco años. Coltabaco compra todas las cosechas. Uno quisiera que la plata estuviera para entregar todo como estaba hace 20 años. Pero si uno se espera hasta tener toda la plata, uno no acaba haciendo nada.

¿Entonces considera que la experiencia de desminado fue exitosa?

Se está consolidando el éxito. Cuando estén los campesinos con ingresos y servicios públicos me sentiré totalmente satisfecho.

¿Pero filosóficamente está de acuerdo con que se compren esas tierras para adelantar monocultivos?

Lo uno y lo otro puede funcionar junto. Se va a generar empleo agroindustrial. El obrero agrario debe ser parte fundamental de este país, pero no el jornalero que queda totalmente expuesto. Pero lo más importante es que necesitamos tomar decisiones para la tierra.

¿Siendo el Vicepresidente no tendría suficiente poder para asumir este tema como ha asumido otros?

No. Le soy sincero, tengo suficiente poder para dar el debate y dar las peleas, y las he dado y la seguirémos dando, tenga la absoluta seguridad y uno de esos debates siempre va sacando cositas, pequeños triunfos que van hacia la dirección que uno cree. Por ejemplo, ahora estamos hablando con el Viceministro de Justicia de un sistema extrajudicial de solución de problemas de tierras de víctimas del conflicto. Hace un año todo el mundo decía no, y ahorita ya se ha abierto esa ventana. Pero la política no la determino yo, sino el Ministerio y el Presidente.

Entonces, con estas tierras de Montes de María, si hicieron las compras de manera legal se queda así y si lo hicieron ilegalmente ¿verán qué hacen?

Qué hacen no, si se ve la ilegalidad, la Fiscalía los mete a la cárcel. Lo bueno de todo esto es que se manda una señal de alarma, una señal de cuidado, oiga aquí vamos a estar encima de las cosas. Durante 30 años los narcos compraron, y compraron y compraron tierra y nadie dijo nada. Aquí con un evento que pasó en los Montes de María todos estamos con los pelos parados y eso me parece que es una evolución inmensa como Estado. Y que estamos dando este debate que se daba solo en círculos académicos. Mirandolo en perspectiva hay una evolución, que no se hizo perfecto, obvio, pero hay toda la buena voluntad.