La Silla Vacía

Domingo Mayo 28, 2023

Sin haber llegado a la mitad de su mandato, la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo se prepara para una nueva disputa ante los tribunales. Primero fue la anulación de su elección – revocada por el Consejo de Estado en febrero pasado –, que por poco la obliga a un retiro prematuro. Ahora se trata de una investigación penal por celebración indebida de contratos y peculado en relación con la concesión de basuras del distrito, que la puede llevar de la Plaza de la Aduana a la cárcel.

El origen del problema está en que uno de los concesionarios de aseo de la ciudad, Urbaser, cobra unas tarifas diferentes a las que estaban establecidas en el contrato original (ver la cronología). Tarifas que aparentemente son exageradamente altas para los cartageneros y muy onerosas para la ciudad. Por cuenta de esto, la Contraloría General puso el grito en el cielo y la Fiscalía comenzó a investigar a la alcaldesa Pinedo, al ex alcalde Nicolás Curi y a funcionarios y ex funcionarios de ambas administraciones.

La noticia de que la Fiscalía local iba a “meter presa” a Judith Pinedo se supo el jueves de boca de algunos periodistas radiales de la ciudad. Lo anunciaron con la grandilocuencia de una profecía. Pero sólo hasta ayer martes la Alcaldesa fue notificada oficialmente. Entonces le pidió inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación que trasladara la investigación a Bogotá, “para que se lleve a cabo con total imparcialidad y rigor”, afirmó públicamente.

	El lío con Urbaser

El fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago respondió en un reflejo: ordenó el traslado de la investigación, y Luz Ángela Carreño, fiscal 20 Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dispuso la cancelación de la audiencia de imputación. Es decir, echó para atrás la decisión del fiscal de Cartagena de pedir que encarcelen a la Alcaldesa y que se le acuse por esos delitos. Carreño es la misma fiscal que investiga a Curi y sus ex funcionarios por estos hechos.

Las garantías que Judith Pinedo pide públicamente son en privado un temor que se riega entre sus colaboradores y asesores: ese proceso, como el fallido que pretendía anular su elección, hace parte de la estrategia de la oposición para sacarla del poder. Un segundo ‘round’ para sacudirla hasta que caiga.

Detrás de esto estaría el presidente del Senado Javier Cáceres, quien en la Alcaldía pasada tuvo una participación burocrática que hoy no tiene. Cáceres es, además, militante de Cambio Radical, partido que controla el concejo de la ciudad y es fuerte opositor de Pinedo.

La Silla Vacía habló con Cáceres, que se defiende con oficios y cartas en mano: “Cambio Radical no hace oposición sino control político. Yo fui el primero en denunciar las irregularidades de ese contrato ante la Procuraduría, y soy el primero en decir que si nada debe la Alcaldesa, nada debe temer”.

Aún así, los temores de la administración Pinedo no son del todo infundados. José Francisco Pascuales, el fiscal de Cartagena que la acusó, no es el titular de ese despacho. Entró hace un mes a reemplazar al principal y en ese tiempo movió un proceso que llevaba alrededor de un año en trámite. Un proceso que consta de cientos de folios y que incluye contratos y ecuaciones matemáticas que sirven para calcular los cobros de la recolección de basuras. Evacuar un proceso de éstos en 30 dias requiere algo más que una dedicación exclusiva.

Algunas fuentes consultadas en Cartagena indican que en la fiscalía local tiene influencia el senador Cáceres. Él niega de plano esta hipótesis, y cree que trasladar el proceso a Bogotá no va a ser la manera de que avance. “Judith Pinedo tiene amigos muy poderosos en Bogotá, y si la investigación se va para allá, es para ayudarla”, le dijo uno de los críticos de la Alcaldesa a La Silla Vacía.

Detrás de la pelea también hay una fuerte oposición del concejo a la secretaria jurídica de la Alcaldía Erica Martínez. Martínez trabajó antes en una firma de abogados que asesora a Urbaser. Uno de los que denunció esto es el periodista Edison Lucio Torres, ahora precandidato presidencial por el Polo Democrático.

El tema fue debatido en el concejo y analizado en un concepto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA). Un experto de esa entidad explicó a la Silla Vacia que la conclusión de que los cobros de Urbaser son excesivos no es una verdad absoluta. Esto mismo salió en el debate del concejo, donde el interventor de la empresa dijo que las denuncias de la Contraloría eran infundadas.

Todo esto parece indicar que se trata más de un problema contractual que penal que heredó Pinedo de la administración Curi. Eso tendrá que determinarlo la nueva fiscal a cargo del proceso. En todo caso, de haber alguna irregularidad, poner tras las rejas a la Alcaldesa sería al menos desproporcionado, y genería preguntas sobre la responsabilidad de Nicolás Curi y el estado de esa investigación.