Primero propusieron pólizas de seguros, similares a las que sirven para cubrir incendios y terremotos. Después hablaron de asesorías gratuitas y más adelante mencionaron contratos con los mejores: litigantes veteranos, un cartel de penalistas. Y al final, no hay nada. La anunciada batería de abogados que tendrían preparada el Gobierno y los partidos de su coalición para defender a los congresistas que voten mañana el referendo, es por ahora una lista de invitados. Nombres que entran y salen y se repiten en los medios. Algunos de ellos, más conocidos que otros.  (vea recuadro sobre los abogados y siga abajo). 

 

Jaime Granados Peña Es uno de los penalistas reconocidos del país. Sonó para Fiscal General de la Nación en la elección de Mario Iguarán y fue uno de los artífices de la reforma al sistema penal. Ha sido defensor de Jorge Manzur, ex gobernador de Córdoba, y del ex senador Luis Eduardo Vives, ambos vinculados a procesos por para-política. Les propuso a los congresistas investigados que renunciaran a la versión libre. También defendió al ex fiscal y actual embajador en México Luis Camilo Osorio y al ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corso.	Jorge Aníbal Gómez Estuvo vinculado a la Rama Judicial durante más de tres décadas. Era magistrado de la Corte Suprema en la época del proceso 8.000. En ese momento, fue ponente de la decisión que abrió la investigación contra los congresistas que absolvieron a Ernesto Samper. Por cuenta de esto, en 1998 Pablo Ardila lo llevó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes por presunto prevaricato. Si finalmente asesora o defiende a los representantes, Gómez estaría tomando la posición contraria que en esa época asumió. Recientemente defendió a los ex senadores William Montes y Vicente Blel por el caso de la para-política.
Darío Cabrera Abogado penalista, fue defensor del Guillermo León Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior, y de Teodolindo Avendaño, ex representante a la Cámara recientemente condenado a ocho años de cárcel por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, después de recibir beneficios burocráticos a cambio de apoyar la reforma constitucional que le permitió a Álvaro Uribe la primera reelección.	Jorge Enrique Córdoba Poveda Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor de varias facultades de Derecho en todo el país. Según varios abogados consultados, es un maestro de derecho penal. También hizo parte de los magistrados que fueron investigados por la Cámara de Representantes por haber investigado a los 108 congresistas que absolvieron a Samper.

 

La estrategia ha sido ruidosa y vacía como un tambor. La primera propuesta del ministro del Interior Fabio Valencia Cossio para los 86 representantes a la Cámara denunciados ante la Corte Suprema por votar el referendo sin el certificado del Consejo Nacional Electoral, fue que tomaran pólizas colectivas. Imposible, dijeron varios, entre ellos el secretario del Partido de La U Mario Solano. Por un lado, tendría que ser un seguro retroactivo – algo insólito – y, por el otro, la aseguradora tendría que asumir los honorarios de un penalista de renombre, de los que cobran varios millones de pesos por pisar la sala de audiencias. En definitiva, un pésimo negocio. No se puede olvidar el detalle, además, de que es muy diferente un proceso con 86 personas abordo a 86 procesos individuales, que sería el caso de los congresistas investigados.

Mientras los asesores del gobierno y de los partidos buscaban soluciones, el abogado Rafael Guarín presentó una acción de tutela contra la decisión de la Corte Suprema. Consideró que se vulneraba su derecho fundamental a la participación política y el debido proceso de los congresistas. La acción contó con el apoyo del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC), organización creada por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, que busca consolidar la doctrina de Álvaro Uribe Vélez. Al final fue negada, pero el CPPC apoyó la presentación de tutelas similares individuales en todo el país, al igual que una serie de protestas a través de Facebook. Fernando Alameda, su director, estima que se han presentado más de 200 acciones de este tipo.

La primera semana de agosto hubo una nueva reunión. El temor de los congresistas aumentaba y el afán del gobierno por mover el referendo, también. Esta vez Valencia Cossio propuso crear un grupo de abogados de los partidos de la coalición para que defendieran a los congresistas. En declaraciones a Colprensa, Alirio Villamizar, vicepresidente del Partido Conservador -al que la Corte le encontró unos pesos en su casa en un allanamiento-, fue más lejos: “Se llegó a la siguiente conclusión: que el Partido Conservador ya tiene unos abogados, la U igualmente y el Gobierno va a entregar otros abogados muy importantes. Vamos a tener un grupo para que todos acompañen a los congresistas que están analizando la decisión de votar la conciliación del referendo”. Según varios medios, en esa reunión estuvieron también el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y Vladimiro Cuello, uno de los voceros de esa colectividad; el senador de La U Aurelio Iragorri y el presidente de ese partido Luis Carlos Restrepo, y el representante Ángel Custodio Cabrera, de Cambio Radical.

Públicamente sonó mal eso de que el gobierno “entregara unos abogados muy importantes”. Fabio Valencia desmintió a Villamizar o rectificó lo que había dicho en privado: “En ningún momento el gobierno se comprometió a pagar abogados porque es absolutamente ilegal y no es la función”. Y entonces añadió que tal vez no sería necesario pagarlos porque ya había ofertas de servicios gratuitos.
 
La última reunión se dio la semana antepasada, poco después de que la Corte Suprema citara a versión libre a los 86 congresistas que tendrán que votar el referendo mañana. Entonces aparecieron los abogados. Jorge Córdoba, César Londoño, Vivian Morales, Jorge Aníbal Gómez, Darío Cabrera y Jaime Granados conversaron con un grupo de representantes a la Cámara y les explicaron por qué podían votar el referendo sin temor a ser encarcelados.

Granados dijo después que la propuesta era que los congresistas “renunciaran al derecho de versión libre, a la espera de que la Corte se pronuncie de fondo. Si se inhibe, como debería hacerlo, o si inicia una investigación formal”. En este último caso, habría que iniciar una acción de tutela por desconocer la inviolabilidad del voto de los congresistas. Así fue en el caso de los congresistas Vivian Morales y Pablo Ardila, que al final resultaron favorecidos por la Corte Constitucional, después de que votaran a favor de la absolución del entonces presidente Ernesto Samper. El desenlace del elefante que pasó por la sala de la casa y la estocada al proceso 8.000.

¿Qué queda de todo esto?

En La U dijeron a La Silla Vacía que lo de los abogados es "un proyecto en desarrollo", que no han contratado a nadie pero que cuentan con la buena voluntad de algunos de ellos; Benjamín Higuita, secretario general del Partido Conservador, aseguró que "no hay abogados como tal". No obstante -añadió-, Marco Gerardo Monroy Cabra y Jaime Granados han dado una orientación al partido sobre este asunto.

Algunos congresistas consultados por La Silla Vacía, por su parte, manifestaron su molestia. No hay abogados contratados -ni para representarlos ni para asesorarlos- y la propuesta de los servicios gratuitos no les parece seria. Una cosa es un penalista litigando con un Código Penal en la mano y 100 millones de pesos más en la cuenta, y otra con el código en la mano y un abrazo de agradecimiento. Aunque, claro, habrá gratitudes que no terminan de pagarse nunca. Además, nadie en el Congreso quiere defensas colectivas, propias de servicios de consultorios jurídicos o defensores públicos.

Mañana cuando se vote el referendo, más de uno de los 86 representantes investigados contendrá la respiración y tragará saliva antes de dar el pupitrazo. Más allá de que el gobierno los haya persuadido de apoyar la reelección, no podrán descartar la posibilidad -así sea remota- de quedar al cabo de unos años a la vera del camino. Arrinconados y señalados, defendiéndose solos, como Yidis y Teodolindo.