Sabas Pretelt y la Yidis Política

Para adelantar y decir que seguramente debo declararme impedido, toda vez que hay unos señalamientos contra el embajador Sabas Pretelt. Ustedes saben fue mi superior y, en segundo lugar, hay una amistad.

Aún es un misterio la suerte del proceso judicial en relación al capítulo de la yidispolítica, incluyendo la investigación del ex ministro Sabas Pretelt, el ministro Diego Palacio y varios subalternos más salpicados por la Yidis Política. Los implicados fueron llamados a indagatoria por el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago en junio de 2008 pero no se han tomado decisiones definitivas. "Hasta el momento estamos en la etapa probatoria. Aún estamos practicando pruebas", dijo el vicefiscal Mendoza al referirse al estado del caso.

Magnicidio de Luis Carlos Galán

La Fiscalía vislumbra un exterminio como modalidad de genocidio, por una parte, y como modalidad de delito de lesa humanidad, por lo que ya descarta la prescripción, porque de acuerdo a la doctrina internacional para aducir el dolo no es necesario acabar con la totalidad del grupo. Es suficiente con que se asesine el líder o los directivos del que se trata.

Desde 2005 se reabrió este expediente con el fin de investigar los cabos sueltos del caso Galán. El vicefiscal Mendoza, ahora a cargo del tema, dijo que el caso solo se podrá investigar después del 18 de agosto de 2009, si el fiscal que lo tiene a cargo demuestra que fue parte de un genocidio. Mendoza Diago indicó que le corresponde al fiscal que lleva el caso del líder asesinado, recolectar las estadísticas y los hechos para sustentar la tesis del magnicidio y para lograrlo, le queda poco tiempo. Además, agregó, que se deben tener en cuenta otros factores, como el de la ley de la época en que ocurrió el crimen y la no aplicación retroactiva de la ley. Mendoza afirmó que si se aplica la tesis de que el crimen fue un homicidio agravado, la acción penal prescribirá cuando se cumplan 20 años de ocurrido el crimen, es decir, el 18 de agosto. .

El DAS, Jorge Noguera y las chuzadas

El desafío es identificar quién o quiénes están dando órdenes para que los funcionarios de más bajo rango en la entidad terminen cometiendo irregularidades (...) Hay un informe parcial y preliminar que causa preocupación en atención al hedor que él expide

A pesar de los cierres fallidos hechos por la Corte Suprema de Justicia en este caso, Mario Iguarán firmó una nueva resolución de acusación contra Jorge Noguera en mayo de 2009. Esta vez los cargos son mucho más graves: además del concierto para delinquir y el fraude procesal de la acusación pasada, la Fiscalía responsabiliza a Noguera de otros cinco delitos, entre ellos cuatro homicidios. Iguarán lo acusó como coautor de homicidio agravado en los casos de Correa de Andreis, la periodista Zully Codina Pérez, el político Fernando Pisciotti y el sindicalista Adán Pacheco. También se le acusó por cohecho y concusión, porque supuestamente desvió porcentajes de la contratación del DAS para apoyar con ese dinero a las autodefensas. También tendrá que responder en juicio porque supuestamente utilizó su cargo de director del DAS para hacer despidos injustificados e impedir operativos contra las autodefensas. El séptimo cargo contra Jorge Noguera es el de falsedad por supresión, porque supuestamente borró órdenes de captura contra paramilitares del grupo de Hernán Giraldo.

La Cúpula del DAS y las chuzadas

Lo que puedo decir es que las evidencias que tenemos nos permiten afirmar que hubo seguimientos e interceptaciones ilegales, se calló la verdad en documentos públicos y se destruyeron y ocultaron otros

Un día antes de terminar la Fiscalía de Mario Iguarán, varios de los investigados por el escándalo de las 'chuzadas' y seguimientos ilegales del DAS merecieron órdenes de captura, incluyendo a los ex jefes de Inteligencia Fernando Tabárez y José Miguel Narváez (quien fue subdirector en tiempos de Jorge Noguera). Las órdenes también afectan a los subdirectores de operaciones Carlos Arzayuz, Luz Marina Rodríguez y Hugo Daney Ortiz; a la subdirectora de análisis Martha Leal; jefe operaciones y a los directores seccionales Jacqueline Sandoval y Jorge Armando Rubiano. Al parecer, los afectados hacen parte del G3 conformado por el DAS en 2004 para hacerle seguimientos a ciudadanos y organizaciones "opositoras al Gobierno". El equipo de fiscales que apoyaba a Iguarán determinó que los once funcionarios y ex funcionarios deben responder por concierto para delinquir. En ese sentido, la Fiscalía le pidió al director del DAS, Felipe Muñoz, que suspenda de sus cargos a los funcionarios aún activos en la entidad, para hacer efectivas cuanto antes las órdenes de detención.

Magnicidio Liliana Gaviria

A través del nuevo sistema penal, logramos sacar adelante magnicidios como los de Liliana Gaviria, o casos como el de Jamundí

La Dijín y la Fiscalía revelaron que el crimen de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria Trujillo, había sido perpetrado por las Farc. La investigación asciende a 11 implicados. Además de los ya capturados –Javier Augusto Rendón, Norbey García, José Ómar Astudillo y Alexánder Ortiz Tierradentro, Édgar Cañas Piedrahita–, también aparecen en el expediente Armando Hermosa Tovar, Beatriz Villalba, Alexánder Puertas Triana, Gerardo Riaño, Diego Escobar Ruiz y Hérmer Triana. Este último, conocido como ‘James Patemala’ o ‘El Muerto’, ya ha sido identificado plenamente, incluso con fotografía.Triana, afirman las autoridades, es el comandante de la sexta compañía de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc y al parecer, uno de los encargados de planear el secuestro de Liliana Gaviria. El Juez Único del Circuito Especializado de Pereira, halló culpable a José Ómar Astudillo por el secuestro y muerte de Liliana Gaviria y su escolta José Fernando Vélez. Astudillo no se acogió a sentencia anticipada, y es la tercera persona encontrada culpable por el homicidio de Liliana Gaviria y su escolta, el policía José Fernando Vélez Renfigo. Por su parte, Norbey García y Javier Rendón, que aceptaron los cargos de secuestro y homicidio agravado y rebelión, fueron condenados a 36 años de cárcel. Adicionalmente, un juez especializado de Armenia reveló la condena a 60 años de cárcel como personas ausentes contra Alexander Puerta Triana, Beatriz Villalba Betancourt y Armando Hermosa Tovar por los delitos de secuestro agravado y extorsivo, homicidio agravado y rebelión por el secuestro y muerte de la empresaria Liliana Gaviria Trujillo y su escolta el 27 de abril de 2007. En el mismo caso se acogió a sentencia anticipada Edgar Cañas contra quien se daría una pena de 43 años de cárcel. Está pendiente el juicio de Alexander Ortiz, preso en la Cárcel la 40 de Pereira y se cree que podría ser llamado a declarar en audiencia pública antes del 15 de diciembre pues se supo que le fue nombrado un abogado defensor.

Parapolítica

La Fiscalía a diferencia de otros en ‘parapolítica’ no sólo ha acusado por concierto para delinquir, la Fiscalía ha acusado también por narcotráfico a Ciro Ramírez, o por homicidio a Álvaro García.

En el escándalo de la parapolítica están involucrados 67 congresistas elegidos en el 2006. De todos los vinculados, 19 están en manos de la Fiscalía y el resto son procesados por la Corte Suprema. De los nueve condenados en el proceso, cinco lo fueron por la Fiscalía. La entidad también ha investigado a 12 gobernadores por ‘parapolítica’: los de Guajira, César, Magdalena, Arauca, Meta, y Casanare. Y a 166 alcaldes: de Montería, Valledupar, Agua Azul, Ciénaga, Santa Marta, entre otros.

21 torturas en el Batallón Patriota en Honda

No vemos relación entre actos del servicio y los hechos ocurridos. El Ejército está entrenado para lesionar al enemigo y no a los miembros de sus mismas filas.

El caso fue asignado a un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, luego de que la investigación de los hechos se iniciara a través de la Justicia Penal Militar. Después de un diálogo entre el ministro de Defensa, Camilo Ospina, el Fiscal General Mario Iguarán consideró "fundado y razonable" adelantar el trámite en la justicia ordinaria. Según la Fiscalía, la investigación se ha venido realizando en tres grandes grupos, y el primer grupo de los militares investigados ya está en etapa de juicio. En diciembre de 2006 la Fiscalía General profirió resolución de acusación en contra de seis militares partícipes en torturas y vejámenes sexuales a 21 soldados que recibían adiestramiento en Piedras (Tolima). La acusación fue en contra de los suboficiales José Rafael Tarazona Villamizar y Edwin Alberto Ávila Mesa. La misma decisión afectó al suboficial Jairo Alonso Lora Fuentes y al soldado profesional Alvaro Jeison Acosta Sánchez, por su responsabilidad en los delitos de tortura agravada en concurso con lesiones personales, y acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. De igual manera, los suboficiales Hugo Alberto Mestra Agudelo y Sergio Andrés Muriel Quiroga fueron acusados por tortura agravada en concurso con lesiones personales. Al proceso también están vinculados otros ocho suboficiales, quienes tienen medida de aseguramiento por los delitos de tortura agravada y lesiones personales. Igualmente importante fue la medida de aseguramiento sin beneficio de libertad, contra los subtenientes Javier Arturo Pachón Reina, Hair Alexander Monroy González y Cristián Camilo Barrera Echeverri, sindicados como presuntos responsables del delito de tortura agravada. Estas personas están privadas de la libertad en la base de Tolemaida en Melgar (Tolima). A pesar de los avances, el caso investigado durante estos 3 años, sigue sin solución definitiva.

Escándalo de Mario Uribe

Entendemos la ansiedad y la preocupación por este momento histórico. Pero en este caso (el de Mario Uribe) no hay preclusión ni absolución. El proceso continúa.

El sucesor de Iguarán deberá definir la suerte del ex senador Mario Uribe Escobar, vinculado desde septiembre de 2007 por el escándalo de la parapolítica. Luego de permanecer casi cuatro meses en la cárcel La Picota, el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, ordenó la libertad de Mario Uribe Escobar –primo segundo del presidente Álvaro Uribe– en agosto de 2008, revocando la decisión que tomó en abril de 2008 el jefe de fiscales delegados ante la Corte, Ramiro Marín, y que provocó un fallido y polémico intento de asilo del político. Según explicó Mendoza Diago, su decisión se debe a que las pruebas que lo involucran no son –en su criterio– suficientes para sostener la medida de aseguramiento. Pero advirtió que el político seguirá vinculado al proceso por presuntos nexos con ‘paras’ y que tan solo resolvió un recurso interpuesto por la defensa en contra de la medida de aseguramiento. “No es una absolución ni una decisión definitiva”, dijo. En julio de 2009, la Procuraduría le pidió a la Fiscalía que acuse por concierto para delinquir al ex presidente del Congreso, Mario Uribe. El Ministerio Público le da validez a los testimonios de Salvatore Mancuso, Eleonora Pineda y Jairo Castillo, ‘Pitirri’, que señalaron a Uribe de hacer acuerdos con ‘paras’ de Córdoba. Será la nueva Fiscalía la que decidirá si archiva el proceso o llama a juicio por parapolítica al ex senador.