Mientras en Colombia, Estados Unidos promueve una política de fumigación y erradicación forzosa de la droga, en Afganistán decidió dejar que los campesinos cultiven libremente la amapola que sirve de base para la heroína.

Mientras en Colombia (y Estados Unidos) se debatía si el presidente Barack Obama realmente le había mirado el trasero a una italiana en la Cumbre del Grupo de los Ocho en Italia, un hecho sin precedentes para Colombia ocurrió en esa misma reunión: Estados Unidos declaró que su política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en Afganistán era una pérdida de dinero y que, por lo tanto, de ahora en adelante dejaría que los campesinos afganos cultivaran tanta amapola como quisieran.

La declaración la hizo Richard Holbrooke, enviado especial del gobierno de Obama para Afganistán y Pakistán, delante de los miembros de la OTAN y de los ministros del Grupo de los Ocho.

“La erradicación es una pérdida de dinero”, dijo Holbrooke, repitiendo lo que ya habia dicho en el Congreso de E.U. en junio 24. “Puede servir para destruir algunas hectáreas, pero no ha servido para reducir en un dólar la cantidad de dinero que recibe el Talibán. Solo ayudó a empujar a los campesinos afganos a los brazos del Talibán. Por eso vamos a eliminar la erradicación.”

Poco después, Antonio María Costa, director del programa antinarcóticos de las Naciones Unidas, declaró que “la erradicación manual es incompetente e ineficiente”, y que la nueva estrategia de E.U. sería la “ganadora”.

¨Queremos evitar que la droga de Afganistán cruce la frontera y más bien distorsionar el mercado golpeando los objetivos de alto valor. Dejáremos que Afganistán se inunde de drogas. Habrá tanto opio en Afganistán que el precio bajará”, dijo Costa.
 

La nueva lógica

Estados Unidos llegó a la conclusión obvia de que si quería ganar la guerra contrainsurgente contra el Talibán en Afganistán tenía que ganarse el afecto de los campesinos afganos. Y que destruir sus cultivos de amapola -que son su única fuente de ingresos en un territorio sin agua, sin vías para sacar otros productos y sin mercado donde venderlos- no era una buena forma de forjar esa amistad.

En cambio de erradicar, el Gobierno de Obama decidió enviar decenas de agrónomos y especialistas de riego a Afganistán como parte de una nueva misión menos centrada en lo militar. Paralelamente, el grupo de 21 mil soldados adicionales que el Presidente de E.U. autorizó durante la primavera, tratará de destruir los laboratorios de droga y los centros de distribución de los narcotraficantes.

De esta manera, los cultivadores seguirán ganando plata por sus cultivos, pero los talibanes a cargo del negocio ganarán menos. “Golpeamos donde se agrega valor” en el laboratorio o en donde guardan los inventarios, dijo a la Associated Press el General John Craddock, quien fue hasta hace unos días el general estadounidense a cargo de la operación de la Otán en Afganistán. La pasta de amapola cuesta unos $250 dólares el kilo, y aumenta diez veces a 2,500 cuando se refina, dijo Craddock.

“Le hacemos daño a los talibanes sin que la gente que vive a su alrededor tenga que pagar por ello”, dijo al Washington Post William Wechsler, subsecretario de defensa para los antinarcóticos y las amenazas globales de E.U.

Con esta decisión, el Gobierno de Estados Unidos dejó por el piso la política anti-drogas calcada de la que aún se aplica en Colombia y que fue impuesta en Afganistán por William Wood.

Aunque ni Bush ni William Wood – quien asumió la embajada en Afganistán inmediatamente después de dejar la embajada en Bogotá.- lograron convencer al presidente afgano Hamid Karzai de las bondades que había tenido la fumigación área en Colombia, Estados Unidos ha invertido unos 45 millones de dólares anuales en los últimos años en la erradicación de la amapola en Afganistán, donde se cultiva el 93 por ciento de amapola utilizada en el mundo para hacer heroína.
 

Políticas diametralmente opuestas

Como era de esperarse, las declaraciones de Holbrooke crearon conmoción entre la comunidad de expertos en política antidrogas, la mayoría de los cuales lleva años no sólo demostrando el fracaso de los programas de erradicación sino también sus efectos nocivos sobre la lucha antiinsurgente en países como Colombia.

La explicación es sencilla: cuando el Ejército llega a una zona cocalera como Miraflores, en el Guaviare, o Cartagena del Chairá, en el Caquetá, inmediatamente entra en una dinámica de confrontación con los campesinos. No sólo fumigan sus cultivos de coca (y de paso de maíz, fríjol o lo que tengan sembrado al lado) sino que los tratan como delincuentes, porque al cultivar un producto ilícito, en estricto sentido lo son.

Los requisan en las carreteras y en los ríos para ver si cargan la pasta de coca y les decomisan la gasolina que llevan en los planchones. Los campesinos se sienten permanentemente bajo sospecha y hostilizados y así odien a las Farc, como suelen hacerlo, a veces prefieren quedarse con la guerrilla que por lo menos les garantiza un mercado para su coca.

Incluso el programa de erradicación manual en la Macarena, a cargo del viceministro de defensa Sergio Jaramillo, que se ha convertido en la alternativa ejemplar frente a la fumigación y en el modelo a seguir en la lucha anti-drogas, no logra ganarse a la población porque se hace a la fuerza y sin proveer una verdadera economía alternativa.

Por eso, días después de que Holbroke reveló la nueva política de E.U. en Afganistán, algunos expertos en política de drogas aprovecharon una presentación del actual embajador en Colombia William Brownfied en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington D.C. para preguntarle si en Colombia también habría un cambio de política.

Brownfield fue enfático en aclarar que nada cambiaría para Colombia. ¿Cómo se explica que E.U. tenga dos políticas diametralmente opuestas?, le preguntaron en el evento. “Holbroke ha dicho que él habla por su región. Y yo hablo por la mía”, fueron las palabras de Brownfield. 
 

El debate interno

Aunque Brownfield no lo mencionó, tres fuentes estadounidenses con acceso al Departamento de Estado, le dijeron a la Silla Vacía que actualmente se está dando un debate en el Departamento de Estado sobre la mejor estrategia internacional para combatir las drogas.

De un lado está el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL) del Departamento de Estado, entidad de la cual el embajador Brownfield fue un asesor de alto nivel,. Del otro, básicamente el resto de expertos en el tema.

La lógica del INL es que se necesita una amenaza creíble de erradicación forzosa para reducir los cultivos ilegales. Asi lo dijo Nancy J. Powell, la directora encargada del progama antidrogas del Departamento de Estado, en una audiencia celebrada en el Congreso gringo sobre el tema en 2005.

Esta lógica alimenta una burocracia que tiene su propia inercia y que no es fácil de desmontar. En promedio, la lucha antidrogas le cuesta anualmente a E.U. unos 23 billones de dólares a nivel federal. Si se agregan los costos de hacer cumplir esa política a nivel local y estatal, el costo asciende a 70 billones al año.

“Esa plata se traduce en puestos de trabajo y ningún miembro del Congreso vota a favor de despedir gente en su distrito”, dijo a la Silla Vacía Sanho Tree, uno de los grandes expertos en la política antidrogas en Washington D.C. Dice que el costo de la lucha antidrogas solo en Colombia le cuesta a E.U. unos 700 millones anuales. Esto sin contar los millonarios aportes del complejo industrial militar a los congresistas gringos. Por ejemplo, United Technologies, dueña de los helicópteros Sikorsky, da jugosas contribuciones a los congresistas Chris Dodd y Joe Lieberman, aliados de Colombia para la firma del Plan Colombia que contemplaba la compra de varios helicópteros de esa firma.

Se podría argumentar que existen algunas diferencias. Afganistán produce el doble del opio del que se consume en el mundo mientras que Colombia no satisface el 100 por ciento de la demanda y por ende el impacto de no combatir a los cultivadores podría ser diferente. Ademaás en Afganistán la mitad de la poblacion vive de la amapola. Pero es claro que el efecto sobre la lucha contrainsurgente de criminalizar a los campesinos cultivadores es el mismo en Afganistán que en Colombia. Entonces, ¿por qué en Colombia no se revisa la estrategia?

“Estados Unidos tiene más que perder en Afganistán”, dice Tree. “Allí es la sangre de los americanos la que se derrama si los campesinos entran a engrosar las filas de la insurgencia del Talibán. En Colombia, en cambio, son los soldados colombianos los que mueren”.

Esa puede ser la explicación más cínica. La otra es que mientras que Karzai se opuso desde el primer día a la política antidrogas en su país, aquí, del Presidente Uribe para abajo, se hace lobby en Estados Unidos para que erradiquen más porque se cree que eso debilita financieramente a las Farc. Sin embargo, ese un hecho que no ha sido probado todavía pues los cultivos de coca simplemente se han movido y dispersado, y como en Afganistán, la ganancia está en el procesamiento y no el cultivo.