Hoy, mientras se desarrollaba la audiencia de rendición de cuentas de Luis Alfonso Hoyos en la Corte Constitucional, los desplazados ofrecían su propia evaluación de las políticas.

A una semana de dejar el cargo, Luis Alfonso Hoyos rinde cuentas a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la sentencia de los desplazados. Aunque la Corte le reconoce avances, queda en evidencia que el Gobierno ha tratado de cumplir a regañadientes la sentencia pero que está lejos de tener una verdadera política integral que ponga el sufrimiento de las víctimas de la guerra en el centro de la agenda estatal.

Hoyos rinde cuentas a la Corte

Los jueces Pinilla, Vargas y Henao

Los desplazados frente a la Corte

Hoyos, que es el mayor responsable de la aplicación de la Sentencia T-025 de 2004, que obligó al Estado a diseñar y ejecutar una política seria a favor de los más de tres millones de desplazados, dijo durante la audiencia que la ayuda humanitaria a los desplazados pasó de 20 mil millones a 200 mil millones de pesos desde que la Corte falló la famosa tutela a favor de los desplazados. Es cierto. Hoyos también reveló que desde el 2000 hasta la fecha 365.245 personas o 82.729 hogares han sido desplazados y que a todos ellos se les ha brindado atención humanitaria.

Por último, dijo que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para atender la población desplazada y que se necesitarían unos 35 millones de dólares –el equivalente al presupuesto de siete ministerios- para cubrir las falencias. Es decir que reconoció que el cálculo inicial realizado por el Gobierno fue errado. 

Pero más allá de los problemas presupuestales, la mayor debilidad del Gobierno es de coordinación entre las diferentes agencias del Estado, de voluntad política y de capacidad institucional para mejorar la situación de los desplazados más allá del temor de que la Corte le abra un desacato a uno u otro funcionario responsable.

Algunas entidades han mejorado considerablemente su desempeño según la Corte: Planeación Nacional, el ICBF y el Ministerio del Interior están mucho más comprometidos. Sobre todo en el tema de atención al niño desplazado es mucho lo que se ha progresado.

En cambio, otros ministerios se niegan a ponerse totalmente la camiseta.

El Ministerio de Protección Social, por ejemplo, aumentó la cobertura de salud de los desplazados del 30 al 80 por ciento, pero en el área de discapacidad no hizo más que añadir la palabra ‘y desplazados’ en los documentos que ya tenía sobre el tema. Esto es grave pues si alguien necesita atención en prevención y rehabilitación de discapacidades son los que huyen de la violencia.

Muchas gobernaciones y alcaldías siguen siendo reacias a asumir cualquier responsabilidad frente a los desplazados. Araúca, es el caso más grave, según la Corte.

El Ministerio de Defensa, según el auto de la Corte, no cuenta con un sistema de información eficiente para analizar los comportamientos de los grupos armados de tal forma que les sirva para prevenir más desplazamientos.  Por ejemplo, no usan los mapas de homicidios elaborados por la Unidad de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

Tampoco entienden que las labores sociales del Ejército con la comunidad tienen que estar desligadas de sus funciones militares. Un ejemplo, son las jornadas de peluqueo de jóvenes indígenas. Aprovechan el servicio de cortarles el pelo gratis para obtener información de inteligencia sobre la guerrilla, poniendo a las comunidades en riesgo.

Si bien la Defensoría del Pueblo ha jugado ahora un papel más protagónico en el cumplimiento de la sentencia, la Procuraduría de Ordoñez ha salido del radar. Pero el mayor cuello de botella es el tema de las tierras, a cargo del Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura, desde la época de Andrés Felipe Arias, ha sido el más renuente a adoptar e implementar una verdadera política de devolución y titulación de tierras a favor de los desplazados. En la audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia del 11 de diciembre de 2008, Incoder dijo que había entregado 24 mil títulos a la Superintendencia de Notariado para que legalizara los predios de los desplazados. Pero la Corte descubrió que lo que había entregado eran las cajas con los 24 mil casos, sin haber tomado efectivamente las medidas de protección. El Ministerio también ha entregado tierras a los desplazados que son imposibles de cultivar.

“El Ministro de Agricultura era un hombre de resultados y no sentía que en este campo pudiera producir resultados porque la adjudicación de las tierras dependía de los jueces y no de ellos”, dice Armando Escobar, Director Estratégico de Desplazados, en Acción Social, en defensa de Minagricultura. “Lo que avanzó no se pudo concretar porque se cayó el Estatuto de Desarrollo Rural”.

Lo que queda claro en este campo es que este Gobierno aún no ha formulado una política integral de tierras, como se lo ordenó la Corte hace cinco años. Hoy precisamente la Comisión de Reconciliación, de Eduardo Pizarro Leongómez, entregó 105 títulos de tierras que habían sido arrebatadas por los paramilitares a campesinos en Turbo. Es el primer proyecto piloto de la recién creada Comisión Regional de Restitución de Bienes creada por la ley de Justicia y Paz del 2005.  Planean otros dos proyectos piloto en Ovejas, Chengue, en Sucre y otro en Maria la Baja. Pero así como el Presidente ahora está repartiendo personalmente la reparación a las víctimas, la restitución de tierras se comenzó a hacer sin contar con una verdadera política de Estado.

“Uno para todos y todos para uno”, la lógica de los mosqueteros,  fue la que utilizó Hoyos como coordinador del cumplimiento de la sentencia y por eso se resistió a utilizar la facultad de 'certificar' el aporte de los demás ministros al cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte, un mecanismo que le había dado la Corte mediante el auto 008 del 2009 para romper la solidaridad de cuerpo que impide un verdadero avance a favor de los desplazados. Por eso, durante la audiencia Hoyos terminó pagando el pato.

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