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| El Gobierno, al presionar a favor del hundimiento de la Ley de Víctimas, ignoró la recomendación del Relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales. |
El Congreso, con una mayoría de 48 votos frente a 24 hundió la Ley de Víctimas. Lo hizo precisamente el mismo día en que el Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales afirmó que los “falsos positivos” eran el resultado de “una práctica sistemática dentro de las Fuerzas Militares.”
Horas antes de que la coalición uribista hundiera la iniciativa, el Gobierno advirtió que de aprobarse el proyecto de conciliación que no discriminaba entre las víctimas del Estado y las víctimas de los paras y la guerrilla se pondría en riesgo la Seguridad Democrática, la inversión social, y los proyectos de infraestructura de los próximos años.
"El texto conciliado, que el Gobierno solicita encarecidamente no aprobar, se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos", dice el comunicado.
Los argumentos tanto del Presidente Uribe como del Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga contrastan de manera dramática con los resultados preliminares revelados hoy por el relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Alston se reunió durante 10 días con altos funcionarios del Estado y las Fuerzas Militares, víctimas, testigos, miembros de organizaciones civiles y hasta el Presidente Uribe. Visitó cuatro departamentos y la evidencia que encontró es demoledora: "Las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello".
Todo eso lo llevó a concluir que los falsos positivos no son responsabilidad de unas cuantas "manzanas podridas", como lo habría afirmado el Ministro de Defensa cuando estalló el escándalo. "Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos del Ejército", afirmó.
Alston aclaró que no encontró pruebas de que las ejecuciones extrajudiciales fueran parte de una política oficial del gobierno, o que fueran llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o sus distintos Ministros de Defensa. También reconoció que desde el 2007 el Gobierno ha demostrado un esfuerzo de buena fe para enfrentar el tema y "ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios".
Sin embargo, dice que hay mucho camino por recorrer y hace varias recomendaciones. Por un lado, recomienda la realización de las investigaciones y procesos judiciales contra los responsables para garantizar que no haya impunidad. Resaltó la necesidad de proteger la independencia del Fiscal General y proveerle mayor apoyo en recursos, personal y formación. Además, insistió en la necesidad de que el ejército reconozca el problema y siga tomando medidas firmes para que la práctica se ajuste a las nuevas políticas y así prevenir que se sigan cometiendo esos crímenes.
En relación a la Ley de Víctimas, el Relator insistió que es de vital importancia que se traten de igual manera las víctimas del Estado y las víctimas de actores ilegales.
Por lo menos esta última recomandación ya fue ignorada.
Porque les da miedo decir que las fuerzas militares estan llenas de terroritas si esa es la realidad? o a caso cuando se cometen ese tipo de matanzas... no se está actuando de manera terrorista?... lo que pasa es que el presidente sabe que de aceptar tales crimenes como crimenes de estado... estaria firmando su sentencia de jubilización en prision asi como Fujimori... pero algún día caerán así como Pinochet y veremos a este trio (Santos, Uribe y Obdulio) vestidos a rayas y con grullete... que felicitada cuando será ese cuando
El Gobierno ya va a decir que se hundió pero, para tratar de no quedar tan mal, presentarán de nuevo su versión de la ley.
Sin emabrgo, lo que me parece muy interesante para que lo explote la oposición es el vínculo que acá aparece entre los temas económicos (o, mejor, fiscales) y los del conflicto armado. El argumento principal del gobierno para hundirla es fiscal, así que abre la puerta no solo a preguntarle en qué se han gastado los impuestos y demás debates que se dan por otro lado, sino en mostrar con cifras dadas por ellos mismos el costo de la violencia y su casi nulo interés en superar el conflicto. En pocas palabras, es el papayazo para vincular la falta de corazón con la olla raspada.
No estoy al tanto de la dinámica presupustaria, pero entiendo que es una estimación de gastos frente a entradas. La implementación de la ley define un gasto, que el gobierno intenta minimizar via distinción de victimas paramilitar y guerrilla vs. agentes estatales, justificándolo como una amenaza a otros rubros.
Mi pregunta es si dentro del presupuesto figura como entrada, para minimizar el impacto, la devolución de esas 5 millones de hectareas que les han sido expropiadas a esos 1 a 3,5 millones de desplazados?
El hecho de que no se halla aprobado significa que el Estado no asume la responsabilidad administrativa que se deriva de los actos de sus subalternos, más cuando estos hechos reafirman un resultado de una investigación llevada a cabo por el economista Jorge Garay: la reincidencia de la violencia sobre los desplazados es aun mayor que con cualquier otro colectivo, esto es las familias victimizadas vuelven a serlo y si el responsable es el Estado, resulta doblemente aberrante
Pongamos por caso que un menor de edad queda huerfano tras un enfrentamiento entre guerrilla y fuerzas militares y paramilitares. Supongamos que aun no se sabe quien mató a sus padres y que establecer ese hecho es factible pero demorado. Puede dudarse acerca de la validez de su reclamo por ser reparado? la reparación se hace para resarcir en algo el daño sufrido, no para establecer responsabilidad del autor. De ahí que sea falaz el argumento del gobierno acerca de la equiparación entre fuerzas legales e ilegales, lo que se equipara es el dolor de las victimas, dolor que no discrimina entre victimarios. Equiparación entre delitos que no obstante, tampoco cabe, porque es mas execrable que alguien que está dentro de la legalidad y que tiene por objeto proteger a la ciudadanía cometa delitos de lesa humanidad, a que estos sean cometidos por criminales al margen de la ley de quienes finalmente no es sorprendente.
Ahora, si el Estado no repara, ello implica que puede actuar irresponsablemen
¿Cuántas botellas de whiskey llevará Fernando Londoño esta noche? ¿Quién se lo aguanta en ese programa de radio que escucha esa gente que tiene que mantener la luz prendida todo el día, porque sus "hogares" parecen catacumbas?
aunque increible... esperada este tipo de manipulación del ejecutivo sobre el legislativo.. y la separación de los poderes?
Que verguenza de país.
Hola, me gustaría que además del tono critico con el que se trata la decisión del gobierno analizaran qué tan cierto o falso es el argumento de la incapacidad del Estado de asumir las obligaciones que impondría el texto propuesto por Guillermo Rivera. Eso daría más elementos de juicio, más allá de que no se vea bonito que se "discrimine" entre víctimas.
Muchas gracias
Es difícil contestar tu pregunta porque la cifra de los 75 billones dada por el Ministro de Hacienda (ver el link de su carta) no está discriminada por rubros.Cuando la Silla Vacía le pidió al Ministerio una explicación sobre el cálculo dijeron que lo que tienen es la carta. En todo caso es difícil hacerlo por rubros porque no se sabe con precisión el tamaño del universo de víctimas. Se han registrado un poco más de 200 mil, pero para los desplazados las cifras van entre 1 y 3 millones, dependiendo de quién las cuente. Lo mismo para los secuestrados. Entonces la cifra parece poco técnica, pero ya envíamos un derecho de petición y cuando nos lo contesten lo publicamos.
Sobre la incapacidad del Estado para pagar esa cifra, suponiendo que sea seria, es difícil de probar si es cierto o falso, porque supongo que el gobierno podría hacer un pacto de estabilidad menos o un megaproyecto menos y reparar a las víctimas. Depende de las prioridades.
Directora, precisamente esa falta de discriminación de las cifras lleva a sacar una conclusión siniestra que ya varios la han puesto sobre la mesa: si la versión de Cámara de ley de víctimas costaba alrededor de 20 billones y la de Senado 80, entonces fuerza concluir que las víctimas de agentes del Estado cuadruplican a las de grupos armados ilegales. Sin embargo, también podría pensarse que las cuentas del Gobierno se basan en que toda la población desplazada y los secuestrados pueden alegar falla del servicio o alguna otra modalidad de responsabilidad estatal. Pero, si esta explicación benigna con el Ejecutivo es cierta, por qué solo viene a salir en una novedosísima "conciliación alternativa" entre gallos y media noche, y no desde hace un año, cuando se aprobó el texto sin discriminación entre víctimas en plenaria del Senado. Creo que la explicación más simple es que las cifras son inconsistentes. Esperar con ansías la respuesta a su derecho de petición. Saludos.
Tienes razón,hoy iban a explicar de dónde salió esa plata.