Hay partidos políticos en el actual Congreso que tienen más de la mitad de sus congresistas en la cárcel por vínculos con grupos ilegales. Aunque muchos de los implicados han resultado detenidos, los partidos políticos han pasado de agache con su responsabilidad por avalar a esos candidatos que aportaron votos a sus listas. Hoy no existe ninguna norma que responsabilice a los partidos por aceptar dentro de sus filas candidatos que compren votos, extorsionen candidatos o acepten respaldo de grupos ilegales.  

Si un partido avala a un candidato, así no sea elegido, que resulte condenado por sus vínculos con grupos ilegales, por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o haga trampa en las elecciones recibirá desde multas hasta la pérdida de la personería jurídica. Si la justicia condena a un candidato por cometer estos delitos después de 2009, el partido que lo avaló no podrá quedarse con su curul. La pierde y no puede poner allí ningún reemplazo: debe dejar la “Silla Vacía“. Además, si un congresista o un miembro de cualquier corporación pública empieza a ser investigado por alguno de esos delitos, pero decide renunciar a su cargo, no podrá ser reemplazado por otro candidato incluido en la lista.
Los jefes que le dieron el aval deberán enfrentar una investigación penal. Y el partido  tendrá que devolver parte de los recursos que el Consejo Nacional Electoral le gira por cuenta del mecanismo de reposición de votos. Deberá entregar la plata que el Estado le entregó por los sufragios de candidatos condenados.

Antes de la reforma los partidos tenían prohibido lanzar candidatos de coalición. El aval oficial sólo lo podía dar una agrupación y bajo esa etiqueta salía el candidato en el tarjetón. Así, por ejemplo, Enrique Peñalosa para poder lanzarse a la Alcaldía en el 2007 con el apoyo de cinco partidos, no podía casarse con ninguno entonces se hizo avalar de un movimiento de firmas. Así no hirió susceptibilidades y sumó los votos de todos.

Ahora sí puede haber candidatos de coalición. En las próximas elecciones habrá avales compartidos, donde se unirán varias banderas. De este modo bajo la situación hipotética de que Álvaro Uribe Vélez se lance como candidato en el 2010, no tendrá que escoger un solo partido para lanzarse, o armar un movimiento de firmas para no casarse con ninguno como lo hizo con Primero Colombia. Con la reforma tanto el Partido de la U como Colombia Democrática y Alas Equipo Colombia podrán firmar al lado de su nombre y lanzarlo oficialmente como un candidato de coalición.

Los congresistas tenían prohibido cambiar de partido antes de finalizar su periodo de cuatro años. En caso de hacerlo incurrían en doble militancia y perdían su curul.

La doble militancia ya no es causal de perdida de investidura.  Esto permite que los parlamentarios descontentos en Cambio Radical, como Elsa Gladys Cifuentes, Nancy Patricia Gutiérrez o Roy Barreras, den un “brinquito” al Partido de la U  y hagan campaña desde ya con su nueva etiqueta.

Los congresistas votaban los proyectos el 90 por ciento de las veces a punta de pupitrazo. El golpe masivo a sus escritorios los defendía de que sus votos fueran visibles frente a sus electores. Por ejemplo, el congresista que quería votar en contra de la posición de bancada y salvarse del regaño del jefe, o aprobar un proyecto que iba en contra de los intereses de su región pero le daba puestos del Gobierno, podía hacerlo sin que quedara registro de su voto en ninguna parte.

Ahora todas las votaciones deben quedar obligatoriamente registradas y publicadas. Al lado del nombre y el apellido del congresista saldrá si dijo si o no frente a un proyecto o una proposición.

Como los precios de las campañas políticas están por las nubes, muchos candidatos en las regiones terminan haciendo alianzas con mafias y grupos ilegales para sumar la plata para financiarse. Durante la campaña se hipotecan y cuando llegan a la administración pública pagan con contratos y puestos a sus financiadores, sean legales o ilegales. Pero, con la financiación pública por anticipado que se aprobó con la reforma esto puede mejorar. Pues, el candidato ya no tendrá que endeudarse tanto desde el principio.

Esta reforma abre la puerta a que la financiación que hoy el Estado le da a las campañas, ya no llegue después de que el candidato sea elegido sino antes. Aunque este tema debe ser reglamentado a través de un proyecto de ley que podría no salir a tiempo para aplicarse en esta campaña, los partidos ya no tendrían que esperar al conteo de votos para recibir un pago proporcional por cada uno de ellos. El Consejo Nacional Electoral podría entregárselo por adelantado, aunque todavía falta detallar cuáles serían las garantías para que los candidatos respondieran por esa plata en caso de que no obtengan la proporción de votos equivalente a los recursos que la Organización Electoral les dio.

La reforma del 2003 le dio un duro golpe al carrusel, la práctica que consiste en que políticos amigos se turnan una curul para beneficiarse del sueldo y la pensión. Esta reforma prohibió que el congresista que deja su curul ponga ahí a una figura de su misma cuerda política, el reemplazo quedó definido por el orden de la lista, así éste sea de otra región y nunca haya conocido al congresista que le dio la "palomita". El problema es que a pesar de esta prohibición los congresistas seguían ausentándose constantemente, pese a que la curul se la dejaban a un desconocido.

Con esta reforma sólo podrán ausentarse y volver si piden licencia de maternidad. Ya no les servirá la excusa de enfermedad, ni un viaje, ni una calamidad familiar para no asistir a las sesiones de Congreso, si faltan por largos periodos perderán la curul y el partido no podrá reemplazarlos. La ley ya sólo permite suplencias en caso de que el congresista que ocupa el puesto se muera, se enferme gravemente o tenga un accidente que lo incapacite para el cargo. El partido no podrá usar la curul si el miembro pierde su investidura por vínculos con ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico, pero si la condena es por otras conductas sí podrán poner un reemplazo.

No existía obligatoriedad de que los partidos incluyeran mujeres en sus listas a los cuerpos colegiados. La composición de las listas de un partido era mayoritariamente masculina y por eso los congresistas elegidos son en su mayoría hombres.

Con la reforma las mujeres tienen más garantías. Todos los partidos están obligados a meter en sus listas por lo menos un 30 por ciento de mujeres, tal como sucede en 11 países latinoamericanos.

Si en una elección la mayoría de ciudadanos votaba en blanco, pero esos votos no alcanzaban la mayoría absoluta (la mitad de los ciudadanos habilitados para votar), los candidatos ganaban las elecciones con la mayoría simple.

El voto en blanco competirá en igualdad de condiciones. Si obtiene la mitad más uno de los votos válidos, ganará las elecciones y éstas deberán repetirse sin la participación de los derrotados en esa oportunidad.