Después de que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes le diera recientemente la razón a los promotores del referendo del agua y tumbara la modificación introducida por el gobierno al texto firmado por dos millones de colombianos, la iniciativa vuelve a empezar su carrera en el Congreso con el texto original.

Pero desde ya, el trabajo de los promotores del Referendo está dando los primeros frutos en Medellín. El viernes pasado, el alcalde Alonso Salazar anunció que implementaría el mínimo vital de agua potable, la principal batalla del referendo por el agua.

Esta es una buena noticia para los estratos bajos de la capital antioqueña, pues cada persona recibirá 2500 litros de agua gratuita al mes. Inicialmente la cobertura será para diez mil familias de estrato uno, con un costo aproximado para la ciudad de 35 millones de pesos mensuales. Pero también es un espaldarazo para los promotores del referendo que el 13 de marzo de 2008 se pusieron la camiseta para defender el agua y hoy están mostrando que la participación ciudadana sí da resultados.

El Referendo por el Agua -una de las más grandes movilizaciones que se han hecho en país- logró reunir el trabajo de 700 organizaciones. Durante casi un año, los promotores de la iniciativa navegaron los cinco principales ríos de Colombia y recogieron dos millones de firmas de ciudadanos.

Durante estos viajes, pudieron darse cuenta de la situación de muchos lugares de Colombia: en el Cauca, la pérdida de humedales es dramática pues los cultivos de caña de azúcar demandan gran cantidad de agua para su sostenimiento. En el Magdalena, la pesca ha disminuido por la contaminación del río y las personas que viven a la orilla no tienen agua potable. En todo el país, se han alterado los cauces de los ríos para extender las tierras de ganadería. Amazonas sólo tiene acueducto en Leticia, en el resto del departamento los indígenas toman agua de las quebradas, así como en Chocó. Sólo Quibdó tiene acueducto, pero es de mala calidad. Todo este panorama se suma a las basuras, desechos y aguas negras que se vierten en los principales ríos y fuentes hídricas del país.

El referendo busca consagrar como un derecho constitucional el mínimo vital gratuito de agua, es decir, la cantidad de líquido mínima necesaria para subsistir y que en caso de que una persona no lo pueda pagar, el Estado se lo proporcione gratis; la prestación del servicio de agua por parte del Estado o entidades sin ánimo de lucro; y la protección de páramos y reservas naturales que son fuentes de agua.

El argumento principal es que el agua es indispensable para la vida y por lo tanto no puede ser un negocio.

Los promotores del Referendo, autores de numerosos estudios sobre el tema de agua, saben que este recurso escasea. “Y precisamente ahí está la oportunidad para hacer negocio. Con el agua hay dos caminos: venderla o convertirla en un bien público, el Gobierno optó por venderla”, dice Rafael Colmenares, Vocero del Comité Promotor del Referendo.

Cosa distinta piensa el Gobierno que se ha convertido en el más férreo opositor del referendo. El Gobierno ha argumentado que su aprobación significaría un retroceso en los logros de las empresas prestadoras del servicio de agua, pues gracias a ellas hay un mejor nivel de prestación del servicio y mayores coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo. Todo eso ha incidido positivamente en los indicadores de salud pública. Lea los argumentos del Gobierno.

El conflicto que se ha desatado alrededor del Referendo del Agua expresa las dos principales peleas por el agua que se están dando entre el Ejecutivo y la ciudadanía en varios lugares del país.
 

La pelea por el agua 2: reservas naturales

Otro tipo de conflictos que se presentan por el agua son las concesiones que entrega el Gobierno a empresas privadas para la exploración y explotación de recursos en zonas como páramos, ríos, lagunas y humedales. Es el caso de la minería en páramos como Sisavita, en Norte de Santander, El Almorzadero, en Santander y Cajamarca, en Tolima. A pesar de las protestas de numerosos grupos de ciudadanos, detener estos permisos para explorar o explotar minas en reservas naturales no es tarea fácil. Por eso la iniciativa del Referendo es reformar la Constitución Política para que consagre la protección de ecosistemas necesarios para el agua y que estos se usen prioritariamente para garantizar su disponibilidad y preservación. La mina la  Colosa se ha convertido en un motivo de pelea entre el Gobierno y la comunidad que se opone a la explotación minera en esa zona.

La Defensoría del Pueblo denunció recientemente que que 13 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable y que uno de cada tres no tiene red de acueducto o la tiene, pero el agua está contaminada. El país tiene cifras como estás a pesar de ser la octava reserva de agua en el mundo. 

Es difícil anticipar si al final el pulso por la mejor solución para este problema lo ganarán los promotores del referendo o el gobierno. Sólo se sabrá en el segundo semestre de este año cuando se termine de debatir la iniciativa en el Congreso. Hagan sus apuestas.