El fallo de la Corte Constitucional que tumba la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para los paramilitares rasos podría, paradójicamente, convertirse en una oportunidad de oro para que el Gobierno de Santos haga un verdadero proceso de justicia transicional.
La Corte Constitucional, con un fallo 5-4, determinó que los fiscales no podían decidir discrecionalmente cerrar o no abrir un proceso judicial a los paramilitares desmovilizados apelando a la figura del principio de oportunidad.
De esta forma, el fallo de la Corte dejó sin piso jurídico el proceso de reinserción de los paramilitares rasos que el Gobierno estima son entre 17 mil y 21 mil desmovilizados. Son aquellos paramilitares que dejaron las armas pero que no se quisieron acoger al proceso de Justicia y Paz.
Según la Fiscalía, 11 mil de esos desmovilizados tienen una declaración inhibitoria, es decir que los jueces se abstuvieron de abrirles proceso. Los demás simplemente no tienen proceso. Pero en los 64 casos en los que la Fiscalía ha dictado medida de aseguramiento contra algunos de los desmovilizados que están en los programas de Reinserción, la Alta Consejería de Reinserción intervino a favor de los desmovilizados y los fiscales revocaron 58 de esas medidas usando el principio de oportunidad.
El riesgo es que ahora, sin la posibidad de aplicar esa figura, los desmovilizados se asusten y se desvinculen del Programa de Reinserción o se metan a las bandas emergentes para evitar ser capturados.
Por el lado de los 3.558 paramilitares de mayor rango que están postulados a Justicia y Paz, la cosa no funciona mejor. Hasta el momento solo ha habido una condena, y ese proceso hizo agua hace rato. De hecho, aunque ha pasado desapercibido por los medios, los paramilitares entraron en ‘paro’ hace ya unos meses y decidieron no volver a asistir a las audiencias de Justicia y Paz.
Uno de los argumentos para el ‘paro’ es la situación judicial de los 17 mil desmovilizados que estaban en ese limbo jurídico pues para cualquier abogado era evidente que esa norma tenía poco asidero. Pero el verdadero meollo del problema es que los procesos de Justicia y Paz no tienen un cierre. Siempre existe la posibilidad de que alguien acuse a un jefe paramilitar de un nuevo delito que no confesó (cuando matas mil es fácil perder la cuenta) y que terminen perdiendo el beneficio de la pena de ocho años y siendo juzgados por la justicia ordinaria por 60 años.
Además, el tema de la extradición no está resuelto. Y tampoco uno más espinoso: se les exige que digan toda la verdad, lo cual necesariamente implica que vinculen en sus confesiones a los políticos, militares, curas, periodistas y empresarios que les ayudaron. Pero a todos esos ‘cómplices’ no los cobija la pena alternativa de ocho años sino la ordinaria de 60 años, con lo cual se crea un desequibilibrio muy grande.
“Este absurdo social plasmado en la ley ha traído consigo, en vez de verdad y reconciliación, un fraccionamiento social en donde ahora hay dos bandos: La sociedad negando sus vínculos en el conflicto ante la jurisdicción ordinaria y los postulados, confesando los vínculos de aquellos en la jurisdicción especial supuestamente transicional”, explica el abogado Carlos Suárez, experto en este tema.
Ante esta situación, en la que tanto el marco jurídico para los jefes paras como para los rasos ha hecho agua, el fallo de la Corte se convierte en una oportunidad de oro para replantear todo el proceso de justicia transicional, barajar de nuevo y presentar un verdadero estatuto de justicia transicional que asuma de frente todos estos problemas y que se articule con la Ley de Víctimas que tramita el Congreso. Y que, además, le da la excusa perfecta para crear el marco jurídico de una eventual negociación con la guerrilla, una de las secretas aspiraciones de Santos para pasar a la historia.
Esta mañana en Casa de Nariño, Santos estuvo reunido con su equipo viendo qué alternativas tienen y al parecer plantearon más de cinco, que La Silla Vacía no pudo conocer. Con esto, Santos se ve obligado a meterse en el tema de la negociación con los paras, un tema muy cercano al gobierno pasado y frente al cual el nuevo presidente ha querido pasar agachado. El fallo de la Corte ya no se lo permitirá.
Hay qe analizar el fallo a fondo para ver que conveniente o inconveniente es para el País, no analizarlo de manera ligera sesgada, ya que podria traer consecencias para el País.
Este sigue siendo un tema delicado, pero el temor de que vuelvan a delinquir, ya lo resolvieron hace mucho rato, ya lo están haciendo, ya revivieron sus antiguas bandas y en algunos casos, ni siquieran se acogieron a la ley, el reto lo plantea, el hecho de que si de verdad asumen su responsabilidad, se sometan a la justicia