La senadora Nora García denuncia la liquidación poco transparente de las regalías de la multinacional Cerro Matoso. Su padre, Amaury García, era de su junta directiva cuando lo mataron y en ese momento estaba denunciando pagos irregulares a una empresa de seguridad en la zona.

La senadora cordobesa Nora García Burgos tenía 37 años de edad cuando el 4 de marzo de 1993 asesinaron a su padre, Amaury García.

La primera hipótesis sobre el crimen del ex ministro de Salud, ex congresista y ex gobernador de Córdoba que se comentó en todos los rincones del departamento fue que al líder político lo mataron por los reparos que le hizo al manejo irregular de las regalías de Cerro Matoso, la compañía que maneja la explotación de níquel en la región.  Después sobrevinieron otras teorías, y hasta hoy nada se ha comprobado porque se desconocen los autores intelectuales del asesinato.

Pero 17 años después de los acontecimientos que vistieron de luto a los miembros del Partido Conservador en Córdoba, la hija del inmolado político terminó denunciando lo mismo: la liquidación poco transparente de las regalías que hacen las multinacionales, entre ellas Cerro Matoso.

Sus denuncias cobran mayor importancia ahora, y no solo porque a raíz del debate sobre la ley de regalías que aprobó ayer en plenaria el Senado el tema de la corrupción en su manejo está caliente, sino porque el 1º de octubre del 2012 se vence la licencia de explotación otorgada a Cerro Matoso.

David Barguil, representante a la Cámara por Córdoba, también conservador y el coequipero de Nora García, dice que si se comprueban omisiones en las autodeclaraciones de explotación para determinar el monto de las regalías giradas al Estado, bajo la permisividad de Ingeominas, Cerro Matoso la va a pasar muy mal durante su trámite para obtener una nueva licencia.

El pasado

Amaury García Burgos era miembro de una de las familias políticas conservadoras de más tradición en Córdoba.  Seguidor de Mariano Ospina Pérez, el médico García Burgos fue senador en varias oportunidades, ministro de Salud en el gobierno de Belisario Betancur y a partir de 1992 se desempeñaba como miembro suplente del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de Cerro Matoso S.A, que ostenta el contrato de explotación del níquel desde el 30 de marzo de 1963.

“El ex Ministro de Salud había decidido entrar al laberinto insondable de los licores, la política y las regalías; también empezó a indagar acerca de un oscuro desvío de dineros para una empresa de seguridad en el Alto San Jorge. Pero nunca pudo encontrar la salida… ni la verdad”, dice una crónica sobre los hechos que envolvieron el crimen de Amaury García, publicada por el periodista cordobés Antonio Sánchez Jr., en su libro “La crónicas que no me dejaban contar”.

Relata la crónica que en marzo de 1993, Plinio Apuleyo Mendoza, en su habitual columna en EL TIEMPO, escribió: “… qué se han hecho los 48 millones de dólares que ha recibido Córdoba por concepto de regalías? Alguien se interesó en este tema. Decidió investigarlo: el doctor Amaury García Burgos. Fue asesinado, y su familia y sus amigos no dudan que fue como consecuencia de esa investigación emprendida por él…”

Al ex ministro lo asesinaron tras salir de una Junta que se realizó ese 4 de marzo de 1993 en Cerro Matoso. Se supo igualmente que él había objetado unos pagos que se venían haciendo a una empresa de seguridad que prestaba sus servicios a Cerro Matoso y sus alrededores, en tiempos en que en la zona comenzaron a operar cooperativas de seguridad privada que más tarde fueron bautizadas como las Convivir.

García Burgos también había decidido indagar lo que sucedía con el contrato de los licores en la región, algo por lo que también silenciaban a la gente en Córdoba.

“Nadie puede saber realmente cuáles fueron los motivos por los que mi padre fue asesinado”, dice Nora García. Sin embargo, ahora ella ha decidido indagar sobre la forma como se liquidan las regalías, y más aún, ha desempolvado las auditorías hechas por la Contraloría a Ingeominas (vigencias 2007 y 2008). En ambas, Cerro Matoso se raja.

En la primera auditoría, la Contraloría detecta un presunto detrimento patrimonial por 209 mil millones de pesos, por concepto de la venta del mineral denominado canga, (que resulta tras la explotación del níquel), el cual no habría sido debidamente reportado al Gobierno Nacional. En la segunda auditoría a la vigencia 2008, el ente de control tasa en 23 mil millones de pesos otro presunto detrimento patrimonial, esta vez por “error” en la liquidación de las regalías del níquel.

La ley dice que Ingeominas es el encargado de vigilar el manejo de las regalías, pero en la auditoría la Contraloría precisa algo que ya muchos sabían: el Instituto no tiene las herramientas necesarias para hacer el recaudo. “Estudiando el tema hemos encontrado que las empresas extractoras no están reportando todo, y allí están dejando de pagar unas regalías”, dice la senadora García.

Los congresistas García y Barguil presentaron un proyecto de ley que concretamente le agrega al artículo que regula el recaudo de las regalías, la palabra “fiscalización”. “Para que la fiscalización la haga un ente que tenga dientes y garras, que vigile y evalúe a las multinacionales, cuánto material minero están extrayendo y cuánto están reportando. Entre lo uno y lo otro hay un vacío, y por allí es por donde se están saliendo los recursos que el Estado está dejando de ganar”, dijo García a La Silla Vacía.

La senadora es consciente de la coincidencia entre la lucha de su padre y ahora la suya, pero aclara que “como persona y como familia no tiene nada en contra de Cerro Matoso. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió hace mucho tiempo. Simplemente estamos defendiendo que las regalías que recibe el Estado se paguen completas, que se entregue lo que realmente se debe entregar”.

Su proyecto, que también atañe a otras multinacionales a las cuales se les han detectado faltas similares debido al manejo poco claro de Ingeominas, llega en momentos en que el Gobierno Nacional ha vendido la reforma a las regalías como el punto final de los malos manejos en que han incurrido municipios y departamentos, dejando de lado el agujero negro creado por las grandes compañías extractoras, de la mano de Ingeominas, que debía velar porque el Estado no perdiera un peso.

Nota de la Editora: La posición de Cerro Matoso sobre este tema es que ha hecho un pago oportuno y correcto de las regalías desde que tiene la licencia de explotación. La primera vez que se objetó la liquidación fue el año pasado y, como dice la historia, la diferencia que existre entre lo declarado por la empresa y la Contraloría es de 23 mil millones de pesos. Esta diferencia equivale al 3 por ciento del total liquidado. Y la empresa ha dicho que está a la espera de que el Tribunal de Arbitramento previsto en el contrato defina quién tiene la razón para acogerse a la decisión.

Sobre el tema de la canga, sobre el cual la Contraloría encontró en la primera auditoria un presunto detrimento patrimonial por 209 mil millones de pesos, la posición de Cerro Matoso es que este subproducto del níquel es propiedad del Estado y lo puede recoger cuando disponga ya que este material nunca ha sido vendido, salvo una prueba que ensayaron y no funcionó. Por lo tanto, no habría por qué liquidar regalías sobre la canga.

Eta información fue recibida después de publicada la historia, pero consideramos que los usuarios la deben conocer también.