Bajo la tutela de Andrés Felipe Arias, el Ministerio de Agricultura, creó el programa Agro Ingreso Seguro para fortalecer al sector agropecuario con miras a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos.

Se trataba, en sus palabras, de un programa que urgía el campo colombiano para defenderse frente a la competencia desleal y subsidiada de otros países.

Y ese fue uno de los argumentos para realizar la convocatoria de manera pública y realizar un convenio con el ICCA, un organismo internacional de interventoría, para velar por la transparencia de la repartición de los recursos. Pero eso no se cumplió y las revelaciones de prensa lo probaron mes tras mes.

A cada nueva revelación sobre las irregularidades en la entrega del AIS, el ex ministro Arias dio una respuesta y pese a todas las pruebas siempre se mantuvo en que no era cierto que el AIS estuviera dirigido a los ricos. Aseguró que sus enemigos y los enemigos del Gobierno estaban distorsionando la realidad pues el 98 por ciento de los subsidios estuvo dirigido a familias pobres.

Tampoco admitió que conociera sobre las parcelaciones de haciendas en la Costa Atlántica ni que algunos de los proyectos subsidiados no se llevaron a cabo y negó que las bases de datos de los aportantes a las campañas de su jefe Álvaro Uribe coincidieran de alguna manera con los beneficiarios del AIS.

Incluso dijo que se retiraría de la vida política si se comprobaba que tuvo alguna relación con la selección de los beneficiarios.

Cuando se conocieron las denuncias, el mismo Arias solicitó a la Procuraduría que lo investigara y hoy el organismo de control disciplinario dictará pliego de cargos en su contra, según información de prensa conocida hoy.  Esta es la cronología de los hechos que forman el escándalo:

El 23 de agosto de 2009 fueron revelados unos documentos donde por primera vez se vinculaba al programa Agro Ingreso Seguro con una irregularidad. Durante un allanamiento a la vivienda del ex senador Alirio Villamizar, condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por concusión, los oficiales del CTI encontraron el contrato por el que el Ministerio de Agricultura entregaba al hijo del parlamentario, Danny Villamizar, un subsidio no reembolsable por 496 millones 400 mil pesos.

En su momento, Andrés Felipe Arias explicó que para la entrega de los subsidios de AIS se hacía una convocatoria y a los proyectos con mayor puntaje se les aprobaba el beneficio.

“En este caso entiendo que el proyecto está siendo ejecutado de una manera correcta. Es un mecanismo transparente, el gobierno no puede excluir a ningún ciudadano de ese tipo de convocatorias, ni a un hijo de un senador, ni a un hijo de un magistrado, a nadie”, explicó.

Sin embargo, en la finca, que todos los vecinos creían era de propiedad del senador Villamizar, el proyecto no se había desarrollado en su totalidad y las familias que supuestamente eran también inversionistas jamás habían entrado al terreno.

La revisión de las listas de beneficiarios del Programa Agro Ingreso Seguro reveló que los subsidios no reembolsables se fueron, en gran parte, para familias poderosas y grandes empresarios del campo que cuentan con gran influencia política en las regiones.

Los documentos revelados por la revista Cambio mostraron que estuvieron en la lista de beneficiados los grupos Dávila y Vives Lacouture, ambos grandes empresarios del Magdalena.

Pero también recibieron los “regalos” gubernamentales los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo y los Dávila Abondano. Casi todas estas familias están emparentadas entre sí y lo que encontró la Fiscalía es que para recibir varios subsidios en una sola finca, parcelaron los terrenos e hicieron varias solicitudes, cada una a nombre de un familiar diferente.

Esta parcelación se configuró en la principal clave de las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría para mostrar que la entrega de los subsidios no cumplió los requisitos y que los beneficiados no actuaron de buena fe.

Sin embargo, al ser llamados entrevista en la Fiscalía, esos beneficiarios aseguraron que habían parcelado las tierras por sugerencia del entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

En su defensa pública del programa AIS, Arias dijo que el programa tenía buena intención y no era su responsabilidad el abuso de los beneficiarios. “Desde el principio de esta República, cuando el Gobierno da un apoyo, hay gente que abusa” y añadió: “Esto habla mal del abusador no del Gobierno”. 

Los mayores beneficiarios de AIS fueron los palmicultores, que en cuatro compañías ubicadas en tres municipios (Tumaco, Codazzi y Tauramena), recibieron casi el 40% de todos los créditos blandos entregados por AIS en 2008. En ese mismo año, el 28% de todos los dineros entregados en el país por Incentivos de Capitalización Rural fueron entregados a tres empresas palmicultoras.

Andrés Felipe Arias aceptó haber hablado con algunos palmicultores, pero que lo hizo para preguntarles si había algo ilícito en el programa. “Este es un ataque a la palmicultura”, fue su respuesta.

Los documentos entregados en su momento por las campañas de Álvaro Uribe a la presidencia, y las correspondientes a la campaña para el referendo reeleccionista mostraron que entre los aportantes a la campaña presidencial de 2002 del ex presidente Uribe estaban los nombres de 45 beneficiarios de AIS, igual que ocurría con diez aportantes del referendo reeleccionista.

Entre los aportes de 2002 están los entregados por Alberto Dávila Diazgranados, presidente del grupo Daabon de la familia Dávila Abondano. El entonces presidente Uribe inauguró después varias plantas del grupo y recibió a su junta directiva en varias ocasiones.

También estuvieron incluidas en las beneficiarias de AIS otras dos empresas del mismo grupo, CI Tequendama y CI La Samaria, que aportaron al referendo reeleccionista.

El sucesor de Arias en el Minagricultura, Andrés Fernández, dijo en sus primeras declaraciones que ningún beneficiario de AIS había dado algún aporte a campañas de Álvaro Uribe Vélez.

Y el ex ministro Arias aseguró que el programa Agro Ingreso Seguro fue hecho para contribuir con el campo colombiano y que nadie podía demostrar que fue utilizado “para pagar favores políticos”.

Esa declaración fue hecha durante un consejo comunal anticorrupción que realizó el ex presidente Álvaro Uribe en Bogotá y durante el cual al ex ministro le fueron concedidos quince minutos para defender el programa AIS.

Documentos de la campaña de la precandidatura para la Presidencia de Andrés Felipe Arias revelaron que varios de sus donantes eran a la vez beneficiarios de Agro Ingreso Seguro.

Uno de los principales aportes fue el realizado por el grupo Mayagüez que recibió más de 3 mil millones de pesos de Agro Ingreso Seguro. En este caso, los peritos del CTI concluyeron , tras un cruce de datos y un peritazgo, que a la campaña de Andrés Felipe Arias llegaron donaciones de beneficiarios de AIS a través de tres entes diferentes.

Entre las empresas aportantes están Álvaro José Correa Borrero,  Helena Borrero de Correa, Guillermo Enríquez Gallo, Óscar Enrique Penagos Garces e Iván Dario Mejía Restrepo. Además de otros ya mencionados como Alberto Dávila Diazgranados, Alfonso Dávila Abondano y Jaime de Jesús Henríquez Gallo.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía anticorrupción a la Corporación Colombia Cambió ingresaron aportes de empresas como: Incauca, Ingenio Providencia y Bananeras de Urabá.

El ex ministro, sobre esta denuncia, emitió un comunicado de prensa en que dijo que su campaña había tratado todos los temas de financiación con absoluta transparencia y que las revelaciones hechas por los medios de comunicación no eran más que persecución política y un intento por ayudar a la otra campaña que aspiraba a la candidatura oficial del Partido Conservador, la de la precandidata Noemí Sanín.

Andrés Felipe Arias construyó una defensa completa sobre el programa Agro Ingreso Seguro y la compiló en una cartilla titulada “Lo que no quieren que usted sepa de Agro Ingreso Seguro”,  que fue repartida en la sede de su campaña para la candidatura conservadora a la Presidencia de la República.

Esta misma información, muchas veces textual, fue la misma que utilizó su sucesor en el Ministerio de Agricultura, Andrés Fernández, durante su defensa en la plenaria del Senado el día en que se discutió una moción de censura en su contra.

El argumento siempre fue el mismo, que las familias beneficiadas pertenecían a todas las clases, pero principalmente a los sectores pobres: “Si cualquiera escruta la lista de beneficiarios del Programa, que es pública desde el principio, encontrará 316 mil familias beneficiadas. Dentro de esas 316 mil familias habrá personas que apoyan al Gobierno, habrá otras que no están de acuerdo con el Gobierno y habrá otras que no han tomado preferencia política. Pero de ahí a tomar convenientemente solo un puñado de beneficiarios a quienes se les conoce algún afecto por el Gobierno o por el Presidente, para concluir amañadamente que Agro Ingreso Seguro se utiliza para pagar favores políticos del Gobierno, es un absurdo. Tan absurdo como concluir que un requisito de acceso a programas del Gobierno es declarar abiertamente el antigobiernismo”.

Como al argumento de la inequidad en la distribución del AIS, fueron muchas las respuestas que estableció el ex Ministro Arias a las inquietudes que generó el esándalo de Agro Ingreso Seguro, las mismas que hoy la Procuraduría no consideró suficientes.