Otro nuevo delito que aparece en el proyecto es el de la utilización de empresas para promover el terrorismo. Este parece ser el que fue difundido por error como la propuesta de un delito de opinión y que mereció el rechazo de Iván Cepeda, pero cuya existencia negó el Viceministro de Interior . Se trata de multar a las empresas que sean utilizadas para "difundir ideas o doctrinas que promuevan conductas constitutivas de terrorismo". Aunque aún no se conoce el texto definitivo del proyecto de Ley, la redacción de este artículo seguramente será el centro de un gran debate. Si bien no habla de un delito de opinión, es cierto que no siempre es sencillo saber qué ideas son las que promueven acciones terroristas ¿Decir que la lucha de las Farc es legítima? ¿Asegurar que la lucha de los paramilitares es justificada?

Un punto que quizás es más central para la seguridad urbana y en el que se nota que el Gobierno ha escuchado a los alcaldes tiene que ver con el porte ilegal de armas. La ya larga lucha de los alcaldes de las grandes ciudades por lograr el desarme total de los ciudadanos, en la que participaron Mockus, Peñalosa y Fajardo encuentra eco en el proyecto que establece que el porte ilegal de armas no será excarcelable. En otras palabras, portar un arma sin salvoconducto será motivo suficiente para terminar en la cárcel, en cualquier circunstancia. En esta misma línea se penalizará no sólo el porte de armas completas sino de sus partes, en respuesta a una modalidad muy utilizada en Medellín: los delincuentes portan las armas por partes y así evitan "cometer" un delito. Sin embargo, hasta el momento los alcaldes no logran un desarme definitivo, ni obtienen el poder de prescindir de los comandantes militares para regular este asunto. 

El endurecimiento de las penas es bien visto por quienes, como el experto en seguridad Armando Borrero, opinan que "en Colombia siempre ha habido un liberalismo ingenuo que ha llevado a un garantismo excesivo". En efecto, no resulta muy lógico que los adolescentes que hayan sido condenados por un delito, no cumplan con la totalidad de la pena por el simple hecho de cumplir 21 años de edad.

Sin embargo, el ex concejal y político Juan Carlos Flórez, considera que la mención respecto a que estas sanciones se cumplan en lugares "que garanticen su seguridad y resocialización" parece ser un canto a la bandera. Esas condiciones deberían aplicarse en todas las cárceles y prisiones del país.
 

La eficiencia de la justicia penal podrá incrementarse si se amplía el concepto de flagrancia, se hace posible capturar y allanar en cualquier momento del día, se permite que cualquier juez sirva como juez de garantías para cualquier caso o se permite que cualquier ciudadano capture a un criminal. Sin embargo, "algunas de estas medidas podrían crear riesgos. Por ejemplo, si no se prepara a todos los jueces para servir de jueces de garantías, se podr{ian dar casos que se caen por errores en la aplicación de la ley", argumenta Borrero. Tampoco es clara la idea de que la persona encontrada en un carro en el que se cometió un delito haya sido capturado en flagrancia, como lo propone el proyecto.

La usurpación fraudulenta de inmuebles facilitaría la recuperación de tierras arrebatadas a la fuerza a campesinos, como lo plantea la Ley de Víctimas que actualmente hace curso en el Congreso. La adjudicación de bienes baldíos obtenidos por extinción del dominio podría llevar a que zonas selváticas en las que se procesa coca sean entregadas a campesinos. Este último punto podría, sin embargo, traer problemas ambientales, por la ubicación de esos baldíos.

Estas medidas, si bien pueden tener una aplicación más restringida que las de la Ley de Tierras o la Ley de Víctimas, pretenden mostrar el compromiso del Gobierno con el tema. Con varios proyectos de ley haciendo referencia al tema, el mensaje del Gobierno es contundente.
 

Para Juan Carlos Flores, esto se puede deber a que se ha diagnosticado el problema de seguridad urbana como producto del microtráfico de estupefacientes. Esta visión lleva a una política reactiva a problemas puntuales y que no incorpora cambios institucionales. Por ejemplo, no se abordó la necesidad de mejorar la capacidad de las policías judiciales ni la propuesta de unificarlas en un solo cuerpo, pese a que es un tema fundamental.

La futura reforma a la justicia o el futuro Código de Convivencia pueden solucionar estas carencias. Tendremos que esperar a que el Gobierno presente esas, y otras, reformas para ver en qué queda el tema.