El 16 de septiembre, Piedad Córdoba dijo frente al Parlamento Europeo que “Colombia es una fosa común, el mayor cementerio de América Latina”, declaraciones que como ya se sabe generaron una réplica inmediata del Presidente Santos, de su partido y la indignación de muchos colombianos.

¿Tiene razón Piedad?

Depende de cómo se le mire. Claramente no es Ruanda, donde la matazón se ha extendido a todo el territorio, como quizás podrían haberlo entendido los parlamentarios europeos cuando lo oyeron de boca de la senadora. Y la senadora Córdoba no siempre es la más rigurosa a la hora de dar sus declaraciones.  Por ejemplo, cuando afirmó ante canales internacionales que el cementerio de la Macarena estaba “lleno de falsos positivos, asesinatos a sangre fría, y ejecuciones extrajudiciales”, omitió decir que estaba localizado en la antigua zona de distensión y que muchos fueron muertos en combate y no a sangre fría, como lo dijo el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado (ver artículo). Así como genera la antipatía de muchos, Córdoba también tiene una audiencia que recibe bien este tipo de declaraciones porque confirman sus peores temores.

Pero aún si es debatible el foro en el que hizo estas declaraciones, la senadora tiene razón en que en Colombia hay una cantidad impresionante de muertos mal enterrados. Enterrados sin nombre y sin el más mínimo ritual de sepultura para sus familiares más queridos.

“En los dos años que llevamos buscando hemos encontrado que hay 9.000 N.N. en cementerios y solo vamos por la mitad de los cementerios legales que hay en el país”, dijo a La Silla Vacía Luis González, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

González explicó que en su Unidad han llegado a la conclusión que la mayoría de los desaparecidos de Colombia -que según el último reporte de Justicia y Paz equivalen a 32.348 personas- están en los cementerios y por eso una de sus estrategias es buscar las necropsias de los muertos no identificados que están enterrados en cementerios legales. Todavía no han identificado los nombres de las personas que seguramente alguien lleva años buscando porque hasta ahora están dimensionando la cantidad de N.N. antes de proceder a su exhumación. “Necesitamos prácticamente otra Fiscalía para identificarlos a todos”, dijo.

Y esos son muertos que están debidamente enterrados en los cementerios legales. Porque también están las fosas comunes que los paramilitares desmovilizados han ido identificando en las audiencias de Justicia y Paz.

A agosto 31 de 2010, la Fiscalía ha encontrado 2.867 fosas con 3.488 muertos (ver mapa), de los cuales han podido identificar plenamente solo a la tercera parte. Pero hay muchas más si se tiene en cuenta que solo los paras cometieron 2.500 masacres.

En solo una declaración, en octubre del año pasado, el desmovilizado John Jairo Rentería, alias ‘Betún’, miembro del frente Sur del Putumayo de las ACCU, dijo que en una finca llamada Villa Sandra, donde los paras tenían una de sus bases de operaciones, habría unas 800 personas enterradas.

“En esa finca había un grupo permanente de nosotros y allí los urbanos llevaban la gente que iban a matar, se la entregaban a ellos, las ejecutaban y las enterraban por allá. Hay muchísima gente en fosas, yo creo que unas 800 personas”, dijo 'Betún', en una de sus declaraciones que fue recogida por el portal Verdadabierta.com.

“Según relató el ex paramilitar, ese predio fue donado por su dueño a las Accu, para que instalaran allí su base de operaciones. Indagado por qué tomaron la decisión de enterrar allí a sus víctimas, 'Betún' explicó que fue por sugerencia de la policía de Puerto Asís: “nos pidieron el favor que no matáramos más gente en el pueblo porque ellos tenían problemas, entonces dieron la orden de que todo aquel que quisieran matar lo llevaran a la finca y lo enterraran allí”, dice el artículo publicado el año pasado, y que es uno de muchos sobre este tema.

Y fuera de los N.N. enterrados en cementerios legales, de los muertos arrojados a fosas comunes por los paramilitares, están los que la guerrilla asesinó y no han ubicado y también los muertos que los familiares enterraron al lado de sus casas antes de huir.

El viernes pasado, María Zabala, una mujer campesina del corregimiento Martinica de Montería, contó a La Silla Vacía que en 1988, los paramilitares llegaron a su casa y asesinaron a su esposo, a su cuñado y a sus dos hijos. Y así, asesinaron a veinte hombres en total. Antes de irse, le dijeron a los sobrevivientes en el caserío que tenían que abandonar las tierras y vender. Ese mismo día de la masacre, todos salieron huyendo del corregimiento. Pero antes, María, su suegro y su hija enterraron a sus cuatro muertos en un hueco al lado de la casa. “Otros dejaron sus muertos tirados a que se los comieran los gallinazos”, dijo, al terminar la audiencia defesorial sobre la situación del conflicto en Córdoba.

Solo hasta este año, Zabala volvió a su casa, que ya ha cambiado cuatro veces de dueño, y desenterró a sus familiares con la ayuda de la Fiscalía para darles la cristiana sepultura. Estos muertos de María Zabala, como seguramente los de muchas mujeres como ella, no aparecían en las estadísticas forenses.

En Argentina, la Comisión Nacional de Desaparecidos estableció que durante la dictadura 9.000 personas habían sido desaparecidas.  En Chile, la Comisión de Verdad y Reparación concluyó que 3.000 chilenos fueron desaparecidos durante el régimen de Pinochet.

Si se compara solo lo que la Fiscalía ya tiene documentado: 9.000 cadáveres sin identificar enterrados como N.N. en la mitad de los cementerios que han podido revisar, más 3.487 muertos encontrados en las fosas comunes que han podido exhumar suman el total de los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur. Cifras que no son ni la mitad de las fosas que han declarado los desmovilizados y que no incluyen la de los N.N. de los cementerios sin revisar aún ni los muertos que arrastran los ríos, ni los enterrados al pie de la casa antes de dejarlo todo.