Desde que hace unos meses comenzó el actual torneo de fútbol colombiano, se ha hablado de crisis. Varios equipos están sin ponerse al día con el sueldo de sus jugadores, por lo que los del Quindío, el América, el Once Caldas y el Pereira amenazaron con irse a huelga. Otros equipos, como Millonarios que se sometió a la Ley 550, se han salvado por poco de desaparecer o sufren problemas económicos serios.

Ante esta situación, Jairo Clopatofsky, nuevo director de Coldeportes, dijo que la entidad “intervendría” el fútbol. Pero su anuncio causó gran polémica pues la FIFA no admite injerencia política en el fútbol y, para muchos (incluidos los dirigentes de Colfútbol), esto implicaría una desafiliación y la exclusión de todas las competencias internacionales, incluido el Mundial Juvenil del próximo año que se realizará en 8 estadios del país. Clopatofsky tuvo que precisar sobre el término usado y dijo que, de todas maneras, Coldeportes hará el control que le corresponde. 

En un intento por solucionar los problemas económicos de los clubes de fútbol, el gobierno de Santos radicó de nuevo en el Congreso una reforma a la “ley del deporte”, que se hundió en la legislatura anterior y que crea los mecanismos necesarios para que los equipos se puedan transformar de organizaciones sin ánimo de lucro en sociedades anónimas.

La idea es permitir que los equipos se conviertan en empresas con ánimo de lucro que le permitan a los socios ganar utilidades. Y además, crea los mecanismos para evitar que los derechos de voto se concentren en pocas personas.

Para Jairo Rendón, economista de los Andes y blogger de La Silla Vacía, esta puede ser una reforma positiva, pues "ahora los inversionistas no solo tienen derecho al voto, sino también a las utilidades que genere el equipo y cuando hay plata de por medio las cosas son a otro precio" Los socios se preocuparían más por proteger su inversión y por generar dividendos y no como en el sistema actual, en el que el capital es propiedad de la asociación y los asociados no pueden obtener ganancias de él.

Además, los derechos de voto estarían repartidos más equitativamente. La reforma plantea que cada socio puede tener máximo un voto, a menos que el equipo emita acciones en la bolsa. Esto garantizaría mayor transparencia ya que la junta directiva velaría por los intereses de la sociedad anónima y no de algunos socios en particular como sucede ahora.

En equipos como el Deportes Tolima (en el que una persona tiene el 99% de los votos), el Deportes Quindío (donde 29 aportantes manejan el 85.7% de los votos), Independiente Santafé (30 aportantes tienen 94,7% de los votos), Millonarios (33 aportantes tienen 75% de los votos) o el Atlético Huila (donde 30 aportantes tienen el 70% de los votos) todo gira alrededor de los intereses del puñado de socios mayoritarios.

De aprobarse la reforma, se podrían planear estrategias de negocios más efectivas que las actuales. Por ahora, sólo se generan ingresos por derechos de transmisión de televisión, recaudo de taquillas, venta de jugadores y patrocinios. Esto sólo alcanza para mantenerse a flote porque los jugadores cuestan poco, las taquillas no son considerables y los patrocinios tampoco dejan mucho.

Entonces, lo que ocurre ahora es que los asociados intentan ganar plata con negocios paralelos que los benefician a ellos pero no al equipo. Por ejemplo, es frecuente que un asociado sea el dueño de la ficha de un jugador y cuando lo vende deja al equipo sin jugador y sin ingresos por la venta.

Como ejemplo del posible éxito de las nuevas medidas del gobierno, Rendón pone al Colo Colo de Chile. Al convertirse en una sociedad anónima, este equipo se salvó de la quiebra, se convirtió en una empresa rentable y comenzó a tener triunfos deportivos.

Sin embargo, Rendón critica que la reforma plantee que cada socio pueda participar económicamente sólo en un equipo, evitando la diversificación y alejando posibles inversionistas que no quieren arriesgarse con una sola empresa.

Aunque hay varios optimistas como Rendón, no todos ven con buenos ojos la reforma. Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, el primer equipo creado como sociedad anónima en Colombia, piensa que la reforma será negativa, pues los equipos que actualmente están consolidados como organizaciones sin ánimo de lucro perderían la exención tributaria que tienen hoy y tendrían que pagar hasta 35 por ciento más de impuestos y su funcionamiento ahora sería más oneroso.

Pone el ejemplo de España, en donde todos los equipos son sociedades anónimas y varios están quebrados o al borde de la quiebra. Además, opina que los ingresos por publicidad (que para el Chicó son 1.600 millones de pesos año) sumados a la venta de algún jugador y a los 400 mil millones que recibe cada equipo por los derechos de transmisión en televisión no alcanzan para mucho más que sobrevivir. Para él "el gobierno debe ayudar a los equipos pues es su deber constitucional fomentar la recreación y el esparcimiento".

De todas maneras, según el Presidente de la Cámara, Carlos Zuluaga, hay consenso entre el gobierno, la Dimayor (División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano), la Federación de Fútbol Colombiano y Coldeportes en que es necesario que se apruebe este proyecto para ayudar a los equipos.

Aun así, la semana pasada los equipos pidieron más ayuda en una reunión con Clopatofsky y el vicepresidente Angelino Garzón y solicitaron que el gobierno les conceda créditos blandos. A cambio, los equipos y los dirigentes del fútbol se comprometieron a crear mesas de concertación para estudiar cómo superar la crisis.  De entrada, sugirieron como una posible solución recortar los salarios y el plantel de jugadores que contratan, para evitar sobrecostos, pasando de 35 a 25 jugadores por equipo.

Sin embargo, la crisis además de institucional, es laboral. Son muchos los equipos en Colombia que no pagan los salarios completos y algunos también incumplen con las prestaciones. América, Cortuluá, Santafé, Once Caldas, Quindío, Pereira, Cali y Real Cartagena de la A y Juventud Girardot, Deportivo Pasto, Expreso Rojo, Centauros, Alianza Petrolera, Patriotas y Valledupar, de la B, están atrasados con sus pagos.

"Este es el verdadero problema del fútbol en Colombia", dijo Carlos González, presidente de Acolfutpro, la asociación de futbolistas profesionales de Colombia, quien apuntó que "además, no es nuevo".

Casos emblemáticos son el de Jaime Morón, jugador de los años 70, que murió en 2005 por diabetes, sin pensión ni seguridad social, a pesar de haber pasado por varios equipos colombianos; y el de Diego Cortés. Este jugador que llevó al Pasto a su primer campeonato y que también estuvo en el Quindío descubrió que sus equipos no habían pagado su pensión de invalidez al tener un accidente y quedar en silla de ruedas.

Para no ir tan lejos, el Ministerio de Protección Social, entre 2006 y 2009 multó al América, Millonarios, Huila, Medellín, Envigado, Once Caldas y Pereira por incumplimiento de sus obligaciones laborales y con el sistema de seguridad social.

Luis Carlos Serrano, un abogado que lleva el proceso de más de 30 jugadores, denuncia además que varios equipos tienen la práctica de terminar unilateralmente el contrato sin causa justa. Les hacen firmar a los jugadores acuerdos para arreglar tres meses después de su despido lo que les deben, conciliando la cifra que el club les debe. Pero, según Serrano, en varias ocasiones, tampoco cumplen este acuerdo.

Por eso tanto él como González, el presidente de Acolfutpro, opinan que más que una reforma, es necesario que se cumpla la legislación vigente y que se ejerzan los mecanismos de control que ya existen.

Por ahora, la ley estipula que Coldeportes es el encargado de otorgar el reconocimiento deportivo, que es el documento necesario para que un equipo pueda jugar en cualquier torneo. Coldeportes puede quitar este reconocimiento si un equipo viola la ley. Sin embargo, Coldeportes nunca ha ejercido este mecanismo de control.

Bajo la excusa de no quitarle el fútbol al pueblo, Coldeportes no sanciona y los dirigentes se aprovechan, evaden las sanciones y siguen incumpliendo.

Según González, los dirigentes también se escudan en la prohibición de la FIFA de intervención política en el fútbol. Pero pone el caso de Calciopoli en Italia, en 2006, cuando varios equipos acusados de comprar árbitros fueron intervenidos por la justicia italiana que decretó pérdida de puntos para varios equipos y el descenso para la Juventus, sin que la FIFA lo considerara intervención indebida.

Además cita el artículo 131 del reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol que dice que los equipos que no estén a paz y salvo con sus deudas no podrán inscribir jugadores hasta que se ponga al día. Artículo que tampoco se cumple.

Con la reforma, estos controles se fortalecen, sobre todo en el campo financiero para evitar el lavado de activos a través del fútbol. La ley del deporte dice que los equipos sólo tendrán que acreditar la procedencia de sus capitales si la Superintendencia de Sociedades así lo requiere, pero la reforma plantea que todos, obligatoriamente, tendrán que acreditar de dónde viene su dinero ante Coldeportes y ante la UIAF del Ministerio de Hacienda.

De ser aprobada la reforma,  Coldeportes también podría ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Sociedades, mientras que los equipos tendrían que obtener la aprobación de todos su acreedores antes de transformarse en sociedades anónimas.

Para el representante Carlos Zuluaga, estos nuevos mecanismos "ayudarán a hacer que el fútbol sea más transparente y esté más democratizado  y colaborarán a visibilizar los recursos de los equipos que, eventualmente, tendrán que ajustarse a los cambios.

Ya en la legislación colombiana existen las tarjetas amarillas y rojas para los dueños de los equipos de fútbol, pero hasta ahora no ha existido árbitro que se atreva a sacarlas. La reforma lo hará más fácil pero ella, por sí misma, no es suficiente.