El viernes pasado, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, denunció la existencia de “una mafia dedicada a estafar a los contribuyentes y al Departamento en el pago del impuesto de registro desde hace más de diez años”.

Lo hizo en una rueda de prensa convocada a última hora y que tuvo pocas repercusiones quizá porque coincidió con la revelación del testimonio de la ‘Mata-Hari’ de la Corte. Y, además, porque parecía un informe más de buena gestión del Gobernador.

La rueda de prensa pareció mas bien una estrategia para protegerse del escándalo que le iba a estallar al Gobernador sobre este desfalco mayúsculo que se viene dando desde hace más de un año al departamento. La Silla Vacía llamó el jueves al gobernador a indagar sobre el desvío del impuesto de registro, que equivale al 1 por ciento del valor de todas las transacciones sobre los inmuebles en Bogotá, y al día siguiente el Gobernador explicó todas las modalidades de fraude mediante las cuales se lo estaban robando al departamento.

La historia del desfalco es así: desde comienzos de este año, detectives del DAS están yendo a las notarías a verificar el pago del impuesto de registro de las escrituras públicas y a alertar sobre la existencia de unas boletas fiscales falsas. Y por otro lado, los notarios vienen recibiendo llamadas de clientes furiosos que han sido requeridos por la Dirección de Rentas de la Gobernación de Cundinamarca exigiéndoles el pago de un impuesto que ellos ya pagaron a través de la notaría.

Los notarios, estupefactos, han descubierto que casi una tercera parte de las boletas emitidas por el Banco Agrario o ahora por el Banco de Colombia, que opera dentro de la Gobernación, como constancia del pago del impuesto de registro de las escrituras públicas son chimbas y que en la Secretaría de Hacienda no aparece registro del pago de ese impuesto.

La Silla Vacía consultó tres notarias diferentes. En una de ellas, haciendo una revisión de solo cuatro meses descubrieron que se había producido un robo de unos 200 millones; en otra, de 260 millones y en la tercera, el notario se asustó porque no había pagado el impuesto de registro de las escrituras públicas de sus clientes con cheques de gerencia y por lo tanto no tenía suficiente prueba, y entonces, volvió a pagar 80 millones de pesos.

Este servicio de registro de las escrituras públicas es prestado por más de 40 notarías en Bogotá, varias inmobilitarias y muchas constructoras, con lo cual varias personas en el sector consideran que el desfalco al departamento puede ser de miles de millones de pesos mensuales. Y que definitivamente se trataría de un desangre de las finanzas departamentales mucho mayor a los 600 millones de pesos estimados por el gobernador González en su rueda de prensa, máxime si es verdad, como dice él, que esta mafia viene operando desde hace 10 años.
 

El modus operandi

La forma como al parecer se hace el desfalco es así: el ciudadano o la notaría paga en lo que se conoce como la Beneficencia de Cundinamarca el impuesto del 1 por ciento del valor de la compraventa del inmueble y como constancia, le entregan una boleta fiscal.

Con esta boleta, va a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, paga el 0,5 por ciento de impuesto sobre el valor de la misma transacción y registra la escritura. A la semana, recoge el certificado de tradición y libertad. Y queda convencido de que está al día hasta que le llega un requerimiento de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación con la noticia de que debe varios millones al fisco por no haber pagado ese impuesto.

Al recibir las llamadas alarmadas de sus clientes, los notarios se han puesto en la tarea de rastrear el fraude.

Los notarios consultados por La Silla Vacía le solicitaron a sus bancos que les dijeran quién cobró el cheque de gerencia con el que pagaron estos impuestos, ya que este solo se hace efectivo a favor del beneficiario descrito en el mismo cheque. Y el banco les respondió que la Gobernación de Cundinamarca cobró el cheque y les dio una fotocopia del cheque endosado con el sello a nombre de la Gobernación.

Mediante estas pesquisas, los notarios, han descubierto dos cosas alarmantes. Por un lado, que estos cheques no fueron cobrados el mismo día en que se giraron, como es la costumbre, sino hasta ocho días después. Y, cuando, mediante derechos de petición, le han pedido al Banco Agrario –con quien la Gobernación tenía originalmente el contrato de recaudo- que diga contra qué escrituras se pagó el cheque de gerencia han descubierto que no pagó la escritura que ellos registraron sino otras cuatro o cinco, algunas de las cuales ni siquiera son de esa notaría. Entonces, han llamado a los dueños de esas escrituras y en todos los casos esas personas han dicho que pagaron el impuesto de registro en efectivo.

Eso les ha permitido concluir el modus operandi criminal (ver gráfico) de esta mafia que todo parece indicar opera dentro de la Gobernación: cuando el contribuyente paga el impuesto de registro mediante un cheque de gerencia en la ventanilla de la Gobernación, recibe como constancia una boleta fiscal falsa, y su pago no queda registrado en la Secretaria de Hacienda; al parecer la mafia que opera dentro de la Gobernación guarda el cheque hasta que reúne las escrituras públicas necesarias que sumadas se aproximen al valor total del cheque, para consignarlo luego como si pagara las escrituras pagadas con efectivo. Y se roban la plata en efectivo. Es decir, se roban la plata de los que pagan en efectivo y le dan boletas falsas a los que pagan en cheque.

Darse cuenta del fraude no es fácil pues las escrituras registradas coinciden con el valor de los cheques de gerencia. Lo único es que las escrituras pagadas con cheque nunca quedan registradas.