Los pasacalles que aparecieron en los últimos días en varios sectores de Cali reflejan un poco lo que está ocurriendo en el Valle del Cauca. Los avisos sin dueño son un pedido al presidente Juan Manuel Santos para que mantenga en su cargo al designado Gobernador Francisco Lourido porque supuestamente es el hombre honesto que necesita el departamento. Los avisos están firmados por "ciudadanos, políticos y empresarios decentes de la región" que comenzaron una campaña para mantener a Lourido en su cargo pese a los reparos que han surgido sobre la legalidad de su permanencia en el cargo.

Las vallas originaron la reacción inmediata de algunos columnistas y de otros sectores de la sociedad vallecaucana que aunque no defienden al ex gobernador Juan Carlos Abadía tampoco comparten el que Lourido esté en ese cargo cuando podría estar inhabilitado para hacerlo. Su supuesta inhabilidad obedece a que firmó unos contratos como representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, SAG, con dependencias estatales como la Corporación Autónoma Regional del Valle y la Industria de Licores del Valle durante el año inmediatamente anterior a su designación.  Adicionalmente, algunos columnistas han cuestionado la falta de claridad en la compra de un lote por parte de Emcali a su familia para aportarlo a Termopacífico.

Después del novelón en que se convirtió la destitución de Abadía y que mantuvo en vilo el primer cargo del departamento durante tres meses, se pensó que el Valle había recobrado la gobernabilidad con la designación de Lourido, pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Entre el clan de los Abadía, Angelino Garzón y Germán Vargas Lleras se juega la suerte del departamento.

Tan pronto se supo que Abadía salía definitivamente del cargo, los diferentes sectores del departamento comenzaron a mover sus posiciones para tener a un amigo como Gobernador. El ganador fue el vicepresidente Angelino Garzón porque con un decreto que expidió Alvaro Uribe en su última día como presidente fue nombrado Francisco Lourido, cercano a sus afectos.

Mientras tanto, el grupo de Abadía no se ha quedado quieto. Están intentando diversos recursos jurídicos para presionar al gobierno a llamar a elecciones o a nombrar al gobernador de una terna del mismo partido del ex gobernador, lo que genera todo un enredo jurídico que ya explicó La Silla Vacía. La última de las acciones fue una tutela que interpusieron ayer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que haga valer los derechos de los ciudadanos que firmaron para que Abadía pudiera inscribirse por firmas en su aspiración a la Gobernación.

No hay claridad sobre si el gobierno debe llamar a elecciones, escoger de una terna del mismo grupo de los Abadía o escoger a dedo. El Consejo de Estado dijo que el Gobierno debe citar a elecciones porque la destitución de Abadía que quedó en firme fue la producida en mayo (es decir un año antes de la contienda electoral) y esto obliga a que el Gobierno convoque de nuevo a los ciudadanos.

La cuestión es que con las discusiones y las acciones legales que van y vienen, si se convocaran elecciones solo podrían ser citadas en diciembre o enero, con lo que el nuevo mandatario tendría apenas un año para gobernar.

Y si se cita a elecciones es prácticamente un hecho que gane la alianza del ex gobernador Juan Carlos Abadía y Dilián Francisca Toro, avalada por Juan Carlos Martínez desde la cárcel de La Picota.

Pero el problema también es presupuestal. Convocar las elecciones del Valle podría costar al Gobierno cerca de veinte mil millones de pesos, pues hay municipios donde el recorrido de los materiales electorales y los jurados se hace por río. Con la actual situación presupuestal, ese dinero no existe en las arcas de la Nación y el Ministro del Interior tendría que conseguir ese dinero.
 

Los pasacalles que aparecieron en varios sectores de Cali (haga click para ampliar)  imploran al presidente Santos porque mantenga en su cargo como Gobernador designado al empresario Francisco Lourido (abajo).
Mientras tanto, el Valle continúa con total vacío de poder, que se originó desde la primera vez que la Procuraduría destituyó al ex gobernador Juan Carlos Abadía (arriba).

La posición del Gobierno ya está clara. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo la semana pasada que en su criterio y el de la oficina jurìdica de la Presidencia Lourido sí está inhabilitado, aunque no se refirió a qué acción se decidirá, si nombrarle un reemplazo o convocar a elecciones.

Pero inmediatamente, el asesor jurídico de la Gobernación del Valle, Herney Rojas, salió a replicarle. Su argumento es que Lourido firmó esos convenios a nombre de un gremio y no a título personal y que por lo tanto, el gobernador encargado no estaría incurso en ninguna inhabilidad que le impida permanecer en el cargo hasta diciembre de 2011, fecha en la que termina el actual mandato. Y Lourido ha dicho que no se va.

La polémica la están intentando dilucidar los asesores jurídicos del Ministerio del Interior y el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien anunció que su despacho se encuentra analizando el caso para determinar si procede o no una investigación disciplinaria.

Sin embargo, en el Valle muchos coinciden en que el gobernador Lourido es amigo cercano del procurador Ordóñez y por ello dudan de su imparcialidad al emitir un concepto.

Tantas suspicacias alrededor del nombre de Lourido no dejan un buen sabor entre las clases populares que, según las encuestas, apoyaban a Abadía a pesar de que era vox populi que el joven ex gobernador del Valle se pasaba la Ley por la faja.

En cambio, la mayoría de empresarios y en general, las clases altas del Valle están felices con Lourido como Gobernador. Aunque reconocen los ruidos que ha generado su nombre, lo que no quieren es que quien designe a su reemplazo sea Vargas Lleras. A juicio de algunos observadores del Valle consultados por La Silla Vacía, Vargas Lleras estaría tratando de utilizar su cargo para nombrar a alguno de sus amigos, como por ejemplo Luis Felipe Campo.

Con los rumores sobre la inminencia de un decreto con un nuevo nombramiento, en Cali se han barajado por lo menos siete nombres de personas que podrían ocupar el cargo. En las páginas de facebook, de twitter y cuanto foro hay en Internet se habla sobre los supuestos ofrecimientos del cargo e inmediatamente se comienza a ventilar el pasado de los supuestos candidatos.

Primero se dijo que el Gobierno y especìficamente Angelino Garzón le había ofrecido el puesto a Óscar Rojas Rentería, ex rector de la Universidad del Valle. Pero inmediatamente se conocieron reparos que había en su contra por algunas actuaciones al frente de la Comisión de Reparación. Dicen que no aceptó.

Después pusieron a sonar el nombre de Óscar Gamboa, el coordinador de negritudes de la campaña de Santos en el Valle y cercano al grupo de la U que lidera el senador Roy Barreras, pero esa aspiración no tomó fuerza.

A comienzos de semana se habló de supuestos ofrecimientos a Miguel Motoa y a Ricardo Cobo y ya hoy todos en el departamento daban por seguro el decreto en que se nombraría a Luis Felipe Campo, un liberal de vieja data del Valle, cercano a los liberales y al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Cada nombre tiene un padrino detrás y todos pelean por su posición.

Mientras tanto, en algunos círculos políticos y económicos de Cali la sensación es que quienes manejan el poder del departamento están pensando sólo en su futuro político y por eso quieren llevarse el protagonismo en la designación del nuevo gobernador, sin pensar en que mientras se ponen de acuerdo, el departamento continúa con un vacío de poder.