Tal como lo anticipó La Silla Vacía la semana pasada, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que regulaba el uso de siete bases de las Fuerzas Armadas por parte de militares gringos. Con esta decisión, la Corte hundió otro de los proyectos bandera de Álvaro Uribe y podría arruinar la incipiente luna de miel entre Hugo Chávez y Juan Manuel Santos.

Con el voto favorable de siete de los nueve magistrados, la Corte Constitucional concluyó que el Acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos es un tratado internacional que le crea nuevas obligaciones al Estado colombiano, y que por lo tanto dabía haber sido tramitado como tal. Es decir, llevado al Congreso para su discusión y aprobación, sancionado por el Presidente y luego evaluado por la Corte.

Los dos magistrados más allegados a Uribe salvaron el voto. Jorge Pretelt alegó que se trataba de un acuerdo simplificado que desarrollaba un tratado internacional y que por lo tanto, no tenía que pasar por el Congreso.  Y Mauricio González consideró que algunas partes del Acuerdo configuraban nuevas obligaciones mientras que otras partes sí eran meras ejecuciones de otros tratados de cooperación firmados por Colombia.

Aunque la ponencia de Jorge Iván Palacio proponía declarar inexequible el Acuerdo y diferir los efectos de la sentencia hasta junio del próximo año para darle tiempo suficiente al Presidente de conseguir la aprobación del Congreso, seis de los nueve magistrados -incluido Palacio- decidieron dejar sin efectos el acuerdo de cooperación de manera inmediata a partir de la notificación de la decisión (que con los tiempos que se toma la Corte puede ir de unos días a un semestre). La mayoría llegó a la conclusión que dado que el Gobierno no respetó los procedimientos establecidos en la Constitución para aprobar un tratado, este realmente no existía jurídicamente y por lo tanto no se podían diferir sus efectos.

En este punto, Nilson Pinilla salvó el voto junto con los magistrados Pretelt y González, por considerar que el país tenía que honrar su palabra con Estados Unidos por una regla básica de respeto a las relaciones internacionales.

Las implicaciones

Como se explicó en otro artículo, mediante este acuerdo Colombia le ofreció a Estados Unidos la posibilidad de utilizar las bases colombianas para aterrizar y despegar aviones en ruta a otros países o continentes como África, sobrevolar el territorio nacional sin ser inspeccionados, y gozar de exenciones tributarias y penales (en caso de cometer un delito).

El Acuerdo no partía de un supuesto de reciprocidad, no estaba limitado al narcotráfico y era tan general que en el futuro se le podía colgar lo que las partes, o realmente, lo que Estados Unidos deseara. A cambio de estas prerrogativas, el gobierno de Uribe buscaba asegurar durante diez años más la alianza con la potencia del Norte  en momentos en que la prórroga del Plan Colombia estaba siendo descartada por los congresistas democrátas y Barack Obama cambiaba sus prioridades y aliados en el continente.

Algunos analistas en seguridad consideran que el Acuerdo básicamente regulaba lo que ya hacían los militares gringos en Colombia de manera informal y que en esa medida era benéfico para el país, porque además, nos colocaba no solo como receptores de la ayuda gringa sino que teníamos algo para ofrecer a cambio.  El Acuerdo también hablaba explícitamente de compartir información de inteligencia -algo que sin Acuerdo ya se estaba haciendo en todo caso-. 

Pero su función principal era mostrarle 'los dientes' a Hugo Chávez y disuadirlo de un eventual ataque a Colombia. Si la tensión entre los dos países escalaba, y Chávez decidía bombardear la base de Palanqueros, por ejemplo, la agresión sería interpretada también como un ataque contra Estados Unidos y eso elevaba el costo de hacerlo.

Aunque el Canciller Bermúdez siempre negó en público que ese fuera un objetivo del Acuerdo, así lo entendió Chávez, lo cual le sirvió de excusa para romper relaciones con Colombia y para agudizar la tensión entre Unasur y el gobierno de Colombia.

La Corte aclaró en su decisión que si bien el Acuerdo quedaba sin efectos de hoy en adelante, todo lo ocurrido bajo el tratado desde octubre hasta hoy sí tenía validez. Y que, además, los demás tratados de cooperación militar seguían siendo válidos. Esto para evitar ahora una avalancha de demandas contra el Plan Colombia y otros acuerdos que tampoco pasaron por el Congreso.

El efecto práctico de esta decisión no es grande. Desde que se firmó el Plan Colombia hace diez años, los militares gringos han usado las bases colombianas, y ahora sin Acuerdo, seguramente lo seguirán haciendo. También han compartido la información de inteligencia cuando lo han querido hacer. Y, por un tratado firmado por Uribe a principios de su mandato, los militares gringos ya gozan de inmunidad.

En todo caso, voceros de la coalición de gobierno dijeron minutos después de enterarse de la decisión, que presentarán el Acuerdo al Congreso para que haga el trámite exigido por la ley y antes de que culmine la legislatura, el tratado llegue nuevamente a la Corte para su estudio y aprobación. Fuera de la confusión inicial que generará la decisión entre algunas autoridades gringas y colombianas, no cambiarán muchas cosas.

Pero el efecto político sí podía ser mayor. Juan Manuel Santos y Chávez en su reunión de reconciliación de la semana pasada prometieron 'voltear la página' e iniciar una nueva era de cooperación. El sobreentendido era que Santos ya heredaba de Uribe el Acuerdo de las Bases que tanto ha mortificado al presidente venezolano y que poco o nada podía hacer al respecto.

Pero ahora, con la decisión de la Corte, presentar o no este Acuerdo al Congreso se vuelve una prerrogativa de Santos. Y entonces Chávez descubrirá que, con mejores modales y sin diplomacia de micrófono, Santos en este punto seguirá los pasos de Uribe.