El presidente Álvaro Uribe escogió al municipio de La Macarena, en el Meta, para despedirse de las Fuerzas Armadas y hacerles un homenaje. El lugar no fue escogido al azar. La Macarena es el lugar más simbólico de la política de Seguridad Democrática.

Esta ha sido una de las retaguardias históricas de las Farc, fue la zona de despeje de la guerrilla durante el gobierno de Pastrana y fue el epicentro de la ambiciosa operación militar Plan Patriota. A partir de 2006, se convirtió en una de las dos ‘zonas de consolidación’ de la política de Seguridad Democrática y en el modelo a seguir para la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos en Colombia e incluso en otros lugares como Afganistán e Iraq.

Y, además, tres días atrás fue sede de una audiencia pública convocada por el Senado para tratar, entre otros, el tema de un supuesto cementerio clandestino del Ejército, la ‘fosa común de los dos mil muertos’, a la que ha hecho referencia la senadora Piedad Córdoba en twitter. A la reunión asistieron defensores de derechos humanos, campesinos, congresistas y una delegación de seis eurodiputados y cuatro parlamentarios británicos.

El Presidente calificó a los asistentes a la audiencia como “enemigos de la Seguridad Democrática” y los acusó de, a través del terrorismo, intentar desacreditar al Ejército acusándolo de violar los derechos humanos.

El escándalo del cementerio de La Macarena comenzó en enero pasado, cuando el Miami Herald denunció  el hallazgo de una supuesta fosa común con más de dos mil cuerpos, enterrados en el cementerio de la población y que supuestamente habían sido llevados por el Ejército e identificados como bajas en combate.

Organizaciones de Derechos Humanos como Asfadhes, Movice y Cinep habían acumulado una serie de denuncias de las comunidades de la zona, sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, entre 2003 y 2004, pero solo después de la publicación se comenzó a hablar de dos mil muertos enterrados en una fosa común.

En 2009, una delegación de organizaciones británicas estuvo en el lugar y en su informe dijo que habían corroborado la existencia de la fosa, aunque no suministraron ninguna prueba de ello.
 

A partir de esta denuncia, el gobierno conformó un grupo interdisciplinario para esclarecer los hechos, del que formaron parte la Fiscalía y la Procuraduría.

Un equipo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía está en la zona desde el año pasado entrevistando a campesinos de las veredas al respecto. Y Luis González, el jefe de esta unidad, dijo a La Silla Vacía que “no tenemos ninguna información para concluir que hay una fosa común con dos mil víctimas. No tenemos una sola información que nos diga que es así”. El alcalde de la Macarena también ha negado la existencia de una fosa común.

Lo que sí encontraron fueron 449 cuerpos enterrados individualmente en el cementerio local y catalogados como NN, todos cumpliendo el protocolo de policía judicial, es decir que fueron llevados a Medicina Legal y se les hizo la necropsia. Así lo ratificó la Procuraduría en un comunicado de prensa. González dijo a la Silla Vacía que ya establecieron la identidad de 41 cadáveres, siete de los cuales habían sido reportados como desaparecidos.

El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien estuvo en la audiencia de la Macarena y ha hecho seguimiento al tema, dijo que en efecto el hallazgo ha sido de 449 cuerpos y que están enterrados individualmente en un terreno que fue anexado al cementerio y que colinda con la base militar. Él no tiene ninguna evidencia de los dos mil muertos, aunque dice que la Fiscalía no ha terminado sus labores de exhumación y que podrían haber más. También dice que desde 2009 el Ejército confirmó que los cuerpos que están allí enterrados fueros muertos por las tropas y que eran guerrilleros.

“La discusión no es de quién son los muertos, sino quiénes eran”, aseguró Cepeda.  A diferencia de Luis González, de la Fiscalía, quien dijo a La Silla Vacía que familiares de los desaparecidos que ya han sido identificados les dijeron que creían que sus hijos habían sido reclutados por la guerrilla, Cepeda asegura que podrían tratarse de falsos positivos.

En una columna de El Espectador se refirió a la historia de un campesino, Gerardo Borda, quien dijo que a su hijo lo detuvieron miembros del Ejército en la vereda La Jardinera, y lo asesinaron el 16 de enero de 2008. Tiempo después Medicina Legal informó que su cuerpo fue hallado en el cementerio clandestino.

Fuentes de la Cancillería aseguraron que el objetivo de la audiencia y otras acciones de 'Justice for Colombia' –la ONG que ha venido denunciando esto en Europa- es obstaculizar la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Europa, que volverá a ser discutido en el mes de septiembre por la Unión Europea.

Pero lo más seguro es que el tema de 'la fosa común' sirva sobre todo de insumo para la campaña de los eurodiputados comunistas contra la estrategia de ‘Acción Integral’ y de las Zonas de Consolidación que serán la punta de lanza de la política de seguridad de Santos.

La idea de una zona de acción integral fue originalmente del Comando Sur de Estados Unidos pero su aplicación en la Macarena estuvo a cargo del ex viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos Sergio Jaramillo. Y básicamente consiste en llevar la presencia estatal a las zonas liberadas militarmente para que los ciudadanos de estas zonas comiencen a confiar en el Estado quitándole así cualquier apoyo popular que todavía tenga la guerrilla en sus zonas históricas.

Juan Manuel Santos llamó a esta nueva estrategia de colaboración civil-militar ‘El salto estratégico’ y será la filosofía que guiará su política de seguridad.

Esta concepción, que recoge algunas de las críticas de los opositores del Plan Colombia, convenció al Partido Demócrata del Congreso de Estados Unidos, de reducir en más de 150 millones de pesos la asistencia militar del Plan Colombia pero de aumentar en casi 100 millones la inversión en desarrollo, reformas judiciales y ayuda humanitaria en estas zonas, inversión que en la práctica sigue siendo coordinada por el Ejército.

Hasta el año pasado, USAID, la agencia a través de la cual Estados Unidos financia proyectos de desarrollo en países del tercer mundo, había aportado 25 millones de dólares para financiar la Acción Integral en la Macarena. “Otros donantes internacionales se han mantenido al margen hasta ahora salvo el gobierno holandés que ha financiado programas de desarrollo rural y de seguridad alimentaria en la zona de la Macarena”, explica Adam Isacson, en un completo reporte sobre las zonas de Acción Integral para la ONG gringa Cipcol publicado el año pasado.

Pero la idea del gobierno de Santos es conseguir financiación de los europeos para esta nueva fase de la política de seguridad. Y por eso, varios eurodiputados de izquierda y comunistas se están moviendo para evitar que esto suceda.

En este contexto, el tema de la ‘fosa común de los dos mil muertos’ se ha convertido en el caballito de batalla para convencer a sus respectivos parlamentos de que no giren un peso para los proyectos de Acción Integral. Sobre todo en Holanda, donde ganó un gobierno de derecha que en principio simpatizaría con apoyar este tipo de esfuerzos.

Por eso, de cómo evolucione este episodio dependerá en gran parte el futuro de la estrategia contrainsurgente que adelante Santos.