La Corte Suprema acusó a Mario Uribe por concierto para delinquir por sus relaciones con los paramilitares. Recientemente Álvaro Uribe propuso que se cambiara el alcance de este delito. 

La Corte Suprema condenó a Álvaro Araújo por parapolítica. En la decisión, el tribunal pidió que lo investigaran por el nexo que Araújo pudo tener con otros delitos de los paramilitares.

Hoy continúa la audiencia de juzgamiento de Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez y su aliado político. El juicio de Uribe Escobar se reanuda después de que la Corte Suprema de Justicia, en decisiones recientes, comenzara a abrirle camino a una tesis que tiene en vilo a todos los acusados por parapolítica: que terminen respondiendo por los delitos que cometieron los paramilitares que los apoyaron. Incluso los de lesa humanidad.

Esta posibilidad surge de la interpretación que le ha dado la Corte al concierto para delinquir, el delito por el que la mayoría de los parapolíticos están siendo investigados. Si estas personas multiplicaron sus votaciones gracias al apoyo de los paramilitares, ¿no se beneficiaron igualmente de los homicidios o de las amenazas que terminaron en desplazamiento forzado? Esa es la pregunta que se comienza a hacer la Corte.

El presidente Uribe ha dicho varias veces que le “duele” el proceso contra su primo. Por cuenta de éste se ha enfrentado a la Corte Suprema, que entre otras razones, según las últimas revelaciones de los medios, habría sido ‘chuzada’ por el DAS para que en Palacio tuvieran información de primera mano sobre este caso.

¿De qué acusan a Mario Uribe Escobar?

El 24 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia acusó al ex senador Mario Uribe Escobar de concierto para delinquir agravado. Según el escrito de acusación, Escobar habría hecho un pacto político con el entonces líder paramilitar Salvatore Mancuso para beneficiarse electoralmente en Antioquia y Córdoba.

Estos beneficios se vieron reflejados en las votaciones atípicas que Escobar obtuvo en las elecciones al Congreso de 2002. En municipios como Chinú, Montelíbano, Sahagún, Puerto Libertador y Planeta Rica, el primo del Presidente aumentó su votación hasta 500 veces en comparación con las elecciones de 1998.

En 2002, Mario Uribe hizo campaña con Eleonora Pineda, elegida representante a la Cámara por Córdoba con la votación más alta del país. Fue condenada por parapolítica y está libre por pena cumplida. La Corte considera que Uribe sabía que aliándose con Pineda estaba recibiendo el apoyo de los paramilitares.

Según declaró Salvatore Mancuso en 2007, Uribe y él se reunieron en dos ocasiones: “Sí, en la primera reunión se habló concretamente [de apoyos electorales]. Eleonora me dijo delante del senador Mario Uribe que ella lo estaba apoyando a él en unos municipios y que él la iba a apoyar a ella en unos municipios".

En contraste con el éxito electoral de 2002, las votaciones de Pineda y de Uribe en 2006 se desplomaron. Este suceso - argumenta la Corte - coincide con el menor poder que tenían los paramilitares en ese momento para movilizar a la gente durante las elecciones.

La defensa de Mario Uribe plantea a su favor diversas hipótesis: en la lista de Uribe en 2002 participó gente importante de los municipios donde precisamente aumentó la votación; las votaciones de Uribe también aumentaron en zonas del país sin influencia paramilitar, como Bogotá, y la popularidad de su primo Álvaro Uribe impulsaron su candidatura.

En cuanto a las reuniones con Salvatore Mancuso, la defensa argumenta que las fechas no coinciden, que fue un solo encuentro y que éste fue después de las elecciones. Pineda incluso afirmó que Mario Uribe no sabía que ella planeaba llevarlo a una reunión con Mancuso, donde además el tema fue supuestamente el inicio del proceso de paz.

El problema para Mario Uribe es que la Corte no limita su investigación a los posibles beneficios electorales. Haciendo una interpretación detallada del concierto para delinquir, considera que entre los paramilitares y Uribe hubo una relación donde las dos partes salieron beneficiados.

Cuando asumió la competencia en septiembre pasado, la Corte dijo: "(...) el acuerdo consistía en convenir el apoyo de las autodefensas a la causa del político y de éste a la expansión del grupo ilegal, con el fin de garantizar, de una parte, la permanencia en el Congreso, y de otra, la estabilidad y dominio del paramilitarismo en esa zona geográfica del país".

El dominio de las autodefensas se logró en Córdoba y Antioquia, como en muchas zonas el país, a punta de masacres, desplazamiento forzado y robo de tierras.

El testigo clave frente al tema de las tierras en este caso es 'Pitirri', un ex paramilitar exiliado que asegura que Mario Uribe hizo acuerdos con ganaderos para apropiarse, con el apoyo de los paramilitares, de valiosos terrenos.

La defensa de Uribe ha descalificado al testigo como un mentiroso, en lo cual ha coincidido incluso la Procuraduría. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte lo considera valioso porque "ofrece un descarnado relato de la manera como operan los aparatos organizados de poder".

Con este análisis la Corte deja abierta la puerta para que al ex senador se le investigue más adelante por otros delitos. Dice en el escrito de acusación:

"Pese a que la imputación contra el doctor Mario Uribe Escobar surge principalmente de acuerdos con un alto contenido electoral, no por eso la conducta deja de expresar riesgos contra el bien jurídico de la seguridad pública, pues el proceso electoral es no sólo el medio en donde se manifiesta el acuerdo ilegal, sino el mecanismo para conferirle un espacio político a las autodefensas que está reservado sólo a quienes convergen en torno a los valores y principios fundantes del Estado Democrático, permitiendo de ese modo que aparatos organizados de poder alcancen niveles de expresión que conjuntamente con la acción armada incrementan el riesgo contra la seguridad pública".

Concierto para delinquir: yo te ayudo, tú me ayudas

Dos sentencias condenatorias de la parapolítica indican para dónde va la Corte con el concierto para delinquir, y es que los políticos respondan no sólo por delitos derivados de los beneficios electorales, sino también por los que hicieron los paramilitares.

El antecedente más importante es el de Álvaro Araújo. Según un penalista consultado por La Silla Vacía, "ese proceso ha marcado el derrotero de la Corte, da la pauta de lo que viene en parapolítica". El proceso de Araújo fue el primero en regresar a la Corte Suprema, en septiembre de 2009, después de que ésta cambiara su jurisprudencia y considerara que la renuncia al fuero de senador no le quitaba al tribunal la competencia para llevar los casos de parapolítica.

En marzo pasado, el ex senador Araújo fue condenado a 112 meses por concierto para delinquir y constreñimiento al elector. Y en el numeral quinto de la sentencia, la Corte ordena "compulsar copia de las piezas procesales pertinentes para investigar por separado la presunta participación del doctor Álvaro Araújo Castro en los delitos perpetrados por el grupo armado ilegal con el cual se concertó, con ocasión de su elección al Congreso de la República para el periodo 2002-2006".

En los mismos términos, la Corte pidió que se investigara al ex congresista del Magdalena Jorge Castro Pacheco, a quien condenó en mayo pasado a 90 meses de cárcel, también por parapolítica.

Álvaro Araújo recibió el apoyo del Bloque Norte de las autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. Antes de ser extraditado en mayo de 2008, un tribunal de Justicia y Paz ya le había imputado 197 crímenes a Tovar, entre ellos desplazamiento forzado, homicidio y secuestro. Algunos de los delitos coinciden con la época en que el Bloque Norte apoyó a Álvaro Araújo. Es el caso, por ejemplo, de la masacre de cuatro indígenas kankuamos en 2002.

La Silla Vacía supo que el 19 de abril pasado, con el radicado 33848, la Corte abrió de manera formal la investigación contra Araújo por sus posibles nexos con estos delitos. Para estas nuevas investigaciones, la Corte está conformando una unidad especial que incluso estaría recibiendo la orientación de expertos extranjeros. En otras palabras, la Corte está investigando en serio la otra pata del concierto para delinquir, que es la más grave.

Probar que uno de estos congresistas es responsable de homicidio, desplazamiento forzado o secuestro no es, desde el punto de vista jurídico, algo sencillo. En la inmensa mayoría de casos, los congresistas que recibieron el apoyo de los paramilitares con fines electorales no dieron ninguna orden para que se cometieran estos crímenes ni participaron en las reuniones donde se planearon.

"La Corte tendrá que recurrir a los indicios para construir el caso. ¿El asesinato de X benefició al congresista Y?, ¿la labor del congresista benefició al bloque paramilitar para que cometiera uno u otro delito? Eso es lo que tendrá que probar la Corte", explicó a La Silla Vacía un penalista que lleva en la actualidad algunos de estos casos.

El concierto para delinquir según Álvaro Uribe

El presidente Álvaro Uribe ha dado muestras de que le preocupa esta tesis de la Corte Suprema, que eventualmente podría afectar a su primo, entre otros integrantes de su coalición.

El 11 de junio pasado, después de que se conociera la sentencia contra el ex coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición de civiles en la retoma del Palacio de Justicia, el presidente Uribe - acompañado de todo el alto mando militar - propuso normas para blindar a las Fuerzas Militares: "Una nueva legislación debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir”.

Dado que la coyuntura era la primera condena judicial por los desaparecidos del Palacio de Justicia, que no tiene nada que ver con concierto para delinquir, algunos medios leyeron entrelíneas: "Esta posición (...) promete un debate de marca mayor, si se tiene en cuenta que precisamente el delito de concierto para delinquir ha sido la imputación fundamental que dio lugar al llamado escándalo de la parapolítica", dijo El Espectador. 

Hace dos semanas, cuando el Gobierno amagó con declarar un estado de conmoción interior para conjurar varios problemas de la justicia, se volvió a especular sobre la posibilidad de que Uribe quisiera cambiar el alcance del concierto para delinquir.

"Este tipo penal mediante el cual se ha judicializado la parapolítica es muy amplio y muy fácil de configurar. Es un delito general para perseguir organizaciones criminales y el gobierno ha considerado que las configuraciones del dolo han sido insuficientemente probadas", dijo en ese momento a La Silla Vacía el abogado y blogger Luis Guilermo Vélez.

A menos de un mes de que Uribe entregue el poder, sin haber puesto al Fiscal General y con una conmoción interior descartada, no parece posible que ese cambio vaya a darse. Sin embargo, a partir del 20 de julio arrancará un Congreso, con mayorías uribistas, que posiblemente continuará con esa pelea.