El caso de la demanda de Ingrid Betancourt contra el Estado es un arma de doble filo: tanto para Ingrid como para el Estado.

El Ministerio de Defensa ya dijo hoy que no tiene voluntad de acceder a la solicitud de conciliación extrajudicial de Ingrid Betancourt y sus familiares por los perjuicios sufridos durante su secuestro, que estiman en 13 mil millones de pesos.

“El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque, en la que mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados y que la propia doctora Ingrid Betancourt calificó como “perfecta”, dice el comunicado del Ministerio. “Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política”. 

Y termina desatendiendo la solicitud de conciliación: “El Ministerio de Defensa Nacional tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos”. 

Judicialmente, es posible que la familia Betancourt no logre obtener del Estado la indemnización que pretende. Ingrid, sus hijos y su mamá sustentan su acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro el día que fue secuestrada por las Farc en una carretera del sur del país.

Sin embargo, ya existe un antecedente que demuestra lo contrario. Por solicitud de la misma Ingrid durante su secuestro, el anterior Procurador General Edgardo Maya Villazón investigó las circunstancias sobre su secuestro.

Y en el 2004, la Procuraduría archivó la investigación tras recopilar declaraciones de los acompañantes de la candidata, de familiares, autoridades locales, periodistas e inclusive de los responsables de las movilizaciones de los demás candidatos a la presidencia de la República.

La Procuraduría consideró que no existió omisión de la Fuerza Pública ni de los funcionarios del DAS y determinó que no eran responsables del secuestro de la candidata del partido Verde Oxígeno. “En reiteradas ocasiones fue advertida verbalmente y por escrito del peligro de su desplazamiento por vía terrestre a la antigua zona de distensión, dejando bajo su voluntad y responsabilidad la decisión de asumir el riesgo y trasladarse a este lugar”, dijo la Procuraduría, advirtiendo el momento crucial que atravesaba el país dos días después de la ruptura de los diálogos con la guerrilla y cuando se adelantaba la retoma del Caguán.

"Es de señalar que según declaración del jefe de seguridad de la campaña, el Mayor Rubiano de la Policía le mencionó la posibilidad de desplazamiento de la candidata y su comitiva en uno de los aviones DC-3, la cual rechazó la doctora Ingrid Betancourt porque no tenia certeza de la hora en que iban a salir" señala la providencia.

En su concepto, la Procuraduría invocó un principio legal establecido en varias sentencias del Consejo de Estado según el cual "A lo imposible nadie esta obligado (…) No, él (el Estado) se obliga a poner todos los medios a su alcance, de la mejor forma posible, pero no más. Si pese a esa conducta el daño se produce no podrá resultar comprometida su responsabilidad…"

Finalmente sobre la queja de la ex candidata de la desatención del entonces presidente de la República, Andrés Pastrana cuando coincidieron en el Aeropuerto de Florencia, se estableció que “era físicamente imposible que la escuchara, porque el anillo de seguridad no le permitió a la candidata acercarse y aunque ella gritó, el se encontraba a unos 100 metros, por la gran cantidad de personas y el ruido de las aeronaves fue imposible que este le escuchara.”

La segunda queja de Ingrid es más complicada para el Estado y tiene que ver con que el gobierno no habría hecho lo suficiente para liberarla. Hay bastante constancia de la indiferencia tanto de Andrés Pastrana como de Uribe frente a las solicitudes de la familia Betancourt de por lo menos ser escuchados.

"El señor Presidente es un muro peor que las murallas de Cartagena. El alma del señor Presidente yo se la quiero buscar. Quiero ver dónde tiene el corazón que decía", afirmó Yolanda Pulecio en una entrevista cuando su hija llevaba cuatro años de secuestrada. “Aseguró que desde hace dos años y medio el Presidente Uribe no ha querido recibirla. Que le pidió cita muchas veces hasta que se cansó de pedírsela”, dice un artículo de El Tiempo de esa época.  “Además, dijo que se siente muy dolida porque el mandatario ni siquiera ha visto el mensaje que le envió su hija en las pruebas de supervivencia de hace cuatro años. Contó que ella le mandó el video a través de un amigo común y que cuando le preguntó si lo había recibido, le dijo "No sé". Dijo que le envió una segunda copia y cuando volvió a preguntarle, él le respondió: "Por ahí lo vio el comisionado de Paz".
 

Las implicaciones para Ingrid

La Silla Vacía supo que cuando en el Congreso se debatió una ley para que se le reconociera a los soldados y policías secuestrados el tiempo en cautiverio para sus ascensos, Ingrid trató de meter un artículo para que le reconocieran a ella los salarios dejados de devengar, una iniciativa que no prosperó porque cuando ella estuvo secuestrada no era funcionaria pública.

Lo que muestra que ella tenía esta idea de un resarcimiento económico hace rato. Y testimonios como los que consignó su ex marido en su libro dan cuenta que para ella el dinero es importante.

Desde París, Betancourt le habría exigido 50 mil dólares para ir de vacaciones con sus hijos a las Islas Seychelles. “Yo ignoraba que ella vivía a costas del gobierno francés, pero me decía si no tienes más dinero, pide prestado a tus amigos”, dijo Juan Carlos Lecompte en una entrevista en Caras, en las que la acusó de excesivo materialismo.

Y es claro que con esta movida, Ingrid termina de enterrar sus aspiraciones políticas de llegar a la Presidencia de Colombia algún día pues a juzgar por los comentarios de los foristas en varios medios no fue bien recibido que ella aspire a que los contribuyentes le paguen esa millonaria suma de indemnización dado el exitoso rescate de Operación Jaque y la imprudencia que cometió y que facilitó su secuestro.

Pero más allá de que puede no ser muy estético su gesto de demandar al Estado, este caso sí pone otra vez sobre la mesa la importancia de una verdadera política de justicia transicional que enfrente al país con la guerra que ha vivido y que repare a las víctimas: desde Ingrid hasta los erradicadores manuales de coca que el Estado manda a campos minados y que mueren arrancando la mata.

En una de sus pruebas de supervivencia, Ingrid pidió una política sobre secuestrados “que no sea sencillamente la de dejar pasar el tiempo mientras cientos de personas privadas de su libertad languidecen en la lejanía de sus hogares.”

Han pasado cinco años desde entonces, todavía hay más de una docena de oficiales del Ejército y de la Policía secuestrados y esa política aún no se ve. Y por eso, Sigifredo López ya demandó al Estado por su secuestro, que como el de los demás diputados del Valle era un crimen cantado. Y Alan Jara ya dijo que lo está considerando.

De nada sirve que la reacción a este episodio sea, como en el caso de la sentencia de Manuel Cepeda, una segunda victimización de las víctimas. La demanda de Ingrid debería abrir un debate nacional sobre el costo que ha pagado el país por esta guerra y cómo saldarlo.